El colapso de la justicia se agrava.

Los juzgados valencianos acumulan 330.000 asuntos pendientes de resolver, la mayor cifra desde 2002.
Si hablando de crisis económica, 2009 aparece en el horizonte como el periodo más temible, para la colapsada justicia valenciana el panorama no es más alentador. El paso del tiempo hace que se llenen cada vez de más expedientes las estanterías de los juzgados, las dificultades económicas aumentan las disputas en manos de los tribunales y el retraso en dilucidar los conflictos aumenta día a día. No son palabras vacías ni juicios agoreros. La estadística así lo demuestra.

El último resumen de actividad publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revela una alarmante situación en los juzgados valencianos. Nunca, desde 2002, los tribunales de la Comunitat acumulaban tantos asuntos pendientes de resolver. Un total de 337.404, según el informe consultado por LAS PROVINCIAS y que hace referencia al tercer trimestre del presente año.

El colapso no ha parado de crecer desde dicho año. Entonces, los datos del CGPJ hablaban de 250.000 asuntos aguardando una resolución judicial en la Comunitat. Los 337.404 expedientes pendientes suponen casi 30.000 más que los que había en el tercer trimestre de 2007 y 17.000 más que los registrados en el segundo trimestre de este año.


Bajan los asuntos ingresados
El que durante julio, agosto y septiembre se recibiera en los órganos judiciales de la Comunitat una de las cifras de asuntos más baja de los últimos dos años (247.000 nuevos casos) no ha evitado que la situación de los tribunales valencianos sea una de las más críticas que se recuerdan.

La estadística no hace más que dar la razón a las predicciones realizadas por los principales protagonistas de la justicia valenciana y tildadas por algunos de alarmistas. Nada más lejos de la realidad. Las advertencias de caminar hacia el colapso realizadas al presentar su memoria anual por el presidente del Tribunal Superior o las denuncias del juez decano de Valencia o de las juntas de jueces de la Comunitat de sobrecarga de trabajo no hacen sino materializarse en realidades con el paso del tiempo.

Por órdenes jurisdiccionales, los asuntos penales siguen siendo los más atrasados. Los casi 170.000 asuntos que aún deben solventar los juzgados de la Comunitat superan con mucho al resto de materias.

Pero las cifras apuntan otra conclusión: la cada vez mayor incidencia que tiene la crisis económica en el colapso judicial. El orden civil (encargado de dilucidar aspectos como suspensiones de pagos o reclamaciones monetarias) y social (que asume conflictos laborales como despidos) tienen cada vez más presencia en las cifras generales.

Así, durante el tercer trimestre de este año, casi uno de cada cuatro asuntos recibidos en los juzgados valencianos pertenecía a alguna de estas dos disciplinas. La proporción supone un aumento del 4% con respecto al mismo periodo de 2007.

Como LAS PROVINCIAS publicó la pasada semana, los jueces mercantiles de la región son los que más sufren el colapso. La carga de trabajo que asumen es cinco veces superior a la considerada óptima por el Consejo General del Poder Judicial. Y este mismo órgano lanzó una alarmante predicción: los procesos concursales (suspensiones de pagos de las empresas) se van a multiplicar por cinco durante el año que viene.


Más sentencias y más resueltos
La estadística, sin embargo, no sirve para poner en duda la capacidad de trabajo de los jueces y magistrados. De hecho, el número de asuntos resueltos es mayor que el registrado en el tercer trimestre de 2007: alrededor de 7.000 expedientes más solventados por los titulares de órganos judiciales.

También ha aumentado el número de sentencias, al pasar de 28.278 en el periodo de 2007, a 32,451 resoluciones dictadas entre julio y agosto de este año.

¿Dónde radica entonces el problema? En que los jueces se ven superados por la cantidad de casos que reciben. Es la consecuencia inevitable de que la Comunitat Valenciana esté a la cabeza de la litigiosidad en España y que, sin embargo, se sitúe a la cola en cuanto a número de jueces por habitante.

Sólo así se puede entender que, pese a que los tribunales solucionan más asuntos que hace un año, aumente la tasa de pendencia (proporción entre pendientes y finalizados) y disminuya la tasa de resolución (ratio entre resueltos e ingresados).

Las estadísticas del CGPJ indican que, durante el último trimestre del año, suele reducirse notablemente la cifra de asuntos acumulados. Parece como si los magistrados apretaran el acelerador en los últimos meses para mejorar el balance. Habrá que esperar a que el Poder Judicial publique los resultados de ese trimestre final, pero las recientes manifestaciones de los jueces no parecen indicar que vayan a aumentar demasiado su tasa de resolución.

La clase judicial montó en cólera tras la sanción al juez Tirado por el caso Mari Luz y la petición lanzada desde el Gobierno central de un "castigo ejemplar" para el magistrado andaluz. Y el último trimestre del año ha sido, precisamente, el instante elegido para llevar a cabo sus protestas.

En octubre, las juntas de jueces de toda España se celebraron casi al unísono y paralizaron los juzgados durante toda una mañana. Cientos de procesos quedaron aplazados en la Comunitat Valenciana.


Huelga de celo
Al finales del mes pasado, una nueva vuelta de tuerca. La junta de jueces de Valencia, en un comunicado, anunció lo que casi es una huelga de celo encubierta. Criticaron la falta de medios, las muchas palabras y pocos actos de la Administración y anunciaron que sólo trabajarían según los módulos fijados por el CGPJ. De cumplir sus intenciones, ello hace difícil pensar que la situación de colapso mengüe en la parte final de 2008.

No es el mundo judicial el único que sufre los rigores de la crisis y la escasez de personal. Como ayer publicó LAS PROVINCIAS, sus colegas de toga, los fiscales, también echan de menos más manos con las que manejar con pericia el timón de la justicia valenciana.

Como ejemplo, desde la Fiscalía de Valencia lamentaron que cuando un fiscal está de guardia tiene que ocuparse de dos partidos judiciales que engloban hasta 36 términos municipales. Y ello, como es lógico, hace peligrar su presencia en dos casos que se produjeran al mismo tiempo.

Durante la inauguración el pasado mes en Valencia del Congreso Nacional de los Procuradores, el ministro Bermejo repitió con ahínco que esta iba a ser la legislatura del "cambio radical" para la justicia. "Les hablo en serio", dijo hasta en dos ocasiones ante las caras de incredulidad de algunos. Las cifras, por el momento, no invitan al optimismo.
Fuente: ARTURO CHECA| LAS PROVINCIAS