Lineas generales del Ministro Justicia

Se transcribe a continuación la intervención del Ministro de Justicia en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado el 21 de Mayo de 2.009 en las que expuso las lineas generales de su departamento para los próximos tres años. Respecto a los Procuradores, lo único que indicó es que habia tratado "la incidencia de la trasposición de la directiva de servicios sobre el caracter territorializado de la prestación de la procura". Confiemos en que la ejecución de las lineas apuntadas sirvan para mejorar nuetra Administración de Justicia.
"Señor Presidente, Señorías, comparezco ante esta Comisión del Senado para exponer las líneas generales de la acción de mi departamento durante los próximos tres años de legislatura. Esta comparecencia tiene lugar habiendo transcurrido ya tres meses desde mi toma de posesión. Por ello en mi intervención no sólo me referiré a los proyectos y acciones que vamos a desarrollar sino que también les informaré sobre la labor hecha durante estas semanas de intenso trabajo.
Señoras y señores senadores, en mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados anuncié mi propósito de alcanzar un Acuerdo social por la justicia como instrumento clave para lograr el gran objetivo compartido de incorporar plenamente nuestra Justicia al siglo XXI. Sólo con amplios acuerdos en los que se impliquen las fuerzas políticas, los distintos sectores profesionales y, de manera especialmente relevante, la sociedad, seremos capaces de abordar las reformas necesarias, duraderas y estables que precisa nuestro sistema de justicia para conseguir que la prestación de un servicio básico y consustancial a un Estado democrático de Derecho se realice de manera ágil, rápida, cercana y eficaz.
En el Ministerio de Justicia, hemos venido trabajando desde el primer día por la consecución de ese gran Acuerdo social. Los problemas de la justicia son diversos y de distinta naturaleza por lo que a la hora de abordarlos se precisan medidas de muy distinto alcance. Por un lado, existe un conjunto de cuestiones que precisan de medidas urgentes y prioritarias. Se trata de problemas focalizados en ciertos aspectos organizativos que pueden ser solventados con acciones concertadas y acordadas. A ello hemos dedicado buena parte de este tiempo de trabajo a través de un intenso y amplio proceso de diálogo con los representantes de los distintos colectivos profesionales de la justicia.
Existe, por otro lado, un ámbito de reformas necesarias cuya puesta en marcha requiere un amplio debate público a través del cual podremos determinar qué modelo de justicia queremos como sociedad para afrontar las necesidades de nuestro presente y futuro; un debate en el que definamos compartidamente el sistema de justicia para la España del siglo XXI. Debemos ponernos de acuerdo y tomar las correspondientes decisiones acerca de cuestiones como el diseño de la planta y demarcación de juzgados y tribunales, la completa incorporación de la justicia al mundo tecnológico, el cierre del proceso autonómico en relación con la administración de justicia o la mejora de la calidad normativa de la tutela y garantía de los derechos de los ciudadanos en ámbitos tan sensibles como el proceso penal
o el ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia, entre otros.
Tanto las reformas de mayor inmediatez como aquellas de mayor calado confluyen en el objetivo crucial e inaplazable que el Presidente del Gobierno ha marcado para esta legislatura. Queremos mejorar la calidad de la administración de justicia y aumentar, por consiguiente, la confianza y la valoración de los ciudadanos y ciudadanas hacia este servicio esencial de la democracia.
Con el fin de alcanzar esas metas en el tiempo razonable de esta legislatura, nos hemos marcado desde el primer momento una agenda de trabajo meditada y ambiciosa. La primera etapa de nuestra actuación a lo largo de estas semanas ha estado centrada en el mantenimiento de un intenso proceso de diálogo con las distintas organizaciones profesionales, especialmente con las organizaciones judiciales, con el fin de obtener de primera mano el diagnóstico de la situación desde diversos puntos de vista, así como recibir las inquietudes, preocupaciones y prioridades sentidas por los distintos colectivos profesionales de la justicia.
Tres temas han merecido una especial consideración a lo largo de los sucesivos encuentros y reuniones: las acciones previstas de modernización tecnológica de la administración

de justicia, todo lo relativo a la organización y puesta en marcha de la nueva oficina judicial y la necesidad de establecer fórmulas que impidan la saturación masiva de la Administración de Justicia.
Señorías, la justicia es un bien preciado que ha de ser bien administrado. La capacidad del sistema para dar respuesta al incremento de la litigiosidad no es ilimitada. A pesar de los continuos esfuerzos inversores en este ámbito, y les recuerdo que en estos cinco años el Gobierno ha realizado la mayor inversión en justicia en lo que va de democracia, a pesar del aumento de medios personales y materiales, la posibilidad de resolver en un tiempo razonable los procesos exige adoptar medidas de racionalización y de incremento de la productividad del sistema.
La gestión de la justicia, como la administración de todo bien escaso precisa, Señorías, de una economía propia, requiere encontrar el tipo de equilibrios óptimos que permitan satisfacer las aspiraciones y necesidades de todos los participantes en el sistema, especialmente, y de manera principal, las de los ciudadanos.
La justicia necesita más recursos, sí, pero también medidas organizativas y estructurales. Más recursos como los 600 millones en tres años que el Gobierno se ha comprometido a destinar a la modernización de infraestructuras y
tecnología, tal y como ha recordado el Presidente del Gobierno en el reciente debate del estado de la Nación; y más medios personales con la convocatoria para este año de 220 plazas de jueces, 150 de fiscales y 290 de secretarios.
Pero junto a este esfuerzo cuantitativo en las políticas de justicia, también estamos comprometidos con una mejora del modo como se imparte justicia en nuestros juzgados y tribunales. Ese es el objetivo de la ley de reforma de la legislación procesal mediante la que se crea la nueva oficina judicial. Una ley que se está tramitando en el Congreso y que pronto confío que llegue a esta Cámara avalada por un amplio consenso.
El éxito de la reforma depende no sólo de que acertemos en un diseño eficaz y operativo de oficina judicial, sino también de la implicación activa de los distintos profesionales de la justicia que prestan sus servicios en ella: jueces, secretarios, fiscales, funcionarios. Ese doble objetivo ha presidido los distintos encuentros de trabajo que hemos mantenido a lo largo de este tiempo con todos esos colectivos.
Con las asociaciones judiciales, así como las de secretarios, hemos trabajado intensamente para que la ley pueda recoger un conjunto de propuestas y compromisos que permitan mejorar la regulación de la nueva oficina judicial. Se ha buscado una fórmula razonable, y creo que satisfactoria, sobre la agenda de señalamientos en la que se equilibra adecuadamente la función jurisdiccional que constitucionalmente corresponde a los jueces y magistrados y la dirección de la oficina judicial atribuida a los secretarios judiciales.
Asimismo, otro aspecto de especial relevancia, es la adaptación de la fe pública judicial que ejercen los secretarios al nuevo entorno tecnológico en el que se desarrolla el proceso. La posibilidad de grabación mediante técnica audiovisual del desarrollo de un juicio permite, por un lado, liberar al secretario de asistir presencialmente a su celebración, pudiendo emplear ese tiempo en el desempeño de otras funciones, y, por otro lado, la acreditación de la fehaciencia de lo sucedido seguirá dependiendo de la fe pública que habrá de proyectarse, en estos casos, sobre la verificación de los soportes y el material grabado.
La ley sobre la nueva oficina judicial va a ser el cauce a través del cual vamos a incorporar ciertas reformas largamente demandadas por las asociaciones judiciales y que van a mejorar la calidad de la prestación de justicia. Se creará la figura de los jueces de adscripción territorial que dependerán de los Tribunal Superiores de Justicia y tendrán un ámbito de actuación dentro de la provincia.
Con esta nueva figura pretendemos conseguir una justicia titular y de calidad de modo que las necesidades derivadas de ausencias al frente de un juzgado o las necesidades de refuerzo de órganos judiciales sean cubiertas por jueces de carrera y no como sucede ahora por jueces sustitutos y magistrados suplentes. Es necesario reducir la justicia interina y apostar de forma decidida por una justicia titular.
También, se incorporarán medidas de favorecimiento de la conciliación de la vida familiar y laboral, superando las consecuencias que en este ámbito se derivan del ascenso forzoso, al tiempo que se garantiza una adecuada cobertura de las necesidades de dotación de jueces y magistrados en los distintos juzgados y tribunales del territorio nacional.
En esa ley se abordarán, asimismo, ciertos cambios de menor calado, pero de significación para jueces y magistrados, como la equiparación en algunos aspectos al régimen de la función pública o la modificación del sistema de concurso para la provisión de plazas en audiencia provinciales.
Señorías, se han mantenido también fructíferas reuniones de trabajo con las asociaciones de fiscales con quienes se ha tratado, entre otros aspectos, el desarrollo de la nueva ley del estatuto del ministerio fiscal.
Hemos hablado con los representantes de la abogacía sobre cuestiones de tanta importancia como el desarrollo reglamentario de la ley de acceso a la profesión o la mejora del sistema de justicia gratuita, y también lo hemos hecho con los representantes de los procuradores con quienes hemos tratado, de manera especial, la incidencia de la trasposición de la directiva de servicios sobre el carácter territorializado de la prestación de la procura.
Los graduados sociales, así como los funcionarios de los distintos cuerpos de gestión y tramitación profesional a través de las correspondientes organizaciones y sindicatos, han participado, también, en este proceso de suma de voluntades en torno al acuerdo social para la justicia que demanda nuestra sociedad. E, institucionalmente, tras la comisión bilateral celebrada entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, también el órgano de gobierno de jueces se ha sumado al Acuerdo social y a sus objetivos reformadores y modernizadores.
Hemos hecho un importante esfuerzo por acordar y encontrar fórmulas de encuentro con la clara convicción de que la mejora de la justicia requiere un ejercicio compartido de responsabilidad.
En estos escasos meses, he procurado junto con mi equipo integrar los distintos puntos de vista con un único fin: que las fuerzas de los distintos actores de la justicia converjan en un único vector, la satisfacción cabal del derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva y en un tiempo razonable.
Espero, sinceramente, que el trabajo hecho, el diálogo y las fórmulas consensuadas, muevan a todos en la dirección que desean y esperan los ciudadanos: que juntos compartamos la tarea de conseguir que la justicia sea un servicio público de calidad, moderno, ágil y cercano.
Junto a las reformas más urgentes sobre las que hemos venido trabajando, queremos abordar otras que, como les decía al inicio de mi intervención, habrán de ser objeto de un debate público abierto y sereno mediante el que logremos definir el modelo de justicia que queremos para transitar el nuevo siglo. Se trata de reformas en materia de planta y demarcación territorial, de modernización de estructuras y procedimientos, de competencias sobre administración de justicia o de garantía de derechos y libertades. Sobre ellas queremos contar con la luz que la discusión pública puede proyectar sobre los precisos contornos de lo que queremos construir y hacer durar.
El departamento que dirijo estará atento a las críticas, sugerencias y opiniones que se formulen, pero no renunciará, porque no puede hacerlo, a su responsabilidad de actuar y de adoptar cuantas decisiones sean necesarias para garantizar el interés público en una materia tan sensible como la justicia.
Señorías, el mapa judicial vigente hoy en España no se corresponde con el mapa real de las necesidades y demandas de 45 millones de habitantes. La planta judicial diseñada por la ley de 1988 adolece de carencias y desfases que es necesario revisar y responde a unas categorías propias del siglo XIX que ya no se ajustan a la realidad de nuestro país.
¿Tiene sentido mantener la categoría de partido judicial que proviene de la primera oleada de modernización de la administración española allá en tiempos de Javier de Burgos? ¿O resulta funcional hoy la estructura provincial de la planta que nos lleva a que Gijón, Vigo o Jerez deban contar con unidades desplazadas de los órganos judiciales con sede en la capital provincial?
Son preguntas que debemos hacernos y a las que debemos ofrecer adecuada respuesta.
Como bien saben sus señorías, ante las nuevas necesidades derivadas del crecimiento de la población y la necesidad de especialización de los órganos judiciales se ha respondido con la creación de juzgados por superposición sin contar con un diseño previo, global y coherente.
Mantener esta pauta de actuación nos resta eficiencia en la gestión de un recurso tan valioso como es la justicia con el consiguiente desaprovechamiento de recursos humanos y materiales. Es algo que debemos corregir de manera inaplazable y por ello hemos iniciado ya el proceso de reflexión que ha de conducirnos a la elaboración de una nueva ley de planta y demarcación.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de este año se ha nombrado una comisión de personas expertas que habrá de presentar un informe en el que se cotejen las necesidades reales de justicia a lo largo y ancho del territorio nacional con la prestación de un servicio público de calidad. Un informe abierto y objetivo en el que se realice el diagnóstico de lo que necesitamos y la prospectiva de las posibles soluciones.
Una vez contemos con él, abriremos un proceso de discusión con las Comunidades Autónomas que nos permita elaborar un proyecto de ley de la nueva planta judicial que
refleje la geografía social de la España de hoy y no la de épocas pasadas de nuestra historia.
Señorías, la modernización de la administración de justicia es una tarea que debemos acometer sin demora. Una modernización que se proyecta tanto sobre el entorno de trabajo en el que se desarrolla el día a día de nuestros juzgados y tribunales, apostando decididamente por las tecnologías de la información y comunicación, como sobre los procedimientos a través de los que se imparte justicia.
En esta labor de modernización tecnológica ya hemos recorrido camino con la implantación del sistema Lexnet que permite la realización telemática de los distintos actos de comunicación procesal así como con el desarrollo del sistema Minerva NOJ que hará posible la intercomunicación de todos los juzgados y tribunales situados en los territorios cuya gestión depende del Ministerio.
De lo que se trata ahora es que esas poderosas herramientas informáticas se conviertan en la realidad del nuevo entorno de trabajo de todas las oficinas judiciales. Y esa extensión precisa de un impulso presupuestario sostenido en infraestructuras y en tecnología. Para conseguirlo destinaremos, tal y como les exponía al inicio de mi intervención, una inversión en los próximos tres años de 600 millones de euros.
Vamos a trabajar para que cualquiera de los tribunales de España, sea cual sea el lugar en que radique, pueda conectarse con cualquier otro de nuestro país. Queremos que nuestros juzgados y tribunales trabajen en red y puedan intercambiar información con independencia del sistema informático que utilicen.
Porque, señorías, los esfuerzos que las distintas administraciones han destinado a la informatización de la justicia han dado lugar a un resultado paradójico: no está asegurada la conectividad entre ellos. De este modo, los juzgados andaluces que emplean el sistema Adriano no pueden conectar con aquellos que dependiendo del Ministerio de justicia usan el sistema Minerva o éstos, a su vez, tampoco pueden hacerlo con las oficinas de la fiscalía que emplean el sistema Fortuny.
Queremos superar esa situación que causa perplejidad y resulta claramente ineficiente. Para ello vamos conseguir que esa cacofonía de lenguajes informáticos se reconduzca a una comunicación eficaz a través de la construcción de una plataforma informática que asegure la conectividad de los distintos sistemas. Con ese fin, propondré al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y a las autoridades autonómicas, la constitución de un consorcio para articular en él la cooperación técnica necesaria para
lograr la intercomunicación de los distintos órganos de nuestro sistema de justicia.
En esta misma línea de incorporar las nuevas tecnologías para ganar en eficiencia, nos proponemos una reforma en profundidad del Registro Civil. Actualmente, el funcionamiento del Registro Civil es la causa de un amplio porcentaje de las quejas que formulan los ciudadanos en las oficinas de atención ciudadana de los juzgados. La lentitud en la tramitación de los expedientes y la falta de información sobre el estado de tramitación son los motivos mayoritarias de insatisfacción.
Con el fin de superar ese estado de cosas estamos trabajando ya en la elaboración de un proyecto de Ley del Registro Civil de España. Un proyecto con el que queremos, por un lado, desjudicializar en todo lo posible la función del registro, en sintonía con los procesos modernizadores que se han emprendido en otros países de nuestro entorno; y, por otro lado, constituir una Registro Civil único para todo el Estado que sea accesible en línea a todos los ciudadanos y que cuente, a su vez, con unidades de información y atención en los distintos municipios.
Modernizar la justicia no sólo es incorporarla plenamente a la sociedad de la información. Modernizar es, también, diseñar procedimientos más ágiles y eficientes mediante los
que conseguir dar solución a los conflictos de manera eficaz.
El nivel de litigiosidad de nuestro país es ciertamente alto. A finales del pasado año, en nuestros juzgados y tribunales estaban en tramitación nueve millones de asuntos. Una carga tan elevada resulta difícilmente asumible por un sistema cuya capacidad de respuesta no es ni puede ser ilimitada. Por ello nos proponemos introducir mecanismos que permitan reducir tanto el volumen y como la duración de los litigios.
Nuestro objetivo es descargar a los jueces y tribunales de todos aquellos asuntos que no sean propiamente jurisdiccionales, potenciando al efecto aquellos otros procedimientos, como el arbitraje, la conciliación o la mediación mediante los que se pueden resolver cierto tipo de controversias de modo más eficiente.
La legislatura pasada el Gobierno presentó ante las cámaras un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que por diversos avatares no pudo concluir su tramitación pero que dio lugar a un intenso debate que permitió fijar ciertas posiciones comunes sobre los aspectos relevantes que debe contener la nueva regulación.
Sobre esa base, estamos trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto que presentaremos próximamente y que mantiene el propósito compartido de sustraer al juez de tareas no jurisdiccionales y proyectar un procedimiento rápido y ágil que permita dar la resolución de los expedientes a los secretarios judiciales y a los notarios y registradores. Asimismo, incorporaremos la normativa de la Unión Europea sobre mediación.
Creo que es necesario un replanteamiento del sistema de recursos actualmente vigente con el fin de atajar el abuso de derecho que tanto daño hace a la justicia.
La Constitución española reconoce, como derecho fundamental, el derecho de acceso al juez. Un juez que ha de ser imparcial e independiente. Ahora bien, la Constitución también nos dice que esa tutela judicial ha de ser efectiva. Y para serlo de verdad, los ciudadanos deben ser conscientes de que ese derecho no incluye la posibilidad de formular recursos de manera sistemática contra toda decisión judicial, agotando todas las instancias posibles y prolongando innecesariamente la duración de los juicios.
Esta práctica, ciertamente extendida, de recurrirlo todo no sólo ante al juez, sino también aquello que ya ha sido acordado por el juez, produce dos efectos que deterioran muy gravemente la calidad de la justicia en España.
En primer lugar, aquellas personas que han sido amparadas por el juez ven que sus derechos no han sido porque la otra parte ha iniciado una cadena interminable de recursos que impiden ejecutar en plazo razonable lo que ya ha sido juzgado.
Y, en segundo lugar, se produce una grave inversión de la pirámide judicial, de suerte que los jueces y magistrados con más experiencia y que integran los altos tribunales del país, tienen que dedicar mucho tiempo y muchos recursos ha revisar lo que ya han estudiado y decidido otros juzgados y tribunales, restando tiempo al conocimiento de aquellos otros litigios que por su naturaleza y complejidad les corresponde de modo directo.
Es necesario, en consecuencia, simplificar los recursos y establecer algún elemento que frene a quienes abusan reiteradamente del sistema de recursos legalmente establecido, en perjuicio de los demás.
Señorías, lograr un justicia rápida y eficaz exige eliminar el abuso de derecho que defrauda la confianza y la fe de los ciudadanos en la ley y el Derecho. Por ello, propondremos a las Cortes Generales la creación por ley de un depósito de escasa cuantía y previo a la interposición del recurso, cuyo
fin principal será el de disuadir a quienes recurran sin fundamento alguno.
Los ingresos derivados de este depósito estarán vinculados a la financiación del sistema de justicia y se destinarán a sufragar el proceso modernización de la administración de justicia, en particular la construcción de una plataforma de conectividad de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal, así como a mejorar el sistema de justicia gratuita.
Vamos a conseguir, de este modo, tres efectos positivos: desalentar al recurrente que abusa, garantizar que nuestros juzgados y tribunales puedan estar interconectados y puedan trabajar en red, y acordarnos de los que tienen menos y acuden a la justicia impetrando la tutela de sus derechos.
Tras treinta años de vigencia de la Constitución y otros tanto de desarrollo del proceso autonómico, a fecha de hoy sigue pendiente cerrar el mapa competencial en materia de justicia. Como saben, seis Comunidades Autónomas no han asumido plenamente las competencias en materia de lo que se ha dado en llamar la administración de la Administración de Justicia, manteniendo por ello el ministerio de justicia una competencia residual en relación con estos territorios. La clarificación de las respectivas responsabilidades, las del
Estado y las Comunidades Autónomas, en esta materia, así como el principio de proximidad en la gestión de los medios al servicio de la Administración de Justicia abogan por la necesidad de concluir el proceso de traspaso de competencias. Con este fin hemos retomado con carácter general los contactos con la Comunidades Autónomas concernidas y espero que a lo largo de la legislatura podamos concluir con éxito las respectivas negociaciones.
Por otro lado, respecto de aquellas que ya han asumido las competencias de gestión de los medios personales y materiales en materia de justicia quedan cuestiones que merecen un tratamiento más eficaz. Las autoridades autonómicas asumen competencias de gestión y organización de la oficina judicial y, en consecuencia, el personal integrado en ellas asume funcionalmente tareas fijadas por la correspondiente comunidad autónoma, aunque orgánicamente dependen del Estado.
Esta doble dependencia funcional y orgánica genera ciertas disfunciones en el correcto funcionamiento de la oficina judicial y creo que éste es, singularmente, un espacio de colaboración con las Comunidades Autónomas en el que podemos encontrar fórmulas que conjuguen armónicamente la dirección funcional del personal por parte de las Comunidades Autónomas y su pertenencia orgánica a cuerpos de carácter nacional dependientes del Estado.
Las recientes reformas estatutarias contienen previsiones en materia de recursos que nos convocan a cohonestar la prescripción del artículo 152 de la Constitución que determina que los Tribunales Superiores de Justicia culminen la organización judicial en el correspondiente ámbito territorial con lo que preceptúa el artículo 123 de la Norma fundamental que atribuye al Tribunal Supremo la condición de superior órgano jurisdiccional en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Habrá que establecer la fórmula adecuada que permita equilibrar la exigencia de que los procesos concluyan con carácter general en los tribunales en las Comunidades Autónoma con la el específico interés casacional de preservar la igualdad de todos los españoles ante la ley frente a la disparidad de criterios interpretativos que corresponde defender al Tribunal Supremo.
Asimismo, y como consecuencia de las nuevas opciones estatutarias, iniciaremos un proceso de reflexión con el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas y las fuerzas políticas con el fin de concretar la figura de los consejos autonómicos de justicia.
Señorías, una de las señas de identidad del Gobierno durante la pasada legislatura y en esta es el desarrollo de un ambiciosa y consistente política de ampliación de
derechos, de mejora de los cauces de tutela y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos actualizando las leyes para adecuarlas a la evolución de las necesidades y los criterios valorativos de la sociedad. En este ámbito, el departamento que dirijo se propone el desarrollo de un conjunto de medidas que tiene con finalidad mejorar la calidad normativa de la tutela de la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
Próximamente remitiremos a las Cámaras una importante reforma del Código Penal mediante la que se incorporará la protección frente amenazas y riesgos especialmente desvalorados por la sociedad como la lucha contra la corrupción pública y privada, la salvaguardia de la indemnidad sexual de los menores, la piratería o el combate de la delincuencia practicada bajo el velo de las personas jurídicas.
Tras más de un siglo de vigencia, existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de abordar la elaboración de una nueva ley de enjuiciamiento criminal coherente, sistemática, y que responda con eficacia a la necesidad de garantizar los derechos de las partes y el legítimo ejercicio del ius puniendi.
Necesitamos configurar un proceso penal que deslinde con precisión las funciones instructoras de las juzgadoras y en
el que esté garantizada plenamente la segunda instancia; debemos diseñar un proceso en el que se prevean mecanismos tempranos para impedir que se produzca la denominada “pena de banquillo”; debemos articular un entramado normativo que garantice plenamente los derechos fundamentales de las partes, de acuerdo con la abundante doctrina jurisprudencial emanada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional; y debemos, en fin, reforzar la protección que concede el proceso a la víctima, a quien, hay que reconocerlo, las normas procesales no siempre le han facilitado las cosas.
En este ámbito procesal penal, vamos abordar una reforma de la jurisdicción universal mediante la que se introducirá en la ley los criterios jurisprudenciales que han venido empleado los tribunales en su aplicación. El designio que proclama el preámbulo de nuestra Constitución de “colaborar en el fortalecimiento de una relaciones pacífica y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra” tiene en la jurisdicción universal un instrumento de gran utilidad como mecanismo de defensa de los derechos humanos. Para nuestro ordenamiento jurídico nada que viole la dignidad de los seres humanos le es ajeno. Ese es el principio de late en la regulación de la jurisdicción universal.
La jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional han venido aplicando ese principio atemperado con otras reglas derivadas del conjunto normativo que forma nuestro derecho nacional con el internacional, tales como la regla de subsidiariedad o la de protección de intereses nacionales relevantes. Esa jurisprudencia como saben fue anulada por el Tribunal Constitucional no por razones de fondo, sino puramente formales al tratarse de criterios no previstos en la ley. Nuestro propósito, tal y como ha acordado el Congreso de los Diputados en las resoluciones subsiguientes al debate del estado de la nación, incorporar esos criterios que han venido siendo aplicado por nuestros tribunales, fortaleciendo así la eficacia de la jurisdicción universal.
Señorías, la necesidad de adecuarse a los cambios vividos durante estas últimas décadas de modo que la rica jurisprudencia de nuestros tribunales se incorpore a la ley, también es predicable de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. La ley vigente regula de manera escueta un fenómeno tan rico y complejo como el pluralismo religioso y de conciencia que muchos de los problemas que se han generado en su articulación ordenada no han encontrado respuesta en ella sino a través de la interpretación de los tribunales a la luz de lo establecido por nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, resulta necesario acomodar
normativamente la nueva realidad y hacerlo, desde luego, con el mayor consenso posible tal y como exige una ley de desarrollo de un derecho fundamental.
Señorías, mejorar la tutela de los derechos también es necesario para fortalecer la confianza de los ciudadanos. Una confianza que es especialmente valiosa en un tiempo de crisis económica como el que estamos atravesando. Agilizar los procedimientos es un elemento clave para la realización de los respectivos derechos y dar seguridad a los mercados.
En este sentido, vamos a incorporar a nuestro ordenamiento el proceso monitorio europeo aprovechando la tramitación de la ley de reforma procesal para la creación de la nueva ofician judicial. Y vamos a abordar una actualización integral de la ley concursal para adecuar este importante texto normativo a las necesidades de nuestra realidad económica. En situaciones de crisis y dificultad económica es cuando este tipo de legislación se pone a prueba, y hemos comprobado ciertos desajustes e ineficiencias, algunos de los cuales, los más perentorios, han sido abordados mediante una reforma urgente recientemente convalidada por el Congreso de los Diputados, pero que conviene que se traten de manera integral mediante un estudio reflexionado.
Finalmente, en este capítulo relativo a la protección de derechos, quiero mencionar que se están tramitando las distintas actuaciones que prevé la ley de reconocimiento y ampliación de derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, a través de la Oficina para las Víctimas, y, en concreto, ya se ha puesto en marcha el procedimiento para la obtención de la Declaración de reparación y reconocimiento personal.
Señorías, como saben, en el primer semestre del año próximo España asumirá la presidencia de la Unión Europea. Es un reto capital para nuestro país, contribuir activa y eficazmente a la construcción del proyecto europeo en un momento de especial significado como será la esperada puesta en marcha del nuevo Tratado de Lisboa. Desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando en la confección de una ambiciosa agenda que tendrá como objetivos: ampliar los cauces para que los ciudadanos europeos ejerzan sus derechos sin las trabas derivadas de la diversidad de ordenamientos y prácticas nacionales; mejorar la prestación de los servicios de la administración de justicia a escala europea; perfeccionar los instrumentos para combatir eficazmente la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado con las debidas garantías jurídicas; y avanzar en la cooperación judicial con países terceros. Para
ello me gustaría, señorías, contar con la colaboración de las fuerzas políticas que ustedes representan.
Dentro de la proyección exterior de la política desarrollada por el departamento que dirijo, en fin, seguiremos estrechando nuestras relaciones con los países iberoamericanos, tanto a través de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos e Iberred, como a nivel bilateral.
Señoras y señores senadores,
En mi comparecencia ante el Congreso, me comprometí a alcanzar un gran acuerdo social por la justicia. Expuse mi voluntad de acudir siempre al diálogo y al acuerdo para impulsar las reformas necesarias que precias la justicia. Desde entonces, he venido cumpliendo con esa responsabilidad adquirida en día a día del funcionamiento del departamento que dirijo. Nos hemos puesto manos a la obra desde el primer momento porque la justicia no puede esperar y porque los ciudadanos pueden apreciar palabras pero valoran hechos, valoran el cumplimiento de los compromisos.
El reto de lograr una justicia moderna, rápida, cercana y que dé respuesta a las necesidades de un país en pleno siglo XXI podemos alcanzarlo son la suma de esfuerzos y
voluntades. Los ciudadanos nos demandan a todos, a los responsables políticos, en primer lugar, pero también a los profesionales de la justicia amplitud de miras y una clara conciencia de que son los derechos y el bienestar de los hombres y mujeres de nuestro país lo que está en juego. Muchas gracias."