El Consejo de Ministros aprobó hoy (18.09.09) un Plan de Modernización de la Justicia que prevé un incremento del 19 por ciento de la actual planta judicial entre el presente año y 2012, con la creación de 910 nuevas unidades judiciales y que "por primera vez en 30 años de democracia", según el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, supone la ación concertada de todos los sectores implicados en este ámbito -Gobierno, comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía y profesionales implicados-.
El Plan, que contiene 24 programas de actuación y 146 medidas concretas, tendrá un coste de 600 millones de euros de aquí hasta el final de la legislatura, que fue garantizado por la propia vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, durante la rueda de prensa celebrada al término del Consejo de Ministros.
Según Caamaño, este año se empleó por parte del Estado y de las once comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia el doble de presupuesto del que fue destinado en 2004 a este servicio público aunque, pese al aumento de recursos y de número de jueces "no se ha alcanzado el entandar de calidad que se desea", así lo manifiestan tanto los ciudadanos como los colectivos profesionales implicados.
La aplicación de la Justicia se distribuye entre Gobierno, las comunidades, el CGPJ y Fiscalía, pero "en 30 años de democracia no ha habido una acción concertada de todos ellos, y esto es lo que persigue el Plan", destacó Caamaño, que redundó en que el proyecto se articula sobre tres grandes actuaciones: la modernización, la transparencia (colocando en el centro en el ciudadano) y el consenso.
Preguntado por la huelga que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha convocado el próximo 8 de octubre demandando mejoras en la Administración de Justicia, Caamaño señaló que en la elaboración de este Plan han participado todas las asociaciones de jueces, si bien se trata de una iniciativa "pensada básicamente para los ciudadanos".
"Si hay una convocatoria de huelga serán ellos tendrán que explicar por qué paran, porque el Ministerio de justicia no va a parar", afirmó el ministro.
INCREMENTO DE LA PLANTA.
Para el período 2010-2012 se crearán un total de 600 nuevas unidades judiciales (150 de ellas serán jueces de adscripción territorial, sin juzgado asignado, para cubrir vacantes y refuerzos), a razón de 200 unidades año. Si sumamos esta cantidad a los incrementos producidos en 2008 (160) Y 2009 (150), al finalizar el período se dispondrán de 920 unidades judiciales adicionales, lo que significa un incremento de 19 por ciento de la planta, según explicó Caamaño.
Correlativamente, se convocarán 750 nuevas plazas de jueces (250 por año), aproximándonos más a la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes. Se crearán 450 nuevas plazas en la carrera fiscal y 800 plazas para el Cuerpo Superior de Secretarios judiciales.
Esto supone un aumento del 17 por ciento en jueces, el 20 por ciento para fiscales y un 20 por ciento de Secretarios judiciales, según detalló el Ministerio de Justicia.
Además, según explicó el titular del Departamento de Justicia, la totalidad de las Salas de vista contarán con sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencias, y todos los juzgados dispondrán de sistemas informáticos avanzados adaptados a las nuevas leyes procesales, lo que permitirá la normalización del expediente judicial digital y una muy significativa reducción del soporte papel.
Por lo que se refiere a las comunicaciones y notificaciones judiciales, en 2012 el cien por cien de las mismas se llevarán a cabo electrónicamente mediante correo telemático (lexnet).
TRABAJO EN RED
Otra de las novedades del Plan es la implantación del EJIS (espacio judicial de interoperatividad y seguridad) y las plataformas electrónicas de intermediación, que permitirá que todos los tribunales españoles puedan trabajar en red, superando las actuales incompatibilidades entre los diferentes sistemas de las comunidades autónomas.
Finalmente, se creará un Registro Civil de servicios único, informatizado y digitalizado, en el que los ciudadanos podrán consultar sus datos personales y descargar certificaciones por vía telemática.
Todas estas novedades buscan una reducción de entre el 30 y el 50 por ciento de los tiempos de tramitación y respuesta judicial, según expuso el propio Caamaño, que se refirió también a la modernización del sistema científico de apoyo a la justicia.
En este sentido, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dispondrá de nuevas instalaciones y sistemas avanzados tecnológicamente, y los institutos de medicina legal contarán con nuevos sistemas y recursos para mejorar los servicios que prestan a la Justicia.
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
El plan incluye un amplio despliegue de Oficinas de asistencia a las víctimas. Se contará con este servicio en el cien por cien del territorio, según contempla el Plan de actuación aprobado hoy.
También se dispondrá de una nueva ordenación de la planta y demarcación judicial, para cuyo diseño se ha creado una comisión de expertos que terminará sus trabajos a principios del próximo año.
El Plan busca igualmente una administración de justicia más integrada en Europa, según destacó Caamaño, para lo que se profundizará en el portal europeo de servicios jurídicos comunes mediante la ejecución del Plan de Acción E-justicia y se reformará la legislación procesal española en materia de derechos y libertades, de acuerdo con el Programa de Estocolmo.
Diario Digital Siglo XXI.- 19.09.09
Blog P R O C U R A D O R E S fue creado en Marzo de 2.005 por el Procurador de Alicante José Córdoba Almela. Presenta información y noticias del mundo jurídico y de su profesión. Se complementa con su web http://procuradores-alicante.com
19 septiembre 2009
01 septiembre 2009
LEX NET.Breves consideraciones de su experiencia
El sistema de comunicaciones judiciales LexNet creado mediante REAL DECRETO 84/2007, de 26 de enero, tiene como principal objetivo dotar a nuestra Administración de Justicia de las tecnologías de la comunicación que en este ámbito permanecía anquilosado pese al transcurso de los años.
No obstante las leyes procesales poco a poco van acomodándose a este nuevo siglo mediante mecanismos útiles para que la Justicia sea un servicio público que funcione con eficacia y garantía en aras de conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la gestión procesal de los procedimientos judiciales dentro del plan de modernización de la Administración de Justicia.
El Libro Blanco de la Justicia, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el Pacto de Estado para la Justicia, junto a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil apuntan a un cambio y notable avance tanto en la filosofía procesal como en el espíritu de intendencia y organización de la Oficina Judicial ahora en ciernes. Pero tras más de ocho años de aplicación de la ley adjetiva se pone de manifiesto y resulta evidente, que sin un esfuerzo personal y un cambio de actitudes y aptitudes por parte de los que colaboran en la Administración de Justicia ninguna reforma o cambio sustancial puede prosperar.
Los funcionarios de justicia, Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores han de acomodarse a dichos cambios de forma activa y eficiente porque así lo demanda el justiciable. Por consiguiente han de obviarse actitudes que atemperan la marcha de los litigios y hemos de afrontar una nueva aptitud en la Justicia del siglo XXI, como parangón del marco europeo al que pertenecemos.
Durante ese tiempo se ha puesto de manifiesto que dicha herramienta pretende conseguir en la práctica, y en aras a la telematización de la Administración de Justicia, entre otras, las siguientes virtualidades: 1.- Ahorro de la impresión de papel para la Administración de Justicia. 2.-Ausencia del desplazamiento del Procurador a la oficina judicial de notificaciones. 3.- Inmediatez desde el dictado de la resolución hasta la notificación de la misma. 4.- Tratamiento de la resolución para su inmediata transmisión al letrado y/o cliente. 5.- Modernizar la operatividad de los cooperadores de la Administración de Justicia y de ésta misma.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en este sector de la Administración se ha pasado, en poco tiempo, de la máquina de escribir y papel carbón a ésta administración telemática, debe ponderarse el cambio que se pretende acometer, y ello por las siguientes consideraciones: 1.- La implantación de Internet, plataforma en la que se asienta LexNet, estadísticamente aún no alcanza ni al cincuenta por cien de la población de España. 2.- La conexión a la red, no es gratuita y adolece de fallos en las conexiones, dependiendo de cada Proveedor de Servicios de Internet (P.S.I.). 3.- Imposibilidad de transmitir por LexNet determinados documentos y/o piezas de convicción. 4.- Hardware obsoleto y ausencia de medios para el escaneo de documentos en la mayoría de las Oficinas Judiciales.
Unos días antes de finalizar el presente año judicial nuestro decano del Partido Judicial de Alicante comunicó que la puesta en funcionamiento del sistema LexNet de comunicaciones judiciales sería una realidad el próximo 21 de Septiembre; sistema que durante unos meses atrás ya funcionaba precariamente en modo de pruebas. Y como quiera que la mayoría de los Juzgados y Tribunales de Alicante aún no disponen de un sistema de escaneo de documentos, las resoluciones que se reciban vendrán defectuosas al no acompañarse a las mismas los documentos que suelen venir con ellas, tales como el traslado de informes, escritos, calificaciones del M.F., diligencias de calle practicadas, etc.
Todo ello apunta como conclusión que, por mor adelantarse en la implantación de una moderna herramienta, se está sembrando el despropósito de no hacer bien las cosas desde el primer momento. Las prisas son malas consejeras, y más aún en sector que como sabemos no siempre ha ido acomodándose con pausa y sensatez al devenir de los tiempos.
JOSE CORDOBA ALMELA
No obstante las leyes procesales poco a poco van acomodándose a este nuevo siglo mediante mecanismos útiles para que la Justicia sea un servicio público que funcione con eficacia y garantía en aras de conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la gestión procesal de los procedimientos judiciales dentro del plan de modernización de la Administración de Justicia.
El Libro Blanco de la Justicia, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el Pacto de Estado para la Justicia, junto a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil apuntan a un cambio y notable avance tanto en la filosofía procesal como en el espíritu de intendencia y organización de la Oficina Judicial ahora en ciernes. Pero tras más de ocho años de aplicación de la ley adjetiva se pone de manifiesto y resulta evidente, que sin un esfuerzo personal y un cambio de actitudes y aptitudes por parte de los que colaboran en la Administración de Justicia ninguna reforma o cambio sustancial puede prosperar.
Los funcionarios de justicia, Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores han de acomodarse a dichos cambios de forma activa y eficiente porque así lo demanda el justiciable. Por consiguiente han de obviarse actitudes que atemperan la marcha de los litigios y hemos de afrontar una nueva aptitud en la Justicia del siglo XXI, como parangón del marco europeo al que pertenecemos.
Durante ese tiempo se ha puesto de manifiesto que dicha herramienta pretende conseguir en la práctica, y en aras a la telematización de la Administración de Justicia, entre otras, las siguientes virtualidades: 1.- Ahorro de la impresión de papel para la Administración de Justicia. 2.-Ausencia del desplazamiento del Procurador a la oficina judicial de notificaciones. 3.- Inmediatez desde el dictado de la resolución hasta la notificación de la misma. 4.- Tratamiento de la resolución para su inmediata transmisión al letrado y/o cliente. 5.- Modernizar la operatividad de los cooperadores de la Administración de Justicia y de ésta misma.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en este sector de la Administración se ha pasado, en poco tiempo, de la máquina de escribir y papel carbón a ésta administración telemática, debe ponderarse el cambio que se pretende acometer, y ello por las siguientes consideraciones: 1.- La implantación de Internet, plataforma en la que se asienta LexNet, estadísticamente aún no alcanza ni al cincuenta por cien de la población de España. 2.- La conexión a la red, no es gratuita y adolece de fallos en las conexiones, dependiendo de cada Proveedor de Servicios de Internet (P.S.I.). 3.- Imposibilidad de transmitir por LexNet determinados documentos y/o piezas de convicción. 4.- Hardware obsoleto y ausencia de medios para el escaneo de documentos en la mayoría de las Oficinas Judiciales.
Unos días antes de finalizar el presente año judicial nuestro decano del Partido Judicial de Alicante comunicó que la puesta en funcionamiento del sistema LexNet de comunicaciones judiciales sería una realidad el próximo 21 de Septiembre; sistema que durante unos meses atrás ya funcionaba precariamente en modo de pruebas. Y como quiera que la mayoría de los Juzgados y Tribunales de Alicante aún no disponen de un sistema de escaneo de documentos, las resoluciones que se reciban vendrán defectuosas al no acompañarse a las mismas los documentos que suelen venir con ellas, tales como el traslado de informes, escritos, calificaciones del M.F., diligencias de calle practicadas, etc.
Todo ello apunta como conclusión que, por mor adelantarse en la implantación de una moderna herramienta, se está sembrando el despropósito de no hacer bien las cosas desde el primer momento. Las prisas son malas consejeras, y más aún en sector que como sabemos no siempre ha ido acomodándose con pausa y sensatez al devenir de los tiempos.
JOSE CORDOBA ALMELA
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