La Fiscalía almacena sentencias en cajas sin ningún tipo de seguridad

Las deficientes instalaciones de Benalúa obligan a archivar miles de expedientes en la entrada y los pasillos de su sede, al alcance de cualquiera.
El papel les desborda por los cuatro costados. Las deficientes instalaciones de que disponen los fiscales en el Palacio de Justicia de Benalúa les obligan a almacenar miles de expedientes judiciales, la mayoría de ellos sentencias, en cajas apiladas en la entrada y en los pasillos de su sede, que no cuenta con ningún tipo de medida de seguridad.
La endémica falta de espacio que sufre el edificio de los juzgados alicantinos se hace especialmente patente en los despachos destinados a los representantes del Ministerio Público que, lejos de estar en un mismo bloque para facilitar su comunicación, se distribuyen en distintas zonas. Así, la segunda planta del inmueble que antaño fuera cárcel y reformatorio de adultos acoge cuatro despachos, interconectados de dos en dos, y en los que trabajan ocho fiscales.
En el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 hay otra pequeña estancia para que las dos fiscales especializadas realicen la guardia. El resto de sus compañeros se aglutinan en un bloque situado en el patio de luces trasero, que da a la avenida de Aguilera. Los despachos están en una primera planta a los que se accede por una angosta escalera. Nada más abrir la puerta, a la que cualquiera puede acceder sin problemas, uno ya se encuentra en el rellano con cajas apiladas que contienen sentencias, recursos y diligencias correspondientes a distintos años y juzgados. En el mismo sitio suele haber un carrito de supermercado utilizado por los funcionarios para trasladar nuevas tandas de documentos. Esta estampa es habitual, cuando no los transportan a peso de un sitio a otro. Una vez arriba, otro rellano, un pasillo ocupado por tal cantidad de cajas de sentencias que llegan al techo, y una puerta que da acceso a los despachos.
El pasillo principal, que apenas tiene dos metros de anchura, está obstaculizado por una mesa de trabajo de un funcionario, repleta, cómo no, de papeles. Documentos que, al igual que el resto de material, quedan a la vista y alcance de cualquiera cuando los funcionarios o los fiscales no están, bien porque se encuentran trabajando en otro lugar o porque están en su tiempo de desayuno o almuerzo. Esta situación se reproduce en el resto de dependencias de Benalúa. En el caso de la Fiscalía de Menores, situada en el ala oeste del edificio, es habitual que los despachos se dejen con la puerta cerrada, pero sin llave, cuando los fiscales van a juicio o a tomar declaraciones. Lo mismo ocurre en el despacho que utilizan los fiscales en el juzgado de guardia. Aunque suelen estar acompañados de un funcionario, cuando el fiscal sale a realizar cualquier gestión, la estancia en ocasiones queda abierta, aunque en este caso antes de acceder a ella al menos un cartel en la puerta prohíbe el paso a toda persona ajena.
La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Gabriela Bravo, fue muy gráfica al calificar a finales del pasado mes de enero la situación de la Fiscalía alicantina como "un viaje a hace, al menos, dos siglos" y señaló que "no pasaría un informe de evaluación de riesgos". Pese a que las condiciones son, añadió, "insostenibles, inaceptables", la Conselleria no ha hecho hasta ahora nada para solventar el problema.
La construcción de la futura Ciudad de la Justicia se antoja imprescindible, pero desde la UPF se pide que hasta que se construya un edificio nuevo se traslade a los fiscales alicantinos a "unas instalaciones dignas". "Es una situación a la que cualquier Gobierno autonómico le debería poner fin", puntualizan.
En la misma línea, la Fiscalía General del Estado emitió recientemente un informe en el que valoraba la labor de los fiscales de la provincia de Alicante a pesar de "las muy penosas condiciones en que deben desarrollarse por las deficiencias en instalaciones y medios". Esta situación, unida al gran volumen de delincuencia que soporta la provincia, hace que los fiscales no quieran Alicante como destino. Sin ir más lejos, una convocatoria publicada el pasado diciembre en el BOE, donde se sacaban a concurso once plazas de fiscal en distintas localidades de la provincia, no tuvo ni un solo candidato,