Carlos Dívar presidente del Consejo General del Poder Judicial

"Te juro por la memoria de mamá que a Cirilo lo han hecho ministro". Ése es el texto del telegrama con que el 25 de febrero de 1957 el estupefacto hermano de Cirilo Cánovas notificaba a su hermana lo que consideraba un notorio dislate, que el general Franco había decidido incluir en su octavo Gobierno al citado ingeniero como ministro de Agricultura en sustitución de Rafael Cavestany. La anécdota circulaba el miércoles pasado por los pasillos del Tribunal Supremo en boca de varios magistrados al conocerse la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de nombrar al juez Carlos Dívar como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que conlleva la titularidad del Supremo.

Los magistrados del Supremo, seguramente molestos porque entienden que el alto tribunal ha sido marginado en el reparto partidista de las carteras de vocales del Poder Judicial, ya que sólo les ha correspondido un vocal, hacían cuchufletas comparando la idoneidad para el puesto de Cánovas con la de Dívar.

La sorpresa fue general en toda la carrera judicial, porque Dívar, que es presidente de la Audiencia Nacional desde hace siete años y que anteriormente, durante otros 21, luchó contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado como juez central en el citado órgano, no parece reunir las teóricas características que debe tener un presidente del Supremo. Hasta ahora, todos los que han ocupado el cargo han sido o magistrados del alto tribunal o catedráticos de universidad de reconocido prestigio. Dívar no tiene la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, por mucho que en la declaración institucional que el CGPJ hizo tras su nombramiento lo equiparen a presidente de Sala, lo que parece indicar que hubiera sido conveniente que la tuviera. Lo cierto es que Clemente Auger fue el último presidente de la Audiencia con tal categoría y Siro García el último en presidir su Sala de lo Penal con rango de magistrado del Supremo.

Carlos Dívar nunca ha formado parte de ningún tribunal colegiado ni ha puesto sentencias, circunstancias teóricamente importantes. Tampoco se le conocen artículos o publicaciones por los que haya destacado en el campo del Derecho.

Sin embargo, este malagueño que nació en la Nochevieja de 1941 y permanece soltero, no tiene enemigos. Estudió Derecho en Deusto y Valladolid y ejerció como juez en Castuera (Badajoz) y Orgaz (Toledo) antes de llegar a la Audiencia Nacional. Su discreción es paradigmática, y periodistas que le conocen desde hace casi 30 años no recuerdan que en ese tiempo les haya proporcionado una sola noticia. No pertenece a ninguna asociación judicial, aunque sus profundas convicciones religiosas y su pensamiento cristiano más tradicional, le sitúan ideológicamente más próximo a los postulados del PP, que a los del PSOE. No obstante, Dívar hace gala de su independencia, es muy diplomático y tiene buenas relaciones con representantes de todas las opciones políticas democráticas, a los que invariablemente asegura que reza por ellos. Un magistrado de la Audiencia dice de él que su gran virtud es que guarda gran serenidad cuando no puede intervenir en un asunto y asume lo que no puede cambiar; que es valiente y tiene determinación para actuar cuando cree que puede ayudar a cambiar las cosas, y gran sabiduría para discernir entre ambas situaciones.

Es disciplinado y respetuoso con el poder y tiene sentido institucional. Ha informado de los problemas de la Audiencia a los ministros populares y socialistas por igual y se asegura que su candidatura a la presidencia del Supremo fue avalada por la propia vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, con la que tiene gran sintonía. Es precisamente esa visión de Estado la que explica que en pleno proceso de paz llegase a declarar que el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco podía "ser una política penitenciaria que se utilizó en otros momentos" y que podía "volverse a usar y ser efectiva, práctica y eficaz".

Su trato es extremadamente afable y huye de los problemas como del mismísimo diablo. Que nadie espere que Dívar meta a alguien en un problema, dice un juez que le conoce bien; ahora, que tampoco espere que lo resuelva.

No obstante, y a pesar de toda esa supuesta pasividad, algunos han presenciado momentos de tensión y de poner a gente en su sitio. Todavía se recuerda una reunión de coordinación con el ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, a propósito de los atentados del 11-M, en la que este último fue informado de que no se habían entregado varios cadáveres a sus familiares porque el juez no había firmado todavía. Prada bramó: "¡que por la firma de un juez no se hayan devuelto los cuerpos!".

Dívar le cortó: "No desprecie usted la firma de un juez. La firma de un juez puede mandarle 20 años a la cárcel, puede privarle de sus bienes, puede casarle o no casarle...".

Prada replicó: "¡Hombre, es que hay que pensar en las víctimas!".

A lo que Dívar, solemne, pero firme, fulminó: "En las víctimas llevamos pensando en esta casa toda la vida".

Pero a pesar de todo, ese carácter generalmente desprovisto de aristas es el que, según el Gobierno y los vocales del Poder Judicial que le han votado por unanimidad, puede generar confianza y consenso a su alrededor.

Como muchos de los que han pasado por la Audiencia Nacional, ETA le tuvo en su punto de mira. Un 13 de mayo hace ya años, estuvo a punto de sufrir un atentado terrorista. Un comando etarra colocó un coche bomba en uno de los dos recorridos que el magistrado utilizaba para ir de su casa a la Audiencia Nacional. Ese día fue por el otro y la bomba fue descubierta y desactivada poco después. Dívar, sin embargo, no achacó el éxito a la suerte, a la casualidad, a la eficacia de las fuerzas policiales o a la ineficacia de los etarras. La responsable de su salvación no fue otra que ¡la Virgen de Fátima!, cuya festividad se celebra ese día.

Un paralelismo singular con el que fue su inspiración espiritual, el papa Karol Wojtyla, conocido como Juan Pablo II, que también un 13 de mayo, en este caso de 1981, fue víctima de un atentado en el que a punto estuvo de perder la vida por disparos del turco Alí Agca.

Dívar vive de forma exacerbada la religión, peregrina asiduamente a Tierra Santa y a su regreso reparte rosarios de madera entre los funcionarios. Ha dado conferencias acerca del "testimonio cristiano en la vida pública" en el Arzobispado de Madrid y en la página web de la Hermandad del Valle de los Caídos puede todavía encontrarse un escrito suyo titulado Justicia y Juan Pablo II, en el que tras reflejar su coincidencia de pensamiento con el del pontífice sobre temas como la justicia divina, los derechos de Dios, la independencia judicial, los nacionalismos, la dignidad del ser humano, los emigrantes y refugiados, el matrimonio, la familia y el aborto, concluye: "Sólo en amar a Cristo y hacerle amar, en una vida coherente y cabal, se encuentra la única y verdadera Justicia".

Ese apasionamiento religioso ha hecho que durante su etapa de juez aplazase algún interrogatorio porque tenía que asistir a misa. También se cuenta que en ocasiones a algunos detenidos que había dejado en libertad, especialmente a sospechosos de colaborar con ETA que habían sido detenidos de madrugada con lo puesto, les dio dinero de su propio bolsillo para que comprasen un bocadillo e incluso para pagar el autobús de regreso al País Vasco.

Sin embargo, ello no impide que sus compañeros consideren que los sumarios que instruía eran muy ordenados y profesionales. Dívar no servía para investigar ni para ordenar a la policía la búsqueda de pruebas para averiguar la verdad, pero gestionaba de maravilla el material que las fuerzas de seguridad ponían a su disposición. De hecho, año a año conseguía el más alto grado de ratificaciones de declaraciones policiales en el juzgado, lo que habla del elevado nivel de confianza que con su trato melifluo y sus citas bíblicas debía de inspirar en los detenidos.

Ya como presidente de la Audiencia Nacional, cargo para el que fue reelegido en 2006 por unanimidad de todos los vocales del Consejo del Poder Judicial, mostró su diplomacia y talante conciliador en el caso de los atentados terroristas de Madrid del 11 de marzo de 2004.

El caso es que la designación de Dívar ha causado una honda decepción entre los socialistas y entre los jueces y fiscales progresistas. Ninguno de los candidatos de peso del sector judicial afín al Gobierno ha sido elegido, cuando ellos consideraban que era su momento. El caso es que está socialmente aceptado que en los nombramientos de altos cargos de libre designación el que tiene la capacidad de decidir elija no a su mejor amigo, sino al mejor de entre sus amigos. Lo que ocurre es que, según el criterio de los progresistas, Dívar, aparte de conservador, ni es el mejor ni es amigo.

Ahora le espera un Consejo y un Supremo llenos de lobos. Un cordero entre las fieras. Muchos piensan que se lo van a comer. Visto lo visto, ¡Ojo, con que no les robe la piel y se haga una alfombra!
FUENTE: DIARIO EL PAIS (28.09.08)

Abogados de Alcoy piden la creación de un juzgado de lo Penal y otro Social

El Colegio de Abogados de Alcoy ha solicitado formalmente la creación de sendos juzgados de lo Penal y lo Social, al considerar que su implantación sería necesaria para el correcto funcionamiento del partido judicial. Esta iniciativa se ha formalizado a través de sendos informes remitidos al Consejo General de Abogados de la Comunidad Valenciana y a la Conselleria de Justicia, según ha podido saber este diario.
Los diferentes organismos oficiales, de acuerdo con las fuentes consultadas, están preparando los estudios de necesidades judiciales de la Comunidad Valenciana para el próximo año. En este contexto, el Consejo Valenciano de Abogados solicitó al Colegio de Alcoy que formulara sus demandas en cuanto a infraestructuras. Los responsables del organismo alcoyano estudiaron la cuestión y, con posterioridad, remitieron un informe en el que señalaban la necesidad de que el partido judicial cuente con un juzgado de lo Penal y otro de lo Social.
Hay que significar que ambas dotaciones, aunque en especial la segunda, han sido reivindicadas de manera continuada por parte de la sociedad local y comarcal. Sólo por los juicios de lo Penal se efectúan más de 1.000 traslados anuales a Alicante, tal y como informó este diario.
En segundo lugar, el Colegio de Abogados remitió un informe similar a la Conselleria de Justicia, que también se dirigió de manera formal para que se plantearan sus reivindicaciones, en este caso los dos juzgados antes citados.
Esta documentación será incorporada a los diferentes expedientes que se están elaborando, por parte de la Generalitat y los abogados, de cara a la preparación del mapa general valenciano para 2008.
En el caso de Alcoy, además, cabe recordar que la última memoria anual del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) incluía el quinto Juzgado de Instrucción, aunque no lo fijaba como una prioritario a corto plazo. El cuarto juzgado lleva operativo menos de tres años, pero todas las salas locales siguen contando con una carga de trabajo mayor que la de la media estipulada por el Consejo General del Poder Judicial, como evidencian los informes estadísticos.
Estos juzgados deberían ubicarse, en el caso de que se consiguieran, en el nuevo Palacio de Justicia, cuya construcción, no obstante, se ha estancado de forma evidente. La primera fase no dispone de espacio suficiente para acoger los juzgados actuales y, además, la ampliación está paralizada por problemas geotécnicos.

Fuente: INFORMACION.es

Aumentan un 80% las negligencias de abogados

La crisis económica ha duplicado los siniestros producidos por abogados en el último ejercicio. Las reclamaciones se han disparado un 80%: de 47 incidencias mensuales en el curso 2006-07 han pasado a registrarse 85 en el periodo 2007-08. Un escalada sin precedentes, que aunque tiende a estabilizarse, prevé elevar a 100 las negligencias mensuales en 2009, según datos facilitados a LA GACETA por Dual Ibérica, la aseguradora del Consejo General de la Abogacía (CGAE). “En España ya existía mucha cultura de reclamación contra los abogados, que ahora se está viendo acentuada por la crisis económica”, explica Andrés Martínez Clavel, director de siniestros de Dual Ibérica, firma que asegura a un total de 41.000 abogados de 43 colegios españoles.
El coste medio de los siniestros causados por letrados también ha sufrido un incremento. Mientras que en 2006 la media se situaba en 6.000 euros, en 2008 la cifra ronda los 8.000 euros. Detrás del 44% de estas reclamaciones están los descuidos en el vencimiento de los plazos como, por ejemplo, no interponer un recurso a tiempo. Gran parte de estos olvidos se deben, según Martínez, a la dificultad del derecho procesal español. A continuación, aparecen las negligencias debidas al desconocimiento de la legislación fiscal (15%) y la laboral (7%). Los asuntos laborales son los que están experimentando un repunte directamente relacionado con la crisis económica. “Cada vez hay más siniestros de asesoramientos negligentes de abogados en concursos de acreedores y expedientes de regulación de empleo”, apunta Martínez. No obstante, las reclamaciones más cuantiosas siguen estando relacionadas con asuntos fiscales. “Nosotros hemos llegado a pagar 300.000 euros en un caso en el que el abogado se equivocó en un tema de IVA”, ejemplifica este experto.

El incesante goteo de siniestros provocado por el desconocimiento legal se debe, según Martínez, a que en tiempos de crisis los despachos quieren abarcar todos los asuntos que les presente el cliente, aunque no sean especialistas en ellos: “La gran competencia que existe provoca que un bufete especializado en temas laborales, acabe haciendo declaraciones de la renta. Esto es sumamente peligroso y así lo constata el aumento de siniestros que estamos registrando”.

El alarmante aumento de siniestralidad contrasta con la falta de interés que muestran los abogados por su póliza de responsabilidad civil profesional. “En España, a diferencia de otros países, no existe una cultura del seguro entre los abogados. Los letrados no son conscientes del riesgo en el que incurren en el ejercicio de su profesión”, lamenta Juan Aznar Gáldiz, director de estrategia y desarrollo de Dual Ibérica. El problema reside en que la relación abogado-cliente históricamente se ha basado en una relación de confianza que progresivamente se está convirtiendo en una mera relación mercantil. “El abogado no se imagina que su cliente le puede llegar a reclamar y por ello se limitan a contratar la póliza más sencilla que ofrece el colegio profesional, que tiene una suma mínima asegurada”, explica Aznar.

Pero esa inconsciencia puede salirle muy cara al letrado: “Se han dado casos en los que a un despacho unipersonal se le ha interpuesto una demanda de 120.000 euros, que no es una cantidad desorbitada, y esa sanción ha supuesto el cierre del despacho. Tener un buen seguro contratado no sólo salvaguarda tu negocio, sino también tu patrimonio. Además, es una auténtica garantía para el consumidor”. El papel de los colegios profesionales es vital a la hora de concienciar a los abogados. “Hay colegios como el de Valencia que sí toman ese guante y dan mucha formación, pero es de los pocos que actúan en este sentido”, critica el director de estrategia y desarrollo.

La Ley de Sociedades Profesionales ha variado algo esta tendencia, ya que desde su aprobación hace un año, obliga a contratar un seguro a todas las firmas que se constituyan como sociedad profesional. De hecho, Dual Ibérica ha experimentado un aumento de contratos de pólizas de despachos al margen de las que ofrecen los colegios. Pero el problema, según los expertos, reside en que la ley no fija la cuantía mínima de la póliza. No obstante, consideran que en el desarrollo reglamentario de la misma, el legislador establecerá una cantidad.
La mayoría de las reclamaciones que cursa Dual Ibérica son extrajudiciales. “Esto se debe a que al abogado no le gusta judicializar los siniestros porque se siente incómodo”, explica el director de siniestros de la aseguradora. No obstante, en estos casos la vía extrajudicial es la más conveniente, según los expertos, ya que es la más rápida. “Los abogados quieren que el conflicto se resuelva lo antes posible para no perder al cliente y la vía judicial puede alargarse demasiado. Nosotros, de hecho, tenemos siniestros en juicio desde 1998”, concluye Martínez.
(Fuente: http://www.gaceta.es )

Modernización del sistema de registros civiles y judiciales

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha recordado hoy que la modernización del sistema de registros civiles y judiciales y la implantación del correo electrónico 'Lexnet' entre los juzgados y los tribunales son los 'objetivos esenciales' para la modernización de la Justicia.

Julio Pérez ha clausurado hoy el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 'Justicia y Sociedad de la Información' en el que ha asegurado que la informática no es sólo una 'ayuda para la modernización', sino que constituye una 'exigencia' para un sistema de 'uso masivo', como el servicio Justicia.

El secretario de Justicia ha incidido en la necesidad de que los antecedentes penales estén interconectados para que puedan ser consultados de un modo 'fluido' por los jueces, los tribunales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Ha afirmado que sin las herramientas informáticas adecuadas, 'no es posible' garantizar un sistema de Justicia 'de calidad', que ofrezca la tutela efectiva, tal y como exige la Constitución, y garantice los derechos de los ciudadanos.

Julio Pérez ha explicado que no sólo se necesitan más medios informáticos en la Justicia, sino que también exigen un cambio cultural que extienda entre los profesionales de justicia un 'mayor hábito' en el uso de los sistemas informáticos.

Terra Actualidad - EFE (12.09.08)

Abogados y procuradores ilicitanos reivindican un Juzgado Mercantil

Los colegios de Abogados y Procuradores de Elche seguirán adelante con el recurso contencioso-administrativo que plantearon ante el Tribunal Supremo (TS) contra el acuerdo adoptado el 15 de diciembre de 2005 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por el cual se desestimó la petición para la creación de un juzgado de lo Mercantil en Elche. La visita realizada este miércoles por los dos decanos, junto al alcalde, a la Dirección General de Justicia en Madrid, no ha invitado al optimismo, hasta el punto de que se plantearan retirar este proceso presentado en febrero de 2006. De hecho, según explicó ayer Lorenzo Ruiz, el decano de los procuradores, si se quiere tener un juzgado de lo Mercantil en Elche el recurso planteado es el procedimiento más rápido. "No es la primera vez que el Supremo enmienda un acuerdo del Poder Judicial. De Madrid regresamos con el mensaje de que tenemos que volver a comenzar de nuevo todos los trámites, pero si el recurso prospera, tendremos una solución inmediata. No vamos a desistir". De hecho, la sala ha señalado fecha para diciembre.
La apuesta que abogados y procuradores han hecho por el juzgado de lo Mercantil, por encima de otras necesidades para la ciudad, se ve con desconfianza por la judicatura que considera que el hecho de que no se haya concedido hasta ahora les hipoteca. "Si la Generalitat sigue reclamando el Mercantil y el Poder Judicial se sigue negando a concederlo, estamos perdiendo la posibilidad de conseguir un Registro Civil exclusivo y el juzgado de Primera Instancia 7 que tanta falta hace por el aumento de demandas", explicó un magistrado a este periódico.

Sobre el estado de la Justicia en España

"Al hilo de la reciente sanción de 1.500 euros al magistrado responsable de la ejecución de la sentencia del doloroso "caso Mari Luz", me hago las siguientes preguntas:

- ¿Es cierto que la Justicia es un polvorín y que se puede repetir otro lamentable "caso Mari Luz" en cualquier momento?

- ¿Es cierto que existió una orden directa desde Vicepresidencia del Gobierno para responsabilizar al magistrado y así desviar la atención pública del gran problema, que es la falta brutal de recursos de la Justicia en España?

- ¿Es cierto que esa orden tuvo como antecedente que el magistrado interviniese hace años en el caso Juan Guerra, que destapó casos de corrupción del PSOE en Andalucía?

- ¿Es cierto que esa orden tuvo como antecedente el cargo del magistrado sancionado en la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación cuyas ideas no comulgan con las del partido en el poder?

- ¿Cuántos recursos se desvían de la Justicia a asociaciones privadas a través del canon sobre las actas judiciales y fotocopiadoras de los juzgados y tribunales?

- ¿Le interesa a la clase política nuestra Justicia decimonónica, ineficaz y colapsada?

Sólo con las respuestas, que desconozco, a las preguntas anteriores, podría hacerme una idea más concreta del tema. Mientras tanto, toda opinión me parecerá incompleta y toda noticia periodística un caso posible de Malaprensa. Se opina sobre lo escaso de la sanción pero casi nadie menciona el verdadero problema: la Justicia no dispone de recursos y muchos más casos similares pudieran producirse en cualquier momento."

Javier de la Cueva,Abogado, 11/09/2008 - 09:29 http://derecho-internet.org/

Noventa demandas nuevas cada día

Los procuradores de Elche han registrado ante el juzgado decano desde que comenzó el mes de septiembre una media diaria de noventa demandas, lo que supone cerrar esta primera semana con algo más de 450, según datos oficiales. Hasta el mes de julio se habían presentado para su reparto entre los distintos juzgados algo más de 8.300 asuntos, lo que supone una media que se aproxima a los 300 procedimientos por semana; es decir, se ha producido un aumento del 50%. Todo el mundo en los juzgados considera que este año se superarán de largo los 14.000 procedimientos por lo cual se tendrá que retomar la reivindicación de otro juzgado de Primera Instancia, que haría el número 7.
Procuradores consultados por el periódico aseguraron que, aunque es habitual que septiembre sea un mes con mucho registro, éste de 2008 supera con creces cualquier anterior. La mayoría de profesionales han presentado procedimientos que recibieron durante el mes de agosto y que ahora los funcionarios se afanan para poder repartir en el menor tiempo posible, lo cual no es nada fácil. Las mismas fuentes indicaron que una parte muy importante se refiere a ejecuciones hipotecarias de ciudadanos extranjeros que se han quedado en el desempleo. Igualmente destacaron el inusual incremento de divorcios que se ha producido en los últimos meses, algo que nadie termina de explicarse y ya hay quien se pregunta si también tendrá que ver con la crisis, pero con la económica.

Sábado 06 de septiembre de 2008.- INFORMACION.es

Colapso en los Juzgados.

El colapso de los juzgados penales provoca una huida masiva de los funcionarios. La sobrecarga de trabajo y la falta de refuerzos disparan las peticiones de cambio de destino entre los trabajadores de esta jurisdicción en Alicante.
La saturación de trabajo a la que hacen frente los juzgados de lo penal de Alicante está provocando un goteo constante de solicitudes de traslado por parte de los profesionales que prestan sus servicios en esta jurisdicción. La falta de refuerzos en las plantillas y la derivación de trámites por parte de otras áreas ha generado, según fuentes judiciales, una situación "límite" para los trabajadores que, pese "a tener aquí su plaza, huyen de este área" para poder mejorar sus condiciones laborales.
La radiografía de la situación es similar en los siete juzgados de lo penal con los que cuenta las dependencias de Benalúa y se arrastra desde hace años. Con la llegada del verano y la convocatoria de traslados cada vez son más los funcionarios de carrera que apuestan por esta vía, dando lugar a situaciones como la registrada actualmente en el Penal 7 donde las peticiones de cambio de destino afectan a más de la mitad de la plantilla.
La continua salida de mano de obra titular se traduce así en una recepción cada vez mayor de personal interino que en algunos juzgados ya supone casi la totalidad del equipo de trabajo. Fuentes del sindicato CC OO advirtieron de que la situación es "preocupante" ya que los trabajadores llegan sin la formación adecuada, por lo que "el desarrollo de las tareas, ya de por sí retrasadas por el importante volumen de causas, se ve aún más ralentizado".
A este hecho se suma la circunstancia de que los concursos se desarrollan durante una única vez al año, provocando la situación de que "personal que tan solo lleva tres o cuatro meses trabajando se convierte en el empleado más veterano del juzgado, ya que los titulares han hecho efectiva su salida", sostienen. Esta problemática afecta de igual manera a los jueces, donde las cifras de movilidad son también elevadas alcanzando a cerca del 30% de los profesionales de la provincia que se acogen a la opción del cambio de ubicación en periodos que no superan los cinco años.
El exceso de trabajo al que se ven sometidos los penales contrasta de manera relevante con las recomendaciones establecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúa en una media de 450 los casos que de manera anual debería afrontar cada juzgado, frente a los más de 600 en los que se asienta la provincia.
Según el último informe elaborado por CC OO este "desfase" está colocando en una situación "preocupante" el funcionamiento de esta jurisdicción, y entre los trabajadores pesa la "tensión" despertada tras conocerse la noticia de casos como el de los juzgados de Málaga, en relación al asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés.
Al elevado número de procedimientos, los sindicatos suman, además, la gran entrada de ejecutorias que ingresan directamente desde los juzgados de instrucción. Un volumen total de trámites que en el conjunto de la provincia superan los 16.000, una media superior a los 1.200 por juzgado, y que "ante los cambios de destino y la falta de mano de obra" irán "tensando aún más" la situación que atraviesa la provincia.
(DIARIO INFROMACION 06.09.08 N. IGLESIAS)