La impuntualidad en los actos judiciales

Los abogados piden medidas contra la impuntualidad en los actos judiciales
Antequera (Málaga).- El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha acordado pedir al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte medidas y establezca controles para combatir la impuntualidad y dilaciones que con "excesiva frecuencia" se producen en los juicios, vistas y comparecencias judiciales.

El portavoz del Consejo y decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha dicho hoy a Efe que la impuntualidad en el inicio de los juicios y la suspensiones de actos judiciales que podrían evitarse "inciden muy negativamente en la ya deteriorada imagen pública de la Justicia".

Con ello se perjudica "a los ciudadanos, abogados, funcionarios policiales, peritos y demás personas que intervienen en los procesos cuando ven frustrada su comparecencia ante el órgano judicial o han de soportar retrasos de horas", ha añadido.

El Consejo, reunido este fin de semana en Antequera, ha constatado que esas anomalías "son, por desgracia, habituales en muchos órganos judiciales andaluces", que además con esas incidencias "ven colapsado su funcionamiento y reducido el rendimiento en cuanto a la celebración de actuaciones y dictado de resoluciones judiciales", ha señalado Gallardo.

Para los abogados andaluces, "es absolutamente necesario que desde el CGPJ se dicten instrucciones estableciendo controles para acabar con la inercia de impuntualidad judicial que desde hace años se ha instaurado en el sistema".

En ese sentido, opinan que sería necesario establecer controles para que en cada tribunal el primer juicio del día comience a la hora señalada e "instaurar un sistema para que las posteriores vistas se señalen con racionalidad, atendiendo a la duración previsible de cada una de ellas", ha explicado Gallardo.

Se rebajaran un 70% los aranceles de notarios y registradores

El Gobierno ha elaborado un proyecto de Real Decreto que prevé una rebaja general del 20% de aranceles de notarios y registradores, además de otra adicional del 35% si la operación no se tramita por medios telemáticos, lo que aumenta la rebaja hasta el 70%.
El borrador del Real Decreto ha sido preparado por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia e introduce una rebaja arancelaria general del 20% aplicable a partir del próximo 1 de enero para documentos de cuantía.

Esta rebaja es una de las medidas que el Gobierno incluyó en el programa de veinticuatro reformas económicas que aprobó el pasado mes de agosto con el objetivo de afrontar la crisis económica.

No obstante, el proyecto incorpora una cláusula de rebaja adicional para las operaciones que los ciudadanos no puedan realizar por medios telemáticos, por causa imputable al notario o al registrador, de un 35%, que se incrementará hasta un 70% a partir del 1 de julio de 2009.

Respecto a las copias simples que son obligatorias para cumplir trámites ulteriores a la escritura, como la liquidación tributaria, el arancel se rebaja muy sensiblemente, pues pasa de 1 euro por folio a 0,6 euros sea cual sea su extensión y soporte.

En el borrador del Real Decreto, fechado el 10 de noviembre y que el Ministerio de Justicia ha enviado al Consejo General del Notariado, se explica que la rebaja arancelaria se enmarca en las medidas de reforma estructural y de impulso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo destaca que este proyecto generará una mayor transparencia en la aplicación de los aranceles notariales y registrales, al tiempo que reforzará la seguridad jurídica de las empresas y ciudadanos, que podrán prever anticipada y fácilmente los costes notariales y registrales.

Por último, el texto preparado por Justicia y Economía y Hacienda resalta que el Real Decreto no supone ningún incremento del gasto público y potencia el uso de las nuevas tecnologías y las relaciones telemáticas entre las empresas, los ciudadanos y los notarios y registradores.
Noticia publicada el 18-11-2008 LIBERTAD DIGITAL.ES

Competencia quiere eliminar sistema de retribución actual de los procuradores

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha recomendado la eliminación del sistema actual de retribución de los procuradores de los tribunales, basado en cantidades tasadas, por ser una práctica anticompetitiva.

Así lo aseguró hoy el presidente de la CNC, Luis Berenguer, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, en la que aseguró que el organismo hasta ahora no ha podido establecer sanciones al respecto por ser una práctica amparada legalmente.

No obstante, insistió en que la normativa que regula la actividad de los procuradores es contraria a la libre competencia en algunos aspectos, como la cuestión de los aranceles fijos o la obligatoriedad de contar con una oficina abierta en el partido judicial donde se opera, lo que a su juicio 'resulta excesivo'.

XII CONGRESO NACIONAL DE PROCURADORES

LA CONSELLERA DE JUSTICIA Y AAPP HA CLAUSURADO ESTA TARDE EL XII CONGRESO NACIONAL DE PROCURADORES

Sánchez de León: “Es necesario que la Justicia se desarrolle con una financiación real, clara y transparente”

Afirma que el Anteproyecto de Ley del Gobierno de reforma de las leyes procesales “debe ser un punto de partida en una nueva etapa de colaboración entre las partes implicadas”
Resalta el trabajo conjunto de la Generalitat con los procuradores para llevar a cabo proyectos tan importantes como el despliegue de LexNet

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha resaltado hoy la necesidad de que “el servicio público de la Justicia pueda ser desarrollado en todo el territorio nacional con unas bases de financiación reales, claras y transparentes”.

La consellera ha realizado estas declaraciones durante el acto de clausura del XII Congreso Nacional de Procuradores, al que han asistido, entre otros, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa y el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.

Durante su intervención, la consellera ha destacado la nueva etapa iniciada en el ámbito judicial y ha afirmado que el Anteproyecto de Ley del Gobierno de reforma de las leyes procesales “debe ser un punto de partida en un camino de colaboración entre las partes implicadas, el Estado y las Comunidades Autónomas”.

En este sentido de coordinación, Paula Sánchez de León ha hecho hincapié en el denominado Pacto por la Justicia. “La altura de los retos que tiene planteados la Justicia en España, en Modernización, en las reformas procesales y en la consolidación de las garantías para el ciudadano son las que deben conducirnos a ese pacto”.

“El alcance de esas reformas procesales, - ha continuado- el desarrollo de la Oficina Judicial, la financiación de la Justicia en condiciones de igualdad, la conexión informática…deben incorporar la visión y la perspectiva de todos los sectores y colectivos afectados”.

Sánchez de León ha subrayado el compromiso de la Generalitat con la resolución de los problemas de la Justicia y ha señalado la predisposición a la reflexión “con todos los colectivos implicados para abordar con sensatez la mejora judicial”.

En este punto, ha agradecido la labor de los procuradores, “esencial para la modernización de la Justicia” y ha puesto como ejemplo el despliegue del programa LexNet, la plataforma de intercambio de información, para presentación y notificación de escritos y resoluciones judiciales, así como la implicación de los procuradores en la gestión de la asistencia jurídica gratuita y la puesta en común de experiencias y nuevas iniciativas.

El Ministro de Justicia pide un esfuerzo para modernizar la Justicia

El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, solicitó hoy el trabajo y esfuerzo común entre el Gobierno central, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las asociaciones de jueces "que son el canal de expresión" de estos profesionales, para alcanzar la modernización de este servicio público.

Bermejo apuntó que se incide en la necesidad de modernización del sistema judicial porque "no la hay" aunque reseñó que se lleva tiempo trabajando con la voluntad de alcanzarla. "Necesitamos un impulso para rematar algo en lo que se han hecho muchas cosas en los últimos 30 años", indicó.

Así lo dijo durante su intervención en el acto inaugural de la XXIII Asamblea de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) - la segunda con más representación de España con 560 miebros-- que se celebra esta semana en Gijón. También asistieron el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Divar Blanco; el portavoz nacional de la AJFV, Lorenzo del Río Fernández; y la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso.

Entre los presentes se encontraban el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín; la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, entre otras autoridades.

El ministro de Justicia recordó que en buena medida son los juristas los más críticos con el sistema. Asimismo, apuntó que sólo un 35 por ciento de la población ha tenido a lo largo de su vida un contacto directo con la Justicia, y que más del 60 por ciento tiene una percepción mediática de la misma, sobre lo que reseñó que la esa percepción no se suele basar en la normalidad del sistema sino en las excepcionalidades.

Así afirmó que no existen "caos ni colapsos" aunque sí se debe aunar esfuerzos por conseguir un mejor sistema, más moderno y eficiente para dar respuesta a las necesidades de los profesionales y hacerla mejor al servicio del ciudadano.

Apuntó el ministro que en las últimas tres décadas el establecimiento asimétrico de las CCAA ha generado diferentes ritmos, por lo que hay que hacer un intento de coordinación en el ámbito de la tecnología para caminar hacia un nuevo modelo de justicia.

Bermejo indicó que en los últimos años la Justicia ha contado con un incremento presupuestario del 50 por ciento, aunque dijo que hacen falta más recursos y trabajar en colaboración entre administraciones y organismos para su modernización. "La gran reforma de la justicia no se puede llevar aisladamente", añadió.

El ministro dijo, además, que el modelo del Consejo General del Poder Judicial merece una reflexión colectiva pero también el apoyo a quienes lo encarnan actualmente y que se han comprometido en su mejora. "Contará con todo el apoyo del Gobierno para ese nuevo modo de hacer las cosas", apuntó.

Por su parte, el presidente del Principado señaló que Asturias culminará en enero el traspaso de las trasferencias en Justicia. Dijo ser consciente de que ese traspaso supondrá, en algunos casos, aportar más de lo que se recibe, aunque señaló que se asume con "responsabilidad" por ser un servicio público esencial y se mostró "satisfecho" del acuerdo alcanzado con el Ministerio. Además, dijo que en los Presupuestos de 2009 se consignará una cantidad importante para la informatización de la Justicia en Asturias.

Asimismo, recordó el esfuerzo que realiza el Ejecutivo asturiano en infraestructuras judiciales y abogó por una mayor eficiencia en el sistema judicial, al igual que se trabaja por alcanzarla en otros servicios públicos como la sanidad. Areces incidió en que habrá que ir "a más" para satisfacer la necesidad de modernización y cubrir las demandas de la los profesionales y la ciudadanía. Reseñó que esa asignatura pendiente de la modernización de la Justicia no es coyuntural sino una cuestión de fondo, aunque se mostró optimista de conseguirlo con la colaboración de todos los agentes implicados y la trayectoria de Asturias en la Administración electrónica.

El presidente del CGPJ, quiso mandar un mensaje de "esperanza e ilusión" a la Justicia española diciendo que los miembros del Consejo trabajarán para afrontar juntos los problemas que afectan a esta administración. Asismismo, ofreció toda su colaboración y apoyo tanto al Gobierno, como a las CCAA y las asociaciones para trabajar por la mejora y modernización del sistema.

Dívar apuntó que, al igual que reivindican desde las asociaciones, el juez no es el único responsable, aunque será siempre el responsable de lo que pase en el juzgado. Asismismo, reseñó que los cambios no pueden producirse de la noche a la mañana. No pidió un "cheque en blanco" para el Consejo pero sí pidió a todos los presentes que le den tiempo para actuar. "No queremos políticas de bloques o partidistas sino generales basadas en la profesionalidad", dijo. También remarcó la responsabilidad del Consejo y afirmó que pretende liderar el proceso de mejora en lo que esté dentro de sus competencias.

Señaló, además, que el CSPJ está preparando el Reglamento de la Cámara Judicial que espera esté hecho en un plazo breve de tiempo, al igual que están iniciando otro sobre la la evaluación de la profesionalidad para determinados cargos de la carrera judicial.

El portavoz del AJFV incidió en la mala imagen que se tiene de la Justicia en los últimos 10 o 15 años y en lo poco satifactoria que es la situación que vive el sistema. Pidió una solución a la "desidia" existente en el sistema y más independencia para el Consejo General del Poder Judicial, sobre el que criticó la demora en su renovación y el reparto de fuerzas que se hizo en la asignación de sus miembros. "No tiene que repartir fuerzas políticas", dijo pidiendo criterios de trayectoria profesional. "Nunca deben enfrentarse poderes porque si se derrumba la Justicia lo hace la Democracia", afirmó al tiempo que solicitó un Pacto de Estado en materia de Justicia.

Además, reseñó los problemas estructurales, funcionales, técnicos y de organización que vive el sistema judicial español. Sobre las denuncias de profesionales ante las consecuencias que tuvo el caso Mari Luz para sus compañeros con la apertura de expedientes disciplinarios -sobre las que dijo que no pueden calificarse de corporativismo.--, reseñó que fue un "ataque desmesurado" a la carrera judicial a quien "se quiere hacer única responsable de las deficiencias del sistema".

Pidió, por último, la colaboración de todas administraciones y organismos implicados para "recuperar" la confianza de los ciudadanos y mejorar la tutela de la Justicia porque ésta debe ser "una solución y no un problema" para la ciudadanía.

El CGPJ apoya el anteproyecto de ley para la implantación de la nueva Oficina Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó recientemente, por unanimidad, la emisión de Informe favorable al Anteproyecto de Ley de reforma procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, si bien ha introducido una enmienda adicional alternativa al texto aprobado por la Comisión de Estudios en materia de señalamientos.

Según la nota de prensa, el Consejo, con el fin de mantener su filosofía de actuación y voluntad de consenso, y consciente de que no puede desconocer el debate suscitado en torno a quién debe ostentar el desempeño de las facultades de señalamiento, considera necesario reflexionar sobre la conveniencia o no de mantener, en este concreto apartado, los términos fijados en el Anteproyecto.

El Consejo General del Poder Judicial pone de relieve en el Informe la importancia del Anteproyecto, cuyos objetivos, de redefinición de la fe pública judicial e impulso procesal por parte del Secretariado en los trámites en que no sea preceptiva la intervención del juez, comparte este Consejo, destacando la magnitud de una reforma que afecta a más de novecientos artículos legales con la finalidad de impulsar una nueva Oficina Judicial y propiciar que jueces y magistrados concentren sus esfuerzos en las funciones que la Constitución les encomienda.

Por otra parte, el Pleno del Consejo ha aprobado el plan de actuación inmediata para la mejora de la Justicia que, sin perjuicio del ambicioso Plan de Modernización que se está confeccionando en colaboración con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas y que tendrá un desarrollo quinquenal, centra su atención prioritaria en la coordinación de programas y aplicaciones informáticas, en la mejora de sistemas informáticos de gestión procesal, en la reducción y formación de funcionarios interinos, en el impulso de la conciliación de la vida laboral y familiar y en la prevención de riesgos laborales.

ENTREVISTA A JUAN CARLOS CERÓN, Juez decano de Alicante.

ENTREVISTA A JUAN CARLOS CERÓN, Juez decano de Alicante.

Reconoce que los jueces pasan por un momento de mala valoración ciudadana y sostiene que el único camino que puede sacarlos de él es que se les conozca mejor. Reivindica más medios y más jueces, porque sin ellos será imposible alcanzar el nivel de eficacia y rapidez que la judicatura necesita. Y defiende ardorosamente la independencia judicial, reconocida por la Constitución.

«¿Es el juez responsable de no contar con los medios para hacer su trabajo?»

En España hay diez jueces por cada 100.000 habitantes y aún así lo hacemos bien.
No se puede estar dictando resoluciones o atendiendo casos sin límite porque sería un riesgo.

Accede al Decanato en un momento caliente.
También es interesante y dulce. Aquí se viene a hacer cosas, y cuando te las brindan sobre la mesa es como se las ponían a Felipe II: hay que hacerlas, es el momento y estamos preparados para hacerlas bien.

El pasado martes se plantaron con una junta calcadita a un paro, ¿qué han sacado de ella?
Ha sido un éxito, todas las juntas de los principales decanatos de España se han reunido, hemos ratificado el acuerdo que adoptamos en Cádiz y hay una comisión de seguimiento de este pacto compuesta por 16 decanos entre los cuales está Alicante. Hemos visto la fuerza que tenemos y hemos puesto de manifiesto nuestras necesidades.

Recuérdele al lector las conclusiones que sacaron en Cádiz.
Que la Justicia no da mejor servicio porque no tiene medios; los jueces no somos los que los damos, sino los que padecemos su escasez: nuestro trabajo se hace gracias a un gran esfuerzo. Yo pongo un símil médico: un cirujano tendrá asignadas unas operaciones diarias, y por encima de ahí no es conveniente que siga porque sería un riesgo. Los jueces reclamamos lo mismo: no se puede estar dictando resoluciones o atendiendo casos sin límite, porque es un riesgo que no se debe de asumir. Y en Medicina siempre se puede recurrir a la privada, pero jueces privados no hay.
Aquí por cada 100.000 habitantes tenemos 10 jueces, en Alemania 24, en Portugal 16, en Grecia 19… el dato es revelador.
Y con eso hacemos el trabajo, y lo hacemos bien. Por una resolución que llama la atención o que no está bien puesta, hay miles muy bien trabajadas que llevan detrás muchas horas de estudio. Yo soy coordinador de la escuela de los jueces en prácticas, que son los que han aprobado la oposición; la media para aprobarla es de cinco años de estudio, luego van a Barcelona a hacer otro año y después aquí a hacer un año de prácticas. La gente sale muy bien preparada.

Pues tienen mala prensa,¿eh?
Durante la Transición hubo cuerpos que estaban muy desprestigiados como la Policía y demás, y hoy los queremos mucho y la sociedad los tiene en
muy buena consideración.
A lo mejor porque han cambiado de modus operandi.

Hoy al ciudadano le mientas a los jueces y toca madera.
Sí. Sí. Eso es lo que queremos que cambie, y todos los días trabajamos para eso.

¿Cuando ustedes reclaman independencia no estarán pidiendo impunidad?
Pues no, no es así. Queremos independencia, pero para poder realizar nuestra función y dar servicio a los ciudadanos: es la garantía de que nuestras resoluciones van a ser justas. El juez tiene responsabilidad penal, civil y disciplinaria, y tiene que tenerla. No queremos estar por
encima de nadie, pero la Constitución nos reconoce la independencia para poder juzgar igual al poderoso y al que no lo es, al que tiene medios y al que no los tiene. Y no nos quejamos de las críticas, que son legítimas y convenientes si en nuestra función incurrimos en algún error; la crítica es necesaria.

Aparte de la responsabilidad penal, civil y disciplinaria, cuando el juez llega a su casa después de un cataclismo tipo lo de Mari Luz, ¿siente responsabilidad humana, personal?
Te sientes fatal tanto si el cataclismo es grande como si es pequeño, nuestro nivel de crítica es muy elevado. La gente nos acusa de corporativistas, pero trabajamos en un despacho independiente y no hay entre nosotros la relación de otras profesiones. Lo realmente novedoso de la junta del martes es que nos hayamos unido todos.
Hemos recibido una avalancha de críticas y había que explicar nuestra posición porque incluso el Consejo General del Poder Judicial tiene una estadística y, paradójicamente, los ciudadanos que peor nos consideran son los que no han tenido contacto con la administración de Justicia: quien lo ha tenido, ve que no somos tan malos. Claro que hay ramas de la jurisdicción, por ejemplo la civil, donde si tú lo haces bien contentas al 50% de la gente y al otro 50% no; si dos te piden la razón, a uno se la tienes que quitar.

Ustedes están siendo muy críticos con lo que llaman injerencia del gobierno, explíquelo.
No injerencia en nuestro trabajo, faltaría más que el Gobierno no pudiera gobernar en todos los ámbitos; tiene que gobernar y además se tiene que notar, el Parlamento dicta leyes para que nosotros las apliquemos. No es eso: son injerencias en nuestra independencia. La ley la da el Parlamento que somos todos, y la legitimación es absoluta. Lo que queremos es que el CGPJ cumpla su función.

ENTREVISTA: MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO Ministro de Justicia.

"Días después de que jueces de toda España secundaron una revuelta por las "injerencias" del Gobierno, Fernández Bermejo intenta mostrar su lado más dialogante, reflexiona sobre el 'caso Mari Luz' y apuesta por la modernización
Desde las vetustas paredes de su despacho vigilan a Mariano Fernández Bermejo (Arenas de San Pedro, Ávila, 1948) dos autoridades inmortalizadas en cuadros: el impulsor de la primera Ley de Enjuiciamiento Criminal, Manuel Alonso Martínez (titular de Justicia entre 1881 y 1889), y Fernando Ledesma (ministro socialista entre 1982 y 1988), del que fue asesor. Habituado a desencadenar con sus respuestas tormentosas reacciones en las filas de la oposición, Fernández Bermejo se confiesa "entristecido y deprimido" por la última protesta de jueces y secretarios contra el Gobierno, Y quiere tender puentes de encuentro para evitar nuevas "llamaradas", como denomina a la rebelión judicial del pasado martes.
Parece como si la predisposición a pactar y dialogar, con la que el ministro de Justicia apuntala todas sus respuestas, fuera el antídoto perfecto para ahuyentar malos pensamientos que le empujan por la senda de las acusaciones más gruesas. A veces le funciona, pero no siempre...

Pregunta. El fallo que permitió al pederasta Santiago del Valle, supuesto asesino de la niña Mari Luz, permanecer libre 27 meses pese a que tenía una condena firme de cárcel, ¿es sólo y exclusivamente imputable a la negligencia de la secretaria y del juez?

Respuesta. Es una larga cadena de errores. El primer error comienza con los casi tres años que tardó la Audiencia de Sevilla en confirmar la condena. Esa demora intolerable quedó sin sanción porque había prescrito. En este caso han confluido una sucesión de negligencias que convenientemente hilvanadas dan lugar al desastroso y lamentable resultado que se produjo.

P. Jueces y secretarios judiciales atribuyen lo ocurrido a la falta de medios...

R. Si fuera cierto, tendríamos casos como éste todos los días, según la lógica de quien lo afirma. Y esto es excepcional. No conviene confundir. No negamos que existan déficits, pero no tanto de medios personales y materiales, como se dice, sino de orden y una renovación profunda que es la que atacamos con una reforma de leyes procesales que estamos a punto a llevar al Parlamento en cuanto el Consejo General del Poder Judicial informe. Se trata de un cambio profundo en los métodos de trabajo, en la organización del trabajo y en el reparto competencial en el orden judicial.

P. ¿La sanción a la secretaria judicial ha desencadenado la mayor protesta de la judicatura? ¿Sólo es por corporativismo o por una sensación real de que se ha cometido una injusticia con las sanciones?

R. Para ver las cosas claras hay que alejarse del núcleo de la cuestión. Difícilmente los que estén dentro pueden ver con esa claridad. Que se actúe por intereses corporativos de autodefensa, siendo humano, no es aceptable. Se acude a un procedimiento que es el paro, que lo único que hace es mucho daño al sistema. Prefiero quedarme con algo que debe ser esencial. Este Gobierno está empeñado en hacer la gran reforma de la justicia; por vez primera después de muchos años se han realizado cosas jamás pensadas. Que el presupuesto de Justicia suba en cinco años más del 50% es algo que jamás había sucedido. Que se hayan creado 1.100 plazas en órganos judiciales y de fiscales, y que tengamos previstas para 2009 otras 150 de jueces y 75 de fiscales, sólo ha ocurrido en este tiempo. Que se hayan convocado 900 plazas de secretarios judiciales sólo ha ocurrido ahora; que la única oferta de empleo público que no se va a ver afectada por la crisis sea la de Justicia me parece que significa lo que significa. Tenemos un presupuesto para tecnología de 135 millones. En 2009 se consolida la inversión en tecnología, que es superior a la de infraestructuras. Resulta insólito que con este cuadro se produzca un paro alegando la necesidad de reformar la justicia, que está en el programa y entre las prioridades de esta casa. Nuestra voluntad es mirar hacia adelante, colaborar con el Consejo, atraer a las asociaciones y crear el clima favorable para que este esfuerzo presupuestario tenga cuando antes los frutos que queremos: una Administración de Justicia renovada, con nuevos métodos de trabajo y al servicio directo e inmediato del ciudadano.

P. El Consejo ha sancionado a jueces con la expulsión de la carrera en otras ocasiones y nadie ha movido un dedo. Esta vez sí. ¿Por qué?

R. La escena me ha producido una sensación muy agria, enormemente deprimente. He estado ya demasiados años de fiscal y lo último que me hubiera gustado ver es esa actitud en los jueces. No la he comprendido. Han emitido una señal que la ciudadanía no puede aceptar, que es la de unos jueces que no hacen lo que deben y eso no es nada bueno.

P. Lo que hicieron el martes los jueces, ¿fue una huelga encubierta?

R. Prefiero no calificarla. Es una actitud de una utilización de las juntas de jueces con una finalidad que no parece ser la que corresponde. En todo caso, no entraré a hacer calificaciones, porque el momento no está para mirar atrás sino para mirar hacia delante.

P. ¿No es excesiva y desproporcionada la sanción de dos años a la secretaria judicial?

R. He oído hablar de la secretaria del juez y ese apelativo es impropio. Hay quien piensa que ha pagado los platos rotos una auxiliar administrativa que pasaba por allí. No nos confundamos, estamos hablando de un cuerpo superior, que tiene a su cargo el impulso procesal y la fe pública. En la historia del cuerpo, no hay un excesivo número, pero ha habido sanciones incluso mucho más duras. Cuando se toman este tipo de decisiones se piensan mucho. La gravedad de los hechos exigía una sanción de este tipo. ¿Sabe qué pasa? Que de repente apareció la sanción a la secretaria judicial después de que conociera la sanción exigua al juez, responsable máximo del juzgado [multa de 1.500 euros]. Y ese contraste fue lo que llevó a pensar a algunos que se había roto la cuerda por el lado más débil.

P. La movilización de los jueces ha incluido a magistrados del Supremo, algunos amigos o conocidos suyos. ¿No les concede a ellos suficiente autoridad como para pensar que la movilización no se ha debido sólo a un simple corporativismo?

R. Hay una evidencia. ¿Cuántos años llevamos arrastrando una justicia lenta? De los últimos 34 años puedo hablar de primera mano. Es histórico el lastre. Y, de repente, cuando hay un Gobierno que ha decidido apostar por la Justicia, cuando estamos poniendo en marcha la reforma procesal, de repente se produce esta llamarada. A mí la que más me ha dolido sin duda es la del Tribunal Supremo, porque es la que menos comprendo. Es un órgano que ha dado un salto espectacular en todo. Sobre todo en reducción en tiempos de respuesta. Es donde más medios hemos puesto y se nota. Me da la impresión que ha habido una reacción de desahogo que tiene un contexto histórico. Se ha concentrado en este momento toda esa larga historia que se puede considerar de abandono de la justicia. Pero insisto, ni me parece justo ni me parece coherente cuando se está produciendo la gran apuesta por la Justicia.

P. Los magistrados del Supremo se quejan de la injerencia del Gobierno en el Poder Judicial, que consideran intolerable...

R. Las resoluciones del órgano de Gobierno de los jueces son tan criticables como las mías y creo que estamos todos en el derecho y en la obligación de hacer esa crítica. Hay un matiz en la actitud del Supremo que me resulta difícilmente entendible y es que practique lo que critica y es que, dado el contexto del escrito, es evidente que cualquiera puede interpretar que también es una injerencia en la actividad del Poder Judicial. Es necesario el diálogo para construir juntos. La ciudadanía no ha entendido esta huelga.

P. Si no se hubiera producido la muerte de la niña Mari Luz, ¿la sanción que se ha puesto a la secretaria y las que se piden para el juez, hubieran sido las mismas? ¿No será que la muerte de la niña es la que impregna todo el proceso sancionador y se está sancionando una falta por el resultado?

R. El conjunto de las circunstancias que concurren en un hecho a veces son tan o más importantes que el hecho mismo. Las valoraciones deben ser globales, no se puede aislar una cosa de otra a la hora de realizar valoraciones. Si lo que quiere es que haga futurología, que me transporte a un pasado que no existe, no puedo decir lo que hubiera hecho el Consejo en otras circunstancias.

P. Usted propone tender puentes, previamente avisó a los huelguistas de que no son "intocables". ¿Habrá expedientes?

R. Nadie en democracia es intocable. Si alguien comete una negligencia en su trabajo pues hay consecuencias. Me refería a lo desproporcionado que me parecía la convocatoria de una huelga con lo que había sucedido. Hay una parte humana que entiendo y respeto profundamente. La reacción positiva de un conjunto de funcionarios que arropa a una compañera. Pero creo que se han equivocado en el método, podían haber hecho muchas cosas que no fuera paralizar la justicia.

P. ¿Necesita España más jueces y fiscales?

R. Necesita mejor organización. Y seguramente también algunos jueces y fiscales más, pero sobre todo mejor distribución. El gran problema que tenemos ahora, mucho más que de cantidad es de racionalidad. No se puede decir que la informática no ha entrado en los juzgados. ¡Vaya si ha entrado! Ustedes habrán visto cómo los jueces, en esta protesta a la que se han dedicado, se cruzaban correos electrónicos a través de la Intranet... Se ha gastado dinero pero ha habido asincronía con una asimetría en el resultado. No todo el mundo ha informatizado a la vez. Ahora existen sistemas no compatibles entre sí y el reto es hacerlos compatibles.

P. ¿Los fiscales tendrán más protagonismo en la instrucción de las causas penales?

R. Estamos trabajando ya en ello. En la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal habrá un proyecto de superación de actual juez de instrucción. El actual juez no es el que define el artículo 117 de la Constitución. No juzga, no hace ejecutar lo juzgado, ni siquiera actúa en garantía de derechos. Es el que persigue a la gente, realiza una labor policial. Yo creo que cuadra más un modelo de juez sin iniciativa procesal, un verdadero árbitro de la instrucción. La instrucción debe realizarse en sede judicial, pero la iniciativa debe ser del fiscal y de las partes. La Constitución describe un "juez de la instrucción", un árbitro cuya misión es decidir si practica o no las diligencias que le proponen y decide sobre las limitaciones de derechos, las medidas cautelares, pero un juez sin capacidad de impulso. Un juez que garantiza por un lado los derechos del imputado y por otro, decide qué diligencias de las que le proponen deben ser realizadas.

P. Lo que hizo Franco y su gobierno, ¿fue un crimen contra la Humanidad?

R. Ése es un calificativo que si me lo pregunta usted en sentido social podría tener una respuesta afirmativa, pero si lo que quiere es una respuesta jurídica no seré yo quien entre, ahora que es tema de discusión en la Audiencia Nacional. Lo que ocurrió en aquellos terribles momentos, durante la Guerra Civil y luego, fue un trauma colectivo de primer orden. Un verdadero golpe de Estado, una rebelión militar con unas consecuencias que todos conocemos.

P. La Ley de Amnistía pasó página sobre la Dictadura y sobre crímenes que cometían en esos momentos terroristas de ETA y de los GRAPO. ¿Cree que ahora una decisión judicial puede revisar una ley que hizo un Gobierno democrático y aprobó un Parlamento en el que estaban todos los partidos, incluido el comunista...?

R. La ley del 77 fue sobre todo un tremendo ejercicio de generosidad por parte de un grupo humano que supo estar a la altura de las circunstancias y que generó las condiciones para que se produjera una etapa de estabilidad democrática. Si lo que quiere que le diga es si técnicamente esa ley es revisable, no se lo voy a decir, porque ahora es objeto de controversia judicial.

P. En mayo pasado anunció que en el primer trimestre de 2009 se pondría en marcha el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes. ¿En qué consiste, de qué servirá?

R. El 14 de octubre entró en funcionamiento en Murcia la experiencia Minerva, que es la nueva oficina judicial en materia de ejecución de sentencias. Es una aplicación informática que tiene unas alarmas dentro de la tramitación que ponen en guardia al tramitador de los fallos, déficits o cumplimiento de plazos que se están produciendo. Se irá aplicando en todas las capitales de todo el territorio ministerio. LexNet es otro sistema de correo electrónico de máxima seguridad que está sustituyendo las notificaciones en papel. Está funcionando en León, en Burgos. Y la tercera actuación, en el primer trimestre de 2009, es que en el vetusto Registro Central de Penados y Rebeldes hemos hecho una modernización completa y hemos aprovechado para añadirle el control de las medidas cautelares, las requisitorias y las sentencias no firmes. Esto significa que cuando el funcionario está tramitando, lo primero que puede hacer es consultar mediante el ordenador si la persona investigada está sometida a alguna medida cautelar, en busca y captura o ha sido condenada aunque la sentencia no sea firme. Esto no existía cuando el caso Mari Luz, aunque se podía saber a través de las diligencias que aparecen en todos los atestados de la Guardia Civil que dan razón de los atestados anteriores. Es evidente que meter tecnología en esto facilita mucho el tema. Pero no nos olvidemos: de nada servirá si la negligencia de un funcionario hace que no se introduzcan los datos en el registro o que se comience a tramitar y no se consulte. Entonces esto no lo arreglará nadie. La inmensa mayoría de los funcionarios y de los jueces y de los secretarios trabajan bien y tienen su libreta y priorizan su trabajo."
Diario El Pais 26.10.08.