Ley de servicios y Colegios profesionales.

El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama al Gobierno la necesidad de incluir las profesiones de Biología, Física, Geología y Química en la Ley de Servicios y Colegios Profesionales para su "necesario reconocimiento profesional". Según denuncia el PSOE, el anteproyecto de ley que está elaborando el Gobierno podría dejar sin reconocimiento profesional a las profesiones de Biología, Física, Geología y Química, "ya que afectaría de un modo directo y negativo a la libre competencia entre profesionales". La iniciativa, recogida por Europa Press, ha sido registrada para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad, en petición de los consejos generales y colegios nacionales de estas materias, al tratarse, en su opinión, de actividades de interés público, que además están "directamente relacionadas" con la "enorme expansión" de la ciencia y la tecnología y su influencia en la sociedad. "Es fácil entender que dichos profesionales formados en estas disciplinas tienen un papel muy importante en la protección de la salud y el medio ambiente, en la mejora y control de las condiciones higiénicas y sanitarias y en el avance de la calidad de vida, en general, de las personas", defiende el PSOE.

¿El fin de los procuradores?

La llamada Directiva de Servicios del Parlamento Europeo (Bolkenstein) limita las restricciones a las actividades multidisciplinares de las profesiones reguladas, indicando que dichas restricciones deben responder a criterios de proporcionalidad, no discriminación y sobre todo "necesidad". En este sentido pueden verse afectados de pleno los procuradores. Las implicaciones que tiene la trasposición de esta ley hacen temblar las bases de esta profesión y dicho sea de paso, puede provocar que se resienta gravemente la administración de justica. Efectos de esta trasposición sería la eliminación de incompatibilidad entre abogados y procuradores e incluso otras profesiones (graduados sociales) y replantearía también los sistemas de facturación arancelarios, por suponer una restricción a la libre competencia no justificada debiendo establecerse un sistema de precios libremente fijado entre cliente y proveedor. Me parece un momento extremadamente crítico para la profesión de procurador, pero creo que es el momento de reinventarse para adaptarse a las necesidades legales que requiere el momento. Como en todos los servicios legales y no legales, si no se percibe el valor por parte de los clientes, las posiciones de intermediarios tienden a desaparecer. Pero intrigada por el tema, he descubierto que los clientes sí que perciben valor en el trabajo de los procuradores, tal vez no de todos pero sí de muchos. La supervivencia de la profesión dependerá de la evolución hacia esos servicios que añaden valor en el proceso de compra venta Además, creo que la Directiva deja claro la relación entre la "necesidad" e "interés general" y a día de hoy, insisto, la Administración de Justicia quedaría resentida si desapareciese la profesión. Pero creo que bien entendida, se puede brindar una oportunidad para modernizar la profesión y que sirva como un elemento dinamizador para mejorar la administración de justicia tan extremadamente necesario en los tiempos que corren. No creo que la supresión de los aranceles sea un problema en una concepción de negocio en el sector legal, eso sí, los precios irán a la baja, pero es que en general los servicios jurídicos también están viviendo una guerra de precios. Es la ley de la oferta y demanda. Pero a pesar de que la profesión puede verse malograda por estos cambios legislativos también se verá reforzada para los que añadan valor, y hay muchos procuradores que añaden valor: el conocimiento de los juzgados, del proceso, las ejecuciones... Lo que no puede ser es un colectivo estático o acomodado, si no un colectivo que debe evolucionar y que seguro que es capaz de hacerlo. El procurador deberá asumir un nuevo rol, tal vez nuevas funciones. La transición a ese nuevo rol, debe aprovechar los conocimientos que tiene el colectivo para usarlos en beneficio de la justicia y en definitiva de los clientes y ciudadanos. Los plazos de cambio deben tener sentido y deben adaptarse a la realidad, pero para mejorarla y no para generar un problema aún más grave. No creo que los aranceles sea el tema clave, estamos ante un planteamiento de reconversión mucho más profundo. Pactar los precios con el cliente es lo que debe ser, los sistemas arancelarios en mi opinión tienen poco sentido si no van vinculados a la descripción de un trabajo específico y unas tareas. Pero ahí queda el gran reto para los procuradores, que deberán formarse y entender que ser procurador es un negocio en el sector legal y que deberán gestionarse como una empresa. La reconversión pasará por formación y por tener conocimiento para aplicar criterios empresariales de gestión. Creo que el colectivo saldrá reforzado, pero sólo los que sepan aportar valor de manera proactiva. La clave estará en una transición que entienda muy bien la situación real de la justicia, el valor que aportan los procuradores y en el entendimiento de las necesidades de los clientes o ciudadanos. Lo que para mí no es válido son trasposiciones que no tengan en cuenta la aportación de valor del colectivo para rescatarlo e incorporarlo en beneficio de todos Fuente Expansión. Blog de Eugenia Navarro.

Procuradores creen que si desaparecen se paraliza la notificación telemática

Los procuradores de tribunales están convencidos de que si desaparecen como consecuencia de la futura Ley de Servicios Profesionales se paralizará el sistema de notificación telemática "Lexnet", que hace unos meses fue reconocido por la UE como el más avanzado de los países miembros. En declaraciones a los periodistas durante una concentración de procuradores en Burgos, convocados por el Consejo de Colegios de Castilla y León, la decana provincial, Carmen Velázquez, ha asegurado que si no se modifica el anteproyecto de ley, actualmente en periodo de informes, y se "rompe la frontera" entre abogados y procuradores, los procuradores estarán abocados a desaparecer y, con ellos, el sistema de notificación telemática. En su opinión, hacer que el sistema de notificación, que gestionan 67 colegios de procuradores, pase a ser gestionado por 140.000 abogados, sería un proceso que tardaría años. Además, ha explicado que este sistema cuesta anualmente más de 180 millones de euros que pagan los procuradores y sus colegios profesionales y que, de desaparecer estos profesionales, tendría que ser asumido por el Ministerio de Justicia. Ha explicado que dejar las funciones de los procuradores en manos de los abogados también influiría en las 500.000 designaciones de abogados de turno de oficio que realizan los procuradores y sería el final de la garantía de que las notificaciones lleguen a los ciudadanos el mismo día que se producen, porque los abogados están exentos de esta obligación. Velázquez ha tachado de inexplicable que el Ministerio de Economía haya sacado adelante el anteproyecto aprobado en agosto por el Consejo de Ministros, sin dar audiencia a los procuradores, que cuentan con el apoyo de todos los actores de la administración de Justicia y pese a la oposición del propio Ministerio de Justicia. EFE

TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado la tabla orientadora de pensiones alimenticias y criterios que se manejarán por Jueces y Tribunales. En próximas fechas el CGPJ dispondrá en su página web de una aplicación informática para efectuar los calculos automáticos del importe orientativo de la pensión de alimentos, según las circustancias concretas. La informacion esta disponible en el siguiente enlace

Nuevas funciones del Procurador para agilizar los procedimientos.

LOS PROCURADORES ASUMIRÁN NUEVAS RESPONSABILIDADES, AL IGUAL QUE EN EL ÁMBITO EUROPEO, Y SERÁN CONSIDERADOS AGENTES DE LA AUTORIDAD Los Procuradores españoles asumirán a partir de ahora nuevas competencias profesionales, con funciones similares a las que desarrollan sus colegas en el ámbito europeo, concretando algunas que, de forma demasiado genérica, ya venían contempladas en la Ley, especialmente en lo que se refiere a su intervención en los actos de ejecución. Así se desprende de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Igualmente, y para asegurar la eficacia de la intervención de los Procuradores en sus nuevas funciones, en la medida en que, más allá de su condición de representantes de las partes, participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley les confiere la condición de agentes de la autoridad lo cual no quiere decir que lo sean en cada momento del proceso; pero, sí cuando expresamente sean comisionados para la realización de tales actos, siempre bajo las directrices del Secretario Judicial y sometidos a control del Tribunal. La reforma impulsada por el Ministerio de Justicia persigue mejorar las opciones de los litigantes, potenciando la labor de los Procuradores de los Tribunales mediante el desarrollo de sus funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia, con el fin de agilizar los trámites procesales y de dotar de mayor eficacia al procedimiento. Con la presente ley se amplían las atribuciones y obligaciones de los Procuradores de los Tribunales a todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y otros de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, descansando en la voluntad de la parte a la que representan, y manteniendo el régimen vigente en cuanto a la ausencia de repercusión en costas. SIN INCREMENTO DE COSTES Esto producirá una significativa mejora de las opciones con que cuentan los ciudadanos cuando han de acudir ante los Tribunales, que ayudará a agilizar los trámites procesales y sin que ello implique incremento alguno de los costes del proceso ya que será el ciudadano el que, en cada caso, decida libremente acogerse o no al nuevo sistema diseñado o seguir funcionando conforme al régimen vigente. Así, se parte de la dualidad actual del sistema en cuanto a las posibilidades de realización de los actos de comunicación que, siempre bajo la dirección del Secretario judicial, pueden llevarse a efecto tanto por los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia como por el Procurador de la parte que así lo solicite, a su costa. Como novedad la Ley introduce la necesidad de que los ciudadanos, cuando acudan ante los Tribunales elijan el sistema que prefieren y expresen su voluntad manifestando si prefieren que estas actuaciones las realicen los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia o su Procurador. En el caso en que los ciudadanos no formulen su elección la Ley entiende que se practicarán por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. También se prevé que la parte pueda cambiar de criterio durante la tramitación de un procedimiento, siempre que alegue justa causa para ello.

Alicante acogerá a los 1.200 abogados expertos en marcas

Alicante será el próximo año sede de la cumbre de la mayor asociación europea de abogados de propiedad industrial, a la que está previsto que acudan entre 1.000 y 1.200 personas. Además, la OAMI guarda proyectos inminentes, como las obras para la ampliación de su sede de Agua Amarga que finalizarán, en principio, en septiembre del 2014, con una inversión de 50 millones de euros. A lo largo de esta primera jornada del Congreso se trataron temas tan novedosos como la protección de los diseños gastronómicos, con la intervención del prestigioso chef alicantino Quique Dacosta. Fuente: Lasprovincias.es

Tasas judiciales. La defensora del Pueblo interviene para su modificación.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón da marcha atrás y revisará de forma parcial la aplicación de las nuevas tasas judiciales, tal y como le ha solicitado formalmente la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. El titular de la cartera de Justicia ha anunciado la "reconsideración" de algunos aspectos de su propuesta en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados. Gallardón ha presentado esta decisión en positivo y ha asegurado que "las sugerencias de la Defensora del Pueblo son aspectos técnicos que ha visto más y ha visto mejor", ha manifestado, pero "no modifican sustancialmente el texto del Ejecutivo". En concreto, se introducirán modulaciones a la baja en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual. Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado "muy enriquecedora" la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos. El Gobierno estudia ahora la fórmula que se utilizará para introducir los cambios de la propuesta de Becerril, y para anticipar la entrada en vigor de algunas de las modificaciones que ya contemplaba la Ley de Justicia Gratuita, que se está tramitando en el Congreso. Importante reunión La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril se reunió hoy con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y le entregó un escrito en el que formula varias recomendaciones para modificar “aspectos sustanciales” de la Ley de Tasas Judiciales. Según informó la Oficina del Defensor, esta institución tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero para tomar una decisión sobre la conveniencia de interponer o no recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma. No obstante, antes de que expire dicho plazo, la Defensora ha decidido formular estas recomendaciones a Gallardón para intentar que se modifique “sustancialmente” el sistema de tasas vigentes. Soledad Becerril recomienda reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos. Asimismo, la Defensora propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las correspondientes a los procedimientos de ejecución hipotecaria; y las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Por último, la Defensora recomienda devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita. En los últimos meses se han dirigido a la Institución del Defensor del Pueblo un elevado número de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales, que han manifestado su disconformidad con esta ley y solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad. La institución que dirige Soledad Becerril tiene la posibilidad de actuar como mediadora entre los ciudadanos y los poderes públicos y así ha decidido hacerlo en este caso.

Los Procuradores tienen razon.

"Querido ministro… No te dejes seducir por los cantos de sirena de Cristóbal Montoro. Te espera en la soledad sonora de tu despacho una Penélope que teje y desteje el manto de la Justicia en la confianza de que tus decisiones respondan a la razón y a la equidad. Destruir de hecho la profesión de los procuradores permitiendo a los abogados irrumpir en un terreno hasta ahora vedado para ellos sería un error, querido ministro, un inmenso error. Bastantes problemas te zarandean para encender una nueva fogata por la ocurrencia de Montoro, que tiene pies pero no cabeza. La ocurrencia, digo, no el ministro. Antonio Álvarez-Buylla es un hombre muy inteligente. Ha robustecido el decanato del Colegio de Procuradores de Madrid con su sólida formación jurídica y unas ideas muy claras sobre el papel que abogados y procuradores juegan en la sociedad. Ha explicado, de forma tan clara que hasta Pedro Arriola lo entendería, que «la función del procurador en el proceso está más próxima al órgano jurisdiccional que a la parte, ya que en su actuación rige la necesidad de obrar con abstracción de la causa, colaborando con el juzgado o tribunal en la realización de los actos procesales que le están encomendados. Por ello, ante un posible conflicto de intereses, en el cual pueden encontrarse con un mandato contrario a la buena fe procesal por el mandante, el procurador tiene el deber de realizar su actuación ante los tribunales conforme a las exigencias procesales, ya que prima su papel de colaborador y cooperador con la administración de Justicia, respecto del interés de defensa de parte. De ahí, pues, que la imparcialidad e independencia del procurador se quebrarían irremisiblemente si fuera posible el ejercicio conjunto de ambas actividades profesionales, abogacía y procura». Más de 50.000 empleados en los despachos de los procuradores, así como sus familias; 10.000 procuradores y sus familias; 1.200 empleados de colegios de procuradores y sus familias están a la espera, entre el temor y el temblor de la zozobra, de que manifiestes de forma nítida lo que todos esperan de ti: el mantenimiento de la situación profesional de los procuradores, evitando la irrupción de los abogados en una profesión que ha demostrado hasta la saciedad su necesidad y su solvencia. Que el espíritu adánico quede para otros. Tú, querido ministro, desde la adolescencia has mantenido los pies sobre la realidad y eso te ha conducido con paso firme hasta el puesto dónde estás, con una opinión pública que desea por ti en el futuro responsabilidades aun mayores." LUIS MARIA ANSON. Las Cartas Boca Arriba. El Mundo. Domingo 20/01/13

Tasas judiciales. Censo colaboradores sociales AEAT

Con relación a la publicación de la Orden HAP/266/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, se indica lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden Ministerial citada, en el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuarán de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet. Así mismo, conforme determina el Artículo 10 Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses “Bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos. Se establece una bonificación del 10 por ciento sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas. “ La liquidación de la tasa podrá efectuarse a través del enlace a la página web de la AEAT para la cumplimentación del Modelo 696 Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtml A este respecto, existe un Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España en materia de presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios en representación de terceros de fecha 3 de junio del año 2003, al que se adhirió este Colegio. Por ello, el colegiado que lo precise podrá efectuar la gestión de su alta en el censo de colaboradores sociales como Procurador perteneciente a este Colegio y poder así realizar la presentación telemática de declaraciones por terceros, mediante la firma con su certificado de firma electrónica (*) de la adhesión individualizada, en el siguiente enlace: Alta en el censo de colaboradores sociales Alta teléfono y correo electrónico Comunicación Consulta Borrado Baja en el censo de colaboradores sociales Comprobación en el censo de colaboradores sociales Comunicación del Visado de Documentación.Encomienda de Gestión COGA-AEAT Presentación para el modelo 06 Presentación para el NIF de menores Verificación de presentaciones Consulta por rango de fechas de presentaciones Descarga de fichero de presentaciones Domiciliaciones - Consulta de autoliquidaciones domiciliadas (*) El certificado de firma es el mismo que se utiliza para Lexnet, no es necesario solicitar nuevo certificado. Fuente. Colegio de Procuradores de Alicante.