20 julio 2008

Deficiencias en las sedes judiciales de Alicante

ALICANTE / La mitad de las sedes judiciales tiene deficiencias en seguridad.Prácticamente la mitad de las trece demarcaciones judiciales en que se divide la provincia cuentan con sedes que adolecen de deficiencias en materia de seguridad. En un informe que incluye el estado de las infraestructuras, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cita de forma específica la falta de medidas en esa materia en los edificios de Novelda, Dénia, Benidorm y Torrevieja. Además, solicita que se construyan nuevas sedes para Ibi y Alcoi (ya en ejecución) o La Vila, pues las actuales presentan problemas tanto por lo que respecta a la seguridad como al espacio disponible o a la propia estructura de los inmuebles.
En su última memoria anual, presentada el pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se suma a esas advertencias y reclama a la Generalitat que dote al personal de vigilancia de los órganos judiciales «de los medios materiales y recursos necesarios para completar su más alta efectividad».

Ese proceso, afirma, «se viene realizando con mayor lentitud, pues aún existen bastantes (sedes) que vienen trabajando con métodos rudimentarios. Para el alto tribunal, «es en ese aspecto donde tiene que hacerse la actual política de seguridad».
Desde el año 2003, fruto de la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno valenciano, la seguridad en los palacios de justicia de la Comunidad Valenciana es cubierta por agentes de la Guardia Civil en segunda actividad. En su memoria sobre el 2007, el TSJCV señala que todas las demarcaciones cuentan ya con este servicio, «que en términos generales está dando un buen resultado».
Los problemas radican no tanto en el número de agentes destacados en las instancias judiciales como en la carencia de sistemas de videovigilancia o detectores de metales, por ejemplo.
Asimismo, algunos edificios son muy antiguos y su estructura y elementos constructivos no favorecen en nada la salvaguarda de las instalaciones. El Plan Justi-Seu de la Conselleria de Justicia está llamado a acabar con esas carencias para modernizar totalmente todas las sedes judiciales.
La memoria del TSJ también refleja otras deficiencias, fundamentalmente informáticas, aspecto en el que exige «una política de renovación de los equipos» (ordenadores, impresoras o fotocopiadoras), también en los Juzgados de Paz.
«Parece conveniente la implantación de un plan para que, cada cinco años, se efectúe íntegramente dicha renovación y evitar que se opere con material obsoleto», señala el órgano de gobierno de los magistrados, que reclama igualmente la incorporación del programa LexNet.

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