Conflicto en el Colegio de Procuradores de Cartagena

Las diferencias internas en el Colegio de Procuradores de Cartagena han acabado con la junta directiva liderada por Antonio Cárceles, que accedió al cargo en el año 2001. Este conocido jurista ha presentado su renuncia como decano tras perder una votación clave sobre el reparto de cuotas económicas y constatar la oposición de un grupo de asociados y la escasa participación interna de quienes teóricamente le apoyan.
La dimisión de Cárceles a principios de semana estuvo precedida por la de dos responsables de su Junta de Gobierno: la vicesecretaria, Susana Alonso, y el vocal Francisco Antonio Bernal. Ya junto al decano, se fueron la secretaria, María Pilar Sánchez, y el tesorero, Luis Felipe Fernández. Según fuentes del Colegio, el único que ha decidido seguir en su puesto de vicedecano es José Antonio Zamora, también procurador del Ayuntamiento.
La crisis en el Colegio, que funcionará con la directiva en funciones hasta la celebración de elecciones, tiene uno de sus orígenes en el choque con una minoría denunciada por el propio colectivo por impago de cuotas (adeudan más de 100.000 euros).
Documentos por Internet
Según las mismas fuentes, en una reunión con escasa asistencia los críticos hicieron valer su mayoría para fijar una aportación mensual de unos 200 euros. El objetivo es que el Colegio afronte sus gastos, de unos 150.000 euros anuales, con la recaudación por ese concepto y el remanente de tesorería.
Esto supone un cambio de sistema, ya que hasta ahora cada asociado pagaba de forma directamente proporcional a las notificaciones de los juzgados que recibía a través del Colegio; es decir, al número de procedimientos y la cuantía de estos.
De forma paradójica, el aumento de pleitos por la crisis económica ha incrementado los ingresos del Colegio, pero ha agravado el malestar de profesionales que consideran excesivo lo que abonan teniendo en cuenta que Justicia ya les envía documentos por Internet.
Antonio Cárceles y su grupo consideran que se vulneran las leyes que reconocen el papel de mediación del Colegio, se vacía de un contenido esencial a este colectivo y se atenta contra la justicia redistributiva, según la cual aporta más quien tiene más actividad