28 abril 2008

Se detecta eleveado numero de sentencias pendientes de ejecutar

Un informe realizado a partir de los datos del Consejo General del Poder Judicial detecta un elevado número de sentencias que están pendientes de ejecutar.
Los fallos judiciales que recientemente desembocaron en el asesinato de la niña Mari Luz Cortés han metido el miedo en el cuerpo a los trabajadores de los juzgados alicantinos. Y es que si un caso así se produjo en Sevilla "perfectamente puede pasar aquí. Si estas cosas no ocurren más es porque Dios no quiere", afirma un funcionario de un juzgado de lo Penal de Alicante. Cansados de reclamar hasta la saciedad que desde la Conselleria de Justicia, que tiene transferidas las competencias en esta materia, se les dote de los medios técnicos y humanos necesarios para poder afrontar con garantías la carga de trabajo que genera esta provincia, sin obtener una rápida respuesta en la mayoría de los casos, hay quienes ya están redactando informes sobre la situación de colapso y de retraso en sus juzgados "para que, llegado un caso similar, no se nos cargue a nosotros sin más la responsabilidad". Cabe recordar que en el caso de la niña asesinada el juez a quien correspondía ejecutar la sentencia se defendió culpando a una funcionaria que, según el magistrado, había estado cinco meses de baja. En los juzgados alicantinos las bajas tardan meses en cubrirse, pese a la insistencia en reclamarlas a la Conselleria, y no siempre se acaba materializando la sustitución. Mientras tanto, el trabajo que cada empleado vacante realizaba queda pendiente o es arrastrado por el resto de empleados hasta que se produce la incorporación de uno nuevo. Para más inri, el nuevo funcionario suele carecer de los conocimientos necesarios para desarrollar sus funciones y transcurre bastante tiempo hasta que se pone al día, según indicaron a este diario fuentes de los juzgados de Benalúa.

Comparativa
En este sentido, haciéndose eco de la inquietud reinante entre los funcionarios y el personal judicial, la sección sindical de Justicia de CC OO en Alicante ha elaborado, a partir de las estadísticas del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), una comparativa entre los datos de 2006 referidos al Penal número 1 de Sevilla, en el que tuvo lugar la primera deficiencia del caso Mari Luz, y los de la media de los principales partidos judiciales de la provincia de Alicante. El resultado es ciertamente preocupante, ya que en todos los casos las cifras provinciales superan, con mucho, las que presenta el juzgado sevillano que ha estado en el punto de mira nacional por el caso Mari Luz. Las cifras relativas a 2007, que se presentarán el próximo verano, "son de lejos todavía más grande", indican desde CC OO.
"El elevado número de asuntos que reciben los juzgados, que según el CGPJ no deben sobrepasar los 450, provoca que, año tras año, se vayan acumulando asuntos sentenciados que están cumpliendo pena o pendientes de algún trámite para ello", apunta el sindicato.
Su informe destaca que "sólo los juzgados número 1 de Benidorm y Orihuela acumulan más de 2.000 ejecutorias cada uno de ellos", tras lo que apunta que "con ese volumen de papel no debe resultar extraño que las causas y las personas afectadas queden descontroladas".
Con tal cantidad de asuntos criminales, añade CC OO, es necesario crear cinco nuevos juzgados en Alicante y dos en Benidorm "además de medidas imperiosas para tramitar y poner al día los asuntos pendientes".
"Sólo cuando las desgracias que ocurren tienen repercusión mediática se buscan responsables, pero ¿cuándo se buscarán soluciones", se preguntan los autores del citado informe.

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