El colapso judicial sitúa al borde de la prescripción cientos de casos penales

Los juzgados tardan hasta dos años y medio en poner fecha para celebrar un juicio porque tienen las agendas completas.
La sobrecarga de trabajo que pesa sobre este juzgado origina una demora en la celebración de la vista de los asuntos que no gocen de preferencia legal de entre 24 y 30 meses desde su recepción". Así figura en una providencia que desde lo Penal número 4 de Alicante reparten a los abogados desde hace unos meses para informarles de lo que pueden tardar en juzgarse los casos que les llegan. Pero este órgano judicial no es una excepción, pues existen otros en una situación similar en la capital y otras zonas de la provincia como Benidorm, Torrevieja y Orihuela, donde se señalan ahora juicios de casos que entraron en 2007, como confirman fuentes judiciales. Esta situación sitúa al borde de la prescripción cientos de casos, pues el plazo para que dejen de ser delito concluye a los tres años de inactividad judicial en la mayor parte de infracciones. Pese a ello, el Gobierno sólo prevé este año la creación de un nuevo juzgado de lo Penal.
Algunos juzgados optan por dar prioridad a algunos delitos, como los de violencia de género y doméstica, que suponen aproximadamente una cuarta parte de las 9.000 causas que cada año entran estos órganos judiciales. También se adelantan otros como agresiones sexuales o exhibicionismo, "pero el dar preferencia a unos casos significa retrasar más otros", explican fuentes judiciales.
Además, algunos juzgados se encuentran completamente desbordados recibir asuntos complejos como delitos contra la hacienda pública, societarios o alzamientos de bienes que pueden requerir más tiempo para dictar una sentencia o de casos con multitud de acusados y testigos que deben juzgarse durante varios días. Estas circustancias ralentizan el enjuiciamiento de algunas causas y provocan que algunos juzgados estén celebrando juicios por delitos como robos, salud pública o quebrantamientos de condenas que les llegaron en mayo de 2007.
Se trata de dos años y medio de retraso que amenazan con la prescripción de cientos de casos que tienen un plazo de tres años para caducar, a excepción de las injurias que dejan de ser penadas al año y que de no darles preferencia terminan en nada, como confirman las mismas fuentes. También aumentan los condenados que se ven beneficiados por una rebaja de la pena por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, señalan.
Ante esta situación, desde Penal 4 han optado por avisar de la demora a los fiscales y abogados para que aleguen si consideran que el caso que llevan es preferente y para informarles de que no les dirán la fecha del juicio hasta poco antes de celebrarse para evitar olvidos.