01 mayo 2010

Conflicto en el Colegio de Procuradores de Cartagena

Las diferencias internas en el Colegio de Procuradores de Cartagena han acabado con la junta directiva liderada por Antonio Cárceles, que accedió al cargo en el año 2001. Este conocido jurista ha presentado su renuncia como decano tras perder una votación clave sobre el reparto de cuotas económicas y constatar la oposición de un grupo de asociados y la escasa participación interna de quienes teóricamente le apoyan.
La dimisión de Cárceles a principios de semana estuvo precedida por la de dos responsables de su Junta de Gobierno: la vicesecretaria, Susana Alonso, y el vocal Francisco Antonio Bernal. Ya junto al decano, se fueron la secretaria, María Pilar Sánchez, y el tesorero, Luis Felipe Fernández. Según fuentes del Colegio, el único que ha decidido seguir en su puesto de vicedecano es José Antonio Zamora, también procurador del Ayuntamiento.
La crisis en el Colegio, que funcionará con la directiva en funciones hasta la celebración de elecciones, tiene uno de sus orígenes en el choque con una minoría denunciada por el propio colectivo por impago de cuotas (adeudan más de 100.000 euros).
Documentos por Internet
Según las mismas fuentes, en una reunión con escasa asistencia los críticos hicieron valer su mayoría para fijar una aportación mensual de unos 200 euros. El objetivo es que el Colegio afronte sus gastos, de unos 150.000 euros anuales, con la recaudación por ese concepto y el remanente de tesorería.
Esto supone un cambio de sistema, ya que hasta ahora cada asociado pagaba de forma directamente proporcional a las notificaciones de los juzgados que recibía a través del Colegio; es decir, al número de procedimientos y la cuantía de estos.
De forma paradójica, el aumento de pleitos por la crisis económica ha incrementado los ingresos del Colegio, pero ha agravado el malestar de profesionales que consideran excesivo lo que abonan teniendo en cuenta que Justicia ya les envía documentos por Internet.
Antonio Cárceles y su grupo consideran que se vulneran las leyes que reconocen el papel de mediación del Colegio, se vacía de un contenido esencial a este colectivo y se atenta contra la justicia redistributiva, según la cual aporta más quien tiene más actividad

Los juzgados agotan el papel de oficio por el impago del Consell a los proveedores

La sequía económica de la Conselleria de Justicia ha acabado con el papel de oficio en las dependencias judiciales de la provincia, que empezó a escasear hace dos meses y del que ya carecen juzgados de Primera Instancia, Instrucción, Penal y de la Audiencia Provincial de Alicante. La empresa de artes gráficas suministradora del papel oficial, donde se plasma toda la documentación judicial y que incorpora el sello de la Generalitat Valenciana, ha cortado el suministro por el impago del Consell, que adeuda "altas cantidades" de varias facturas, según confirmaron ayer desde la empresa encargada de la provisión, Grama Formularios, con sede en Asturias.
El Consell ha dado orden a los funcionarios de trabajar haciendo fotocopias del papel de oficio -el que se entrega a los ciudadanos en cada una de las comunicaciones judiciales y sentencias- y además ha obligado a los distintos juzgados a abastecerse de folios en blanco a cargo de los presupuestos trimestrales de cada instancia que se destinan a otras necesidades. La situación ha generado malestar en los funcionarios por el desvío de sus presupuestos a un gasto que hasta ahora cubría directamente el Consell, así como por la lentitud que se sumará a los procesos si deben hacerse cargo diariamente de la copia de cientos de folios.
En el Palacio de Justicia de Benalúa, según indicaron ayer desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), el papel "escasea" en todos los juzgados y en algunos se ha agotado, lo que ha obligado a unas dependencias que habían hecho acopio a prestarle a otras que ya no tenían.
La situación es similar en el resto de juzgados de la provincia. Concretamente ayer, se agotó el papel de oficio en Torrevieja, donde los funcionarios tildaron el problema de "muy grave" para el funcionamiento de la Justicia porque si no hay papel, no se puede trabajar. Los funcionarios no pueden tomar declaraciones y, materialmente, todo se paraliza. Elche es otro ejemplo donde los juzgados carecen de papel de oficio, y donde también ha llegado la instrucción de realizar fotocopias y desviar fondos a la compra de papel blanco. En Benidorm la situación es similar, y según confirman funcionarios consultados por este diario, ha habido que posponer envíos de documentos por no disponer de papel.
El problema amenazaba con llegar, ya que la situación había sido detectada hace unos meses por varios juzgados y los sindicatos ya se habían hecho eco del problema, como ya publicó este diario. Desde la sección sindical de CCOO, el delegado en Alicante, Dimas Vega, destacó que ésta es la consecuencia "de la falta de liquidez de la Conselleria de Justicia", que "cuando no debe a unos debe a otros, y en este caso es a la empresa del papel timbrado, pero otras veces es al suministrador del tóner de las impresoras y así vamos, esto se está convirtiendo en un caos", dijo. Por su parte, el responsable sindical de Benidorm y Les Marines, Diego Beltrán, indicó que "esto es una muestra de los problemas que nos traerá la implantación de la oficina judicial que pretende una mejora del servicio". "¿Cómo se va a realizar un nuevo sistema de la justicia sin medios y sin dinero?", señaló Beltrán, que añadió que el problema del papel de oficio se intenta solucionar, de momento en algunos juzgados, con impresoras nuevas que permiten la impresión del logotipo de la Generalitat Valenciana previamente configurado en tamaño y forma.

Fuente: Diario Informacion 01.05.10 Sandra Llinares