Ley de servicios y Colegios profesionales.

El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama al Gobierno la necesidad de incluir las profesiones de Biología, Física, Geología y Química en la Ley de Servicios y Colegios Profesionales para su "necesario reconocimiento profesional". Según denuncia el PSOE, el anteproyecto de ley que está elaborando el Gobierno podría dejar sin reconocimiento profesional a las profesiones de Biología, Física, Geología y Química, "ya que afectaría de un modo directo y negativo a la libre competencia entre profesionales". La iniciativa, recogida por Europa Press, ha sido registrada para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad, en petición de los consejos generales y colegios nacionales de estas materias, al tratarse, en su opinión, de actividades de interés público, que además están "directamente relacionadas" con la "enorme expansión" de la ciencia y la tecnología y su influencia en la sociedad. "Es fácil entender que dichos profesionales formados en estas disciplinas tienen un papel muy importante en la protección de la salud y el medio ambiente, en la mejora y control de las condiciones higiénicas y sanitarias y en el avance de la calidad de vida, en general, de las personas", defiende el PSOE.

¿El fin de los procuradores?

La llamada Directiva de Servicios del Parlamento Europeo (Bolkenstein) limita las restricciones a las actividades multidisciplinares de las profesiones reguladas, indicando que dichas restricciones deben responder a criterios de proporcionalidad, no discriminación y sobre todo "necesidad". En este sentido pueden verse afectados de pleno los procuradores. Las implicaciones que tiene la trasposición de esta ley hacen temblar las bases de esta profesión y dicho sea de paso, puede provocar que se resienta gravemente la administración de justica. Efectos de esta trasposición sería la eliminación de incompatibilidad entre abogados y procuradores e incluso otras profesiones (graduados sociales) y replantearía también los sistemas de facturación arancelarios, por suponer una restricción a la libre competencia no justificada debiendo establecerse un sistema de precios libremente fijado entre cliente y proveedor. Me parece un momento extremadamente crítico para la profesión de procurador, pero creo que es el momento de reinventarse para adaptarse a las necesidades legales que requiere el momento. Como en todos los servicios legales y no legales, si no se percibe el valor por parte de los clientes, las posiciones de intermediarios tienden a desaparecer. Pero intrigada por el tema, he descubierto que los clientes sí que perciben valor en el trabajo de los procuradores, tal vez no de todos pero sí de muchos. La supervivencia de la profesión dependerá de la evolución hacia esos servicios que añaden valor en el proceso de compra venta Además, creo que la Directiva deja claro la relación entre la "necesidad" e "interés general" y a día de hoy, insisto, la Administración de Justicia quedaría resentida si desapareciese la profesión. Pero creo que bien entendida, se puede brindar una oportunidad para modernizar la profesión y que sirva como un elemento dinamizador para mejorar la administración de justicia tan extremadamente necesario en los tiempos que corren. No creo que la supresión de los aranceles sea un problema en una concepción de negocio en el sector legal, eso sí, los precios irán a la baja, pero es que en general los servicios jurídicos también están viviendo una guerra de precios. Es la ley de la oferta y demanda. Pero a pesar de que la profesión puede verse malograda por estos cambios legislativos también se verá reforzada para los que añadan valor, y hay muchos procuradores que añaden valor: el conocimiento de los juzgados, del proceso, las ejecuciones... Lo que no puede ser es un colectivo estático o acomodado, si no un colectivo que debe evolucionar y que seguro que es capaz de hacerlo. El procurador deberá asumir un nuevo rol, tal vez nuevas funciones. La transición a ese nuevo rol, debe aprovechar los conocimientos que tiene el colectivo para usarlos en beneficio de la justicia y en definitiva de los clientes y ciudadanos. Los plazos de cambio deben tener sentido y deben adaptarse a la realidad, pero para mejorarla y no para generar un problema aún más grave. No creo que los aranceles sea el tema clave, estamos ante un planteamiento de reconversión mucho más profundo. Pactar los precios con el cliente es lo que debe ser, los sistemas arancelarios en mi opinión tienen poco sentido si no van vinculados a la descripción de un trabajo específico y unas tareas. Pero ahí queda el gran reto para los procuradores, que deberán formarse y entender que ser procurador es un negocio en el sector legal y que deberán gestionarse como una empresa. La reconversión pasará por formación y por tener conocimiento para aplicar criterios empresariales de gestión. Creo que el colectivo saldrá reforzado, pero sólo los que sepan aportar valor de manera proactiva. La clave estará en una transición que entienda muy bien la situación real de la justicia, el valor que aportan los procuradores y en el entendimiento de las necesidades de los clientes o ciudadanos. Lo que para mí no es válido son trasposiciones que no tengan en cuenta la aportación de valor del colectivo para rescatarlo e incorporarlo en beneficio de todos Fuente Expansión. Blog de Eugenia Navarro.