En el BOE de hoy 29 Diciembre se publica el Acuerdo de 17 Diciembre de 2.009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispone que el Juzgado de los Mercantil nº 3 de Alicante, con sede en esta ciudad y constituido desde la fecha de su entrada en funcionamiento en Elche, conocerá únicamente de los asuntos de su competencia mercantil (articulo 86 ter de la Ley Organica del Poder Judicial) correspondientes a los partidos judiciales de Elche, Orihuela y Torrevieja.
Enhorabuena a los ilicitanos.
Podeis consultar la publicación en el siguiente enlace
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21094.pdf
Blog P R O C U R A D O R E S fue creado en Marzo de 2.005 por el Procurador de Alicante José Córdoba Almela. Presenta información y noticias del mundo jurídico y de su profesión. Se complementa con su web http://procuradores-alicante.com
29 diciembre 2009
29 noviembre 2009
El “depósito para recurrir”: Parafiscalidad vs Constitución
1. Introducción
El pasado 5 de noviembre de 2009 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo artículo primero, inciso diecinueve, añade una disposición adicional, la decimoquinta, a la Ley Orgánica modificada. Mediante dicha disposición adicional se introduce en nuestro ordenamiento el llamado Depósito para recurrir.
Advierte el preámbulo de la norma, en su apartado V, que el depósito es de escasa cuantía y que tiene como finalidad disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, aplicándose los ingresos al proceso de modernización de la justicia.
Están sujetos al depósito los órdenes civil, penal, social y contencioso-administrativo, siendo objeto del mismo la interposición de recursos (que precisen forma escrita) ordinarios y extraordinarios, y el de revisión. Están exentos los recursos de suplicación o de casación en el orden jurisdiccional social, y el de revisión en el orden jurisdiccional civil.
Respecto al ámbito subjetivo, están exentos el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos. En el orden penal este depósito será exigible únicamente a la acusación popular.
La cuantía del depósito ascenderá a 50 euros para los recursos que pongan fin al proceso, salvo si se trata de recurso de queja, que ascenderá a 30 euros. En los recursos contra resoluciones que no pongan fin al proceso, el depósito ascenderá a 25 euros.
Sucintamente, esta es la regulación legal del depósito. Regulación que ahonda en los problemas que ya suscitaran las mal llamadas tasas judiciales1, y que esta normativa declara expresamente compatibles con el depósito.
2. Problemas derivados de la posible vulneración de derechos fundamentales
La corriente liberal clásica2 defiende el derecho moral de cualquier ciudadano a reclamar a través de la administración de justicia cualquier perjuicio causado por un tercero. El Estado, mediante la aplicación de figuras como las tasas judiciales o el depósito para recurrir, limita, desvirtúa o al menos dificulta tal derecho, toda vez que se plantean al administrado requisitos formales, de naturaleza económica, sin cuyo cumplimiento no se dará curso procesal a su pretensión.
En efecto, dispone la normativa analizada, en su apartado séptimo, que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté válidamente constituido, concediéndose al recurrente un plazo de dos días para la subsanación del defecto, disponiéndose que, de no verificarse así, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, o que inadmita la demanda, quedando firme la resolución impugnada.
En sintonía con lo expresado en el preámbulo de la norma, parte de la doctrina3 se ha pronunciado a favor de trasladar a los ciudadanos un porcentaje del coste de la Administración de Justicia, ya que el pago de un precio por un servicio desincentiva un consumo excesivo. Para estos autores4, la repercusión de los gastos a los administrados contribuiría a regular la demanda de justicia, entendida como servicio, desincentivándola al encarecerla. No podemos estar más en desacuerdo con la previsión legal y con esta corriente doctrinal que ampara estas posiciones. Entendemos, como manifestara RUIZ GARIJO5 con ocasión de la implantación de las tasas judiciales, que el depósito para recurrir linda con la vulneración de preceptos constitucionales y, en concreto, con el quebrantamiento del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 y del derecho a la justicia gratuita recogido en el artículo 119, ambos de la Constitución Española.
2.1. Vulneración del art. 24.1 C.E.
En efecto, uno de los principales problemas que plantea la regulación del depósito para recurrir reside en las consecuencias, de índole procesal pero con repercusiones en el derecho a la tutela judicial efectiva, que pueden derivarse de los incumplimientos formales que cometan los sujetos pasivos, y en particular el hecho de no acompañar, junto con el recurso pertinente, el justificante de haber constituido el depósito. Las consecuencias del incumplimiento de una obligación tributaria de escasa cuantía, o, a mayor abundamiento, las consecuencias de, aún cumplida, no acreditar ese extremo en el plazo concedido, son desproporcionadas y atentan, a nuestro juicio, contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Como afirma MARTÍN QUERALT6, no se debe vedar las posibilidades de acceso al pronunciamiento judicial por razones ajenas al propio proceso. Y nosotros entendemos que el depósito para recurrir, habida cuenta de su propósito desincentivador, es ajeno a la causa del proceso que, de ser injustificada o temeraria, conllevará la desestimación del recurso e, incluso, la condena en costas. En esta misma línea, AGUALLO AVILÉS7 incide en que el artículo 24.1 de la Constitución no permite negar el acceso a un Tribunal a quien no satisfaga un tributo exigido como requisito procesal.
2.2. Vulneración del art. 119 C.E.
El art. 119 C.E. establece que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar". A la vista de lo anterior, choca frontalmente contra el precepto constitucional la exigencia de la constitución de un depósito para recurrir a quienes hayan acreditado al comienzo del proceso la insuficiencia de recursos para litigar. No importa a este respecto que la cuantía del depósito sea más o menos elevada, sino el hecho mismo de que se exija un pago al que previamente se le ha reconocido que carece de recursos para embarcarse en un procedimiento judicial. Nada dice al respecto, la normativa analizada, que, por el contrario, sí se encarga de eximir de la constitución del depósito a determinados entes públicos, olvidando a los beneficiarios de la justicia gratuita, por lo que habrá de entenderse que están plenamente sujetos.
Esta regulación, a nuestro juicio, vulnera el antedicho precepto constitucional tal y como ha sido interpretado jurisprudencialmente. Cita ALGUERÓ AZQUETA8 al Tribunal Constitucional para concluir que no es el de justicia gratuita un derecho absoluto e ilimitado, sino prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde por tanto delimitarlos al legislador, atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a la disponibilidad presupuestaria. Pero, entendemos, que una vez delimitadas esas concretas condiciones, y reconocido el derecho a litigar gratuitamente a un ciudadano, no cabe exceptuar de ese derecho la interposición de un recurso, por peregrino y falto de argumentación legal que pudiera parecer. El Tribunal Constitucional sólo ha señalado que deben sufragarse los gastos procesales a quienes, de exigirse el pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar, sin valorar si sus pretensiones son en mayor o menor medida sostenibles.
3. Problemas derivados de la naturaleza jurídica del depósito para recurrir
De menor calado, pues no afecta a derechos fundamentales, pero también de gran interés doctrinal, es el problema acerca de la verdadera naturaleza jurídica del depósito para recurrir. Los tratadistas de Derecho Financiero han venido sosteniendo que los entes públicos pueden obtener sus ingresos a través de los tributos, la deuda pública, los ingresos patrimoniales, los monopolísticos (hoy desaparecidos tras la integración de nuestro país en la UE) y las sanciones pecuniarias9. A la vista de la regulación del depósito, hemos de entender que su mejor acomodo podría encontrarse entre los tributos. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, define, el concepto de tributos y sus clases. Así, en su artículo 2.1 se dice que “Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”. En el apartado 2 afirma que los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos. La expresión “cualquiera que sea su denominación” es la novedad más destacable, al imponer por encima del nomen iuris, la verdadera naturaleza de una figura jurídica10. Siguiendo esta línea y al amparo de lo manifestado por la jurisprudencia11, no nos encontramos ante una nueva categoría tributaria, sino que el depósito, prescindiendo de la denominación que le ha otorgado el legislador, habrá de considerarse como un ingreso de Derecho Público de carácter coactivo, y por tanto debemos predicar de él su condición de tributo.
Cuestión distinta es que, no amoldándose a ninguna de las tres categorías en las que se clasifican los tributos, debamos indagar si se ajusta a una cuarta categoría, cual es la de exacción parafiscal. En palabras de VICENTE-ARCHE DOMINGO12 las exacciones parafiscales pueden tener naturaleza jurídica similar a la de la tasa o la del impuesto, pero lo esencial de la parafiscalidad es la de nacer y desarrollarse al margen del ordenamiento jurídico fiscal.
La regulación de tasas ya derogada13 definía las exacciones parafiscales como “los derechos, cánones, honorarios y demás percepciones exigibles por la Administración … que no figuren en los Presupuestos Generales del Estado… y que se impongan para cubrir necesidades económica, sanitarias, profesionales o de otro orden”. Aunque en aplicación de los principios de legalidad e integración presupuestaria, las exacciones parafiscales se han ido eliminando progresivamente, lo cierto es que constituyen una figura aún en vigor14, y a la que podríamos adscribir los depósitos para recurrir.
Estos tributos parafiscales son un mecanismo de financiación cómodo que vence la resistencia de la colectividad a soportar más carga fiscal y que no está sometido a las limitaciones de los ingresos tributarios tradicionales15, gestionándose por una administración distinta a la tributaria, dando lugar a un ingreso extrapresupuestario y destinándose a financiar, en todo o en parte, una actividad concreta.
4. Conclusiones
Entendemos que la línea que se inició con la aparición de las tasas judiciales, y que continúa con el depósito para recurrir, constituye un claro retroceso en la configuración de la Administración de Justicia en nuestro país, volviendo a épocas superadas tras la aprobación de la Carta Magna, y que suponen claramente una limitación de derechos constitucionalmente reconocidos y el progresivo aumento de la presión fiscal.
Alfredo Ramos Pérez-Olivares.
Abogado. Ramos y Moreno Asesores. http://www.ramosymoreno.com
Notas
1 Artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, publicada el 31 de diciembre (BOE nº 313).
2 Cf. MILL, J.S., Principios de economía política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social, Trad. por T. Ortiz, C. Lara Beautell, edit. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1996.
3 PASTOR PRIETO, S., “El Coste de la Justicia: Datos y un poco de análisis”, Cuadernos de Derecho Judicial, (2001) pág 45.
4 NAVARRO SANCHIS, F.J., “Reflexiones sobre la tasa judicial”. Revista del Poder Judicial, nº 77 (2005), 95-129, pág. 99.
5 RUIZ GARIJO, M., “El retorno de las tasas judiciales. Un debate abierto”, Nueva fiscalidad, VII, (2003), 123-144, pág. 128.
6 MARTÍN QUERALT, J., “El derecho a la devolución de las tasas judiciales”, Tribuna Fiscal, nº 175, (2005), 4-7, pág. 7.
7 AGUALLO AVILÉS, A. y BUENO GALLARDO, E., “Algunas reflexiones sobre las tasas judiciales a la luz de la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Quincena fiscal: Revista de actualidad fiscal, nº 13-14 (2004), 9-19, pág 19.
8 ALGUERÓ AZQUETA, L., “A vueltas con la tasa judicial”, Artículos Doctrinales: Derecho Procesal Civil, (2005), 1-5, pág. 1, consultado en http://noticias.juridicas.com/articulos
9 COLLADO YURRITA, M.A. (dir), Derecho Financiero y Tributario, (AAVV), Atelier, Barcelona, 2009 pág. 32.
10 Ibid., pág. 233.
11 STC 63/2003, fundamentos jurídicos 5º y 6º.
12 VICENTE-ARCHE DOMINGO, F., “Notas de derecho financiero a la Ley de tasas y exacciones parafiscales de 26 de diciembre de 1958”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 29 (1959), 377-414, pág. 380.
13 Art. 1.2 de la Ley de 26 de diciembre de 1958 de Tasas y Exacciones Parafiscales.
14 Disposición Adicional Primera de La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, nueva Ley General Tributaria: Las exacciones parafiscales participan de la naturaleza de los tributos rigiéndose por esta ley en defecto de normativa específica.
15 COLLADO YURRITA, M.A. (dir), Derecho Financiero y Tributario, (AAVV), Atelier, Barcelona, 2009 pág. 254.
Fuente: Alfredo Ramos Pérez-Olivares Fecha: Noviembre 2009 Origen: Noticias Jurídicas
El pasado 5 de noviembre de 2009 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo artículo primero, inciso diecinueve, añade una disposición adicional, la decimoquinta, a la Ley Orgánica modificada. Mediante dicha disposición adicional se introduce en nuestro ordenamiento el llamado Depósito para recurrir.
Advierte el preámbulo de la norma, en su apartado V, que el depósito es de escasa cuantía y que tiene como finalidad disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, aplicándose los ingresos al proceso de modernización de la justicia.
Están sujetos al depósito los órdenes civil, penal, social y contencioso-administrativo, siendo objeto del mismo la interposición de recursos (que precisen forma escrita) ordinarios y extraordinarios, y el de revisión. Están exentos los recursos de suplicación o de casación en el orden jurisdiccional social, y el de revisión en el orden jurisdiccional civil.
Respecto al ámbito subjetivo, están exentos el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos. En el orden penal este depósito será exigible únicamente a la acusación popular.
La cuantía del depósito ascenderá a 50 euros para los recursos que pongan fin al proceso, salvo si se trata de recurso de queja, que ascenderá a 30 euros. En los recursos contra resoluciones que no pongan fin al proceso, el depósito ascenderá a 25 euros.
Sucintamente, esta es la regulación legal del depósito. Regulación que ahonda en los problemas que ya suscitaran las mal llamadas tasas judiciales1, y que esta normativa declara expresamente compatibles con el depósito.
2. Problemas derivados de la posible vulneración de derechos fundamentales
La corriente liberal clásica2 defiende el derecho moral de cualquier ciudadano a reclamar a través de la administración de justicia cualquier perjuicio causado por un tercero. El Estado, mediante la aplicación de figuras como las tasas judiciales o el depósito para recurrir, limita, desvirtúa o al menos dificulta tal derecho, toda vez que se plantean al administrado requisitos formales, de naturaleza económica, sin cuyo cumplimiento no se dará curso procesal a su pretensión.
En efecto, dispone la normativa analizada, en su apartado séptimo, que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté válidamente constituido, concediéndose al recurrente un plazo de dos días para la subsanación del defecto, disponiéndose que, de no verificarse así, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, o que inadmita la demanda, quedando firme la resolución impugnada.
En sintonía con lo expresado en el preámbulo de la norma, parte de la doctrina3 se ha pronunciado a favor de trasladar a los ciudadanos un porcentaje del coste de la Administración de Justicia, ya que el pago de un precio por un servicio desincentiva un consumo excesivo. Para estos autores4, la repercusión de los gastos a los administrados contribuiría a regular la demanda de justicia, entendida como servicio, desincentivándola al encarecerla. No podemos estar más en desacuerdo con la previsión legal y con esta corriente doctrinal que ampara estas posiciones. Entendemos, como manifestara RUIZ GARIJO5 con ocasión de la implantación de las tasas judiciales, que el depósito para recurrir linda con la vulneración de preceptos constitucionales y, en concreto, con el quebrantamiento del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 y del derecho a la justicia gratuita recogido en el artículo 119, ambos de la Constitución Española.
2.1. Vulneración del art. 24.1 C.E.
En efecto, uno de los principales problemas que plantea la regulación del depósito para recurrir reside en las consecuencias, de índole procesal pero con repercusiones en el derecho a la tutela judicial efectiva, que pueden derivarse de los incumplimientos formales que cometan los sujetos pasivos, y en particular el hecho de no acompañar, junto con el recurso pertinente, el justificante de haber constituido el depósito. Las consecuencias del incumplimiento de una obligación tributaria de escasa cuantía, o, a mayor abundamiento, las consecuencias de, aún cumplida, no acreditar ese extremo en el plazo concedido, son desproporcionadas y atentan, a nuestro juicio, contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Como afirma MARTÍN QUERALT6, no se debe vedar las posibilidades de acceso al pronunciamiento judicial por razones ajenas al propio proceso. Y nosotros entendemos que el depósito para recurrir, habida cuenta de su propósito desincentivador, es ajeno a la causa del proceso que, de ser injustificada o temeraria, conllevará la desestimación del recurso e, incluso, la condena en costas. En esta misma línea, AGUALLO AVILÉS7 incide en que el artículo 24.1 de la Constitución no permite negar el acceso a un Tribunal a quien no satisfaga un tributo exigido como requisito procesal.
2.2. Vulneración del art. 119 C.E.
El art. 119 C.E. establece que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar". A la vista de lo anterior, choca frontalmente contra el precepto constitucional la exigencia de la constitución de un depósito para recurrir a quienes hayan acreditado al comienzo del proceso la insuficiencia de recursos para litigar. No importa a este respecto que la cuantía del depósito sea más o menos elevada, sino el hecho mismo de que se exija un pago al que previamente se le ha reconocido que carece de recursos para embarcarse en un procedimiento judicial. Nada dice al respecto, la normativa analizada, que, por el contrario, sí se encarga de eximir de la constitución del depósito a determinados entes públicos, olvidando a los beneficiarios de la justicia gratuita, por lo que habrá de entenderse que están plenamente sujetos.
Esta regulación, a nuestro juicio, vulnera el antedicho precepto constitucional tal y como ha sido interpretado jurisprudencialmente. Cita ALGUERÓ AZQUETA8 al Tribunal Constitucional para concluir que no es el de justicia gratuita un derecho absoluto e ilimitado, sino prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde por tanto delimitarlos al legislador, atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a la disponibilidad presupuestaria. Pero, entendemos, que una vez delimitadas esas concretas condiciones, y reconocido el derecho a litigar gratuitamente a un ciudadano, no cabe exceptuar de ese derecho la interposición de un recurso, por peregrino y falto de argumentación legal que pudiera parecer. El Tribunal Constitucional sólo ha señalado que deben sufragarse los gastos procesales a quienes, de exigirse el pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar, sin valorar si sus pretensiones son en mayor o menor medida sostenibles.
3. Problemas derivados de la naturaleza jurídica del depósito para recurrir
De menor calado, pues no afecta a derechos fundamentales, pero también de gran interés doctrinal, es el problema acerca de la verdadera naturaleza jurídica del depósito para recurrir. Los tratadistas de Derecho Financiero han venido sosteniendo que los entes públicos pueden obtener sus ingresos a través de los tributos, la deuda pública, los ingresos patrimoniales, los monopolísticos (hoy desaparecidos tras la integración de nuestro país en la UE) y las sanciones pecuniarias9. A la vista de la regulación del depósito, hemos de entender que su mejor acomodo podría encontrarse entre los tributos. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, define, el concepto de tributos y sus clases. Así, en su artículo 2.1 se dice que “Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”. En el apartado 2 afirma que los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos. La expresión “cualquiera que sea su denominación” es la novedad más destacable, al imponer por encima del nomen iuris, la verdadera naturaleza de una figura jurídica10. Siguiendo esta línea y al amparo de lo manifestado por la jurisprudencia11, no nos encontramos ante una nueva categoría tributaria, sino que el depósito, prescindiendo de la denominación que le ha otorgado el legislador, habrá de considerarse como un ingreso de Derecho Público de carácter coactivo, y por tanto debemos predicar de él su condición de tributo.
Cuestión distinta es que, no amoldándose a ninguna de las tres categorías en las que se clasifican los tributos, debamos indagar si se ajusta a una cuarta categoría, cual es la de exacción parafiscal. En palabras de VICENTE-ARCHE DOMINGO12 las exacciones parafiscales pueden tener naturaleza jurídica similar a la de la tasa o la del impuesto, pero lo esencial de la parafiscalidad es la de nacer y desarrollarse al margen del ordenamiento jurídico fiscal.
La regulación de tasas ya derogada13 definía las exacciones parafiscales como “los derechos, cánones, honorarios y demás percepciones exigibles por la Administración … que no figuren en los Presupuestos Generales del Estado… y que se impongan para cubrir necesidades económica, sanitarias, profesionales o de otro orden”. Aunque en aplicación de los principios de legalidad e integración presupuestaria, las exacciones parafiscales se han ido eliminando progresivamente, lo cierto es que constituyen una figura aún en vigor14, y a la que podríamos adscribir los depósitos para recurrir.
Estos tributos parafiscales son un mecanismo de financiación cómodo que vence la resistencia de la colectividad a soportar más carga fiscal y que no está sometido a las limitaciones de los ingresos tributarios tradicionales15, gestionándose por una administración distinta a la tributaria, dando lugar a un ingreso extrapresupuestario y destinándose a financiar, en todo o en parte, una actividad concreta.
4. Conclusiones
Entendemos que la línea que se inició con la aparición de las tasas judiciales, y que continúa con el depósito para recurrir, constituye un claro retroceso en la configuración de la Administración de Justicia en nuestro país, volviendo a épocas superadas tras la aprobación de la Carta Magna, y que suponen claramente una limitación de derechos constitucionalmente reconocidos y el progresivo aumento de la presión fiscal.
Alfredo Ramos Pérez-Olivares.
Abogado. Ramos y Moreno Asesores. http://www.ramosymoreno.com
Notas
1 Artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, publicada el 31 de diciembre (BOE nº 313).
2 Cf. MILL, J.S., Principios de economía política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social, Trad. por T. Ortiz, C. Lara Beautell, edit. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1996.
3 PASTOR PRIETO, S., “El Coste de la Justicia: Datos y un poco de análisis”, Cuadernos de Derecho Judicial, (2001) pág 45.
4 NAVARRO SANCHIS, F.J., “Reflexiones sobre la tasa judicial”. Revista del Poder Judicial, nº 77 (2005), 95-129, pág. 99.
5 RUIZ GARIJO, M., “El retorno de las tasas judiciales. Un debate abierto”, Nueva fiscalidad, VII, (2003), 123-144, pág. 128.
6 MARTÍN QUERALT, J., “El derecho a la devolución de las tasas judiciales”, Tribuna Fiscal, nº 175, (2005), 4-7, pág. 7.
7 AGUALLO AVILÉS, A. y BUENO GALLARDO, E., “Algunas reflexiones sobre las tasas judiciales a la luz de la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Quincena fiscal: Revista de actualidad fiscal, nº 13-14 (2004), 9-19, pág 19.
8 ALGUERÓ AZQUETA, L., “A vueltas con la tasa judicial”, Artículos Doctrinales: Derecho Procesal Civil, (2005), 1-5, pág. 1, consultado en http://noticias.juridicas.com/articulos
9 COLLADO YURRITA, M.A. (dir), Derecho Financiero y Tributario, (AAVV), Atelier, Barcelona, 2009 pág. 32.
10 Ibid., pág. 233.
11 STC 63/2003, fundamentos jurídicos 5º y 6º.
12 VICENTE-ARCHE DOMINGO, F., “Notas de derecho financiero a la Ley de tasas y exacciones parafiscales de 26 de diciembre de 1958”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 29 (1959), 377-414, pág. 380.
13 Art. 1.2 de la Ley de 26 de diciembre de 1958 de Tasas y Exacciones Parafiscales.
14 Disposición Adicional Primera de La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, nueva Ley General Tributaria: Las exacciones parafiscales participan de la naturaleza de los tributos rigiéndose por esta ley en defecto de normativa específica.
15 COLLADO YURRITA, M.A. (dir), Derecho Financiero y Tributario, (AAVV), Atelier, Barcelona, 2009 pág. 254.
Fuente: Alfredo Ramos Pérez-Olivares Fecha: Noviembre 2009 Origen: Noticias Jurídicas
EL DEPOSITO PARA RECURRIR
La Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y que está públicada en el todavía caliente BOE de 4 de Noviembre de 2009 introduce el depósito para recurrir. Parece ser que enmiendas de última hora han propiciado la implantación del pago obligatorio en concepto de depósito de 25 euros por el viejo recurso de súplica (ahora rebautizado como “reposición”) y de 50 euros por recurso de apelación o recurso de casación.
El sistema consiste en la necesidad de acompañar el justificante del pago de la cantidad al recurso y si no se hace así, no se admitirá a trámite.
1. En primer lugar, merece la pena transcribir la controvertida Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, en lo que afecta a lo contencioso-administrativo:
3. Todo el que pretenda interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, consignará como depósito:
a) 30 euros, si se trata de recurso de queja.
b) 50 euros, si se trata de recurso de apelación.
c) 50 euros, si el recurso fuera el de casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina.
d) 50 euros, si fuera revisión.
4. Asimismo, para la interposición de recursos contra las resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como de´osito de 25 euros. El mismo importe deberá consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial.(….)
5. El Ministerio Fiscal también quedará exento de constituir el depósito que para recurrir viene exigido en esta Ley. El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos quedarán exentos de constituir el depósito referido.
2. Leída la fría letra de la Ley, veamos algunas preocupantes reflexiones de Sevach:
1ª La Ley Orgánica que que incorpora tal medida, dispone su vigencia al día siguiente de la publicación en el BOE, a diferencia de la “ley hermana” ( la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial), que por su contenido procesal entrará en vigor a los seis meses de su publicación oficial.
2º Sorprende que casi siempre las grandes reformas vienen de la mano de enmiendas de inocente apariencia (recuérdese que el procedimiento abreviado en el ámbito contencioso-administrativo fue el fruto de una enmienda de última hora de un grupo parlamentario catalán con un artículo 78 añadido a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, vertebrado a su vez en nada menos que 19 subartículos). Y ya se sabe, estos cambios de última hora, ocultos al presentar públicamente la versión inicial del proyecto de ley, sorprenden a los abogados, jueces y operadores jurídicos, sumiéndoles en la perplejidad ante el “hecho legislativo consumado”.
3º Procesalmente, la técnica del depósito (inspirado en su homólogo del procedimiento laboral, exigido para interponer el recurso de suplicación o casación) supone para el recurrente la carga procesal de acompañar el justificante del pago al escrito de recurso (reposición, apelación o casación) sin el cual no se admitirá a trámite. Tal requisito es subsanable en el plazo de dos días, con las consiguientes demoras a tal efecto. Y finalmente, la parte podrá solicitar su devolución si la resolución del recurso es estimatoria, total o parcialmente. O sea, papeleo a tutiplén. Al menos, en buena lógica ( aunque la lógica no abunde en los textos legales), la Ley exime de hacer el depósito en los recursos orales (p.ej. denegación de prueba en el procedimiento abreviado, en que es oral el recurso y oral su resolución).
4º La voluntad confesa en el apartado V del Preámbulo del depósito judicial radica en ” disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso”. En otras palabras, se trata de frenar la presentación de recursos temerarios, a base de que no resulte gratis cuestionar el criterio judicial. Sin embargo, algunos inconvenientes surgen de este planteamiento:
A) En primer lugar, resulta difícil creer que alguien va a desistir de un recurso, cuando cree que le asiste la razón, por la eventualidad de que le cueste 25 o 50 euros.
B) En segundo lugar, el peaje es asimétrico. El particular lo pagará y las Administraciones Públicas no, con lo que la alegría con que estas últimas interpondrán recursos contrastará con la pesadumbre del particular a la hora de hacer lo propio.
C) En tercer lugar, el peaje no se ajusta a la elemental proporcionalidad, pues el depósito exigido no distingue en función de la cuantía litigiosa. Está claro que a la hora de impugnar una multa en cuantía de 100 euros, el recurrente se pensará mucho si recurre en “reposición” una providencia o auto, y en cambio si se trata de un asunto de cuantía millonaria, para el recurrente es una bagatela el depósito previo. Parece que el legislador de chiquitín no leía a Robin Hood.
D) En cuarto lugar, si la finalidad legal es evitar el “perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso“, y están exentas las Administraciones Públicas, parece que el legislador busca un “cabeza de turco” de las deficiencias de las garantías del administrado, pues diríase que considera al particular recurrente un pícaro, un enredador o un ignorante que, pretende “prolongar indebidamente el tiempo de resolución del proceso”…pero ..¿ de qué hablamos si precisamente el particular es el primer interesado en que se resuelva pronto el litigio ya que la suspensión de los actos administrativos es la excepción y no la regla?, ¿de qué hablamos si precisamente la Administración es la que frecuentemente con el silencio administrativo empuja al particular al litigio con el fin de “ganar tiempo” o de aplazar la respuesta favorable al particular?.
E) En quinto lugar, la finalidad confesa en el Preámbulo es “disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico” pero no puede decirse seriamente que quien ve su recurso desestimado recurría sin fundamento jurídico. Las decisiones judiciales firmes tendrán que ser acatadas pero los jueces no son infalibles ni mucho menos puede decirse que todo lo que deciden se ofrezca incuestionable a los ojos del Derecho. Habrá litigantes que ocasionalmente planteen recursos temerarios ( y para eso está la imposición de las costas), o actuen de mala fe ( y para eso están las multas del art.247.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) pero hay una legión de abogados que formulan recursos, bien porque se trata de cuestiones jurídicamente ambiguas ( basta tener en cuenta las disparidades interpretativas sobre presentación de documentos, plazos y pruebas que derivan del maridaje forzado de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), o bien porque hay jueces que, por la razón que sea, siguen criterios restrictivos frente a las peticiones de parte en “zonas de penumbra”, cuyos autos y sentencias provocarán en el letrado la necesidad de impugnarlo.
No puede pedirse a un abogado, que tiene el deber de defender con lealtad a su cliente, que ante una cuestión dudosa, opte por el camino mas perjudicial a su cliente, no recurrir para ahorrarle unos euros. Insisto en que los recursos cumplen su función en el mundo judicial pues los jueces no son infalibles y existe un amplio campo de cuestiones dudosas.. Bastante castigo sufre el abogado que cree contar con la razón, cuando se tropieza con la fuerza de la cosa juzgada, como para que además, se le esté intimidando con la imposición de una tasa para disuadirle de recurrir.
3. Por último, pese a la tentación intuitiva de calificar tal depósito judicial de “inconstitucional” por limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, señaláramos que racionalmente ha de descartarse la inconstitucionalidad:
a) En primer lugar, porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de los “depósitos judiciales” en el caso de su exigencia para condicionar la admisión del recurso de suplicación y/o casación en el orden social según la Ley de Procedimiento Laboral. En particular el Tribunal Constitucional en relación al depósito de la cuantía de la condena civil en primera instancia en caso de indemnización derivada de accidentes de tráfico, con argumentación trasladable al caso que nos ocupa, ha señalado que la exigencia de dicho depósito es la de salvaguardar los derechos de quién ha obtenido una sentencia favorable, garantizando al perjudicado el cobro de las cantidades que se le han reconocido ” y evitando maniobras dilatorias del apelante, esto es, el uso abusivo de la facultad de recurrir con fines dilatorios” (SSTC. de 2-7-90 , 84/92 y de 25-4-94 ).
b) En segundo lugar, porque el derecho a la tutela judicial efectiva alcanza a un pronunciamiento por juez en ejercicio de potestad jurisdiccional en primera o única instancia, habiendo señalado el Tribunal Constitucional que las segundas o terceras instancias, y sus condiciones o requisitos pertenecen al señorío del legislador. Por tanto, una vez que media un pronunciamiento judicial, el requisito del depósito condicional sería ajustado a la Constitución, si cuenta con amparo legal. En este punto, la única fisura de constitucionalidad en la actual regulación vendría dado en cuanto la Ley obliga al depósito incluso cuando se trata de solicitar la revisión de un acto o Decreto del Secretario, caso en que al no ser titular éste de potestad jurisdiccional podría cuestionarse la exigencia del depósito en términos constitucionales.
c) Y en tercer lugar, porque el legislador se ha cuidado de fijar una ínfima cuantía (25 o 50 euros) en el depósito para que no se le pueda hacer tacha de falta de proporcionalidad. Sin embargo, la Ley esconde un portillo para la trampa, ya que el apartado 12 de la citada Disposición Adicional decimoquinta precisa que ” La cuantía del depósito para recurrir podrá ser actualizada y revisada anualmente mediante Real Decreto”. Nótese que una cosa es “actualizar” ( remite a la operación automática del IPC) y otra muy distinta el “revisar” ( supone un cheque en blanco para que el ejecutivo modifique según su criterio las cuantías del depósito). Pues bien, en la medida que tiene lugar una deslegalización sin indicar criterios o pautas, en una materia sujeta a reserva de ley orgánica, podríamos estar ante un precepto de posible inconstitucionalidad.
4. En definitiva:
a) Parece que la utilidad real del “depósito” será recaudar y sumar fondos para la asistencia jurídica gratuita, la modernización e informatización judicial ( diríase que se trata de una “exacción parafiscal afectada”), finalidad que cuenta con la complicidad de las Comunidades Autónomas, ya que la Ley se cuida de garantizar que todos obtendrán su parte del león.
b) Las Oficinas judiciales parecerán sucursales del Hispanoamericano, tramitando ingresos y devoluciones.
c) Los abogados repercutirán en sus clientes los depósitos o engrosarán las provisiones de fondos con cantidades a cuenta de los eventuales depósitos.
d) Y los abogados tendrán que aprender la técnica del póker-judicial: valorar las posibilidades de que el recurso prospere sopesando sus propios argumentos, los de la parte contraria y como no, el criterio judicial ( que a su vez es un sumatorio incierto: conocimiento + experiencia +precedentes +temperamento + idea personal de la Justicia+ otros factores coyunturales). Ni que decir tiene que el peor jugador del poker-judicial será el funcionario que se defienda a si mismo (cuando no sea letrado).
En fin, que a la fuerza ahorcan, y habrá que pagar el depósito, aunque suene a medida anacrónica y contraproducente. ¡ Que Dios reparta suerte!
5. A modo de colofón con humor, para caricaturizar la tendencia que se abre con este depósito judicial, hemos de confiar en que ningún iluminado, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, tenga la ocurrencia, para paliar la mengua financiera en la Administración local, derivada de la crisis económica ( menos construcción, menos IBI, menos licencias) de proponer la implantación por Ley de un depósito similar para quienes pretendan formular un recurso de reposición o recurso de alzada en vía administrativa.
Tampoco debemos descartar que algún día, algún Consejero autonómico, hostigado por el déficit de la sanidad pública, sugiera la aplicación de un depósito obligatorio que deben pagar los pacientes, de manera que si no se diagnostica ninguna enfermedad, lo perderían y caso contrario les sería devuelto.
Confiemos que tales despropósitos no se tomen jamás en serio, aunque hoy día el BOE soporta todo.., y los ciudadanos también.
Fuente: Jose Ramon Chavez Garcia 04.11.09 (http://www.contencioso.es/?p=3147)
El sistema consiste en la necesidad de acompañar el justificante del pago de la cantidad al recurso y si no se hace así, no se admitirá a trámite.
1. En primer lugar, merece la pena transcribir la controvertida Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, en lo que afecta a lo contencioso-administrativo:
3. Todo el que pretenda interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, consignará como depósito:
a) 30 euros, si se trata de recurso de queja.
b) 50 euros, si se trata de recurso de apelación.
c) 50 euros, si el recurso fuera el de casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina.
d) 50 euros, si fuera revisión.
4. Asimismo, para la interposición de recursos contra las resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como de´osito de 25 euros. El mismo importe deberá consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial.(….)
5. El Ministerio Fiscal también quedará exento de constituir el depósito que para recurrir viene exigido en esta Ley. El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos quedarán exentos de constituir el depósito referido.
2. Leída la fría letra de la Ley, veamos algunas preocupantes reflexiones de Sevach:
1ª La Ley Orgánica que que incorpora tal medida, dispone su vigencia al día siguiente de la publicación en el BOE, a diferencia de la “ley hermana” ( la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial), que por su contenido procesal entrará en vigor a los seis meses de su publicación oficial.
2º Sorprende que casi siempre las grandes reformas vienen de la mano de enmiendas de inocente apariencia (recuérdese que el procedimiento abreviado en el ámbito contencioso-administrativo fue el fruto de una enmienda de última hora de un grupo parlamentario catalán con un artículo 78 añadido a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, vertebrado a su vez en nada menos que 19 subartículos). Y ya se sabe, estos cambios de última hora, ocultos al presentar públicamente la versión inicial del proyecto de ley, sorprenden a los abogados, jueces y operadores jurídicos, sumiéndoles en la perplejidad ante el “hecho legislativo consumado”.
3º Procesalmente, la técnica del depósito (inspirado en su homólogo del procedimiento laboral, exigido para interponer el recurso de suplicación o casación) supone para el recurrente la carga procesal de acompañar el justificante del pago al escrito de recurso (reposición, apelación o casación) sin el cual no se admitirá a trámite. Tal requisito es subsanable en el plazo de dos días, con las consiguientes demoras a tal efecto. Y finalmente, la parte podrá solicitar su devolución si la resolución del recurso es estimatoria, total o parcialmente. O sea, papeleo a tutiplén. Al menos, en buena lógica ( aunque la lógica no abunde en los textos legales), la Ley exime de hacer el depósito en los recursos orales (p.ej. denegación de prueba en el procedimiento abreviado, en que es oral el recurso y oral su resolución).
4º La voluntad confesa en el apartado V del Preámbulo del depósito judicial radica en ” disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso”. En otras palabras, se trata de frenar la presentación de recursos temerarios, a base de que no resulte gratis cuestionar el criterio judicial. Sin embargo, algunos inconvenientes surgen de este planteamiento:
A) En primer lugar, resulta difícil creer que alguien va a desistir de un recurso, cuando cree que le asiste la razón, por la eventualidad de que le cueste 25 o 50 euros.
B) En segundo lugar, el peaje es asimétrico. El particular lo pagará y las Administraciones Públicas no, con lo que la alegría con que estas últimas interpondrán recursos contrastará con la pesadumbre del particular a la hora de hacer lo propio.
C) En tercer lugar, el peaje no se ajusta a la elemental proporcionalidad, pues el depósito exigido no distingue en función de la cuantía litigiosa. Está claro que a la hora de impugnar una multa en cuantía de 100 euros, el recurrente se pensará mucho si recurre en “reposición” una providencia o auto, y en cambio si se trata de un asunto de cuantía millonaria, para el recurrente es una bagatela el depósito previo. Parece que el legislador de chiquitín no leía a Robin Hood.
D) En cuarto lugar, si la finalidad legal es evitar el “perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso“, y están exentas las Administraciones Públicas, parece que el legislador busca un “cabeza de turco” de las deficiencias de las garantías del administrado, pues diríase que considera al particular recurrente un pícaro, un enredador o un ignorante que, pretende “prolongar indebidamente el tiempo de resolución del proceso”…pero ..¿ de qué hablamos si precisamente el particular es el primer interesado en que se resuelva pronto el litigio ya que la suspensión de los actos administrativos es la excepción y no la regla?, ¿de qué hablamos si precisamente la Administración es la que frecuentemente con el silencio administrativo empuja al particular al litigio con el fin de “ganar tiempo” o de aplazar la respuesta favorable al particular?.
E) En quinto lugar, la finalidad confesa en el Preámbulo es “disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico” pero no puede decirse seriamente que quien ve su recurso desestimado recurría sin fundamento jurídico. Las decisiones judiciales firmes tendrán que ser acatadas pero los jueces no son infalibles ni mucho menos puede decirse que todo lo que deciden se ofrezca incuestionable a los ojos del Derecho. Habrá litigantes que ocasionalmente planteen recursos temerarios ( y para eso está la imposición de las costas), o actuen de mala fe ( y para eso están las multas del art.247.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) pero hay una legión de abogados que formulan recursos, bien porque se trata de cuestiones jurídicamente ambiguas ( basta tener en cuenta las disparidades interpretativas sobre presentación de documentos, plazos y pruebas que derivan del maridaje forzado de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), o bien porque hay jueces que, por la razón que sea, siguen criterios restrictivos frente a las peticiones de parte en “zonas de penumbra”, cuyos autos y sentencias provocarán en el letrado la necesidad de impugnarlo.
No puede pedirse a un abogado, que tiene el deber de defender con lealtad a su cliente, que ante una cuestión dudosa, opte por el camino mas perjudicial a su cliente, no recurrir para ahorrarle unos euros. Insisto en que los recursos cumplen su función en el mundo judicial pues los jueces no son infalibles y existe un amplio campo de cuestiones dudosas.. Bastante castigo sufre el abogado que cree contar con la razón, cuando se tropieza con la fuerza de la cosa juzgada, como para que además, se le esté intimidando con la imposición de una tasa para disuadirle de recurrir.
3. Por último, pese a la tentación intuitiva de calificar tal depósito judicial de “inconstitucional” por limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, señaláramos que racionalmente ha de descartarse la inconstitucionalidad:
a) En primer lugar, porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de los “depósitos judiciales” en el caso de su exigencia para condicionar la admisión del recurso de suplicación y/o casación en el orden social según la Ley de Procedimiento Laboral. En particular el Tribunal Constitucional en relación al depósito de la cuantía de la condena civil en primera instancia en caso de indemnización derivada de accidentes de tráfico, con argumentación trasladable al caso que nos ocupa, ha señalado que la exigencia de dicho depósito es la de salvaguardar los derechos de quién ha obtenido una sentencia favorable, garantizando al perjudicado el cobro de las cantidades que se le han reconocido ” y evitando maniobras dilatorias del apelante, esto es, el uso abusivo de la facultad de recurrir con fines dilatorios” (SSTC. de 2-7-90 , 84/92 y de 25-4-94 ).
b) En segundo lugar, porque el derecho a la tutela judicial efectiva alcanza a un pronunciamiento por juez en ejercicio de potestad jurisdiccional en primera o única instancia, habiendo señalado el Tribunal Constitucional que las segundas o terceras instancias, y sus condiciones o requisitos pertenecen al señorío del legislador. Por tanto, una vez que media un pronunciamiento judicial, el requisito del depósito condicional sería ajustado a la Constitución, si cuenta con amparo legal. En este punto, la única fisura de constitucionalidad en la actual regulación vendría dado en cuanto la Ley obliga al depósito incluso cuando se trata de solicitar la revisión de un acto o Decreto del Secretario, caso en que al no ser titular éste de potestad jurisdiccional podría cuestionarse la exigencia del depósito en términos constitucionales.
c) Y en tercer lugar, porque el legislador se ha cuidado de fijar una ínfima cuantía (25 o 50 euros) en el depósito para que no se le pueda hacer tacha de falta de proporcionalidad. Sin embargo, la Ley esconde un portillo para la trampa, ya que el apartado 12 de la citada Disposición Adicional decimoquinta precisa que ” La cuantía del depósito para recurrir podrá ser actualizada y revisada anualmente mediante Real Decreto”. Nótese que una cosa es “actualizar” ( remite a la operación automática del IPC) y otra muy distinta el “revisar” ( supone un cheque en blanco para que el ejecutivo modifique según su criterio las cuantías del depósito). Pues bien, en la medida que tiene lugar una deslegalización sin indicar criterios o pautas, en una materia sujeta a reserva de ley orgánica, podríamos estar ante un precepto de posible inconstitucionalidad.
4. En definitiva:
a) Parece que la utilidad real del “depósito” será recaudar y sumar fondos para la asistencia jurídica gratuita, la modernización e informatización judicial ( diríase que se trata de una “exacción parafiscal afectada”), finalidad que cuenta con la complicidad de las Comunidades Autónomas, ya que la Ley se cuida de garantizar que todos obtendrán su parte del león.
b) Las Oficinas judiciales parecerán sucursales del Hispanoamericano, tramitando ingresos y devoluciones.
c) Los abogados repercutirán en sus clientes los depósitos o engrosarán las provisiones de fondos con cantidades a cuenta de los eventuales depósitos.
d) Y los abogados tendrán que aprender la técnica del póker-judicial: valorar las posibilidades de que el recurso prospere sopesando sus propios argumentos, los de la parte contraria y como no, el criterio judicial ( que a su vez es un sumatorio incierto: conocimiento + experiencia +precedentes +temperamento + idea personal de la Justicia+ otros factores coyunturales). Ni que decir tiene que el peor jugador del poker-judicial será el funcionario que se defienda a si mismo (cuando no sea letrado).
En fin, que a la fuerza ahorcan, y habrá que pagar el depósito, aunque suene a medida anacrónica y contraproducente. ¡ Que Dios reparta suerte!
5. A modo de colofón con humor, para caricaturizar la tendencia que se abre con este depósito judicial, hemos de confiar en que ningún iluminado, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, tenga la ocurrencia, para paliar la mengua financiera en la Administración local, derivada de la crisis económica ( menos construcción, menos IBI, menos licencias) de proponer la implantación por Ley de un depósito similar para quienes pretendan formular un recurso de reposición o recurso de alzada en vía administrativa.
Tampoco debemos descartar que algún día, algún Consejero autonómico, hostigado por el déficit de la sanidad pública, sugiera la aplicación de un depósito obligatorio que deben pagar los pacientes, de manera que si no se diagnostica ninguna enfermedad, lo perderían y caso contrario les sería devuelto.
Confiemos que tales despropósitos no se tomen jamás en serio, aunque hoy día el BOE soporta todo.., y los ciudadanos también.
Fuente: Jose Ramon Chavez Garcia 04.11.09 (http://www.contencioso.es/?p=3147)
18 noviembre 2009
LEXNET. El Ministerio de Justicia pretende suprimir los servicios web del sistema LEXNET
LEXNET es una herramienta eficaz, que sin duda agiliza la tramitación de los asuntos judiciales, aunque el ministerio parece dispuesto a dar un paso atrás, cediendo a las presiones del CGPE (Consejo General de Procuradores de España), para retirar los servicios web del sistema LEXNET (aprobados REAL DECRETO 84/2007 de 26 de Enero , Anexo IV, punto 6).
LEXNET permite a las aplicaciones de despacho (comerciales) tanto de abogados como procuradores la conexión a Minerva para el envío y/o recepción de notificaciones y documentos de forma automatizada, facilitando la labor de los estamentos judiciales, para que estos evolucionen y se adapten a la “sociedad de la información”, como requieren cada vez más los ciudadanos, y demandan los profesionales que les representan.
Fuente: http://mallorcaconfidencial.com 18 Noviembre 2.009
LEXNET permite a las aplicaciones de despacho (comerciales) tanto de abogados como procuradores la conexión a Minerva para el envío y/o recepción de notificaciones y documentos de forma automatizada, facilitando la labor de los estamentos judiciales, para que estos evolucionen y se adapten a la “sociedad de la información”, como requieren cada vez más los ciudadanos, y demandan los profesionales que les representan.
Fuente: http://mallorcaconfidencial.com 18 Noviembre 2.009
09 noviembre 2009
LA NUEVA OFICINA JUDICIAL. REFORMAS SUSTANCIALES.
El dia 4 de Noviembre fueron publicadas en el BOE dos importantes leyes que van a suponer un cambio importante en nuestra administración de Justicia y por consiguiente en la función del Procurador:
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. (BOE 04.11.09)
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Entre las NOVEDADES A DESTACAR en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial que entrará en vigor el 05 de Mayo de 2.01o ppodemos señalar las siguientes:
Diez. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 23 con la siguiente redacción:
«3. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.»
«Artículo 24. Apoderamiento del procurador.
1. El poder en que la parte otorgue su representación al procurador habrá de estar autorizado por notario o ser conferido por comparecencia ante el Secretario judicial de cualquier Oficina judicial.
2. La escritura de poder se acompañará al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuación; y el otorgamiento ‘‘apud acta’’ deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador.»
«Artículo 152. Forma de los actos de comunicación. Respuesta.
1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se ejecutarán por:
1.º Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
2.º El procurador de la parte que así lo solicite, a su costa.
Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona o en el domicilio del destinatario.
A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia de su firma y de la fecha en que se realice.
2. Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga esta ley:
1.ª A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.
2.ª Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado.
3.ª Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el Tribunal o el Secretario judicial le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.
3. La cédula expresará el Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resolución, y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.
4. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.»
Ochenta y seis. El apartado 1 artículo 160 queda redactado como sigue:
«1. Cuando proceda la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha de la recepción, y de su contenido, el Secretario judicial dará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y unirá a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción o la documentación aportada por el procurador que así lo acredite, de haber procedido éste a la comunicación.»
Ochenta y siete. En el artículo 161 se modifican el párrafo segundo del apartado 1, el apartado 2, el párrafo primero del apartado 3 y se introduce un apartado 5, que quedan con la siguiente redacción:
«La entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o, en su caso, el procurador que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar.»
«2. Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario o, en su caso, el procurador que asuma su práctica, le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la Oficina judicial, produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia.»
«3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero.»
«5. Cuando los actos de comunicación hubieran sido realizados por el procurador y no los hubiera podido entregar a su destinatario por alguna de las causas previstas en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, aquél deberá acreditar la concurrencia de las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores, para lo que podrá auxiliarse de dos testigos o de cualquier otro medio idóneo.»
Ciento treinta y siete. El apartado 3 del artículo 242 queda redactado como sigue:
«3. Una vez firme la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas podrán presentar ante la Oficina judicial minuta detallada de sus derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido.»
Trescientos cuarenta y cuatro. El apartado 2 y el párrafo primero del apartado 3 del artículo 771 quedan redactados como sigue:
«2. A la vista de la solicitud, el Secretario judicial citará a los cónyuges y, si hubiere hijos menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la que se intentará un acuerdo de las partes, que señalará el Secretario judicial y que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y representado por su procurador.
De esta resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para que pueda acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a que se refiere el artículo 102 del Código Civil y lo que considere procedente en relación con la custodia de los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra esta resolución no se dará recurso alguno.»
Cuarenta y tres. El artículo 185 queda redactado como sigue:
«Artículo 185. Derecho al examen de los autos.
Los acreedores no comparecidos en forma podrán solicitar del Juzgado el examen de aquellos documentos o informes que consten en autos sobre sus respectivos créditos, acudiendo para ello a la Oficina judicial personalmente o por medio de letrado o procurador que los represente, quienes para dicho trámite no estarán obligados a personarse.»
La Ley Orgánica 1/2009 que ha entrado en vigor el pasado 5 de Noviembre, regula el Deposito para recurrir, estableciendo la obligatoria consignación de 25 €,30 € o 50 € bajo pena de no ser admitido el recurso de reposicion, queja, apelación - rescisión de sentencia a instancia del rebelde, casacion o revisión.
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. (BOE 04.11.09)
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Entre las NOVEDADES A DESTACAR en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial que entrará en vigor el 05 de Mayo de 2.01o ppodemos señalar las siguientes:
Diez. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 23 con la siguiente redacción:
«3. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.»
«Artículo 24. Apoderamiento del procurador.
1. El poder en que la parte otorgue su representación al procurador habrá de estar autorizado por notario o ser conferido por comparecencia ante el Secretario judicial de cualquier Oficina judicial.
2. La escritura de poder se acompañará al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuación; y el otorgamiento ‘‘apud acta’’ deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador.»
«Artículo 152. Forma de los actos de comunicación. Respuesta.
1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se ejecutarán por:
1.º Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
2.º El procurador de la parte que así lo solicite, a su costa.
Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona o en el domicilio del destinatario.
A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia de su firma y de la fecha en que se realice.
2. Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga esta ley:
1.ª A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.
2.ª Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado.
3.ª Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el Tribunal o el Secretario judicial le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.
3. La cédula expresará el Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resolución, y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.
4. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.»
Ochenta y seis. El apartado 1 artículo 160 queda redactado como sigue:
«1. Cuando proceda la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha de la recepción, y de su contenido, el Secretario judicial dará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y unirá a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción o la documentación aportada por el procurador que así lo acredite, de haber procedido éste a la comunicación.»
Ochenta y siete. En el artículo 161 se modifican el párrafo segundo del apartado 1, el apartado 2, el párrafo primero del apartado 3 y se introduce un apartado 5, que quedan con la siguiente redacción:
«La entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o, en su caso, el procurador que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar.»
«2. Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario o, en su caso, el procurador que asuma su práctica, le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la Oficina judicial, produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia.»
«3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero.»
«5. Cuando los actos de comunicación hubieran sido realizados por el procurador y no los hubiera podido entregar a su destinatario por alguna de las causas previstas en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, aquél deberá acreditar la concurrencia de las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores, para lo que podrá auxiliarse de dos testigos o de cualquier otro medio idóneo.»
Ciento treinta y siete. El apartado 3 del artículo 242 queda redactado como sigue:
«3. Una vez firme la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas podrán presentar ante la Oficina judicial minuta detallada de sus derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido.»
Trescientos cuarenta y cuatro. El apartado 2 y el párrafo primero del apartado 3 del artículo 771 quedan redactados como sigue:
«2. A la vista de la solicitud, el Secretario judicial citará a los cónyuges y, si hubiere hijos menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la que se intentará un acuerdo de las partes, que señalará el Secretario judicial y que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y representado por su procurador.
De esta resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para que pueda acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a que se refiere el artículo 102 del Código Civil y lo que considere procedente en relación con la custodia de los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra esta resolución no se dará recurso alguno.»
Cuarenta y tres. El artículo 185 queda redactado como sigue:
«Artículo 185. Derecho al examen de los autos.
Los acreedores no comparecidos en forma podrán solicitar del Juzgado el examen de aquellos documentos o informes que consten en autos sobre sus respectivos créditos, acudiendo para ello a la Oficina judicial personalmente o por medio de letrado o procurador que los represente, quienes para dicho trámite no estarán obligados a personarse.»
La Ley Orgánica 1/2009 que ha entrado en vigor el pasado 5 de Noviembre, regula el Deposito para recurrir, estableciendo la obligatoria consignación de 25 €,30 € o 50 € bajo pena de no ser admitido el recurso de reposicion, queja, apelación - rescisión de sentencia a instancia del rebelde, casacion o revisión.
25 octubre 2009
04 octubre 2009
LEXNET: No de este modo.
Ante la puesta en marcha por parte de la Administración de Justicia y los Colegios de Abogados y Procuradores del sistema LexNet de transmisión telemática de documentos a los juzgados, deseo expresar mi preocupación por los graves problemas que a mi entender el sistema plantea, y que pueden resumirse del siguiente modo:
a) LexNet no respeta el principio de neutralidad tecnológica, al imponer la necesidad de contar con una determinada versión de sistema operativo de software propietario y no poder utilizar software libre. Ello se traduce en el hecho de que profesionales con sistemas Macintosh, o que utilicen (como es mi caso) software Mozilla han de cambiar y "morir al palo" de unas determinadas herramientas y no otras, con los correspondientes desembolsos económicos que la vinculación del sistema a determinadas empresas de software puede conllevar, tanto en equipamiento como en programas.
b) LexNet plantea dudas en cuanto a la seguridad jurídica. Con el uso de esta herramienta toda la relación del profesional con la Administración de Justicia queda vinculada a un sistema de código cerrado cuyo código fuente no es accesible.
c)LexNet es un sistema insuicientemente explicado a los profesionales que auxiliamos en la Administración de Justicia. Especial mención merece la formación que en esta materia han recibido nuestros compañeros procuradores, y que según me consta, no llega a dos tardes.
LexNet va a empezar a funcionar en real (sólo notificaciones telemáticas, sin papel) sin que haya suficientes garantías, ya no de su funcionamiento, sino de la capacidad de los profesionales, tanto judiciales como liberales, para su desenvolvimiento. Con ello no acuso a nadie ni de impericia ni de falta de aptitudes; más bien al contrario: lo que manifiesto es sencillamente que el tiempo de que todos han dispuesto para su formación no ha sido suficiente.
d) LexNet es un sistema de la Administración de Justicia, y no del Consejo General del Poder judicial. Ello permite que varios de los juzgados de Zaragoza se hayan opuesto a su implantación, puesto que la decisión al respecto de ésta no depende del máximo órgano de gobierno de los jueces. Desde ese preciso momento, el sistema nace herido.
e) LexNet ha sido probado sin contar con las personas que han contribuido a la formación de los profesionales. Hoy hemos sabido que unas decenas de compañeros han estado probando el sistema con los juzgados durante un mes y medio, y no conozco a ninguno de los abogados que han contribuido a la formación de sus colegas que haya estado en esas pruebas. ¿Quién mejor que los que se iban a dedicar a explicar el sistema para "probarlo" (testar es un verbo horroroso)?. Gracias por las palabras de agradecimiento hacia nosotros desde la estructura colegial, pero determinadas actitudes deberían haber sido otras.
En definitiva, LexNet es un sitema muy deseable, y nace de una idea realmente buena: el uso de la red para nuestro trabajo profesional. Pero su puesta en marcha resulta demasiado acelerada y adolece de ciertos defectos que provocan cuando menos la sospecha de que por extraños motivos ciertos aspectos se ha decidido no tenerlos en cuenta.
Apostemos por las nuevas tecnologías, pero no de este modo.
Por cierto, otros también están preocupados.
UPDATE 18/05: Si alguien desea saber algo más sobre lo acaecido en la presentación, pues puede leer con regocijo (o pena, según se mire) lo que publica este amigo. Como véis, lo que nos han contado no es jauja, y ya somos más los que estamos preocupados.
Fuente: Juan Antonio Rubio Morer
http://nuevasherramientas.blogspot.com/2005/05/lexnet-no-de-este-modo.html
__________________________________________________________________________
Tras un año de informar verbalmente de algunos de los problemas que, a mi entender, representaba la implantación del proyecto LexNet en la forma en que se está verificando; silenciando errores y (lo que yo, humildemente, considero) medias verdades, en la eterna promesa de que el proyecto estaba en fase de pruebas y que todos los “flecos” quedarían resueltos antes de su definitiva puesta en funcionamiento, me veo en la obligación moral de transmitiros por escrito las – ya anunciadas – cautelas; en la confianza de que hagais cuanto esté en vuestra mano, que me consta es mucho, para evitar que este proyecto siga adelante con su actual configuración. Los problemas, técnicos y jurídicos, a los que aludo son:
1º.- No se cumple con el requisito de interoperabilidad y neutralidad tecnológica que nos impone la Unión Europea al obligar a los operadores jurídicos al uso de un único sistema operativo (microsoft windows XP), un único navegador web (Internet Explorer 6.0) y un único cliente de correo electrónico (microsoft oulook exprés 6.0), de los que son ejemplo el documento de trabajo de la Comisión sobre interoperabilidad y el Plan de acción e-Europe 2.005, y en el ámbito español los Criterios de Seguridad, Normalización y Conservación de 24 de junio de 2004 dictados en desarrollo del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado; de cuyos criterios de normalización extracto lo que sigue:
“Se denomina software libre aquél software, todo software, producto o desarrollo a medida, que se distribuye bajo una licencia, según la cual el autor (cedente de la licencia) cede una serie de libertades básicas al usuario (licenciatario) en el marco de un acuerdo de concesión (licencia):
* La libertad de ejecución; es decir, de utilizar el programa con cualquier fin en cuantos ordenadores se desee.
* La libertad de conocer y estudiar cómo funciona el programa.
* La libertad de modificar o mejorar el programa.
* La libertad de redistribuir copias a otros usuarios.
…/…
El fenómeno del software libre y de fuentes abiertas constituye una revolución en el ámbito de las tecnologías de la información sin parangón desde que se produjeron los primeros momentos de expansión de Internet o, tal vez, desde la introducción de las políticas de sistemas abiertos. El debate en términos de ’software libre sí o no’, se encuentra a estas alturas superado por una realidad de facto que tiene un alcance estratégico y unas dimensiones que no pueden ni obviarse ni ignorarse; es un hecho su presencia creciente en organizaciones del sector público y del sector privado.
Para la Administración, ente generador y receptor de software, el ejercicio de las libertades de ejecución, conocimiento, modificación y redistribución tiene consecuencias de alcance en las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades, que afectan a cuestiones tales como la defensa del interés general, la transparencia, la eficacia, la independencia tecnológica, la seguridad, el control sobre los propios programas y aplicaciones, el acceso y conservación de la información en soporte electrónico y, en concreto, a cuatro requisitos operativos perseguidos por la Administración a lo largo de sucesivas oleadas tecnológicas, ya planteados en su día en la política de sistemas abiertos, y que pueden ser aplicados asimismo en relación con el software libre y de fuentes abiertas:
* Libertad de elección, del equipo físico, los programas o los servicios. El síndrome de cliente cautivo con frecuencia conduce a que actualizaciones y migraciones en entornos propietarios se hagan en unas condiciones de negociación muy desfavorables para la Administración.
* Protección de la inversión, en equipo físico, en programas, en formación de técnicos y usuarios, frente a la discontinuidad de los productos, bien por políticas comerciales o bien por desaparición del mercado del suministrador.
* Mejor relación precio/rendimiento. En el caso del software libre y de fuentes abiertas, los precios no se determinan en régimen de monopolio de oferta, pues favorece la competencia.
* Garantía de comunicación e interoperabilidad de los sistemas, especialmente si se tiene en cuenta la necesidad de la Administración de ofrecer el servicio público a los ciudadanos.”
2.- Consecuencia de lo expuesto en el ordinal 1º se quiebra, siempre en mi modesta opinión, el secreto profesional y el Derecho Fundamental a obtener la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24 C.E. al imponer una tecnología de código cerrado (el usuario no tiene acceso al código fuente) propietaria que, además, representa un desembolso constante y esclavo en software y – no lo olvidemos – en hardware (que pueda soportar con garantías un S.O. como el propuesto en el proyecto LexNet).
3.- Como formador de los cursos impartidos por el Colegio he detectado el preocupante – con honrosas excepciones – nivel en ofimática de los compañeros. La implantación del proyecto, tal como está diseñado en la actualidad, podría privar a una importante mayoría de abogados de ejercer la profesión “por no tener máquina de escribir”, abriéndose de manera preocupante, todavía más, la brecha digital.
4.- La dependencia del Ministerio de Justicia podría suponer un grave ataque a la independencia de nuestra profesión; y el alojamiento permanente de todos los expedientes en los servidores del Ministerio de Justicia podría conculcar el Derecho a la Intimidad y a la Autodeterminación Informativa de nuestros clientes; derechos consagrados en el artículo 18 de Nuestra Carta Magna.
5.- El proyecto se está llevando a cabo sin transparencia alguna; la única información escrita que me consta; excepción hecha de los “manuales de formador” y la convocatoria pública a la jornada de esta tarde , proviene de Internet , y no precisamente del Ministerio de Justicia, ni de la web de redabogacía. Es deseable que un proyecto de esta importancia se someta a la publicidad y transparencia que impone el Estado Social y Democrático de Derecho que es España.
Soy, os consta, incansable defensor de las Nuevas Tecnologías; y partidario de la e-administración; pero no así, no a este precio.
Os ruego, por ello, no seais complices, ni nos hagáis cómplices a los colegiados, de este proyecto en su actual configuración.
Fuente: Blogespierre-Pedro J. Canut.- E.Derecho y Sociedad del Conocimiento
______________________________________________________________________________
Lexnet: ¿Chapuza por desconocimiento o intencionada?¿Y a quién le importa? A estas alturas ya no podemos estar preocupándonos de eso.
Estos días he tenido el placer de echar una mano a un par de abogados a examinar el sistema Lexnet, sistema este que implantará la firma electrónica (certificados X-509) y el fin del papel en las comunicaciones entre abogados, procuradores y jueces. Nos hemos estado informando gracias a Hipalinux y coordinando con Javier de la Cueva, y ayer asistí con uno de ellos a la presentación del sistema en el Colegio de Abogados de Zaragoza.
La conferencia fue absolutamente soporífera, siendo lo peor unos monólogos guiaburros sobre el manejo de la web de Lexnet. La gente acabó agotada y no me extraña que después de eso no quieran profundizar más.
El sistema en sí no está mal, es un avance, aunque da un poco de miedo por la capacidad de control centralizado que podría suponer. ¿Quién controla a Lexnet? ¿El ministerio de Justicia? ¿Los Colegios? Si yo fuese abogado (y siendo ciudadano también) me preocuparía bastante por el asunto ya que entiendo que debería de saberse si la información interna estará cifrada sobre los discos duros, si para las intervenciones y reparaciones va a haber algún observador además el técnico autorizado, quién y en qué forma y número va a hacer las auditorías de seguridad, etc…
¿De quién es la propiedad intelectual? ¿Pueden cambiar las reglas del juego cuando quieran? ¿Los datos almacenados en que formato están?
Una de las cosas que me llamó la atención es que una de las conferenciantes (había cuatro ponentes nada menos, y todos querían lucirse), utilizó la frase “seguridad total y absoluta” para referirse al sistema. Que atrevimiento. Un proceso en el que intervienen tecnologías de Microsoft podrá ser cualquier cosa menos total y absolutamente seguro. Construir un tinglado como ese y basar la entrada y manejo en Windows y Explorer es como construir un fuerte a prueba de armas nucleares y poner la puerta de cartón ondulado de este de las cajas de los ordenadores.
Tras el ladrillo de presentación, las preguntas, el “¿Hay alguna pregunta?” dicho con la boca pequeña tiene respuesta por parte de un abogado que pregunta lo que todos queríamos saber:
PíšBLICO: ¿Para que sistemas operativos está disponible el sistema?
PONENTES: Funciona desde Windows 98 SE en adelante.
PíšBLICO: Si pero… ¿Sólo para plataformas Microsoft?
PONENTES: Si… ¿Usted que utiliza?
PíšBLICO: Yo tengo un Mac.
PONENTES: No, para Mac no. Bueno, ni para Linux tampoco. Esperemos que en un futuro…
Después de eso intentan justificarse, uno de los ponentes dice que coincide totalmente en que debería de implementarse todo el sistema sobre Software Libre y que debería de poder trabajarse desde él y con la mirada busca a Canut, el de Blogespierre.com yo no tengo claro si con la complicidad de opinar igual y comprobar que no son los únicos. Las dos señoritas o señoras conferenciantes intentan salirse por la tangente, yo creo que en realidad no estaban preparadas para la pregunta.
Y luego ya, todo para mí lo hubiera querido, nos queda el teleco, defendiéndose como gato panza arriba:
Si quieren hacemos una encuesta aquí a ver que sistemas tiene la gente…
Pero hombre, esto no es una cuestión de estadística sino de libertad, de eficacia, de seguridad y de hacer bien las cosas.
Yo no pude contenerme y le apunté que quizá la gente utilice mayoritariamente Windows (aparte de porque lo tienen sin licencia) porque se les obliga con iniciativas como esta.
Es una cuestión económica, lo desarrollamos para la plataforma mayoritaria…
Vaya, esto si que no lo entiendo. En lugar de desarrollarlo sobre los estándares, una vez, y que funcione para todos los sistemas habidos y por haber… NO. Lo desarrollo con porquerías que sólo funcionan sobre Windows y así, de paso que tiro a la basura el dinero y la confianza de mis clientes vuelvo a cobrar cuando haya que desarrollarlo para otros sistemas. INCREíBLE. LO OIGO Y NO ME LO CREO.
Al final vuelve a intervenir el dueto femenino y cortan la discusión diciendo que ellos sólo participan en una parte del desarrollo y que recogerán todas las opiniones y bla, bla, bla.
Al salir nos aborda Canut, a quién yo ya conocía de las jornadas que organiza la e-Sección, y vamos a La Republicana a tomar unas cañas y hablar un poco de Lexnet. Luego entraron los conferenciantes y se pusieron a hablar del asunto, pero yo ya estaba hablando con David Charro sobre Star Wars y la verdad me pareció que esta gente tenía poco que añadir a lo dicho.
Esperemos que recapaciten y que se den cuenta de que están coartando las libertades de sus asociados, y de que les están obligando al pago de una licencia a una empresa estadounidense para la utilización de Lexnet, cuando les hubiese costado lo mismo basarse en los estándares y haberlo hecho todo con tecnologías libres.
Quizá si otros asociados plantean las mismas dudas en otras ciudades se den cuenta de que uno, en informática, ya no puede hacer lo que le de la gana sin que nadie sepa opinar sobre ello.
Y ojo, el camino no es obligar a utilizar Software Libre, el camino es hacer las cosas de forma que sean interoperables tanto con Software Libre como plataformas privativas. Libertad de elección no coartada por un ingeniero de telecos y por unos ejecutivos que no saben la diferencia que hay entre Windows y el ratón.
Fuente: Viernes.org
a) LexNet no respeta el principio de neutralidad tecnológica, al imponer la necesidad de contar con una determinada versión de sistema operativo de software propietario y no poder utilizar software libre. Ello se traduce en el hecho de que profesionales con sistemas Macintosh, o que utilicen (como es mi caso) software Mozilla han de cambiar y "morir al palo" de unas determinadas herramientas y no otras, con los correspondientes desembolsos económicos que la vinculación del sistema a determinadas empresas de software puede conllevar, tanto en equipamiento como en programas.
b) LexNet plantea dudas en cuanto a la seguridad jurídica. Con el uso de esta herramienta toda la relación del profesional con la Administración de Justicia queda vinculada a un sistema de código cerrado cuyo código fuente no es accesible.
c)LexNet es un sistema insuicientemente explicado a los profesionales que auxiliamos en la Administración de Justicia. Especial mención merece la formación que en esta materia han recibido nuestros compañeros procuradores, y que según me consta, no llega a dos tardes.
LexNet va a empezar a funcionar en real (sólo notificaciones telemáticas, sin papel) sin que haya suficientes garantías, ya no de su funcionamiento, sino de la capacidad de los profesionales, tanto judiciales como liberales, para su desenvolvimiento. Con ello no acuso a nadie ni de impericia ni de falta de aptitudes; más bien al contrario: lo que manifiesto es sencillamente que el tiempo de que todos han dispuesto para su formación no ha sido suficiente.
d) LexNet es un sistema de la Administración de Justicia, y no del Consejo General del Poder judicial. Ello permite que varios de los juzgados de Zaragoza se hayan opuesto a su implantación, puesto que la decisión al respecto de ésta no depende del máximo órgano de gobierno de los jueces. Desde ese preciso momento, el sistema nace herido.
e) LexNet ha sido probado sin contar con las personas que han contribuido a la formación de los profesionales. Hoy hemos sabido que unas decenas de compañeros han estado probando el sistema con los juzgados durante un mes y medio, y no conozco a ninguno de los abogados que han contribuido a la formación de sus colegas que haya estado en esas pruebas. ¿Quién mejor que los que se iban a dedicar a explicar el sistema para "probarlo" (testar es un verbo horroroso)?. Gracias por las palabras de agradecimiento hacia nosotros desde la estructura colegial, pero determinadas actitudes deberían haber sido otras.
En definitiva, LexNet es un sitema muy deseable, y nace de una idea realmente buena: el uso de la red para nuestro trabajo profesional. Pero su puesta en marcha resulta demasiado acelerada y adolece de ciertos defectos que provocan cuando menos la sospecha de que por extraños motivos ciertos aspectos se ha decidido no tenerlos en cuenta.
Apostemos por las nuevas tecnologías, pero no de este modo.
Por cierto, otros también están preocupados.
UPDATE 18/05: Si alguien desea saber algo más sobre lo acaecido en la presentación, pues puede leer con regocijo (o pena, según se mire) lo que publica este amigo. Como véis, lo que nos han contado no es jauja, y ya somos más los que estamos preocupados.
Fuente: Juan Antonio Rubio Morer
http://nuevasherramientas.blogspot.com/2005/05/lexnet-no-de-este-modo.html
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Tras un año de informar verbalmente de algunos de los problemas que, a mi entender, representaba la implantación del proyecto LexNet en la forma en que se está verificando; silenciando errores y (lo que yo, humildemente, considero) medias verdades, en la eterna promesa de que el proyecto estaba en fase de pruebas y que todos los “flecos” quedarían resueltos antes de su definitiva puesta en funcionamiento, me veo en la obligación moral de transmitiros por escrito las – ya anunciadas – cautelas; en la confianza de que hagais cuanto esté en vuestra mano, que me consta es mucho, para evitar que este proyecto siga adelante con su actual configuración. Los problemas, técnicos y jurídicos, a los que aludo son:
1º.- No se cumple con el requisito de interoperabilidad y neutralidad tecnológica que nos impone la Unión Europea al obligar a los operadores jurídicos al uso de un único sistema operativo (microsoft windows XP), un único navegador web (Internet Explorer 6.0) y un único cliente de correo electrónico (microsoft oulook exprés 6.0), de los que son ejemplo el documento de trabajo de la Comisión sobre interoperabilidad y el Plan de acción e-Europe 2.005, y en el ámbito español los Criterios de Seguridad, Normalización y Conservación de 24 de junio de 2004 dictados en desarrollo del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado; de cuyos criterios de normalización extracto lo que sigue:
“Se denomina software libre aquél software, todo software, producto o desarrollo a medida, que se distribuye bajo una licencia, según la cual el autor (cedente de la licencia) cede una serie de libertades básicas al usuario (licenciatario) en el marco de un acuerdo de concesión (licencia):
* La libertad de ejecución; es decir, de utilizar el programa con cualquier fin en cuantos ordenadores se desee.
* La libertad de conocer y estudiar cómo funciona el programa.
* La libertad de modificar o mejorar el programa.
* La libertad de redistribuir copias a otros usuarios.
…/…
El fenómeno del software libre y de fuentes abiertas constituye una revolución en el ámbito de las tecnologías de la información sin parangón desde que se produjeron los primeros momentos de expansión de Internet o, tal vez, desde la introducción de las políticas de sistemas abiertos. El debate en términos de ’software libre sí o no’, se encuentra a estas alturas superado por una realidad de facto que tiene un alcance estratégico y unas dimensiones que no pueden ni obviarse ni ignorarse; es un hecho su presencia creciente en organizaciones del sector público y del sector privado.
Para la Administración, ente generador y receptor de software, el ejercicio de las libertades de ejecución, conocimiento, modificación y redistribución tiene consecuencias de alcance en las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades, que afectan a cuestiones tales como la defensa del interés general, la transparencia, la eficacia, la independencia tecnológica, la seguridad, el control sobre los propios programas y aplicaciones, el acceso y conservación de la información en soporte electrónico y, en concreto, a cuatro requisitos operativos perseguidos por la Administración a lo largo de sucesivas oleadas tecnológicas, ya planteados en su día en la política de sistemas abiertos, y que pueden ser aplicados asimismo en relación con el software libre y de fuentes abiertas:
* Libertad de elección, del equipo físico, los programas o los servicios. El síndrome de cliente cautivo con frecuencia conduce a que actualizaciones y migraciones en entornos propietarios se hagan en unas condiciones de negociación muy desfavorables para la Administración.
* Protección de la inversión, en equipo físico, en programas, en formación de técnicos y usuarios, frente a la discontinuidad de los productos, bien por políticas comerciales o bien por desaparición del mercado del suministrador.
* Mejor relación precio/rendimiento. En el caso del software libre y de fuentes abiertas, los precios no se determinan en régimen de monopolio de oferta, pues favorece la competencia.
* Garantía de comunicación e interoperabilidad de los sistemas, especialmente si se tiene en cuenta la necesidad de la Administración de ofrecer el servicio público a los ciudadanos.”
2.- Consecuencia de lo expuesto en el ordinal 1º se quiebra, siempre en mi modesta opinión, el secreto profesional y el Derecho Fundamental a obtener la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24 C.E. al imponer una tecnología de código cerrado (el usuario no tiene acceso al código fuente) propietaria que, además, representa un desembolso constante y esclavo en software y – no lo olvidemos – en hardware (que pueda soportar con garantías un S.O. como el propuesto en el proyecto LexNet).
3.- Como formador de los cursos impartidos por el Colegio he detectado el preocupante – con honrosas excepciones – nivel en ofimática de los compañeros. La implantación del proyecto, tal como está diseñado en la actualidad, podría privar a una importante mayoría de abogados de ejercer la profesión “por no tener máquina de escribir”, abriéndose de manera preocupante, todavía más, la brecha digital.
4.- La dependencia del Ministerio de Justicia podría suponer un grave ataque a la independencia de nuestra profesión; y el alojamiento permanente de todos los expedientes en los servidores del Ministerio de Justicia podría conculcar el Derecho a la Intimidad y a la Autodeterminación Informativa de nuestros clientes; derechos consagrados en el artículo 18 de Nuestra Carta Magna.
5.- El proyecto se está llevando a cabo sin transparencia alguna; la única información escrita que me consta; excepción hecha de los “manuales de formador” y la convocatoria pública a la jornada de esta tarde , proviene de Internet , y no precisamente del Ministerio de Justicia, ni de la web de redabogacía. Es deseable que un proyecto de esta importancia se someta a la publicidad y transparencia que impone el Estado Social y Democrático de Derecho que es España.
Soy, os consta, incansable defensor de las Nuevas Tecnologías; y partidario de la e-administración; pero no así, no a este precio.
Os ruego, por ello, no seais complices, ni nos hagáis cómplices a los colegiados, de este proyecto en su actual configuración.
Fuente: Blogespierre-Pedro J. Canut.- E.Derecho y Sociedad del Conocimiento
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Lexnet: ¿Chapuza por desconocimiento o intencionada?¿Y a quién le importa? A estas alturas ya no podemos estar preocupándonos de eso.
Estos días he tenido el placer de echar una mano a un par de abogados a examinar el sistema Lexnet, sistema este que implantará la firma electrónica (certificados X-509) y el fin del papel en las comunicaciones entre abogados, procuradores y jueces. Nos hemos estado informando gracias a Hipalinux y coordinando con Javier de la Cueva, y ayer asistí con uno de ellos a la presentación del sistema en el Colegio de Abogados de Zaragoza.
La conferencia fue absolutamente soporífera, siendo lo peor unos monólogos guiaburros sobre el manejo de la web de Lexnet. La gente acabó agotada y no me extraña que después de eso no quieran profundizar más.
El sistema en sí no está mal, es un avance, aunque da un poco de miedo por la capacidad de control centralizado que podría suponer. ¿Quién controla a Lexnet? ¿El ministerio de Justicia? ¿Los Colegios? Si yo fuese abogado (y siendo ciudadano también) me preocuparía bastante por el asunto ya que entiendo que debería de saberse si la información interna estará cifrada sobre los discos duros, si para las intervenciones y reparaciones va a haber algún observador además el técnico autorizado, quién y en qué forma y número va a hacer las auditorías de seguridad, etc…
¿De quién es la propiedad intelectual? ¿Pueden cambiar las reglas del juego cuando quieran? ¿Los datos almacenados en que formato están?
Una de las cosas que me llamó la atención es que una de las conferenciantes (había cuatro ponentes nada menos, y todos querían lucirse), utilizó la frase “seguridad total y absoluta” para referirse al sistema. Que atrevimiento. Un proceso en el que intervienen tecnologías de Microsoft podrá ser cualquier cosa menos total y absolutamente seguro. Construir un tinglado como ese y basar la entrada y manejo en Windows y Explorer es como construir un fuerte a prueba de armas nucleares y poner la puerta de cartón ondulado de este de las cajas de los ordenadores.
Tras el ladrillo de presentación, las preguntas, el “¿Hay alguna pregunta?” dicho con la boca pequeña tiene respuesta por parte de un abogado que pregunta lo que todos queríamos saber:
PíšBLICO: ¿Para que sistemas operativos está disponible el sistema?
PONENTES: Funciona desde Windows 98 SE en adelante.
PíšBLICO: Si pero… ¿Sólo para plataformas Microsoft?
PONENTES: Si… ¿Usted que utiliza?
PíšBLICO: Yo tengo un Mac.
PONENTES: No, para Mac no. Bueno, ni para Linux tampoco. Esperemos que en un futuro…
Después de eso intentan justificarse, uno de los ponentes dice que coincide totalmente en que debería de implementarse todo el sistema sobre Software Libre y que debería de poder trabajarse desde él y con la mirada busca a Canut, el de Blogespierre.com yo no tengo claro si con la complicidad de opinar igual y comprobar que no son los únicos. Las dos señoritas o señoras conferenciantes intentan salirse por la tangente, yo creo que en realidad no estaban preparadas para la pregunta.
Y luego ya, todo para mí lo hubiera querido, nos queda el teleco, defendiéndose como gato panza arriba:
Si quieren hacemos una encuesta aquí a ver que sistemas tiene la gente…
Pero hombre, esto no es una cuestión de estadística sino de libertad, de eficacia, de seguridad y de hacer bien las cosas.
Yo no pude contenerme y le apunté que quizá la gente utilice mayoritariamente Windows (aparte de porque lo tienen sin licencia) porque se les obliga con iniciativas como esta.
Es una cuestión económica, lo desarrollamos para la plataforma mayoritaria…
Vaya, esto si que no lo entiendo. En lugar de desarrollarlo sobre los estándares, una vez, y que funcione para todos los sistemas habidos y por haber… NO. Lo desarrollo con porquerías que sólo funcionan sobre Windows y así, de paso que tiro a la basura el dinero y la confianza de mis clientes vuelvo a cobrar cuando haya que desarrollarlo para otros sistemas. INCREíBLE. LO OIGO Y NO ME LO CREO.
Al final vuelve a intervenir el dueto femenino y cortan la discusión diciendo que ellos sólo participan en una parte del desarrollo y que recogerán todas las opiniones y bla, bla, bla.
Al salir nos aborda Canut, a quién yo ya conocía de las jornadas que organiza la e-Sección, y vamos a La Republicana a tomar unas cañas y hablar un poco de Lexnet. Luego entraron los conferenciantes y se pusieron a hablar del asunto, pero yo ya estaba hablando con David Charro sobre Star Wars y la verdad me pareció que esta gente tenía poco que añadir a lo dicho.
Esperemos que recapaciten y que se den cuenta de que están coartando las libertades de sus asociados, y de que les están obligando al pago de una licencia a una empresa estadounidense para la utilización de Lexnet, cuando les hubiese costado lo mismo basarse en los estándares y haberlo hecho todo con tecnologías libres.
Quizá si otros asociados plantean las mismas dudas en otras ciudades se den cuenta de que uno, en informática, ya no puede hacer lo que le de la gana sin que nadie sepa opinar sobre ello.
Y ojo, el camino no es obligar a utilizar Software Libre, el camino es hacer las cosas de forma que sean interoperables tanto con Software Libre como plataformas privativas. Libertad de elección no coartada por un ingeniero de telecos y por unos ejecutivos que no saben la diferencia que hay entre Windows y el ratón.
Fuente: Viernes.org
19 septiembre 2009
Plan de Modernizacion de la Justicia
El Consejo de Ministros aprobó hoy (18.09.09) un Plan de Modernización de la Justicia que prevé un incremento del 19 por ciento de la actual planta judicial entre el presente año y 2012, con la creación de 910 nuevas unidades judiciales y que "por primera vez en 30 años de democracia", según el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, supone la ación concertada de todos los sectores implicados en este ámbito -Gobierno, comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía y profesionales implicados-.
El Plan, que contiene 24 programas de actuación y 146 medidas concretas, tendrá un coste de 600 millones de euros de aquí hasta el final de la legislatura, que fue garantizado por la propia vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, durante la rueda de prensa celebrada al término del Consejo de Ministros.
Según Caamaño, este año se empleó por parte del Estado y de las once comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia el doble de presupuesto del que fue destinado en 2004 a este servicio público aunque, pese al aumento de recursos y de número de jueces "no se ha alcanzado el entandar de calidad que se desea", así lo manifiestan tanto los ciudadanos como los colectivos profesionales implicados.
La aplicación de la Justicia se distribuye entre Gobierno, las comunidades, el CGPJ y Fiscalía, pero "en 30 años de democracia no ha habido una acción concertada de todos ellos, y esto es lo que persigue el Plan", destacó Caamaño, que redundó en que el proyecto se articula sobre tres grandes actuaciones: la modernización, la transparencia (colocando en el centro en el ciudadano) y el consenso.
Preguntado por la huelga que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha convocado el próximo 8 de octubre demandando mejoras en la Administración de Justicia, Caamaño señaló que en la elaboración de este Plan han participado todas las asociaciones de jueces, si bien se trata de una iniciativa "pensada básicamente para los ciudadanos".
"Si hay una convocatoria de huelga serán ellos tendrán que explicar por qué paran, porque el Ministerio de justicia no va a parar", afirmó el ministro.
INCREMENTO DE LA PLANTA.
Para el período 2010-2012 se crearán un total de 600 nuevas unidades judiciales (150 de ellas serán jueces de adscripción territorial, sin juzgado asignado, para cubrir vacantes y refuerzos), a razón de 200 unidades año. Si sumamos esta cantidad a los incrementos producidos en 2008 (160) Y 2009 (150), al finalizar el período se dispondrán de 920 unidades judiciales adicionales, lo que significa un incremento de 19 por ciento de la planta, según explicó Caamaño.
Correlativamente, se convocarán 750 nuevas plazas de jueces (250 por año), aproximándonos más a la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes. Se crearán 450 nuevas plazas en la carrera fiscal y 800 plazas para el Cuerpo Superior de Secretarios judiciales.
Esto supone un aumento del 17 por ciento en jueces, el 20 por ciento para fiscales y un 20 por ciento de Secretarios judiciales, según detalló el Ministerio de Justicia.
Además, según explicó el titular del Departamento de Justicia, la totalidad de las Salas de vista contarán con sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencias, y todos los juzgados dispondrán de sistemas informáticos avanzados adaptados a las nuevas leyes procesales, lo que permitirá la normalización del expediente judicial digital y una muy significativa reducción del soporte papel.
Por lo que se refiere a las comunicaciones y notificaciones judiciales, en 2012 el cien por cien de las mismas se llevarán a cabo electrónicamente mediante correo telemático (lexnet).
TRABAJO EN RED
Otra de las novedades del Plan es la implantación del EJIS (espacio judicial de interoperatividad y seguridad) y las plataformas electrónicas de intermediación, que permitirá que todos los tribunales españoles puedan trabajar en red, superando las actuales incompatibilidades entre los diferentes sistemas de las comunidades autónomas.
Finalmente, se creará un Registro Civil de servicios único, informatizado y digitalizado, en el que los ciudadanos podrán consultar sus datos personales y descargar certificaciones por vía telemática.
Todas estas novedades buscan una reducción de entre el 30 y el 50 por ciento de los tiempos de tramitación y respuesta judicial, según expuso el propio Caamaño, que se refirió también a la modernización del sistema científico de apoyo a la justicia.
En este sentido, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dispondrá de nuevas instalaciones y sistemas avanzados tecnológicamente, y los institutos de medicina legal contarán con nuevos sistemas y recursos para mejorar los servicios que prestan a la Justicia.
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
El plan incluye un amplio despliegue de Oficinas de asistencia a las víctimas. Se contará con este servicio en el cien por cien del territorio, según contempla el Plan de actuación aprobado hoy.
También se dispondrá de una nueva ordenación de la planta y demarcación judicial, para cuyo diseño se ha creado una comisión de expertos que terminará sus trabajos a principios del próximo año.
El Plan busca igualmente una administración de justicia más integrada en Europa, según destacó Caamaño, para lo que se profundizará en el portal europeo de servicios jurídicos comunes mediante la ejecución del Plan de Acción E-justicia y se reformará la legislación procesal española en materia de derechos y libertades, de acuerdo con el Programa de Estocolmo.
Diario Digital Siglo XXI.- 19.09.09
El Plan, que contiene 24 programas de actuación y 146 medidas concretas, tendrá un coste de 600 millones de euros de aquí hasta el final de la legislatura, que fue garantizado por la propia vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, durante la rueda de prensa celebrada al término del Consejo de Ministros.
Según Caamaño, este año se empleó por parte del Estado y de las once comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia el doble de presupuesto del que fue destinado en 2004 a este servicio público aunque, pese al aumento de recursos y de número de jueces "no se ha alcanzado el entandar de calidad que se desea", así lo manifiestan tanto los ciudadanos como los colectivos profesionales implicados.
La aplicación de la Justicia se distribuye entre Gobierno, las comunidades, el CGPJ y Fiscalía, pero "en 30 años de democracia no ha habido una acción concertada de todos ellos, y esto es lo que persigue el Plan", destacó Caamaño, que redundó en que el proyecto se articula sobre tres grandes actuaciones: la modernización, la transparencia (colocando en el centro en el ciudadano) y el consenso.
Preguntado por la huelga que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha convocado el próximo 8 de octubre demandando mejoras en la Administración de Justicia, Caamaño señaló que en la elaboración de este Plan han participado todas las asociaciones de jueces, si bien se trata de una iniciativa "pensada básicamente para los ciudadanos".
"Si hay una convocatoria de huelga serán ellos tendrán que explicar por qué paran, porque el Ministerio de justicia no va a parar", afirmó el ministro.
INCREMENTO DE LA PLANTA.
Para el período 2010-2012 se crearán un total de 600 nuevas unidades judiciales (150 de ellas serán jueces de adscripción territorial, sin juzgado asignado, para cubrir vacantes y refuerzos), a razón de 200 unidades año. Si sumamos esta cantidad a los incrementos producidos en 2008 (160) Y 2009 (150), al finalizar el período se dispondrán de 920 unidades judiciales adicionales, lo que significa un incremento de 19 por ciento de la planta, según explicó Caamaño.
Correlativamente, se convocarán 750 nuevas plazas de jueces (250 por año), aproximándonos más a la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes. Se crearán 450 nuevas plazas en la carrera fiscal y 800 plazas para el Cuerpo Superior de Secretarios judiciales.
Esto supone un aumento del 17 por ciento en jueces, el 20 por ciento para fiscales y un 20 por ciento de Secretarios judiciales, según detalló el Ministerio de Justicia.
Además, según explicó el titular del Departamento de Justicia, la totalidad de las Salas de vista contarán con sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencias, y todos los juzgados dispondrán de sistemas informáticos avanzados adaptados a las nuevas leyes procesales, lo que permitirá la normalización del expediente judicial digital y una muy significativa reducción del soporte papel.
Por lo que se refiere a las comunicaciones y notificaciones judiciales, en 2012 el cien por cien de las mismas se llevarán a cabo electrónicamente mediante correo telemático (lexnet).
TRABAJO EN RED
Otra de las novedades del Plan es la implantación del EJIS (espacio judicial de interoperatividad y seguridad) y las plataformas electrónicas de intermediación, que permitirá que todos los tribunales españoles puedan trabajar en red, superando las actuales incompatibilidades entre los diferentes sistemas de las comunidades autónomas.
Finalmente, se creará un Registro Civil de servicios único, informatizado y digitalizado, en el que los ciudadanos podrán consultar sus datos personales y descargar certificaciones por vía telemática.
Todas estas novedades buscan una reducción de entre el 30 y el 50 por ciento de los tiempos de tramitación y respuesta judicial, según expuso el propio Caamaño, que se refirió también a la modernización del sistema científico de apoyo a la justicia.
En este sentido, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dispondrá de nuevas instalaciones y sistemas avanzados tecnológicamente, y los institutos de medicina legal contarán con nuevos sistemas y recursos para mejorar los servicios que prestan a la Justicia.
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
El plan incluye un amplio despliegue de Oficinas de asistencia a las víctimas. Se contará con este servicio en el cien por cien del territorio, según contempla el Plan de actuación aprobado hoy.
También se dispondrá de una nueva ordenación de la planta y demarcación judicial, para cuyo diseño se ha creado una comisión de expertos que terminará sus trabajos a principios del próximo año.
El Plan busca igualmente una administración de justicia más integrada en Europa, según destacó Caamaño, para lo que se profundizará en el portal europeo de servicios jurídicos comunes mediante la ejecución del Plan de Acción E-justicia y se reformará la legislación procesal española en materia de derechos y libertades, de acuerdo con el Programa de Estocolmo.
Diario Digital Siglo XXI.- 19.09.09
01 septiembre 2009
LEX NET.Breves consideraciones de su experiencia
El sistema de comunicaciones judiciales LexNet creado mediante REAL DECRETO 84/2007, de 26 de enero, tiene como principal objetivo dotar a nuestra Administración de Justicia de las tecnologías de la comunicación que en este ámbito permanecía anquilosado pese al transcurso de los años.
No obstante las leyes procesales poco a poco van acomodándose a este nuevo siglo mediante mecanismos útiles para que la Justicia sea un servicio público que funcione con eficacia y garantía en aras de conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la gestión procesal de los procedimientos judiciales dentro del plan de modernización de la Administración de Justicia.
El Libro Blanco de la Justicia, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el Pacto de Estado para la Justicia, junto a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil apuntan a un cambio y notable avance tanto en la filosofía procesal como en el espíritu de intendencia y organización de la Oficina Judicial ahora en ciernes. Pero tras más de ocho años de aplicación de la ley adjetiva se pone de manifiesto y resulta evidente, que sin un esfuerzo personal y un cambio de actitudes y aptitudes por parte de los que colaboran en la Administración de Justicia ninguna reforma o cambio sustancial puede prosperar.
Los funcionarios de justicia, Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores han de acomodarse a dichos cambios de forma activa y eficiente porque así lo demanda el justiciable. Por consiguiente han de obviarse actitudes que atemperan la marcha de los litigios y hemos de afrontar una nueva aptitud en la Justicia del siglo XXI, como parangón del marco europeo al que pertenecemos.
Durante ese tiempo se ha puesto de manifiesto que dicha herramienta pretende conseguir en la práctica, y en aras a la telematización de la Administración de Justicia, entre otras, las siguientes virtualidades: 1.- Ahorro de la impresión de papel para la Administración de Justicia. 2.-Ausencia del desplazamiento del Procurador a la oficina judicial de notificaciones. 3.- Inmediatez desde el dictado de la resolución hasta la notificación de la misma. 4.- Tratamiento de la resolución para su inmediata transmisión al letrado y/o cliente. 5.- Modernizar la operatividad de los cooperadores de la Administración de Justicia y de ésta misma.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en este sector de la Administración se ha pasado, en poco tiempo, de la máquina de escribir y papel carbón a ésta administración telemática, debe ponderarse el cambio que se pretende acometer, y ello por las siguientes consideraciones: 1.- La implantación de Internet, plataforma en la que se asienta LexNet, estadísticamente aún no alcanza ni al cincuenta por cien de la población de España. 2.- La conexión a la red, no es gratuita y adolece de fallos en las conexiones, dependiendo de cada Proveedor de Servicios de Internet (P.S.I.). 3.- Imposibilidad de transmitir por LexNet determinados documentos y/o piezas de convicción. 4.- Hardware obsoleto y ausencia de medios para el escaneo de documentos en la mayoría de las Oficinas Judiciales.
Unos días antes de finalizar el presente año judicial nuestro decano del Partido Judicial de Alicante comunicó que la puesta en funcionamiento del sistema LexNet de comunicaciones judiciales sería una realidad el próximo 21 de Septiembre; sistema que durante unos meses atrás ya funcionaba precariamente en modo de pruebas. Y como quiera que la mayoría de los Juzgados y Tribunales de Alicante aún no disponen de un sistema de escaneo de documentos, las resoluciones que se reciban vendrán defectuosas al no acompañarse a las mismas los documentos que suelen venir con ellas, tales como el traslado de informes, escritos, calificaciones del M.F., diligencias de calle practicadas, etc.
Todo ello apunta como conclusión que, por mor adelantarse en la implantación de una moderna herramienta, se está sembrando el despropósito de no hacer bien las cosas desde el primer momento. Las prisas son malas consejeras, y más aún en sector que como sabemos no siempre ha ido acomodándose con pausa y sensatez al devenir de los tiempos.
JOSE CORDOBA ALMELA
No obstante las leyes procesales poco a poco van acomodándose a este nuevo siglo mediante mecanismos útiles para que la Justicia sea un servicio público que funcione con eficacia y garantía en aras de conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la gestión procesal de los procedimientos judiciales dentro del plan de modernización de la Administración de Justicia.
El Libro Blanco de la Justicia, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el Pacto de Estado para la Justicia, junto a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil apuntan a un cambio y notable avance tanto en la filosofía procesal como en el espíritu de intendencia y organización de la Oficina Judicial ahora en ciernes. Pero tras más de ocho años de aplicación de la ley adjetiva se pone de manifiesto y resulta evidente, que sin un esfuerzo personal y un cambio de actitudes y aptitudes por parte de los que colaboran en la Administración de Justicia ninguna reforma o cambio sustancial puede prosperar.
Los funcionarios de justicia, Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores han de acomodarse a dichos cambios de forma activa y eficiente porque así lo demanda el justiciable. Por consiguiente han de obviarse actitudes que atemperan la marcha de los litigios y hemos de afrontar una nueva aptitud en la Justicia del siglo XXI, como parangón del marco europeo al que pertenecemos.
Durante ese tiempo se ha puesto de manifiesto que dicha herramienta pretende conseguir en la práctica, y en aras a la telematización de la Administración de Justicia, entre otras, las siguientes virtualidades: 1.- Ahorro de la impresión de papel para la Administración de Justicia. 2.-Ausencia del desplazamiento del Procurador a la oficina judicial de notificaciones. 3.- Inmediatez desde el dictado de la resolución hasta la notificación de la misma. 4.- Tratamiento de la resolución para su inmediata transmisión al letrado y/o cliente. 5.- Modernizar la operatividad de los cooperadores de la Administración de Justicia y de ésta misma.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en este sector de la Administración se ha pasado, en poco tiempo, de la máquina de escribir y papel carbón a ésta administración telemática, debe ponderarse el cambio que se pretende acometer, y ello por las siguientes consideraciones: 1.- La implantación de Internet, plataforma en la que se asienta LexNet, estadísticamente aún no alcanza ni al cincuenta por cien de la población de España. 2.- La conexión a la red, no es gratuita y adolece de fallos en las conexiones, dependiendo de cada Proveedor de Servicios de Internet (P.S.I.). 3.- Imposibilidad de transmitir por LexNet determinados documentos y/o piezas de convicción. 4.- Hardware obsoleto y ausencia de medios para el escaneo de documentos en la mayoría de las Oficinas Judiciales.
Unos días antes de finalizar el presente año judicial nuestro decano del Partido Judicial de Alicante comunicó que la puesta en funcionamiento del sistema LexNet de comunicaciones judiciales sería una realidad el próximo 21 de Septiembre; sistema que durante unos meses atrás ya funcionaba precariamente en modo de pruebas. Y como quiera que la mayoría de los Juzgados y Tribunales de Alicante aún no disponen de un sistema de escaneo de documentos, las resoluciones que se reciban vendrán defectuosas al no acompañarse a las mismas los documentos que suelen venir con ellas, tales como el traslado de informes, escritos, calificaciones del M.F., diligencias de calle practicadas, etc.
Todo ello apunta como conclusión que, por mor adelantarse en la implantación de una moderna herramienta, se está sembrando el despropósito de no hacer bien las cosas desde el primer momento. Las prisas son malas consejeras, y más aún en sector que como sabemos no siempre ha ido acomodándose con pausa y sensatez al devenir de los tiempos.
JOSE CORDOBA ALMELA
16 agosto 2009
El colapso judicial sitúa al borde de la prescripción cientos de casos penales
Los juzgados tardan hasta dos años y medio en poner fecha para celebrar un juicio porque tienen las agendas completas.
La sobrecarga de trabajo que pesa sobre este juzgado origina una demora en la celebración de la vista de los asuntos que no gocen de preferencia legal de entre 24 y 30 meses desde su recepción". Así figura en una providencia que desde lo Penal número 4 de Alicante reparten a los abogados desde hace unos meses para informarles de lo que pueden tardar en juzgarse los casos que les llegan. Pero este órgano judicial no es una excepción, pues existen otros en una situación similar en la capital y otras zonas de la provincia como Benidorm, Torrevieja y Orihuela, donde se señalan ahora juicios de casos que entraron en 2007, como confirman fuentes judiciales. Esta situación sitúa al borde de la prescripción cientos de casos, pues el plazo para que dejen de ser delito concluye a los tres años de inactividad judicial en la mayor parte de infracciones. Pese a ello, el Gobierno sólo prevé este año la creación de un nuevo juzgado de lo Penal.
Algunos juzgados optan por dar prioridad a algunos delitos, como los de violencia de género y doméstica, que suponen aproximadamente una cuarta parte de las 9.000 causas que cada año entran estos órganos judiciales. También se adelantan otros como agresiones sexuales o exhibicionismo, "pero el dar preferencia a unos casos significa retrasar más otros", explican fuentes judiciales.
Además, algunos juzgados se encuentran completamente desbordados recibir asuntos complejos como delitos contra la hacienda pública, societarios o alzamientos de bienes que pueden requerir más tiempo para dictar una sentencia o de casos con multitud de acusados y testigos que deben juzgarse durante varios días. Estas circustancias ralentizan el enjuiciamiento de algunas causas y provocan que algunos juzgados estén celebrando juicios por delitos como robos, salud pública o quebrantamientos de condenas que les llegaron en mayo de 2007.
Se trata de dos años y medio de retraso que amenazan con la prescripción de cientos de casos que tienen un plazo de tres años para caducar, a excepción de las injurias que dejan de ser penadas al año y que de no darles preferencia terminan en nada, como confirman las mismas fuentes. También aumentan los condenados que se ven beneficiados por una rebaja de la pena por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, señalan.
Ante esta situación, desde Penal 4 han optado por avisar de la demora a los fiscales y abogados para que aleguen si consideran que el caso que llevan es preferente y para informarles de que no les dirán la fecha del juicio hasta poco antes de celebrarse para evitar olvidos.
La sobrecarga de trabajo que pesa sobre este juzgado origina una demora en la celebración de la vista de los asuntos que no gocen de preferencia legal de entre 24 y 30 meses desde su recepción". Así figura en una providencia que desde lo Penal número 4 de Alicante reparten a los abogados desde hace unos meses para informarles de lo que pueden tardar en juzgarse los casos que les llegan. Pero este órgano judicial no es una excepción, pues existen otros en una situación similar en la capital y otras zonas de la provincia como Benidorm, Torrevieja y Orihuela, donde se señalan ahora juicios de casos que entraron en 2007, como confirman fuentes judiciales. Esta situación sitúa al borde de la prescripción cientos de casos, pues el plazo para que dejen de ser delito concluye a los tres años de inactividad judicial en la mayor parte de infracciones. Pese a ello, el Gobierno sólo prevé este año la creación de un nuevo juzgado de lo Penal.
Algunos juzgados optan por dar prioridad a algunos delitos, como los de violencia de género y doméstica, que suponen aproximadamente una cuarta parte de las 9.000 causas que cada año entran estos órganos judiciales. También se adelantan otros como agresiones sexuales o exhibicionismo, "pero el dar preferencia a unos casos significa retrasar más otros", explican fuentes judiciales.
Además, algunos juzgados se encuentran completamente desbordados recibir asuntos complejos como delitos contra la hacienda pública, societarios o alzamientos de bienes que pueden requerir más tiempo para dictar una sentencia o de casos con multitud de acusados y testigos que deben juzgarse durante varios días. Estas circustancias ralentizan el enjuiciamiento de algunas causas y provocan que algunos juzgados estén celebrando juicios por delitos como robos, salud pública o quebrantamientos de condenas que les llegaron en mayo de 2007.
Se trata de dos años y medio de retraso que amenazan con la prescripción de cientos de casos que tienen un plazo de tres años para caducar, a excepción de las injurias que dejan de ser penadas al año y que de no darles preferencia terminan en nada, como confirman las mismas fuentes. También aumentan los condenados que se ven beneficiados por una rebaja de la pena por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, señalan.
Ante esta situación, desde Penal 4 han optado por avisar de la demora a los fiscales y abogados para que aleguen si consideran que el caso que llevan es preferente y para informarles de que no les dirán la fecha del juicio hasta poco antes de celebrarse para evitar olvidos.
Los jueces reclamarán hasta 61 nuevos órganos en toda la provincia para salir de la saturación
Hasta 61 nuevos juzgados reclamarán los jueces alicantinos en una reunión que se celebrará en Valencia el próximo mes de septiembre para analizar las necesidades de la Justicia, en la que participarán los decanos y presidentes de audiencias de toda la Comunidad Valenciana. Si esta semana se conocía que la provincia necesita 39 jueces más para igualarse al resto del país, el listado que hacen los representantes del poder judicial alicantino plantea lo que hace falta para resolver los problemas de colapso y saturación que tiene la provincia.
El listado ha sido elaborado por el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, y el juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, tras consultar al resto de sus compañeros en los partidos judiciales de la provincia. Según su estimación, retrasar la puesta en marcha de estos juzgados puede suponer que se queden sin resolver hasta 36.000 causas más este año de un total de 154.000. Este dato supone incrementar la plantilla de 143 jueces que tiene la provincia en hasta un 42 por ciento más.
La reunión se celebrará el próximo 7 de septiembre y en ella se analizarán junto a la Conselleria y el Ministerio de Justicia tanto las necesidades de creación de nuevas unidades, como la puesta en marcha de la nueva oficina judicial y medidas para reducir la carga de trabajo.
En total se piden once juzgados de instrucción, más catorce para asuntos civiles y otros trece de carácter mixto (que tienen asuntos penales y civiles) para repartir entre los trece partidos judiciales de la provincia. A esta relación se suman siete juzgados de lo Social, cuatro Contencioso-Administrativo y para celebrar juicios nueve juzgados penales y la décima sección de la Audiencia Provincial.
El presidente de la Audiencia aseguró que las cifras de asuntos sin resolver son cada vez mayores y que preocupa sobre todo la calidad de los asuntos que se registran, ya que hay muchas causas de gran complejidad que pueden tener paralizado un juzgado entero.
Paralelamente, Magro ha elaborado un listado de propuestas para mejorar la organización del trabajo. Entre ellas se encuentra el pedir juzgados bicéfalos, es decir con dos magistrados, lo que duplicará el número de juicios y resoluciones que se dicten. Asimismo está la creación de juzgados provincial o comarcales especializados en derecho inmobiliario, así como oficinas de medidas alternativas a la prisión para controlar la ejecucición de las condenas a cursos de reeducación y trabajos en beneficio de la comunidad.
En el ámbito penal, Magro ha reclamado introducir la mediación penal para los pequeños delitos para conseguir que los delincuentes se reconcilien con las víctimas, evitando así en el juicio; potenciar los juicios rápidos; potenciar las declaraciones de los agentes por videoconferencia; y creación de juzgados de delincuencia organizada.
En el ámbito civil, las propuestas del presidente de la Audiencia pasan por crear juzgados especializados en salud mental, potenciar la mediación para resolver conflictos, poner en marcha los juicios rápidos civiles y la creación de juzgados especializados en asuntos de familia, entre otras medidas.
El listado ha sido elaborado por el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, y el juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, tras consultar al resto de sus compañeros en los partidos judiciales de la provincia. Según su estimación, retrasar la puesta en marcha de estos juzgados puede suponer que se queden sin resolver hasta 36.000 causas más este año de un total de 154.000. Este dato supone incrementar la plantilla de 143 jueces que tiene la provincia en hasta un 42 por ciento más.
La reunión se celebrará el próximo 7 de septiembre y en ella se analizarán junto a la Conselleria y el Ministerio de Justicia tanto las necesidades de creación de nuevas unidades, como la puesta en marcha de la nueva oficina judicial y medidas para reducir la carga de trabajo.
En total se piden once juzgados de instrucción, más catorce para asuntos civiles y otros trece de carácter mixto (que tienen asuntos penales y civiles) para repartir entre los trece partidos judiciales de la provincia. A esta relación se suman siete juzgados de lo Social, cuatro Contencioso-Administrativo y para celebrar juicios nueve juzgados penales y la décima sección de la Audiencia Provincial.
El presidente de la Audiencia aseguró que las cifras de asuntos sin resolver son cada vez mayores y que preocupa sobre todo la calidad de los asuntos que se registran, ya que hay muchas causas de gran complejidad que pueden tener paralizado un juzgado entero.
Paralelamente, Magro ha elaborado un listado de propuestas para mejorar la organización del trabajo. Entre ellas se encuentra el pedir juzgados bicéfalos, es decir con dos magistrados, lo que duplicará el número de juicios y resoluciones que se dicten. Asimismo está la creación de juzgados provincial o comarcales especializados en derecho inmobiliario, así como oficinas de medidas alternativas a la prisión para controlar la ejecucición de las condenas a cursos de reeducación y trabajos en beneficio de la comunidad.
En el ámbito penal, Magro ha reclamado introducir la mediación penal para los pequeños delitos para conseguir que los delincuentes se reconcilien con las víctimas, evitando así en el juicio; potenciar los juicios rápidos; potenciar las declaraciones de los agentes por videoconferencia; y creación de juzgados de delincuencia organizada.
En el ámbito civil, las propuestas del presidente de la Audiencia pasan por crear juzgados especializados en salud mental, potenciar la mediación para resolver conflictos, poner en marcha los juicios rápidos civiles y la creación de juzgados especializados en asuntos de familia, entre otras medidas.
02 agosto 2009
Extremadura, pionera utilización Lexnet para comunicación procesal telemática
Extremadura se ha convertido en la comunidad autónoma pionera en la utilización de Lexnet, una herramienta que permite llevar a cabo actos de comunicación procesal de forma telemática, como por ejemplo toda la notificación de las resoluciones judiciales, en lugar de hacerlo de la forma tradicional, con el formato papel.
La secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Isabel Collado, ha informado a Efe de que Lexnet permite una forma de trabajo similar a un correo electrónico "secularizado, sin necesidad de desplazamientos del procurador, que recibe en unos segundos en su despacho toda la información necesaria".
Collado ha indicado que todas las Administraciones Públicas deben conseguir una efectiva implantación del uso de las herramientas tecnológicas en la gestión pública, "en aras a alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público, y en este proceso, no podía ser ajena la Administración de Justicia".
En este sentido ha afirmado que los órganos judiciales de Extremadura son pioneros en la modernización de la Administración de Justicia y en la implantación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Según ha explicado, este sistema se viene utilizando desde hace unos meses en la mayoría de los órganos judiciales de la Audiencia Nacional y en concreto se utilizó en el proceso de los atentados terroristas del 11 de marzo y será utilizado próximamente en el proceso que se sigue contra AFINSA.
Es uno de los principales sistemas que de una forma integrada dará soporte al despliegue de la nueva oficina y con el que se trata de conseguir una realidad judicial informatizada, "y dar un paso más a fin de conseguir el futuro expediente electrónico, poniendo fin a la imagen de los Juzgados colapsados con cantidades de papel acumulado en las estanterías".
"Desde mi toma de posesión como secretaria de Gobierno del TSJEx, hace ya casi cinco años, está teniendo lugar un fuerte impulso en este proceso de modernización y de incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, proyectos como Lexnet, Inforet 4 o Minerva NOJ, muy avanzados en Extremadura", ha apuntado.
Isabel Collado precisa que el Ministerio de Justicia ha impulsado el desarrollo técnico de Lexnet y ha promovido la reforma de las normas procesales "para que el sistema alcance su objetivo, que no es otro que contribuir sólidamente a la agilización del servicio público de la Administración de Justicia".
En su opinión, "incentivar el uso de nuevas tecnologías en los sistemas de gestión procesal es imprescindible para que las formas del trabajo desempeñado en las oficinas judiciales evolucionen y se adapten a la sociedad de la información, es uno de los requisitos claves para hacer efectivo el servicio público próximo y de calidad que demandan los ciudadanos".
Asimismo ha declarado a Efe que Lexnet es un medio de transmisión "seguro" de información, "que mediante el uso de firma electrónica reconocida, en los términos establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, cumple con las características de autentificación, integridad, no repudio, confidencialidad y sellado de tiempo".
Para Collado, se trata de un medio de transmisión seguro de información, un transporte basado en el correo electrónico y la firma electrónica reconocida, que permite la comunicación bidireccional entre oficinas judiciales y los distintos intervinientes de la Administración de Justicia que estará en funcionamiento "24 horas al días, 365 días al año".
La utilización y el funcionamiento de este sistema telemático comprende la presentación de escritos, iniciadores y de trámite, el traslado de copias entre procuradores y la realización de actos de comunicación, en todos los órganos jurisdiccionales que estén dotados de los medios técnicos necesarios.
De las tres funcionalidades que prevé el sistema, de momento sólo está funcionando la tercera, la realización de actos de comunicación, que supone que en solo unos segundos se realizan desde el órgano judicial las notificaciones a los procuradores, notificaciones que en la mayoría de los casos tardaban en realizarse, algunas veces, más de una semana.
El sistema resulta obligatorio para los secretarios judiciales y para los funcionarios de las oficinas judiciales que cuenten con el sistema, y también resulta obligatorio el uso de este sistema para los colegios de procuradores y la Abogacía del Estado.
Fuente EFE
02.08.09
La secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Isabel Collado, ha informado a Efe de que Lexnet permite una forma de trabajo similar a un correo electrónico "secularizado, sin necesidad de desplazamientos del procurador, que recibe en unos segundos en su despacho toda la información necesaria".
Collado ha indicado que todas las Administraciones Públicas deben conseguir una efectiva implantación del uso de las herramientas tecnológicas en la gestión pública, "en aras a alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público, y en este proceso, no podía ser ajena la Administración de Justicia".
En este sentido ha afirmado que los órganos judiciales de Extremadura son pioneros en la modernización de la Administración de Justicia y en la implantación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Según ha explicado, este sistema se viene utilizando desde hace unos meses en la mayoría de los órganos judiciales de la Audiencia Nacional y en concreto se utilizó en el proceso de los atentados terroristas del 11 de marzo y será utilizado próximamente en el proceso que se sigue contra AFINSA.
Es uno de los principales sistemas que de una forma integrada dará soporte al despliegue de la nueva oficina y con el que se trata de conseguir una realidad judicial informatizada, "y dar un paso más a fin de conseguir el futuro expediente electrónico, poniendo fin a la imagen de los Juzgados colapsados con cantidades de papel acumulado en las estanterías".
"Desde mi toma de posesión como secretaria de Gobierno del TSJEx, hace ya casi cinco años, está teniendo lugar un fuerte impulso en este proceso de modernización y de incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, proyectos como Lexnet, Inforet 4 o Minerva NOJ, muy avanzados en Extremadura", ha apuntado.
Isabel Collado precisa que el Ministerio de Justicia ha impulsado el desarrollo técnico de Lexnet y ha promovido la reforma de las normas procesales "para que el sistema alcance su objetivo, que no es otro que contribuir sólidamente a la agilización del servicio público de la Administración de Justicia".
En su opinión, "incentivar el uso de nuevas tecnologías en los sistemas de gestión procesal es imprescindible para que las formas del trabajo desempeñado en las oficinas judiciales evolucionen y se adapten a la sociedad de la información, es uno de los requisitos claves para hacer efectivo el servicio público próximo y de calidad que demandan los ciudadanos".
Asimismo ha declarado a Efe que Lexnet es un medio de transmisión "seguro" de información, "que mediante el uso de firma electrónica reconocida, en los términos establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, cumple con las características de autentificación, integridad, no repudio, confidencialidad y sellado de tiempo".
Para Collado, se trata de un medio de transmisión seguro de información, un transporte basado en el correo electrónico y la firma electrónica reconocida, que permite la comunicación bidireccional entre oficinas judiciales y los distintos intervinientes de la Administración de Justicia que estará en funcionamiento "24 horas al días, 365 días al año".
La utilización y el funcionamiento de este sistema telemático comprende la presentación de escritos, iniciadores y de trámite, el traslado de copias entre procuradores y la realización de actos de comunicación, en todos los órganos jurisdiccionales que estén dotados de los medios técnicos necesarios.
De las tres funcionalidades que prevé el sistema, de momento sólo está funcionando la tercera, la realización de actos de comunicación, que supone que en solo unos segundos se realizan desde el órgano judicial las notificaciones a los procuradores, notificaciones que en la mayoría de los casos tardaban en realizarse, algunas veces, más de una semana.
El sistema resulta obligatorio para los secretarios judiciales y para los funcionarios de las oficinas judiciales que cuenten con el sistema, y también resulta obligatorio el uso de este sistema para los colegios de procuradores y la Abogacía del Estado.
Fuente EFE
02.08.09
13 julio 2009
Abren expediente al Consejo de Procuradores por las sustituciones.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador al Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España por posibles prácticas prohibidas en relación con las disposiciones estatutarias que regulan la sustitución de procuradores.
El expediente, según informa en un comunicado la CNC, tiene su origen en la denuncia presentada el 29 de diciembre de 2008 por un procurador de Madrid, que consideraba una "restricción a la profesión" el establecimiento de una cuota colegial obligatoria variable, "que se devenga por la mera personación del colegiado", según el reglamento del Colegio de Procuradores madrileño.
La denuncia argumentaba también que las normas que se aplican en el sistema de sustitución de procuradores, tanto en el Estatuto General como en el del Colegio de Madrid, constituyen "una barrera" para el ejercicio de la profesión.
Según el procurador denunciante, el procedimiento utilizado tiene el efecto de reservar determinadas actuaciones profesionales a aquellos procuradores que, al tener un elevado nivel de ingresos, pueden hacer frente al pago de sumas elevadas en caso de sustitución.
Este sistema, -dice la denuncia-, "blinda de forma corporativa los intereses de los procuradores en perjuicio de los consumidores, que no pueden acudir a otro profesional hasta que no hayan satisfecho las deudas con el procurador saliente".
Tras una investigación reservada y al constatar que la cuota colegial obligatoria afecta exclusivamente al ámbito territorial de Madrid, la CNC trasladó el expediente a los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad de Madrid, a quienes corresponde resolver esa parte de la denuncia.
Sin embargo, Competencia ha decidido incoar un expediente sancionador al Colegio General de Procuradores de España, al considerar que el procedimiento de sustituciones puede incurrir posibles prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia.
Ahora se abre un plazo máximo de dieciocho meses para la instrucción del expediente y su resolución final por la CNC.
Fuente: ADN.ES 13 Julio 2.009
El expediente, según informa en un comunicado la CNC, tiene su origen en la denuncia presentada el 29 de diciembre de 2008 por un procurador de Madrid, que consideraba una "restricción a la profesión" el establecimiento de una cuota colegial obligatoria variable, "que se devenga por la mera personación del colegiado", según el reglamento del Colegio de Procuradores madrileño.
La denuncia argumentaba también que las normas que se aplican en el sistema de sustitución de procuradores, tanto en el Estatuto General como en el del Colegio de Madrid, constituyen "una barrera" para el ejercicio de la profesión.
Según el procurador denunciante, el procedimiento utilizado tiene el efecto de reservar determinadas actuaciones profesionales a aquellos procuradores que, al tener un elevado nivel de ingresos, pueden hacer frente al pago de sumas elevadas en caso de sustitución.
Este sistema, -dice la denuncia-, "blinda de forma corporativa los intereses de los procuradores en perjuicio de los consumidores, que no pueden acudir a otro profesional hasta que no hayan satisfecho las deudas con el procurador saliente".
Tras una investigación reservada y al constatar que la cuota colegial obligatoria afecta exclusivamente al ámbito territorial de Madrid, la CNC trasladó el expediente a los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad de Madrid, a quienes corresponde resolver esa parte de la denuncia.
Sin embargo, Competencia ha decidido incoar un expediente sancionador al Colegio General de Procuradores de España, al considerar que el procedimiento de sustituciones puede incurrir posibles prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia.
Ahora se abre un plazo máximo de dieciocho meses para la instrucción del expediente y su resolución final por la CNC.
Fuente: ADN.ES 13 Julio 2.009
23 junio 2009
Lex Net. Problemas prácticos.
Interesante artículo de Problemas practicos derivados de la implantación de lex net en la Audiencia Nacional. Notificaciones. Por ANTONIO-EVARISTO GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS y FAUSTINO GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS.
Fuente Revista Internauta de Pràctica Jurídica. Núm. 23, año 2009, págs. 41-65.
Fuente Revista Internauta de Pràctica Jurídica. Núm. 23, año 2009, págs. 41-65.
14 junio 2009
Un Procurador condenado a pagar 60.000 € por no notificar una sentencia
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a un procurador de los tribunales sevillano, que deberá pagar 60.101 euros a Renfe por una negligencia profesional, al no notificar a tiempo una sentencia, lo que impidió recurrir al abogado. El asunto deriva de un juicio celebrado en 2000 por una servidumbre de paso en una finca, en el que el juez de Lora del Río (Sevilla) obligó a Renfe a devolver a su vecino la plenitud del derecho de paso.
El procurador no notificó a tiempo dicha sentencia al abogado, por lo que Renfe no pudo interponer recurso y el fallo fue declarado firme. Por ello el Tribunal Supremo considera que se produjo una negligencia profesional, pues la empresa de ferrocarriles se vio perjudicada en sus "intereses legítimos de interponer los oportunos recursos" y confirma la obligación del procurador de pagar 60.101 euros, con sus correspondientes intereses desde 2001, por el daño moral causado. El fallo, sin embargo, está lejos de los 553.792 euros que reclamó Renfe, cantidad correspondiente al "alto índice de éxito de sus pretensiones en el pleito referido si hubiera podido hacer valer sus derechos oportunamente".
El Supremo rechaza que existiera una segunda negligencia, que sí fue reconocida por el primer juez del caso, pues presuntamente el procurador tampoco notificó al abogado de Renfe una providencia de 2001 que declaraba "de ejecución imposible" la sentencia y abría un incidente para fijar la indemnización correspondiente. El Supremo sólo considera demostrado el primer error y dice que la indemnización de 60.101 euros es proporcional al "daño económico".
Fuente: EL PAIS 08.06.09
El procurador no notificó a tiempo dicha sentencia al abogado, por lo que Renfe no pudo interponer recurso y el fallo fue declarado firme. Por ello el Tribunal Supremo considera que se produjo una negligencia profesional, pues la empresa de ferrocarriles se vio perjudicada en sus "intereses legítimos de interponer los oportunos recursos" y confirma la obligación del procurador de pagar 60.101 euros, con sus correspondientes intereses desde 2001, por el daño moral causado. El fallo, sin embargo, está lejos de los 553.792 euros que reclamó Renfe, cantidad correspondiente al "alto índice de éxito de sus pretensiones en el pleito referido si hubiera podido hacer valer sus derechos oportunamente".
El Supremo rechaza que existiera una segunda negligencia, que sí fue reconocida por el primer juez del caso, pues presuntamente el procurador tampoco notificó al abogado de Renfe una providencia de 2001 que declaraba "de ejecución imposible" la sentencia y abría un incidente para fijar la indemnización correspondiente. El Supremo sólo considera demostrado el primer error y dice que la indemnización de 60.101 euros es proporcional al "daño económico".
Fuente: EL PAIS 08.06.09
11 junio 2009
Competencia pide que no sea obligatorio el procurador en los procesos
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) quiere que se reduzca la utilización obligatoria de un procurador en los procesos judiciales. Por ello, la CNC, con la potestad que le da la nueva Ley de la Competencia de 2007, ha realizado un informe para delimitar y analizar la actividad de los procuradores de los tribunales, una figura jurídica que es difícil encontrar con características similares en países de nuestro entorno, según dice la propia CNC.
Ese informe vio la luz ayer y pide una serie de cambios. Para la CNC, hay que "revisar y reducir, en la medida de lo posible, la obligatoriedad de representación procesal a través de un profesional" teniendo en cuenta los ejemplos en que dicha obligatoriedad ya ha sido eliminada, así como los avances telemáticos entre la justicia y los usuarios.
El informe, además, pide como segundo punto que se elimine la incompatibilidad de la profesión de procurador con las profesiones de abogado, graduado social y gestor administrativo.
En tercer lugar, el informe reclama que se elimine la exclusividad general de los procuradores en la representación procesal permitiendo que los abogados también puedan hacer esas tareas reservadas a los procuradores.
Una cuarta petición es que se suprima el sistema de aranceles o precios cuasifijos de los procuradores para pasar a un sistema de precios libremente fijados por las partes. Por último, se pide que se suprima la prohibición del ejercicio profesional en más de una demarcación territorial para pasar a un régimen de libre prestación en todo el territorio nacional.
(El informe esta disponible en la siguiente URL: http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=30534&Command=Core_Download&Method=attachment )
Ese informe vio la luz ayer y pide una serie de cambios. Para la CNC, hay que "revisar y reducir, en la medida de lo posible, la obligatoriedad de representación procesal a través de un profesional" teniendo en cuenta los ejemplos en que dicha obligatoriedad ya ha sido eliminada, así como los avances telemáticos entre la justicia y los usuarios.
El informe, además, pide como segundo punto que se elimine la incompatibilidad de la profesión de procurador con las profesiones de abogado, graduado social y gestor administrativo.
En tercer lugar, el informe reclama que se elimine la exclusividad general de los procuradores en la representación procesal permitiendo que los abogados también puedan hacer esas tareas reservadas a los procuradores.
Una cuarta petición es que se suprima el sistema de aranceles o precios cuasifijos de los procuradores para pasar a un sistema de precios libremente fijados por las partes. Por último, se pide que se suprima la prohibición del ejercicio profesional en más de una demarcación territorial para pasar a un régimen de libre prestación en todo el territorio nacional.
(El informe esta disponible en la siguiente URL: http://www.cncompetencia.es/Administracion/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=30534&Command=Core_Download&Method=attachment )
07 junio 2009
CGPJ: faltan juzgados para afrontar la crisis
Tres veces más trabajo. Es lo que acabarán asumiendo este año algunos órganos judiciales debido al aumento de causas por la crisis. Ante esta situación y tras reunirse con la junta de jueces de Alicante, el vicesecretario del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, aseguró ayer que pedirá con carácter "prioritario" la creación de juzgados en el partido judicial de la capital debido al "déficit" y a la sobrecarga de trabajo que soportan.
Para De Rosa lo más preocupante son los juzgados de Primera Instancia, donde el trabajo puede llegar a incrementarse un 200% este año. Por ello, solicitó al juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, la elaboración de un informe sobre los refuerzos necesarios en la jurisdicción civil. "Hay que tener en cuenta que una justicia lenta que no de salida a los asuntos de forma razonable contribuye a que la crisis vaya a más", argumentó.
También consideró necesario un "plan de choque" para los juzgados de lo Social, desbordados por el volumen de demandas por despidos. Explicó que debería contar con jueces de refuerzo "como ya tienen los de lo Contencioso Administrativo".
De Rosa aseguró ayer que "la justicia debería haber llegado antes" en el caso del delito por la muerte de un obrero en San Vicente que fue declarado prescrito esta semana tras juzgarse 18 años después. Por ello, pidió disculpas a la familia del fallecido y consideró que "la justicia no ha funcionado de forma correcta". Al respecto, señaló que "si el caso llegara hasta el CGPJ en algún momento se estudiará si existe alguna responsabilidad judicial en el retraso".
Fuente: S.ESCRIBANO Diario Informacion 06.06.09
Reivindicaciones de los Secretarios Judiciales
Los secretarios de lo Penal del Partido Judicial de Alicante reclaman más medios ante el mayor colapso por los nuevos delitos
La crisis está desplazando la atención sobre los juzgados de lo Penal. En ellos se notan menos los efectos de la situación económica, pero arrastran el colapso desde hace años y la situación se ha agravado con la creación de nuevos delitos como el conducir sin carné.
Esta es la conclusión a la que llegaron los secretarios judiciales de esta jurisdicción en Alicante durante la última junta celebrada. En un documento advierten de que "la sensibilización por el caso Mari Luz prácticamente ha desaparecido" y alertan de que el riesgo de que suceda una situación parecida "no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado". Los secretarios denuncian el incumplimiento de las propuestas que realizaron hace un año, pues ningún de los cinco juzgados solicitados para Alicante se ha creado y las plantillas son insuficientes. Además denuncian la precariedad informática y la imposibilidad de cosas básicas como poder llamar a móviles desde cualquier teléfono de la oficina.
La crisis está desplazando la atención sobre los juzgados de lo Penal. En ellos se notan menos los efectos de la situación económica, pero arrastran el colapso desde hace años y la situación se ha agravado con la creación de nuevos delitos como el conducir sin carné.
Esta es la conclusión a la que llegaron los secretarios judiciales de esta jurisdicción en Alicante durante la última junta celebrada. En un documento advierten de que "la sensibilización por el caso Mari Luz prácticamente ha desaparecido" y alertan de que el riesgo de que suceda una situación parecida "no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado". Los secretarios denuncian el incumplimiento de las propuestas que realizaron hace un año, pues ningún de los cinco juzgados solicitados para Alicante se ha creado y las plantillas son insuficientes. Además denuncian la precariedad informática y la imposibilidad de cosas básicas como poder llamar a móviles desde cualquier teléfono de la oficina.
31 mayo 2009
Lineas generales del Ministro Justicia
Se transcribe a continuación la intervención del Ministro de Justicia en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado el 21 de Mayo de 2.009 en las que expuso las lineas generales de su departamento para los próximos tres años. Respecto a los Procuradores, lo único que indicó es que habia tratado "la incidencia de la trasposición de la directiva de servicios sobre el caracter territorializado de la prestación de la procura". Confiemos en que la ejecución de las lineas apuntadas sirvan para mejorar nuetra Administración de Justicia.
"Señor Presidente, Señorías, comparezco ante esta Comisión del Senado para exponer las líneas generales de la acción de mi departamento durante los próximos tres años de legislatura. Esta comparecencia tiene lugar habiendo transcurrido ya tres meses desde mi toma de posesión. Por ello en mi intervención no sólo me referiré a los proyectos y acciones que vamos a desarrollar sino que también les informaré sobre la labor hecha durante estas semanas de intenso trabajo.
Señoras y señores senadores, en mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados anuncié mi propósito de alcanzar un Acuerdo social por la justicia como instrumento clave para lograr el gran objetivo compartido de incorporar plenamente nuestra Justicia al siglo XXI. Sólo con amplios acuerdos en los que se impliquen las fuerzas políticas, los distintos sectores profesionales y, de manera especialmente relevante, la sociedad, seremos capaces de abordar las reformas necesarias, duraderas y estables que precisa nuestro sistema de justicia para conseguir que la prestación de un servicio básico y consustancial a un Estado democrático de Derecho se realice de manera ágil, rápida, cercana y eficaz.
En el Ministerio de Justicia, hemos venido trabajando desde el primer día por la consecución de ese gran Acuerdo social. Los problemas de la justicia son diversos y de distinta naturaleza por lo que a la hora de abordarlos se precisan medidas de muy distinto alcance. Por un lado, existe un conjunto de cuestiones que precisan de medidas urgentes y prioritarias. Se trata de problemas focalizados en ciertos aspectos organizativos que pueden ser solventados con acciones concertadas y acordadas. A ello hemos dedicado buena parte de este tiempo de trabajo a través de un intenso y amplio proceso de diálogo con los representantes de los distintos colectivos profesionales de la justicia.
Existe, por otro lado, un ámbito de reformas necesarias cuya puesta en marcha requiere un amplio debate público a través del cual podremos determinar qué modelo de justicia queremos como sociedad para afrontar las necesidades de nuestro presente y futuro; un debate en el que definamos compartidamente el sistema de justicia para la España del siglo XXI. Debemos ponernos de acuerdo y tomar las correspondientes decisiones acerca de cuestiones como el diseño de la planta y demarcación de juzgados y tribunales, la completa incorporación de la justicia al mundo tecnológico, el cierre del proceso autonómico en relación con la administración de justicia o la mejora de la calidad normativa de la tutela y garantía de los derechos de los ciudadanos en ámbitos tan sensibles como el proceso penal
o el ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia, entre otros.
Tanto las reformas de mayor inmediatez como aquellas de mayor calado confluyen en el objetivo crucial e inaplazable que el Presidente del Gobierno ha marcado para esta legislatura. Queremos mejorar la calidad de la administración de justicia y aumentar, por consiguiente, la confianza y la valoración de los ciudadanos y ciudadanas hacia este servicio esencial de la democracia.
Con el fin de alcanzar esas metas en el tiempo razonable de esta legislatura, nos hemos marcado desde el primer momento una agenda de trabajo meditada y ambiciosa. La primera etapa de nuestra actuación a lo largo de estas semanas ha estado centrada en el mantenimiento de un intenso proceso de diálogo con las distintas organizaciones profesionales, especialmente con las organizaciones judiciales, con el fin de obtener de primera mano el diagnóstico de la situación desde diversos puntos de vista, así como recibir las inquietudes, preocupaciones y prioridades sentidas por los distintos colectivos profesionales de la justicia.
Tres temas han merecido una especial consideración a lo largo de los sucesivos encuentros y reuniones: las acciones previstas de modernización tecnológica de la administración
de justicia, todo lo relativo a la organización y puesta en marcha de la nueva oficina judicial y la necesidad de establecer fórmulas que impidan la saturación masiva de la Administración de Justicia.
Señorías, la justicia es un bien preciado que ha de ser bien administrado. La capacidad del sistema para dar respuesta al incremento de la litigiosidad no es ilimitada. A pesar de los continuos esfuerzos inversores en este ámbito, y les recuerdo que en estos cinco años el Gobierno ha realizado la mayor inversión en justicia en lo que va de democracia, a pesar del aumento de medios personales y materiales, la posibilidad de resolver en un tiempo razonable los procesos exige adoptar medidas de racionalización y de incremento de la productividad del sistema.
La gestión de la justicia, como la administración de todo bien escaso precisa, Señorías, de una economía propia, requiere encontrar el tipo de equilibrios óptimos que permitan satisfacer las aspiraciones y necesidades de todos los participantes en el sistema, especialmente, y de manera principal, las de los ciudadanos.
La justicia necesita más recursos, sí, pero también medidas organizativas y estructurales. Más recursos como los 600 millones en tres años que el Gobierno se ha comprometido a destinar a la modernización de infraestructuras y
tecnología, tal y como ha recordado el Presidente del Gobierno en el reciente debate del estado de la Nación; y más medios personales con la convocatoria para este año de 220 plazas de jueces, 150 de fiscales y 290 de secretarios.
Pero junto a este esfuerzo cuantitativo en las políticas de justicia, también estamos comprometidos con una mejora del modo como se imparte justicia en nuestros juzgados y tribunales. Ese es el objetivo de la ley de reforma de la legislación procesal mediante la que se crea la nueva oficina judicial. Una ley que se está tramitando en el Congreso y que pronto confío que llegue a esta Cámara avalada por un amplio consenso.
El éxito de la reforma depende no sólo de que acertemos en un diseño eficaz y operativo de oficina judicial, sino también de la implicación activa de los distintos profesionales de la justicia que prestan sus servicios en ella: jueces, secretarios, fiscales, funcionarios. Ese doble objetivo ha presidido los distintos encuentros de trabajo que hemos mantenido a lo largo de este tiempo con todos esos colectivos.
Con las asociaciones judiciales, así como las de secretarios, hemos trabajado intensamente para que la ley pueda recoger un conjunto de propuestas y compromisos que permitan mejorar la regulación de la nueva oficina judicial. Se ha buscado una fórmula razonable, y creo que satisfactoria, sobre la agenda de señalamientos en la que se equilibra adecuadamente la función jurisdiccional que constitucionalmente corresponde a los jueces y magistrados y la dirección de la oficina judicial atribuida a los secretarios judiciales.
Asimismo, otro aspecto de especial relevancia, es la adaptación de la fe pública judicial que ejercen los secretarios al nuevo entorno tecnológico en el que se desarrolla el proceso. La posibilidad de grabación mediante técnica audiovisual del desarrollo de un juicio permite, por un lado, liberar al secretario de asistir presencialmente a su celebración, pudiendo emplear ese tiempo en el desempeño de otras funciones, y, por otro lado, la acreditación de la fehaciencia de lo sucedido seguirá dependiendo de la fe pública que habrá de proyectarse, en estos casos, sobre la verificación de los soportes y el material grabado.
La ley sobre la nueva oficina judicial va a ser el cauce a través del cual vamos a incorporar ciertas reformas largamente demandadas por las asociaciones judiciales y que van a mejorar la calidad de la prestación de justicia. Se creará la figura de los jueces de adscripción territorial que dependerán de los Tribunal Superiores de Justicia y tendrán un ámbito de actuación dentro de la provincia.
Con esta nueva figura pretendemos conseguir una justicia titular y de calidad de modo que las necesidades derivadas de ausencias al frente de un juzgado o las necesidades de refuerzo de órganos judiciales sean cubiertas por jueces de carrera y no como sucede ahora por jueces sustitutos y magistrados suplentes. Es necesario reducir la justicia interina y apostar de forma decidida por una justicia titular.
También, se incorporarán medidas de favorecimiento de la conciliación de la vida familiar y laboral, superando las consecuencias que en este ámbito se derivan del ascenso forzoso, al tiempo que se garantiza una adecuada cobertura de las necesidades de dotación de jueces y magistrados en los distintos juzgados y tribunales del territorio nacional.
En esa ley se abordarán, asimismo, ciertos cambios de menor calado, pero de significación para jueces y magistrados, como la equiparación en algunos aspectos al régimen de la función pública o la modificación del sistema de concurso para la provisión de plazas en audiencia provinciales.
Señorías, se han mantenido también fructíferas reuniones de trabajo con las asociaciones de fiscales con quienes se ha tratado, entre otros aspectos, el desarrollo de la nueva ley del estatuto del ministerio fiscal.
Hemos hablado con los representantes de la abogacía sobre cuestiones de tanta importancia como el desarrollo reglamentario de la ley de acceso a la profesión o la mejora del sistema de justicia gratuita, y también lo hemos hecho con los representantes de los procuradores con quienes hemos tratado, de manera especial, la incidencia de la trasposición de la directiva de servicios sobre el carácter territorializado de la prestación de la procura.
Los graduados sociales, así como los funcionarios de los distintos cuerpos de gestión y tramitación profesional a través de las correspondientes organizaciones y sindicatos, han participado, también, en este proceso de suma de voluntades en torno al acuerdo social para la justicia que demanda nuestra sociedad. E, institucionalmente, tras la comisión bilateral celebrada entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, también el órgano de gobierno de jueces se ha sumado al Acuerdo social y a sus objetivos reformadores y modernizadores.
Hemos hecho un importante esfuerzo por acordar y encontrar fórmulas de encuentro con la clara convicción de que la mejora de la justicia requiere un ejercicio compartido de responsabilidad.
En estos escasos meses, he procurado junto con mi equipo integrar los distintos puntos de vista con un único fin: que las fuerzas de los distintos actores de la justicia converjan en un único vector, la satisfacción cabal del derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva y en un tiempo razonable.
Espero, sinceramente, que el trabajo hecho, el diálogo y las fórmulas consensuadas, muevan a todos en la dirección que desean y esperan los ciudadanos: que juntos compartamos la tarea de conseguir que la justicia sea un servicio público de calidad, moderno, ágil y cercano.
Junto a las reformas más urgentes sobre las que hemos venido trabajando, queremos abordar otras que, como les decía al inicio de mi intervención, habrán de ser objeto de un debate público abierto y sereno mediante el que logremos definir el modelo de justicia que queremos para transitar el nuevo siglo. Se trata de reformas en materia de planta y demarcación territorial, de modernización de estructuras y procedimientos, de competencias sobre administración de justicia o de garantía de derechos y libertades. Sobre ellas queremos contar con la luz que la discusión pública puede proyectar sobre los precisos contornos de lo que queremos construir y hacer durar.
El departamento que dirijo estará atento a las críticas, sugerencias y opiniones que se formulen, pero no renunciará, porque no puede hacerlo, a su responsabilidad de actuar y de adoptar cuantas decisiones sean necesarias para garantizar el interés público en una materia tan sensible como la justicia.
Señorías, el mapa judicial vigente hoy en España no se corresponde con el mapa real de las necesidades y demandas de 45 millones de habitantes. La planta judicial diseñada por la ley de 1988 adolece de carencias y desfases que es necesario revisar y responde a unas categorías propias del siglo XIX que ya no se ajustan a la realidad de nuestro país.
¿Tiene sentido mantener la categoría de partido judicial que proviene de la primera oleada de modernización de la administración española allá en tiempos de Javier de Burgos? ¿O resulta funcional hoy la estructura provincial de la planta que nos lleva a que Gijón, Vigo o Jerez deban contar con unidades desplazadas de los órganos judiciales con sede en la capital provincial?
Son preguntas que debemos hacernos y a las que debemos ofrecer adecuada respuesta.
Como bien saben sus señorías, ante las nuevas necesidades derivadas del crecimiento de la población y la necesidad de especialización de los órganos judiciales se ha respondido con la creación de juzgados por superposición sin contar con un diseño previo, global y coherente.
Mantener esta pauta de actuación nos resta eficiencia en la gestión de un recurso tan valioso como es la justicia con el consiguiente desaprovechamiento de recursos humanos y materiales. Es algo que debemos corregir de manera inaplazable y por ello hemos iniciado ya el proceso de reflexión que ha de conducirnos a la elaboración de una nueva ley de planta y demarcación.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de este año se ha nombrado una comisión de personas expertas que habrá de presentar un informe en el que se cotejen las necesidades reales de justicia a lo largo y ancho del territorio nacional con la prestación de un servicio público de calidad. Un informe abierto y objetivo en el que se realice el diagnóstico de lo que necesitamos y la prospectiva de las posibles soluciones.
Una vez contemos con él, abriremos un proceso de discusión con las Comunidades Autónomas que nos permita elaborar un proyecto de ley de la nueva planta judicial que
refleje la geografía social de la España de hoy y no la de épocas pasadas de nuestra historia.
Señorías, la modernización de la administración de justicia es una tarea que debemos acometer sin demora. Una modernización que se proyecta tanto sobre el entorno de trabajo en el que se desarrolla el día a día de nuestros juzgados y tribunales, apostando decididamente por las tecnologías de la información y comunicación, como sobre los procedimientos a través de los que se imparte justicia.
En esta labor de modernización tecnológica ya hemos recorrido camino con la implantación del sistema Lexnet que permite la realización telemática de los distintos actos de comunicación procesal así como con el desarrollo del sistema Minerva NOJ que hará posible la intercomunicación de todos los juzgados y tribunales situados en los territorios cuya gestión depende del Ministerio.
De lo que se trata ahora es que esas poderosas herramientas informáticas se conviertan en la realidad del nuevo entorno de trabajo de todas las oficinas judiciales. Y esa extensión precisa de un impulso presupuestario sostenido en infraestructuras y en tecnología. Para conseguirlo destinaremos, tal y como les exponía al inicio de mi intervención, una inversión en los próximos tres años de 600 millones de euros.
Vamos a trabajar para que cualquiera de los tribunales de España, sea cual sea el lugar en que radique, pueda conectarse con cualquier otro de nuestro país. Queremos que nuestros juzgados y tribunales trabajen en red y puedan intercambiar información con independencia del sistema informático que utilicen.
Porque, señorías, los esfuerzos que las distintas administraciones han destinado a la informatización de la justicia han dado lugar a un resultado paradójico: no está asegurada la conectividad entre ellos. De este modo, los juzgados andaluces que emplean el sistema Adriano no pueden conectar con aquellos que dependiendo del Ministerio de justicia usan el sistema Minerva o éstos, a su vez, tampoco pueden hacerlo con las oficinas de la fiscalía que emplean el sistema Fortuny.
Queremos superar esa situación que causa perplejidad y resulta claramente ineficiente. Para ello vamos conseguir que esa cacofonía de lenguajes informáticos se reconduzca a una comunicación eficaz a través de la construcción de una plataforma informática que asegure la conectividad de los distintos sistemas. Con ese fin, propondré al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y a las autoridades autonómicas, la constitución de un consorcio para articular en él la cooperación técnica necesaria para
lograr la intercomunicación de los distintos órganos de nuestro sistema de justicia.
En esta misma línea de incorporar las nuevas tecnologías para ganar en eficiencia, nos proponemos una reforma en profundidad del Registro Civil. Actualmente, el funcionamiento del Registro Civil es la causa de un amplio porcentaje de las quejas que formulan los ciudadanos en las oficinas de atención ciudadana de los juzgados. La lentitud en la tramitación de los expedientes y la falta de información sobre el estado de tramitación son los motivos mayoritarias de insatisfacción.
Con el fin de superar ese estado de cosas estamos trabajando ya en la elaboración de un proyecto de Ley del Registro Civil de España. Un proyecto con el que queremos, por un lado, desjudicializar en todo lo posible la función del registro, en sintonía con los procesos modernizadores que se han emprendido en otros países de nuestro entorno; y, por otro lado, constituir una Registro Civil único para todo el Estado que sea accesible en línea a todos los ciudadanos y que cuente, a su vez, con unidades de información y atención en los distintos municipios.
Modernizar la justicia no sólo es incorporarla plenamente a la sociedad de la información. Modernizar es, también, diseñar procedimientos más ágiles y eficientes mediante los
que conseguir dar solución a los conflictos de manera eficaz.
El nivel de litigiosidad de nuestro país es ciertamente alto. A finales del pasado año, en nuestros juzgados y tribunales estaban en tramitación nueve millones de asuntos. Una carga tan elevada resulta difícilmente asumible por un sistema cuya capacidad de respuesta no es ni puede ser ilimitada. Por ello nos proponemos introducir mecanismos que permitan reducir tanto el volumen y como la duración de los litigios.
Nuestro objetivo es descargar a los jueces y tribunales de todos aquellos asuntos que no sean propiamente jurisdiccionales, potenciando al efecto aquellos otros procedimientos, como el arbitraje, la conciliación o la mediación mediante los que se pueden resolver cierto tipo de controversias de modo más eficiente.
La legislatura pasada el Gobierno presentó ante las cámaras un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que por diversos avatares no pudo concluir su tramitación pero que dio lugar a un intenso debate que permitió fijar ciertas posiciones comunes sobre los aspectos relevantes que debe contener la nueva regulación.
Sobre esa base, estamos trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto que presentaremos próximamente y que mantiene el propósito compartido de sustraer al juez de tareas no jurisdiccionales y proyectar un procedimiento rápido y ágil que permita dar la resolución de los expedientes a los secretarios judiciales y a los notarios y registradores. Asimismo, incorporaremos la normativa de la Unión Europea sobre mediación.
Creo que es necesario un replanteamiento del sistema de recursos actualmente vigente con el fin de atajar el abuso de derecho que tanto daño hace a la justicia.
La Constitución española reconoce, como derecho fundamental, el derecho de acceso al juez. Un juez que ha de ser imparcial e independiente. Ahora bien, la Constitución también nos dice que esa tutela judicial ha de ser efectiva. Y para serlo de verdad, los ciudadanos deben ser conscientes de que ese derecho no incluye la posibilidad de formular recursos de manera sistemática contra toda decisión judicial, agotando todas las instancias posibles y prolongando innecesariamente la duración de los juicios.
Esta práctica, ciertamente extendida, de recurrirlo todo no sólo ante al juez, sino también aquello que ya ha sido acordado por el juez, produce dos efectos que deterioran muy gravemente la calidad de la justicia en España.
En primer lugar, aquellas personas que han sido amparadas por el juez ven que sus derechos no han sido porque la otra parte ha iniciado una cadena interminable de recursos que impiden ejecutar en plazo razonable lo que ya ha sido juzgado.
Y, en segundo lugar, se produce una grave inversión de la pirámide judicial, de suerte que los jueces y magistrados con más experiencia y que integran los altos tribunales del país, tienen que dedicar mucho tiempo y muchos recursos ha revisar lo que ya han estudiado y decidido otros juzgados y tribunales, restando tiempo al conocimiento de aquellos otros litigios que por su naturaleza y complejidad les corresponde de modo directo.
Es necesario, en consecuencia, simplificar los recursos y establecer algún elemento que frene a quienes abusan reiteradamente del sistema de recursos legalmente establecido, en perjuicio de los demás.
Señorías, lograr un justicia rápida y eficaz exige eliminar el abuso de derecho que defrauda la confianza y la fe de los ciudadanos en la ley y el Derecho. Por ello, propondremos a las Cortes Generales la creación por ley de un depósito de escasa cuantía y previo a la interposición del recurso, cuyo
fin principal será el de disuadir a quienes recurran sin fundamento alguno.
Los ingresos derivados de este depósito estarán vinculados a la financiación del sistema de justicia y se destinarán a sufragar el proceso modernización de la administración de justicia, en particular la construcción de una plataforma de conectividad de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal, así como a mejorar el sistema de justicia gratuita.
Vamos a conseguir, de este modo, tres efectos positivos: desalentar al recurrente que abusa, garantizar que nuestros juzgados y tribunales puedan estar interconectados y puedan trabajar en red, y acordarnos de los que tienen menos y acuden a la justicia impetrando la tutela de sus derechos.
Tras treinta años de vigencia de la Constitución y otros tanto de desarrollo del proceso autonómico, a fecha de hoy sigue pendiente cerrar el mapa competencial en materia de justicia. Como saben, seis Comunidades Autónomas no han asumido plenamente las competencias en materia de lo que se ha dado en llamar la administración de la Administración de Justicia, manteniendo por ello el ministerio de justicia una competencia residual en relación con estos territorios. La clarificación de las respectivas responsabilidades, las del
Estado y las Comunidades Autónomas, en esta materia, así como el principio de proximidad en la gestión de los medios al servicio de la Administración de Justicia abogan por la necesidad de concluir el proceso de traspaso de competencias. Con este fin hemos retomado con carácter general los contactos con la Comunidades Autónomas concernidas y espero que a lo largo de la legislatura podamos concluir con éxito las respectivas negociaciones.
Por otro lado, respecto de aquellas que ya han asumido las competencias de gestión de los medios personales y materiales en materia de justicia quedan cuestiones que merecen un tratamiento más eficaz. Las autoridades autonómicas asumen competencias de gestión y organización de la oficina judicial y, en consecuencia, el personal integrado en ellas asume funcionalmente tareas fijadas por la correspondiente comunidad autónoma, aunque orgánicamente dependen del Estado.
Esta doble dependencia funcional y orgánica genera ciertas disfunciones en el correcto funcionamiento de la oficina judicial y creo que éste es, singularmente, un espacio de colaboración con las Comunidades Autónomas en el que podemos encontrar fórmulas que conjuguen armónicamente la dirección funcional del personal por parte de las Comunidades Autónomas y su pertenencia orgánica a cuerpos de carácter nacional dependientes del Estado.
Las recientes reformas estatutarias contienen previsiones en materia de recursos que nos convocan a cohonestar la prescripción del artículo 152 de la Constitución que determina que los Tribunales Superiores de Justicia culminen la organización judicial en el correspondiente ámbito territorial con lo que preceptúa el artículo 123 de la Norma fundamental que atribuye al Tribunal Supremo la condición de superior órgano jurisdiccional en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Habrá que establecer la fórmula adecuada que permita equilibrar la exigencia de que los procesos concluyan con carácter general en los tribunales en las Comunidades Autónoma con la el específico interés casacional de preservar la igualdad de todos los españoles ante la ley frente a la disparidad de criterios interpretativos que corresponde defender al Tribunal Supremo.
Asimismo, y como consecuencia de las nuevas opciones estatutarias, iniciaremos un proceso de reflexión con el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas y las fuerzas políticas con el fin de concretar la figura de los consejos autonómicos de justicia.
Señorías, una de las señas de identidad del Gobierno durante la pasada legislatura y en esta es el desarrollo de un ambiciosa y consistente política de ampliación de
derechos, de mejora de los cauces de tutela y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos actualizando las leyes para adecuarlas a la evolución de las necesidades y los criterios valorativos de la sociedad. En este ámbito, el departamento que dirijo se propone el desarrollo de un conjunto de medidas que tiene con finalidad mejorar la calidad normativa de la tutela de la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
Próximamente remitiremos a las Cámaras una importante reforma del Código Penal mediante la que se incorporará la protección frente amenazas y riesgos especialmente desvalorados por la sociedad como la lucha contra la corrupción pública y privada, la salvaguardia de la indemnidad sexual de los menores, la piratería o el combate de la delincuencia practicada bajo el velo de las personas jurídicas.
Tras más de un siglo de vigencia, existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de abordar la elaboración de una nueva ley de enjuiciamiento criminal coherente, sistemática, y que responda con eficacia a la necesidad de garantizar los derechos de las partes y el legítimo ejercicio del ius puniendi.
Necesitamos configurar un proceso penal que deslinde con precisión las funciones instructoras de las juzgadoras y en
el que esté garantizada plenamente la segunda instancia; debemos diseñar un proceso en el que se prevean mecanismos tempranos para impedir que se produzca la denominada “pena de banquillo”; debemos articular un entramado normativo que garantice plenamente los derechos fundamentales de las partes, de acuerdo con la abundante doctrina jurisprudencial emanada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional; y debemos, en fin, reforzar la protección que concede el proceso a la víctima, a quien, hay que reconocerlo, las normas procesales no siempre le han facilitado las cosas.
En este ámbito procesal penal, vamos abordar una reforma de la jurisdicción universal mediante la que se introducirá en la ley los criterios jurisprudenciales que han venido empleado los tribunales en su aplicación. El designio que proclama el preámbulo de nuestra Constitución de “colaborar en el fortalecimiento de una relaciones pacífica y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra” tiene en la jurisdicción universal un instrumento de gran utilidad como mecanismo de defensa de los derechos humanos. Para nuestro ordenamiento jurídico nada que viole la dignidad de los seres humanos le es ajeno. Ese es el principio de late en la regulación de la jurisdicción universal.
La jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional han venido aplicando ese principio atemperado con otras reglas derivadas del conjunto normativo que forma nuestro derecho nacional con el internacional, tales como la regla de subsidiariedad o la de protección de intereses nacionales relevantes. Esa jurisprudencia como saben fue anulada por el Tribunal Constitucional no por razones de fondo, sino puramente formales al tratarse de criterios no previstos en la ley. Nuestro propósito, tal y como ha acordado el Congreso de los Diputados en las resoluciones subsiguientes al debate del estado de la nación, incorporar esos criterios que han venido siendo aplicado por nuestros tribunales, fortaleciendo así la eficacia de la jurisdicción universal.
Señorías, la necesidad de adecuarse a los cambios vividos durante estas últimas décadas de modo que la rica jurisprudencia de nuestros tribunales se incorpore a la ley, también es predicable de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. La ley vigente regula de manera escueta un fenómeno tan rico y complejo como el pluralismo religioso y de conciencia que muchos de los problemas que se han generado en su articulación ordenada no han encontrado respuesta en ella sino a través de la interpretación de los tribunales a la luz de lo establecido por nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, resulta necesario acomodar
normativamente la nueva realidad y hacerlo, desde luego, con el mayor consenso posible tal y como exige una ley de desarrollo de un derecho fundamental.
Señorías, mejorar la tutela de los derechos también es necesario para fortalecer la confianza de los ciudadanos. Una confianza que es especialmente valiosa en un tiempo de crisis económica como el que estamos atravesando. Agilizar los procedimientos es un elemento clave para la realización de los respectivos derechos y dar seguridad a los mercados.
En este sentido, vamos a incorporar a nuestro ordenamiento el proceso monitorio europeo aprovechando la tramitación de la ley de reforma procesal para la creación de la nueva ofician judicial. Y vamos a abordar una actualización integral de la ley concursal para adecuar este importante texto normativo a las necesidades de nuestra realidad económica. En situaciones de crisis y dificultad económica es cuando este tipo de legislación se pone a prueba, y hemos comprobado ciertos desajustes e ineficiencias, algunos de los cuales, los más perentorios, han sido abordados mediante una reforma urgente recientemente convalidada por el Congreso de los Diputados, pero que conviene que se traten de manera integral mediante un estudio reflexionado.
Finalmente, en este capítulo relativo a la protección de derechos, quiero mencionar que se están tramitando las distintas actuaciones que prevé la ley de reconocimiento y ampliación de derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, a través de la Oficina para las Víctimas, y, en concreto, ya se ha puesto en marcha el procedimiento para la obtención de la Declaración de reparación y reconocimiento personal.
Señorías, como saben, en el primer semestre del año próximo España asumirá la presidencia de la Unión Europea. Es un reto capital para nuestro país, contribuir activa y eficazmente a la construcción del proyecto europeo en un momento de especial significado como será la esperada puesta en marcha del nuevo Tratado de Lisboa. Desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando en la confección de una ambiciosa agenda que tendrá como objetivos: ampliar los cauces para que los ciudadanos europeos ejerzan sus derechos sin las trabas derivadas de la diversidad de ordenamientos y prácticas nacionales; mejorar la prestación de los servicios de la administración de justicia a escala europea; perfeccionar los instrumentos para combatir eficazmente la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado con las debidas garantías jurídicas; y avanzar en la cooperación judicial con países terceros. Para
ello me gustaría, señorías, contar con la colaboración de las fuerzas políticas que ustedes representan.
Dentro de la proyección exterior de la política desarrollada por el departamento que dirijo, en fin, seguiremos estrechando nuestras relaciones con los países iberoamericanos, tanto a través de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos e Iberred, como a nivel bilateral.
Señoras y señores senadores,
En mi comparecencia ante el Congreso, me comprometí a alcanzar un gran acuerdo social por la justicia. Expuse mi voluntad de acudir siempre al diálogo y al acuerdo para impulsar las reformas necesarias que precias la justicia. Desde entonces, he venido cumpliendo con esa responsabilidad adquirida en día a día del funcionamiento del departamento que dirijo. Nos hemos puesto manos a la obra desde el primer momento porque la justicia no puede esperar y porque los ciudadanos pueden apreciar palabras pero valoran hechos, valoran el cumplimiento de los compromisos.
El reto de lograr una justicia moderna, rápida, cercana y que dé respuesta a las necesidades de un país en pleno siglo XXI podemos alcanzarlo son la suma de esfuerzos y
voluntades. Los ciudadanos nos demandan a todos, a los responsables políticos, en primer lugar, pero también a los profesionales de la justicia amplitud de miras y una clara conciencia de que son los derechos y el bienestar de los hombres y mujeres de nuestro país lo que está en juego. Muchas gracias."
"Señor Presidente, Señorías, comparezco ante esta Comisión del Senado para exponer las líneas generales de la acción de mi departamento durante los próximos tres años de legislatura. Esta comparecencia tiene lugar habiendo transcurrido ya tres meses desde mi toma de posesión. Por ello en mi intervención no sólo me referiré a los proyectos y acciones que vamos a desarrollar sino que también les informaré sobre la labor hecha durante estas semanas de intenso trabajo.
Señoras y señores senadores, en mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados anuncié mi propósito de alcanzar un Acuerdo social por la justicia como instrumento clave para lograr el gran objetivo compartido de incorporar plenamente nuestra Justicia al siglo XXI. Sólo con amplios acuerdos en los que se impliquen las fuerzas políticas, los distintos sectores profesionales y, de manera especialmente relevante, la sociedad, seremos capaces de abordar las reformas necesarias, duraderas y estables que precisa nuestro sistema de justicia para conseguir que la prestación de un servicio básico y consustancial a un Estado democrático de Derecho se realice de manera ágil, rápida, cercana y eficaz.
En el Ministerio de Justicia, hemos venido trabajando desde el primer día por la consecución de ese gran Acuerdo social. Los problemas de la justicia son diversos y de distinta naturaleza por lo que a la hora de abordarlos se precisan medidas de muy distinto alcance. Por un lado, existe un conjunto de cuestiones que precisan de medidas urgentes y prioritarias. Se trata de problemas focalizados en ciertos aspectos organizativos que pueden ser solventados con acciones concertadas y acordadas. A ello hemos dedicado buena parte de este tiempo de trabajo a través de un intenso y amplio proceso de diálogo con los representantes de los distintos colectivos profesionales de la justicia.
Existe, por otro lado, un ámbito de reformas necesarias cuya puesta en marcha requiere un amplio debate público a través del cual podremos determinar qué modelo de justicia queremos como sociedad para afrontar las necesidades de nuestro presente y futuro; un debate en el que definamos compartidamente el sistema de justicia para la España del siglo XXI. Debemos ponernos de acuerdo y tomar las correspondientes decisiones acerca de cuestiones como el diseño de la planta y demarcación de juzgados y tribunales, la completa incorporación de la justicia al mundo tecnológico, el cierre del proceso autonómico en relación con la administración de justicia o la mejora de la calidad normativa de la tutela y garantía de los derechos de los ciudadanos en ámbitos tan sensibles como el proceso penal
o el ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia, entre otros.
Tanto las reformas de mayor inmediatez como aquellas de mayor calado confluyen en el objetivo crucial e inaplazable que el Presidente del Gobierno ha marcado para esta legislatura. Queremos mejorar la calidad de la administración de justicia y aumentar, por consiguiente, la confianza y la valoración de los ciudadanos y ciudadanas hacia este servicio esencial de la democracia.
Con el fin de alcanzar esas metas en el tiempo razonable de esta legislatura, nos hemos marcado desde el primer momento una agenda de trabajo meditada y ambiciosa. La primera etapa de nuestra actuación a lo largo de estas semanas ha estado centrada en el mantenimiento de un intenso proceso de diálogo con las distintas organizaciones profesionales, especialmente con las organizaciones judiciales, con el fin de obtener de primera mano el diagnóstico de la situación desde diversos puntos de vista, así como recibir las inquietudes, preocupaciones y prioridades sentidas por los distintos colectivos profesionales de la justicia.
Tres temas han merecido una especial consideración a lo largo de los sucesivos encuentros y reuniones: las acciones previstas de modernización tecnológica de la administración
de justicia, todo lo relativo a la organización y puesta en marcha de la nueva oficina judicial y la necesidad de establecer fórmulas que impidan la saturación masiva de la Administración de Justicia.
Señorías, la justicia es un bien preciado que ha de ser bien administrado. La capacidad del sistema para dar respuesta al incremento de la litigiosidad no es ilimitada. A pesar de los continuos esfuerzos inversores en este ámbito, y les recuerdo que en estos cinco años el Gobierno ha realizado la mayor inversión en justicia en lo que va de democracia, a pesar del aumento de medios personales y materiales, la posibilidad de resolver en un tiempo razonable los procesos exige adoptar medidas de racionalización y de incremento de la productividad del sistema.
La gestión de la justicia, como la administración de todo bien escaso precisa, Señorías, de una economía propia, requiere encontrar el tipo de equilibrios óptimos que permitan satisfacer las aspiraciones y necesidades de todos los participantes en el sistema, especialmente, y de manera principal, las de los ciudadanos.
La justicia necesita más recursos, sí, pero también medidas organizativas y estructurales. Más recursos como los 600 millones en tres años que el Gobierno se ha comprometido a destinar a la modernización de infraestructuras y
tecnología, tal y como ha recordado el Presidente del Gobierno en el reciente debate del estado de la Nación; y más medios personales con la convocatoria para este año de 220 plazas de jueces, 150 de fiscales y 290 de secretarios.
Pero junto a este esfuerzo cuantitativo en las políticas de justicia, también estamos comprometidos con una mejora del modo como se imparte justicia en nuestros juzgados y tribunales. Ese es el objetivo de la ley de reforma de la legislación procesal mediante la que se crea la nueva oficina judicial. Una ley que se está tramitando en el Congreso y que pronto confío que llegue a esta Cámara avalada por un amplio consenso.
El éxito de la reforma depende no sólo de que acertemos en un diseño eficaz y operativo de oficina judicial, sino también de la implicación activa de los distintos profesionales de la justicia que prestan sus servicios en ella: jueces, secretarios, fiscales, funcionarios. Ese doble objetivo ha presidido los distintos encuentros de trabajo que hemos mantenido a lo largo de este tiempo con todos esos colectivos.
Con las asociaciones judiciales, así como las de secretarios, hemos trabajado intensamente para que la ley pueda recoger un conjunto de propuestas y compromisos que permitan mejorar la regulación de la nueva oficina judicial. Se ha buscado una fórmula razonable, y creo que satisfactoria, sobre la agenda de señalamientos en la que se equilibra adecuadamente la función jurisdiccional que constitucionalmente corresponde a los jueces y magistrados y la dirección de la oficina judicial atribuida a los secretarios judiciales.
Asimismo, otro aspecto de especial relevancia, es la adaptación de la fe pública judicial que ejercen los secretarios al nuevo entorno tecnológico en el que se desarrolla el proceso. La posibilidad de grabación mediante técnica audiovisual del desarrollo de un juicio permite, por un lado, liberar al secretario de asistir presencialmente a su celebración, pudiendo emplear ese tiempo en el desempeño de otras funciones, y, por otro lado, la acreditación de la fehaciencia de lo sucedido seguirá dependiendo de la fe pública que habrá de proyectarse, en estos casos, sobre la verificación de los soportes y el material grabado.
La ley sobre la nueva oficina judicial va a ser el cauce a través del cual vamos a incorporar ciertas reformas largamente demandadas por las asociaciones judiciales y que van a mejorar la calidad de la prestación de justicia. Se creará la figura de los jueces de adscripción territorial que dependerán de los Tribunal Superiores de Justicia y tendrán un ámbito de actuación dentro de la provincia.
Con esta nueva figura pretendemos conseguir una justicia titular y de calidad de modo que las necesidades derivadas de ausencias al frente de un juzgado o las necesidades de refuerzo de órganos judiciales sean cubiertas por jueces de carrera y no como sucede ahora por jueces sustitutos y magistrados suplentes. Es necesario reducir la justicia interina y apostar de forma decidida por una justicia titular.
También, se incorporarán medidas de favorecimiento de la conciliación de la vida familiar y laboral, superando las consecuencias que en este ámbito se derivan del ascenso forzoso, al tiempo que se garantiza una adecuada cobertura de las necesidades de dotación de jueces y magistrados en los distintos juzgados y tribunales del territorio nacional.
En esa ley se abordarán, asimismo, ciertos cambios de menor calado, pero de significación para jueces y magistrados, como la equiparación en algunos aspectos al régimen de la función pública o la modificación del sistema de concurso para la provisión de plazas en audiencia provinciales.
Señorías, se han mantenido también fructíferas reuniones de trabajo con las asociaciones de fiscales con quienes se ha tratado, entre otros aspectos, el desarrollo de la nueva ley del estatuto del ministerio fiscal.
Hemos hablado con los representantes de la abogacía sobre cuestiones de tanta importancia como el desarrollo reglamentario de la ley de acceso a la profesión o la mejora del sistema de justicia gratuita, y también lo hemos hecho con los representantes de los procuradores con quienes hemos tratado, de manera especial, la incidencia de la trasposición de la directiva de servicios sobre el carácter territorializado de la prestación de la procura.
Los graduados sociales, así como los funcionarios de los distintos cuerpos de gestión y tramitación profesional a través de las correspondientes organizaciones y sindicatos, han participado, también, en este proceso de suma de voluntades en torno al acuerdo social para la justicia que demanda nuestra sociedad. E, institucionalmente, tras la comisión bilateral celebrada entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, también el órgano de gobierno de jueces se ha sumado al Acuerdo social y a sus objetivos reformadores y modernizadores.
Hemos hecho un importante esfuerzo por acordar y encontrar fórmulas de encuentro con la clara convicción de que la mejora de la justicia requiere un ejercicio compartido de responsabilidad.
En estos escasos meses, he procurado junto con mi equipo integrar los distintos puntos de vista con un único fin: que las fuerzas de los distintos actores de la justicia converjan en un único vector, la satisfacción cabal del derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva y en un tiempo razonable.
Espero, sinceramente, que el trabajo hecho, el diálogo y las fórmulas consensuadas, muevan a todos en la dirección que desean y esperan los ciudadanos: que juntos compartamos la tarea de conseguir que la justicia sea un servicio público de calidad, moderno, ágil y cercano.
Junto a las reformas más urgentes sobre las que hemos venido trabajando, queremos abordar otras que, como les decía al inicio de mi intervención, habrán de ser objeto de un debate público abierto y sereno mediante el que logremos definir el modelo de justicia que queremos para transitar el nuevo siglo. Se trata de reformas en materia de planta y demarcación territorial, de modernización de estructuras y procedimientos, de competencias sobre administración de justicia o de garantía de derechos y libertades. Sobre ellas queremos contar con la luz que la discusión pública puede proyectar sobre los precisos contornos de lo que queremos construir y hacer durar.
El departamento que dirijo estará atento a las críticas, sugerencias y opiniones que se formulen, pero no renunciará, porque no puede hacerlo, a su responsabilidad de actuar y de adoptar cuantas decisiones sean necesarias para garantizar el interés público en una materia tan sensible como la justicia.
Señorías, el mapa judicial vigente hoy en España no se corresponde con el mapa real de las necesidades y demandas de 45 millones de habitantes. La planta judicial diseñada por la ley de 1988 adolece de carencias y desfases que es necesario revisar y responde a unas categorías propias del siglo XIX que ya no se ajustan a la realidad de nuestro país.
¿Tiene sentido mantener la categoría de partido judicial que proviene de la primera oleada de modernización de la administración española allá en tiempos de Javier de Burgos? ¿O resulta funcional hoy la estructura provincial de la planta que nos lleva a que Gijón, Vigo o Jerez deban contar con unidades desplazadas de los órganos judiciales con sede en la capital provincial?
Son preguntas que debemos hacernos y a las que debemos ofrecer adecuada respuesta.
Como bien saben sus señorías, ante las nuevas necesidades derivadas del crecimiento de la población y la necesidad de especialización de los órganos judiciales se ha respondido con la creación de juzgados por superposición sin contar con un diseño previo, global y coherente.
Mantener esta pauta de actuación nos resta eficiencia en la gestión de un recurso tan valioso como es la justicia con el consiguiente desaprovechamiento de recursos humanos y materiales. Es algo que debemos corregir de manera inaplazable y por ello hemos iniciado ya el proceso de reflexión que ha de conducirnos a la elaboración de una nueva ley de planta y demarcación.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de este año se ha nombrado una comisión de personas expertas que habrá de presentar un informe en el que se cotejen las necesidades reales de justicia a lo largo y ancho del territorio nacional con la prestación de un servicio público de calidad. Un informe abierto y objetivo en el que se realice el diagnóstico de lo que necesitamos y la prospectiva de las posibles soluciones.
Una vez contemos con él, abriremos un proceso de discusión con las Comunidades Autónomas que nos permita elaborar un proyecto de ley de la nueva planta judicial que
refleje la geografía social de la España de hoy y no la de épocas pasadas de nuestra historia.
Señorías, la modernización de la administración de justicia es una tarea que debemos acometer sin demora. Una modernización que se proyecta tanto sobre el entorno de trabajo en el que se desarrolla el día a día de nuestros juzgados y tribunales, apostando decididamente por las tecnologías de la información y comunicación, como sobre los procedimientos a través de los que se imparte justicia.
En esta labor de modernización tecnológica ya hemos recorrido camino con la implantación del sistema Lexnet que permite la realización telemática de los distintos actos de comunicación procesal así como con el desarrollo del sistema Minerva NOJ que hará posible la intercomunicación de todos los juzgados y tribunales situados en los territorios cuya gestión depende del Ministerio.
De lo que se trata ahora es que esas poderosas herramientas informáticas se conviertan en la realidad del nuevo entorno de trabajo de todas las oficinas judiciales. Y esa extensión precisa de un impulso presupuestario sostenido en infraestructuras y en tecnología. Para conseguirlo destinaremos, tal y como les exponía al inicio de mi intervención, una inversión en los próximos tres años de 600 millones de euros.
Vamos a trabajar para que cualquiera de los tribunales de España, sea cual sea el lugar en que radique, pueda conectarse con cualquier otro de nuestro país. Queremos que nuestros juzgados y tribunales trabajen en red y puedan intercambiar información con independencia del sistema informático que utilicen.
Porque, señorías, los esfuerzos que las distintas administraciones han destinado a la informatización de la justicia han dado lugar a un resultado paradójico: no está asegurada la conectividad entre ellos. De este modo, los juzgados andaluces que emplean el sistema Adriano no pueden conectar con aquellos que dependiendo del Ministerio de justicia usan el sistema Minerva o éstos, a su vez, tampoco pueden hacerlo con las oficinas de la fiscalía que emplean el sistema Fortuny.
Queremos superar esa situación que causa perplejidad y resulta claramente ineficiente. Para ello vamos conseguir que esa cacofonía de lenguajes informáticos se reconduzca a una comunicación eficaz a través de la construcción de una plataforma informática que asegure la conectividad de los distintos sistemas. Con ese fin, propondré al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y a las autoridades autonómicas, la constitución de un consorcio para articular en él la cooperación técnica necesaria para
lograr la intercomunicación de los distintos órganos de nuestro sistema de justicia.
En esta misma línea de incorporar las nuevas tecnologías para ganar en eficiencia, nos proponemos una reforma en profundidad del Registro Civil. Actualmente, el funcionamiento del Registro Civil es la causa de un amplio porcentaje de las quejas que formulan los ciudadanos en las oficinas de atención ciudadana de los juzgados. La lentitud en la tramitación de los expedientes y la falta de información sobre el estado de tramitación son los motivos mayoritarias de insatisfacción.
Con el fin de superar ese estado de cosas estamos trabajando ya en la elaboración de un proyecto de Ley del Registro Civil de España. Un proyecto con el que queremos, por un lado, desjudicializar en todo lo posible la función del registro, en sintonía con los procesos modernizadores que se han emprendido en otros países de nuestro entorno; y, por otro lado, constituir una Registro Civil único para todo el Estado que sea accesible en línea a todos los ciudadanos y que cuente, a su vez, con unidades de información y atención en los distintos municipios.
Modernizar la justicia no sólo es incorporarla plenamente a la sociedad de la información. Modernizar es, también, diseñar procedimientos más ágiles y eficientes mediante los
que conseguir dar solución a los conflictos de manera eficaz.
El nivel de litigiosidad de nuestro país es ciertamente alto. A finales del pasado año, en nuestros juzgados y tribunales estaban en tramitación nueve millones de asuntos. Una carga tan elevada resulta difícilmente asumible por un sistema cuya capacidad de respuesta no es ni puede ser ilimitada. Por ello nos proponemos introducir mecanismos que permitan reducir tanto el volumen y como la duración de los litigios.
Nuestro objetivo es descargar a los jueces y tribunales de todos aquellos asuntos que no sean propiamente jurisdiccionales, potenciando al efecto aquellos otros procedimientos, como el arbitraje, la conciliación o la mediación mediante los que se pueden resolver cierto tipo de controversias de modo más eficiente.
La legislatura pasada el Gobierno presentó ante las cámaras un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que por diversos avatares no pudo concluir su tramitación pero que dio lugar a un intenso debate que permitió fijar ciertas posiciones comunes sobre los aspectos relevantes que debe contener la nueva regulación.
Sobre esa base, estamos trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto que presentaremos próximamente y que mantiene el propósito compartido de sustraer al juez de tareas no jurisdiccionales y proyectar un procedimiento rápido y ágil que permita dar la resolución de los expedientes a los secretarios judiciales y a los notarios y registradores. Asimismo, incorporaremos la normativa de la Unión Europea sobre mediación.
Creo que es necesario un replanteamiento del sistema de recursos actualmente vigente con el fin de atajar el abuso de derecho que tanto daño hace a la justicia.
La Constitución española reconoce, como derecho fundamental, el derecho de acceso al juez. Un juez que ha de ser imparcial e independiente. Ahora bien, la Constitución también nos dice que esa tutela judicial ha de ser efectiva. Y para serlo de verdad, los ciudadanos deben ser conscientes de que ese derecho no incluye la posibilidad de formular recursos de manera sistemática contra toda decisión judicial, agotando todas las instancias posibles y prolongando innecesariamente la duración de los juicios.
Esta práctica, ciertamente extendida, de recurrirlo todo no sólo ante al juez, sino también aquello que ya ha sido acordado por el juez, produce dos efectos que deterioran muy gravemente la calidad de la justicia en España.
En primer lugar, aquellas personas que han sido amparadas por el juez ven que sus derechos no han sido porque la otra parte ha iniciado una cadena interminable de recursos que impiden ejecutar en plazo razonable lo que ya ha sido juzgado.
Y, en segundo lugar, se produce una grave inversión de la pirámide judicial, de suerte que los jueces y magistrados con más experiencia y que integran los altos tribunales del país, tienen que dedicar mucho tiempo y muchos recursos ha revisar lo que ya han estudiado y decidido otros juzgados y tribunales, restando tiempo al conocimiento de aquellos otros litigios que por su naturaleza y complejidad les corresponde de modo directo.
Es necesario, en consecuencia, simplificar los recursos y establecer algún elemento que frene a quienes abusan reiteradamente del sistema de recursos legalmente establecido, en perjuicio de los demás.
Señorías, lograr un justicia rápida y eficaz exige eliminar el abuso de derecho que defrauda la confianza y la fe de los ciudadanos en la ley y el Derecho. Por ello, propondremos a las Cortes Generales la creación por ley de un depósito de escasa cuantía y previo a la interposición del recurso, cuyo
fin principal será el de disuadir a quienes recurran sin fundamento alguno.
Los ingresos derivados de este depósito estarán vinculados a la financiación del sistema de justicia y se destinarán a sufragar el proceso modernización de la administración de justicia, en particular la construcción de una plataforma de conectividad de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal, así como a mejorar el sistema de justicia gratuita.
Vamos a conseguir, de este modo, tres efectos positivos: desalentar al recurrente que abusa, garantizar que nuestros juzgados y tribunales puedan estar interconectados y puedan trabajar en red, y acordarnos de los que tienen menos y acuden a la justicia impetrando la tutela de sus derechos.
Tras treinta años de vigencia de la Constitución y otros tanto de desarrollo del proceso autonómico, a fecha de hoy sigue pendiente cerrar el mapa competencial en materia de justicia. Como saben, seis Comunidades Autónomas no han asumido plenamente las competencias en materia de lo que se ha dado en llamar la administración de la Administración de Justicia, manteniendo por ello el ministerio de justicia una competencia residual en relación con estos territorios. La clarificación de las respectivas responsabilidades, las del
Estado y las Comunidades Autónomas, en esta materia, así como el principio de proximidad en la gestión de los medios al servicio de la Administración de Justicia abogan por la necesidad de concluir el proceso de traspaso de competencias. Con este fin hemos retomado con carácter general los contactos con la Comunidades Autónomas concernidas y espero que a lo largo de la legislatura podamos concluir con éxito las respectivas negociaciones.
Por otro lado, respecto de aquellas que ya han asumido las competencias de gestión de los medios personales y materiales en materia de justicia quedan cuestiones que merecen un tratamiento más eficaz. Las autoridades autonómicas asumen competencias de gestión y organización de la oficina judicial y, en consecuencia, el personal integrado en ellas asume funcionalmente tareas fijadas por la correspondiente comunidad autónoma, aunque orgánicamente dependen del Estado.
Esta doble dependencia funcional y orgánica genera ciertas disfunciones en el correcto funcionamiento de la oficina judicial y creo que éste es, singularmente, un espacio de colaboración con las Comunidades Autónomas en el que podemos encontrar fórmulas que conjuguen armónicamente la dirección funcional del personal por parte de las Comunidades Autónomas y su pertenencia orgánica a cuerpos de carácter nacional dependientes del Estado.
Las recientes reformas estatutarias contienen previsiones en materia de recursos que nos convocan a cohonestar la prescripción del artículo 152 de la Constitución que determina que los Tribunales Superiores de Justicia culminen la organización judicial en el correspondiente ámbito territorial con lo que preceptúa el artículo 123 de la Norma fundamental que atribuye al Tribunal Supremo la condición de superior órgano jurisdiccional en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Habrá que establecer la fórmula adecuada que permita equilibrar la exigencia de que los procesos concluyan con carácter general en los tribunales en las Comunidades Autónoma con la el específico interés casacional de preservar la igualdad de todos los españoles ante la ley frente a la disparidad de criterios interpretativos que corresponde defender al Tribunal Supremo.
Asimismo, y como consecuencia de las nuevas opciones estatutarias, iniciaremos un proceso de reflexión con el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas y las fuerzas políticas con el fin de concretar la figura de los consejos autonómicos de justicia.
Señorías, una de las señas de identidad del Gobierno durante la pasada legislatura y en esta es el desarrollo de un ambiciosa y consistente política de ampliación de
derechos, de mejora de los cauces de tutela y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos actualizando las leyes para adecuarlas a la evolución de las necesidades y los criterios valorativos de la sociedad. En este ámbito, el departamento que dirijo se propone el desarrollo de un conjunto de medidas que tiene con finalidad mejorar la calidad normativa de la tutela de la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
Próximamente remitiremos a las Cámaras una importante reforma del Código Penal mediante la que se incorporará la protección frente amenazas y riesgos especialmente desvalorados por la sociedad como la lucha contra la corrupción pública y privada, la salvaguardia de la indemnidad sexual de los menores, la piratería o el combate de la delincuencia practicada bajo el velo de las personas jurídicas.
Tras más de un siglo de vigencia, existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de abordar la elaboración de una nueva ley de enjuiciamiento criminal coherente, sistemática, y que responda con eficacia a la necesidad de garantizar los derechos de las partes y el legítimo ejercicio del ius puniendi.
Necesitamos configurar un proceso penal que deslinde con precisión las funciones instructoras de las juzgadoras y en
el que esté garantizada plenamente la segunda instancia; debemos diseñar un proceso en el que se prevean mecanismos tempranos para impedir que se produzca la denominada “pena de banquillo”; debemos articular un entramado normativo que garantice plenamente los derechos fundamentales de las partes, de acuerdo con la abundante doctrina jurisprudencial emanada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional; y debemos, en fin, reforzar la protección que concede el proceso a la víctima, a quien, hay que reconocerlo, las normas procesales no siempre le han facilitado las cosas.
En este ámbito procesal penal, vamos abordar una reforma de la jurisdicción universal mediante la que se introducirá en la ley los criterios jurisprudenciales que han venido empleado los tribunales en su aplicación. El designio que proclama el preámbulo de nuestra Constitución de “colaborar en el fortalecimiento de una relaciones pacífica y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra” tiene en la jurisdicción universal un instrumento de gran utilidad como mecanismo de defensa de los derechos humanos. Para nuestro ordenamiento jurídico nada que viole la dignidad de los seres humanos le es ajeno. Ese es el principio de late en la regulación de la jurisdicción universal.
La jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional han venido aplicando ese principio atemperado con otras reglas derivadas del conjunto normativo que forma nuestro derecho nacional con el internacional, tales como la regla de subsidiariedad o la de protección de intereses nacionales relevantes. Esa jurisprudencia como saben fue anulada por el Tribunal Constitucional no por razones de fondo, sino puramente formales al tratarse de criterios no previstos en la ley. Nuestro propósito, tal y como ha acordado el Congreso de los Diputados en las resoluciones subsiguientes al debate del estado de la nación, incorporar esos criterios que han venido siendo aplicado por nuestros tribunales, fortaleciendo así la eficacia de la jurisdicción universal.
Señorías, la necesidad de adecuarse a los cambios vividos durante estas últimas décadas de modo que la rica jurisprudencia de nuestros tribunales se incorpore a la ley, también es predicable de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. La ley vigente regula de manera escueta un fenómeno tan rico y complejo como el pluralismo religioso y de conciencia que muchos de los problemas que se han generado en su articulación ordenada no han encontrado respuesta en ella sino a través de la interpretación de los tribunales a la luz de lo establecido por nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, resulta necesario acomodar
normativamente la nueva realidad y hacerlo, desde luego, con el mayor consenso posible tal y como exige una ley de desarrollo de un derecho fundamental.
Señorías, mejorar la tutela de los derechos también es necesario para fortalecer la confianza de los ciudadanos. Una confianza que es especialmente valiosa en un tiempo de crisis económica como el que estamos atravesando. Agilizar los procedimientos es un elemento clave para la realización de los respectivos derechos y dar seguridad a los mercados.
En este sentido, vamos a incorporar a nuestro ordenamiento el proceso monitorio europeo aprovechando la tramitación de la ley de reforma procesal para la creación de la nueva ofician judicial. Y vamos a abordar una actualización integral de la ley concursal para adecuar este importante texto normativo a las necesidades de nuestra realidad económica. En situaciones de crisis y dificultad económica es cuando este tipo de legislación se pone a prueba, y hemos comprobado ciertos desajustes e ineficiencias, algunos de los cuales, los más perentorios, han sido abordados mediante una reforma urgente recientemente convalidada por el Congreso de los Diputados, pero que conviene que se traten de manera integral mediante un estudio reflexionado.
Finalmente, en este capítulo relativo a la protección de derechos, quiero mencionar que se están tramitando las distintas actuaciones que prevé la ley de reconocimiento y ampliación de derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, a través de la Oficina para las Víctimas, y, en concreto, ya se ha puesto en marcha el procedimiento para la obtención de la Declaración de reparación y reconocimiento personal.
Señorías, como saben, en el primer semestre del año próximo España asumirá la presidencia de la Unión Europea. Es un reto capital para nuestro país, contribuir activa y eficazmente a la construcción del proyecto europeo en un momento de especial significado como será la esperada puesta en marcha del nuevo Tratado de Lisboa. Desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando en la confección de una ambiciosa agenda que tendrá como objetivos: ampliar los cauces para que los ciudadanos europeos ejerzan sus derechos sin las trabas derivadas de la diversidad de ordenamientos y prácticas nacionales; mejorar la prestación de los servicios de la administración de justicia a escala europea; perfeccionar los instrumentos para combatir eficazmente la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado con las debidas garantías jurídicas; y avanzar en la cooperación judicial con países terceros. Para
ello me gustaría, señorías, contar con la colaboración de las fuerzas políticas que ustedes representan.
Dentro de la proyección exterior de la política desarrollada por el departamento que dirijo, en fin, seguiremos estrechando nuestras relaciones con los países iberoamericanos, tanto a través de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos e Iberred, como a nivel bilateral.
Señoras y señores senadores,
En mi comparecencia ante el Congreso, me comprometí a alcanzar un gran acuerdo social por la justicia. Expuse mi voluntad de acudir siempre al diálogo y al acuerdo para impulsar las reformas necesarias que precias la justicia. Desde entonces, he venido cumpliendo con esa responsabilidad adquirida en día a día del funcionamiento del departamento que dirijo. Nos hemos puesto manos a la obra desde el primer momento porque la justicia no puede esperar y porque los ciudadanos pueden apreciar palabras pero valoran hechos, valoran el cumplimiento de los compromisos.
El reto de lograr una justicia moderna, rápida, cercana y que dé respuesta a las necesidades de un país en pleno siglo XXI podemos alcanzarlo son la suma de esfuerzos y
voluntades. Los ciudadanos nos demandan a todos, a los responsables políticos, en primer lugar, pero también a los profesionales de la justicia amplitud de miras y una clara conciencia de que son los derechos y el bienestar de los hombres y mujeres de nuestro país lo que está en juego. Muchas gracias."
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