04 julio 2011

El salario no embargable sube a 961 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado elevar de 705 a 961 euros el mínimo de ingresos familiares no embargables en una ejecución hipotecaria, siguiendo el anuncio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el debate del martes. El mínimo será de 1.300 euros si el deudor tiene dos personas sin ingresos regulares a su cargo. Lo hará mediante un decreto ley, lo que hará efectiva la medida nada más publicarse en el BOE. El debate en torno a las medidas para aliviar al situación de las familias sobreendeudadas que no pueden hacer frente a la hipoteca ha estado presente en el debate sobre el estado de la nación. Así, el Congreso instó ayer al Gobierno a aumentar las cuantías no embargables en caso de deuda hipotecaria, elevar la valoración de las viviendas en las subastas y evitar las cláusulas “suelo”. PSOE, PP y CiU pactaron esta propuesta de resolución que fue respaldada por todos los grupos y que también pide emplazar a los bancos a informar mejor sobre los préstamos y redefinir la línea ICO de moratoria hipotecaria. En relación a las subastas, ahora si estas quedan desiertas el banco se queda con la vivienda al 50% del precio de tasación. La resolución pretende elevar ese porcentaje más allá del 50%, al 60% concretamente.

Por otro lado, los grandes partidos se oponen a que con carácter retroactivo se aplique la dación en pago en contratos hipotecarios que no recogen esta cláusula. En total salieron adelante 51 de las 91 propuestas de resolución, pero el margen de actuación del Gobierno es limitado porque en el mejor de los casos quedan cuatro meses de periodo de sesiones. La votación de las propuestas dejó clara la solidez de la alianza de PSOE, PNV y CC. Los tres grupos votaron en idéntica dirección en las 91 propuestas a debate, lo que permitió a los socialistas no perder ninguna votación y al PNV sacar adelante 13 de sus 15 iniciativas. El portavoz socialista, Eduardo Madina, dijo que era reflejo de un “clima de estabilidad política”. Los socialistas obtuvieron el respaldo del Congreso para que el Gobierno apruebe un impuesto sobre transacciones financieras internacionales y para que impulse una estrategia a favor del empleo entre los jóvenes y los parados de más edad.

El PP, por su parte, sacó adelante tres propias y una cuarta con PSOE y CiU. Los populares lograron el apoyo de la Cámara para instar al Ejecutivo a que presente el proyecto de Ley de Transparencia en menos de un mes, a que diseñe una política exterior consensuada y a que no abuse de la facultad de veto sobre las iniciativas parlamentarias.
Fuente: cincodias.com

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