26 octubre 2008

Red de abogados para la Defensa Medioambental

Hoy se constituye la Red se abogados para la Defensa Medioambental.

Cuarenta abogados ambientalistas de toda España se dan cita desde hoy y hasta mañana sábado en Madrid, para constituir la 'Red de abogados para la defensa medioambiental', en un encuentro organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Con este encuentro, los abogados buscan poner en común recursos y hallar solución a los problemas con que se encuentran a la hora de defender, como profesionales, el medio ambiente, según afirman los organizadores.

Así, entre los asistentes al evento se encontrarán el Fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Antonio Flores, el ex-magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, o el profesor y activista Pedro Costa.

"Es un hecho que los abogados ambientalistas nos encontramos con muchas dificultades para defender el medio ambiente, por la escasa aplicación y conocimiento de la legislación ambiental, la complejidad de los temas y la falta de medios", aseguran los promotores de del encuentro

En este sentido, destacaron que la aplicación del convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente es "muy deficiente" en nuestro país y precisa de mayor desarrollo normativo.

25 octubre 2008

La crisis alcanza a la Mutualidad de Procuradores.

Nuestro amigo y compañero Jesus Rivaya publica editorial en su Boletin Informativo del dia 23 de Octubre apelando a la "responsabilidad" de los Mutualistas de la Procura.
Transcribimos la misma y enlazamos a la Carta del Presidente de la Mutualidad.
"El Boletín Rivaya Procuradores de sus más de 20.000 suscriptores hoy, cuenta entre ellos con la mayoría de los Procuradores de los Tribunales de España y por eso este editorial les hace un llamamiento y apela a su responsabilidad.

La Mutualidad de Previsión Social de los Procuradores de los Tribunales de España es una entidad con más de 50 años de trayectoria y ha sobrevivido a múltiples crisis y cambios de todo tipo. Ha sido en algún momento de su historia la única vía de Previsión Social a la que podían acudir los Procuradores de los Tribunales en España que no fueran los seguros comerciales, beneficiando no solo a los Mutualistas sino a sus familiares, cónyuges en situación de viudedad e hijos.

Su misión ha sido clara en todo momento tratando de contribuir con sus prestaciones a las situaciones de siniestro previstas que se producían en las vidas de los Procuradores.

Su sistema de reparto, hoy de capitalización, constituyó durante años un ejemplo de solidaridad de los Procuradores de más edad s hacia los más jóvenes que se vieron beneficiados con las contribuciones de quienes durante muchos años cotizaron , no solo a favor de ellos sino de quienes por su juventud cotizaron menos, pero se vieron envueltos en siniestros cubiertos por la Mutualidad.

Durante su existencia no ha habido escándalos de gestión entre sus dirigentes y ha existido una dación de cuentas meticulosa y con control independiente interno y externo, además del control público.

Hoy la Mutualidad se ve envuelta colateralmente en las turbulencias financieras consecuencia de los fondos invertidos para garantizar las provisiones técnicas legalmente exigidas.

Por su Presidente se nos ha hecho un llamamiento a todos los Mutualistas de aceptar a través de nuestros representantes un aumento del 7% en la cuota mutual, que en el futuro, pasadas las turbulencias, podría dejarse sin efecto.

Merece la pena ese esfuerzo. Estamos bien dirigidos y con un equipo técnico-administrativo profesional y cualificado. Soy testigo excepcional de ello por mi paso durante varios años como miembro de la Comisión de Control de la Mutualidad representando a todos los Mutualistas con su mandato de exigencia de control sobre ella, incluso pudiendo desarrollar sin cortapisas mis compañeros de Comisión y yo una labor de control más allá de lo normado al efecto e independientemente de los controles de auditoria externos y los públicos de la Dirección General de Seguros.

Nunca me consta hubo malversaciones, ni gastos suntuarios, ni decisiones de inversión de activos no meditadas, por el contrario transparencia , información y el esfuerzo constante por equilibrar provisiones técnicas y mayores prestaciones.

Todo esto es lo que me mueve desde esta modesta atalaya a pedir vuestra comprensión y esfuerzo ante la llamada realizada por la Presidencia de la Mutualidad. Es por el bien de una institución que es de nosotros y para nosotros y los nuestros. Jesús Rivaya Carol."

18 octubre 2008

Huelga de Secretarios Judiciales

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales, una de las organizaciones convocantes del paro que está previsto que se realice el próximo día 21, insta a sus compañeros a que mantengan hasta esa misma fecha los juicios señalados, aun a costa de los perjuicios que pueden ocasionar a los usuarios de la justicia, según se indica en un reciente comunicado del Ministerio de Justicia.

“Aquellos que tengan juicios señalados para tal fecha –dice el comunicado difundido- son los que más posibilidades tienen de que el paro se haga patente al exterior con su correcto proceder. A tal efecto, hay que procurar que los mismos no se suspendan previamente, sino mantener el señalamiento hasta el día 21, de lo contrario el efecto del paro se difumina”.

Añaden que, a partir de las 10 de la mañana, hora de comienzo del paro, los secretarios judiciales que participen en el mismo abandonarán la sala y se reincorporarán de nuevo a las 13 horas.

El Ministerio recuerda que los secretarios judiciales son funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos y deplora su falta de sensibilidad ante los perjuicios que pueden causar a los usuarios de la justicia, haciéndoles trasladarse inútilmente a una sede judicial desde sus lugares de procedencia, para un acto que previamente saben que no podrá celebrarse.

El Ministerio de Justicia velará para que el ejercicio del derecho a la huelga no afecte a los ciudadanos con perjuicios añadidos, derivados de actuaciones ilegítimas.

10 octubre 2008

Informe sobre la Justicia 2008

La crisis económica ha hecho aumentar la conflictividad laboral y el número de despidos, lo que ha revertido en un incremento del 48,1 por ciento en la solicitud de abogados de oficio del ámbito social del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), que agrupa a la inmensa mayoría de colegiados de la provincia. Esta es una de las conclusiones del Informe sobre la Justicia 2008, presentado esta semana en el ICAB.

Según los datos del colegio, en el primer semestre de este año hubo 2.854 peticiones de asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio en el ámbito social, mientras que en el mismo periodo de 2007 hubo 1.927 peticiones. En la segunda mitad de 2007, las solicitudes se quedaron en 1.792. En todas las jurisdicciones, en 2007, hubo 22.010 solicitudes de justicia gratuita, que probablemente aumentarán este año y el próximo.

Además, se prevé que en los próximos meses sigan aumentando las peticiones, por lo que la decana del ICAB, Sílvia Giménez-Salinas, advirtió en la rueda de prensa de presentación del Informe del peligro de colapso de los juzgados mercantiles y sociales y pidió que las administraciones públicas aumenten los recursos disponibles.

La decana admitió que la Administración de Justicia "debe estar preparada" para dar respuesta y solución a los casos que se le presenten en los próximos meses por la crisis económica, aunque "a lo mejor no la da en un tiempo razonable".

Pequeña delincuencia

Otra consecuencia de la crisis económica, que ya han apuntado los cuerpos policiales, es el aumento de la pequeña delincuencia. Esto llevaría a un incremento del número de presos, en una situación de práctica saturación de las cárceles, según dijo la secretaria del ICAB, Eva Labarta.

Para el ICAB, es en tiempos de crisis cuando los gobiernos --central y autonómicos-- tienen que priorizar todavía más la justicia. Para Giménez-Salinas, "ya es hora de hacer, no de decir lo que se tendría que hacer".

Concretamente, el ICAB solicita que se aplique ya la nueva oficina judicial, que cualquier reforma legislativa que afecte a la justicia vaya acompañada de presupuesto y que se apueste decididamente por las nuevas tecnologías para agilizar los trámites judiciales.

También reclamó una mayor "flexibilidad" en la confección de las plantillas judiciales, para que las administraciones puedan concentrar sus esfuerzos en los juzgados y ámbitos más deficitarios.

Aumento de la litigiosidad

En su informe sobre la justicia de 2008, el ICAB constata que la litigiosidad en general sigue aumentando ligeramente, mientras que la tasa de resolución no llegó, en 2007, al 100 por ciento, lo que significa que se solucionan menos conflictos de los que llegan. Por ello, la tasa de pendencia --asuntos pendientes de años anteriores-- sigue superando el 25 por ciento en general, aunque las diferencias entre jurisdicciones son muy notables, ya que en el caso de la justicia penal es de un 15,51 por ciento y en los juzgados contencioso-administrativos superan el 76 por ciento.

A pesar de estas cifras más positivas en el ámbito penal, éste sigue siendo el que ingresa más asuntos, lo que para el ICAB demuestra que la legislación "da una respuesta penal a los conflictos de los ciudadanos". No obstante, este incremento de los juicios penales no ha ido "acompañado" de mayores dotaciones presupuestarias y de personal.

En este punto, el colegio advierte del aumento de casos debido a los nuevos delitos relacionados con el tráfico, que en la primera mitad de 2008 ha supuesto un incremento del 76,36 por ciento en las solicitudes de asistencia a detenidos, la mayoría de ellos por alcoholemia excesiva.

Como consecuencia de todo ello, y debido a las pocas medidas penales alternativas, el número de reclusos en las cárceles catalanas sigue incrementándose. "No pedimos parches, sino una reconversión de la justicia", añadió.

Violencia doméstica

Otro de los aspectos estudiados por el ICAB y en el que propuso varias mejoras es la violencia doméstica. Para Giménez-Salinas, los casos "leves" llegan a colapsar los juzgados penales y retrasa la atención de los casos más graves. Por ello, pidió un protocolo para diferenciar claramente los casos según su gravedad.

Para la decana, en los casos más graves, la jurisdicción penal tiene que dar una "respuesta integral", mientras que en los casos menos graves la justicia tiene que complementarse con otros servicios públicos como los servicios sociales o la Policía y llevarlos en los juzgados de familia, en el ámbito civil.

Actividad del ICAB

El informe del ICAB también radiografía la profesión, que es una de las seis mejor valoradas por la población, según una encuesta realizada por el colegio. El ICAB tiene unos 19.000 colegiados, 15.000 de ellos en ejercicio, y da cobertura a tres millones de habitantes de 131 municipios y 13 partidos judiciales.

En su función deontológica, en 2007 el colegio recibió 588 quejas por parte de clientes, lo que supone un pequeño descenso respecto a las 600 de 2006 y un menor porcentaje respecto al total de colegiados. Un 70 por ciento de las quejas recibidas dieron lugar a la apertura de diligencias informativas.

El 20 por ciento de los colegiados están inscritos a los servicios de asistencia jurídica gratuita y al turno de oficio, y han atendido a 27.000 personas.

Fuente:Consejo General de la Abogacía Española

09 octubre 2008

Subvenciones para los Juzgados de Paz

ORDEN JUS/2807/2008, de 30 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2008 por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de septiembre de 2008, ha adoptado el Acuerdo por el que fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, destinado a subvencionar los gastos de funcionamientos de los juzgados de paz.

Para general conocimiento se procede a la publicación del referido Acuerdo que figura como anexo a esta Orden.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.– El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

ANEXO

Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2008, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz

Primero.– Las subvenciones a los ayuntamientos para los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz se modularán en función de la población de derecho de los municipios, de conformidad con los siguientes tramos:

Número de habitantes Cuantía anual/euros

De 1 a 499............. 458 €

De 500 a 999............ 858 €

De 1. 000 a 2.999...... 1. 618 €

De 3.000 a 4.999...... 2.328 €

De 5.000 a 6.999...... 2.881 €

De 7. 000 o más....... 3.335 €


Segundo.– En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, los ayuntamientos de los municipios integrantes de cada una de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50.1 y 2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial, percibirán el 50 por ciento de la cantidad que, por población de derecho, les corresponda.

El otro 50 por ciento pasará a incrementar la cantidad que, en función de su población de derecho, corresponda a los ayuntamientos de los municipios sedes de las citadas agrupaciones.

Tercero.– De acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decretos 966/1990, de 20 de julio; 1684/1987, de 6 de noviembre; 2166/1994, de 4 de noviembre; 293/1995, de 24 de febrero; 2462/1996, de 2 de diciembre; 142/1997, de 31 de enero; 813/1999, de 14 de mayo, 1429/2002, de 27 de diciembre, 966/2006, de 1 de septiembre, 817/2007, de 22 de junio y 1702/2007, de 14 de diciembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, Comunidad Autónoma del País Vasco, Comunidad Autónoma de Galicia, Comunitat Valenciana, Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria y Comunidad Autónoma de Aragón, respectivamente, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, este acuerdo no será de aplicación a los ayuntamientos de las mencionadas comunidades autónomas.