21 junio 2008

Muere Miguel Gutiérrez, el fiscal comprometido

El jurista se había jubilado hace cuatro años tras haber sido uno de los primeros en perseguir las imprudencias en la siniestralidad laboral

Luchador hasta el final y defensor de las causas comprometidas. El fiscal Miguel Gutiérrez murió la madrugada de ayer a los 74 años de forma repentina y tiñó de luto gran parte de la sociedad alicantina. En su último día hizo muchas de las cosas que le apasionaban. Por la mañana se reunió con el presidente de la Autoridad Portuaria para negociar la instalación de un monumento a Eusebio Sempere en el Puerto de Alicante en memoria de los muertos al final de la Guerra Civil en Alicante; pasó a visitar a sus antiguos compañeros de la Fiscalía; y por la tarde estuvo en el parque jugando con sus nietas, hasta que la muerte le sorprendió por la noche en su casa. Pese a que llevaba casi cuatro años de jubilación, su actividad no había bajado ni un ápice. Miembro de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, también era presidente de la Asociación de Estudios Miguel Hernández y asesor de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas. El funeral, que consistirá en un acto cívico, se celebrará hoy a las 11.45 horas en el tanatorio la Siempreviva de Alicante.
Esta intensa actividad ha sido la que ha marcado su trayectoria profesional desde que ingresó en la administración de Justicia como oficial de sala en 1957. En 1962 fue nombrado secretario judicial de la Audiencia y en 1972 se incorporó a la carrera fiscal y destinado a Lérida donde fue fiscal jefe durante dos años. A finales de los años 60 se incorporó a la organización clandestina "Justicia y Democracia" formada por jueces y fiscales que se oponían a la dictadura franquista. Gutiérrez regresó a la Audiencia de Alicante en 1976 donde desde 1988 ejerció de teniente fiscal y fue coordinador de la Fiscalía de Accidentes Laborales. En este área, consiguió las primeras condenas a empresarios por falta de seguridad en el centro de trabajo, algunas de ellas sin que hubiera accidentes. En su jubilación fue condecorado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.
"Es una pérdida irreparable para todos los amantes de la democracia y la libertad", decía su compañero de la comisión cívica Manuel Parra, con quien había estado revisando las últimas semanas los expedientes juríficos de 27 alicantinos fusilados por el franquismo el 15 de noviembre de 1939.
El presidente del Colegio de Abogados, Mariano Caballero, destacó su coherencia vital y su compromiso con los ciudadanos. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, subrayó que ha formado a toda una generación de juristas, mientras que la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas lamentó que se hayan podido apreciar los frutos de su trabajo por las víctimas del franquismo por la intransigencia de algunos.

18 junio 2008

Tasas Judiciales

El Colegio de Procuradores de Alicante, recientemente, ha efectuado consulta a la Ilma. Audiencia Provincial, respecto a las consecuencias procesales por la no liquidación - presentación de la tasa judicial, modelo 696 Hacienda.
Contestando a tal consulta se indica que no obstante la no presentación de la tasa, se dará curso al escrito y procedimiento sin perjuicio de comunicar a la Agencia Tributaria la falta de pago y/o liquidación y presentación de dicha "tasa judicial".

15 junio 2008

Los secretarios judiciales piden una revisión de sus salarios

Los Secretarios Judiciales han exigido por carta al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Hacienda una revisión de salarios como la que mantiene desde el pasado martes el Departamento que dirige el ministro Mariano Fernández Bermejo con los jueces y los fiscales en el marco la ley de retribuciones de estos dos colectivos aprobada en 2003.
Precisamente, los secretarios judiciales se amparan ahora en la Disposición Final Tercera de la citada Ley para reivindicar una negociación "en el mismo sentido y con los mismos principios y conceptos que las de la carrera judicial y fiscal".
Según explican, esa disposición final "funciona a modo de cláusula de enganche entre las retribuciones de los jueces y las de los secretarios judiciales", de manera que solicitan al Ministerio de Justicia la convocatoria de las correspondientes reuniones para revisar sus salarios, "toda vez que las negociaciones para el aumento de las retribuciones de jueces y fiscales se encuentran muy avanzadas".
Asimismo, denuncian que el Ministerio de Justicia, "a pesar de las múltiples peticiones verbales realizadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, se niega a iniciar las negociacones que prevé la ley". "Por ello, nos vemos obligados a reclamarlo por escrito tanto al Ministerio de Justicia con la idea de que convoque la Comisión de negociación prevista en las disposiciones mencionadas, como al Ministro de Hacienda, pues en dicha comisión han de formar parte representantes de ambos Departamentos ministeries", aducen.
Ambas cartas, firmadas por el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales -organización mayoritaria del sector-, Antonio Dorado Picón, instan tanto al titular de Justicia como al de Hacienda, Pedro Solbes, a alcanzar una "pronta solución a la cuestión planteada que tanto está preocupando al colectivo".
Revisión quinquenal
El Ministerio de Justicia inauguró el martes con las principales asociaciones de jueces y fiscales la comisión negociadora destinada a revisar los sueldos de ambos colectivos tal y como marca la Ley de Retribuciones de jueces y fiscales, informaron fuentes jurídicas y fiscales.
Tras esta primera toma de contacto, la segunda reunión se celebrará el próximo 18 de julio donde el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo presentará previsiblemente su primera propuesta.
Estos encuentros se producen en el marco de la Ley de Retribuciones aprobada en 2003 y que establece la obligatoriedad de revisar las retribuciones de jueces y fiscales cada cinco años. Ese plazo expiró el lunes por lo que los encuentros con el Ministerio debían comenzar en este mismo mes.

07 junio 2008

Se crean 146 nuevas unidades judiciales en España

El Consejo de Ministros aprueba la creación de 146 nuevas unidades judiciales de la programación de 2008
· El próximo 30 de junio 2008 entrarán en funcionamiento nueve de estas unidades judiciales, mientras que las 137 restantes se pondrán en marcha a lo largo del año.
· Con la creación de estos nuevos órganos, el Ministerio de Justicia sigue adecuando la planta a las necesidades judiciales con la finalidad de garantizar a los ciudadanos la efectividad de la protección de sus derechos.
· El coste total anual que asume el Ministerio de Justicia como consecuencia de la ampliación de la planta judicial por el Real Decreto aprobado hoy asciende a27.988.366 euros.
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha aprobado (06-06-08)el Real Decreto por el que se crean 146 nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2008,consistentes en 126 juzgados y 20 plazas de magistrado en Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales.
El Real Decreto aprobado hoy contempla la creación de 20 plazas de magistrado en órganos colegiados, de ellas 5 en Tribunales Superiores de Justicia y 15 en Audiencias Provinciales. La creación de las plazas de magistrado en las Audiencias provinciales de Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Madrid dará lugar a la creación de tres nuevas secciones.
Además, se constituyen el juzgado de Menores nº 2 de Santa Cruz de Tenerife (que fue creado en 2000) y 125 juzgados más, con la siguiente distribución:
Andalucía 31, Aragón 4, Asturias 3, Illes Balears 3, Canarias 9, Cantabria 1, Castilla y León 6, Castilla-La Mancha 5, Cataluña 21, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 2, Galicia 7, Comunidad de Madrid 30, Órganos Centrales 2, Murcia 6, Navarra 1, País Vasco 3,La Rioja 1, Ceuta 1, y Melilla 1.
De esta forma, el departamento que dirige Fernández Bermejo,atendiendo al volumen de litigiosidad de los órganos judiciales en funcionamiento y a las disponibilidades presupuestarias, ha aumentado la planta judicial para mejorar las necesidades de la Administración de Justicia y garantizar así a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos. El coste total anual que asume el Ministerio de
Justicia como consecuencia de la ampliación de la planta judicial por el Real Decreto aprobado hoy asciende a 27.988.366 euros.

06 junio 2008

Reformas del Código Penal

Según el portavoz de CiU en el Congreso, Jordi Jané, el vigente Código Penal presenta "algunas lagunas" que han permitido que en España haya "una gran proliferación de bandas organizadas", que cifra en más de 400, "que cometen delitos continuados contra la seguridad ciudadana con una creciente sensación de impunidad".

"Dentro de la UE, España está entre los países donde tienen lugar más atracos y, en consecuencia, es necesario modificar el Código Penal", afirma Jané, quien apuesta por prever la "suficiente agravación" para los delitos cometidos por bandas que se dirijan contra "la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual o el patrimonio".

Asimismo, CiU aboga por perfeccionar el tratamiento penal de estas materias a fin de contribuir y disuadir, de forma efectiva, la comisión de nuevos delitos y faltas por parte de los infractores. En este contexto, reclaman sanciones más severas para las organizaciones delictivas que asaltan viviendas.

Mayores penas para quienes comenten delitos contra la libertad sexual de menores de edad

La iniciativa del PP es consecuencia del reciente caso de la niña Mari Luz. La propia exposición de motivos hace referencia a dicho crimen, "que pone, una vez más, en evidencia la existencia de un problema que desafortunadamente no es nuevo, como es el de la agresión sexual de la que son objeto menores y desvalidos por parte de delincuentes que sin tener en cuenta ni la edad ni la vulnerabilidad de sus víctimas potenciales, las someten a los más execrables actos".

Por todo ello, el PP solicita una "respuesta penal contundente y acorde con la gravedad de la repudiable acción cometida, que no sólo castigue de forma ejemplar las acciones perpetradas contra unas víctimas que carecen de la posibilidad de ofrecer la menor resistencia sino que disuada a los potenciales agresores de cometer esta clase delitos".

Los secretarios judiciales piden también al Ministerio una revisión de sus salarios

Los Secretarios Judiciales han exigido por carta al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Hacienda una revisión de salarios como la que mantiene desde el pasado martes el Departamento que dirige el ministro Mariano Fernández Bermejo con los jueces y los fiscales en el marco la ley de retribuciones de estos dos colectivos aprobada en 2003.

Precisamente, los secretarios judiciales se amparan ahora en la Disposición Final Tercera de la citada Ley para reivindicar una negociación "en el mismo sentido y con los mismos principios y conceptos que las de la carrera judicial y fiscal".

Según explican, esa disposición final "funciona a modo de cláusula de enganche entre las retribuciones de los jueces y las de los secretarios judiciales", de manera que solicitan al Ministerio de Justicia la convocatoria de las correspondientes reuniones para revisar sus salarios, "toda vez que las negociaciones para el aumento de las retribuciones de jueces y fiscales se encuentran muy avanzadas".

Asimismo, denuncian que el Ministerio de Justicia, "a pesar de las múltiples peticiones verbales realizadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, se niega a iniciar las negociacones que prevé la ley". "Por ello, nos vemos obligados a reclamarlo por escrito tanto al Ministerio de Justicia con la idea de que convoque la Comisión de negociación prevista en las disposiciones mencionadas, como al Ministro de Hacienda, pues en dicha comisión han de formar parte representantes de ambos Departamentos ministeries", aducen.

Ambas cartas, firmadas por el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales -organización mayoritaria del sector-, Antonio Dorado Picón, instan tanto al titular de Justicia como al de Hacienda, Pedro Solbes, a alcanzar una "pronta solución a la cuestión planteada que tanto está preocupando al colectivo".

Revisión quinquenal

El Ministerio de Justicia inauguró el martes con las principales asociaciones de jueces y fiscales la comisión negociadora destinada a revisar los sueldos de ambos colectivos tal y como marca la Ley de Retribuciones de jueces y fiscales, informaron fuentes jurídicas y fiscales.

Tras esta primera toma de contacto, la segunda reunión se celebrará el próximo 18 de julio donde el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo presentará previsiblemente su primera propuesta.

Estos encuentros se producen en el marco de la Ley de Retribuciones aprobada en 2003 y que establece la obligatoriedad de revisar las retribuciones de jueces y fiscales cada cinco años. Ese plazo expiró el lunes por lo que los encuentros con el Ministerio debían comenzar en este mismo mes.

Nuevos juzgados penales

El Ministerio de Justicia creará 15 nuevos juzgados penales.
Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia, ha anunciado la creación de 15 nuevos juzgados de lo penal para 2008 que se incorporarán a los 327 ya existentes. Los primeros en abrir sus puertas serán uno en Zaragoza y dos en la Comunidad Valenciana en las localidades alicantinas de Benidorm y Orihuela que lo harán antes del 30 de junio. En Ministro quiere continuar con la iniciativa tomada en la última legislatura en la cual con estos nuevos 25 juzgados penales se han abierto 44.
El resto de juzgados estarán situados en Andalucía, en las ciudades de Almería, Málaga y Córdoba, tres en la Comunidad de Madrid dos en la capital y uno en Móstoles, dos en Cataluña en Barcelona y Manresa y por último uno en Cuenca, Valladolid, Castellón y Lorca (Murcia).
Por su parte el Consejo de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa, cree que las medidas no son suficientes y pretende abrir 11 nuevos juzgados penales y pide al Ministerio que se desarrolle la Oficina Judicial. Además pretende reunirse con el Ministro Bermejo por la falta de jueces y personal judicial en la Comunidad.