Modificacion procesos Monitorios en la L.E.C.

En el Boletín Oficial del Estado número 72 de fecha veinticinco de marzo de dos mil once, se ha publicado la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos monitorio y de escasa cuantía”, que introduce las siguientes modificaciones.

Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil:

- Incorporación a nuestro ordenamiento del “proceso monitorio europeo” y el “proceso monitorio de escasa cuantía” para engarzar esos dos nuevos procesos con nuestras leyes procesales y, en especial, con nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil.

- En el proceso verbal, en su fase declarativa y de ejecución, se eleva la cuantía para cuya reclamación no sea obligatoria la intervención de abogado y procurador, que pasa de 900 a 2.000 euros, en consonancia con la cuantía del proceso europeo de escasa cuantía.

- En el ámbito del proceso monitorio se introduce la posibilidad de que el juez proponga al demandante otra cuantía inferior y distinta a la que figure en su petición, en línea con lo que se establece para el proceso monitorio europeo.

Modificación del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

IMPORTANTE

Se incluye como hecho imponible de la tasa judicial la presentación inicial del procedimiento monitorio y, a su vez, añade una nueva exención que impida el doble pago de la tasa en los casos de oposición del deudor . Se incorpora también al ámbito de la tasa judicial la iniciación del proceso monitorio europeo,
Dicha Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es el próximo día 14 de abril de 2011.
Fuente: Ana Isabel Naranjo. Procurador

El "copago" como medida para la descongestión de la Administracion de Justicia.

El nuevo presidente de la Audiencia de Barcelona, Pablo Llarena, ha propuesto (el pasado Viernes 11 de Marzo) que se establezca un sistema de "copago" por acudir a la Justicia, imponiendo una tasa por hacer uso del aparato judicial en los procedimientos civiles, contenciosos administrativos y laborales que deberían pagar quienes pierdan un caso.

En su discurso tras la toma de posesión del cargo, Llarena ha expresado que, sin perjuicio a quienes tienen derecho a la justicia gratuita, que estarían exhimidos de pagar esta tasa, "no resulta admisible que la Administración de Justicia opere sin tasas, debiendo establecerse un copago que revierta en la mejora del propio servicio".

Esta tasa, que no se cobraría casi en ningún caso en jurisdicción penal, sería un porcentaje del gasto que supone hacer uso de los juzgados, más allá del coste de los abogados o los procuradores, que ya se pagan en la actualidad. Con el sistema actual, el coste del funcionamiento de los juzgados es gratuito para el ciudadano, y lo que sí costean son los gastos del abogado, los procuradores y otros gastos derivados del proceso como los peritos.

Esta propuesta serviría en principio para disuadir a quienes acuden por sistema a la Justicia sin motivos y contribuiría a descongestionar los juzgados. "Vivimos en una sociedad de alta litigación. La ingente cantidad de procesos es la expresión de una creciente demanda de tutela judicial", ha explicado Llarena.

Según el nuevo presidente de la Audiencia, la Justicia actual cuenta con "insuficientes medios" y una "desmedida labor encomendada", y de hecho, los asuntos que resuelve cada juez o magistrado se han incrementado un 400% desde la transición democrática.

En la toma de posesión en el cargo, Llarena ha admitido que se está produciendo un inadmisible y creciente retraso en la resolución de los casos, pese al "aumento de productividad e implicación de la carrera judicial", por lo que cree que el fallo no está en los jueces, sino en la regulación procesal y los escasos medios de los que se dispone.

Sobre su nuevo cargo, ha asegurado que llega con proyectos "ilusionantes" como la implantación de la nueva oficina judicial o el establecimiento del expediente electrónico. Al acto han asistido la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, y la fiscal Superior de Catalunya, Teresa Compte, entre otras autoridades.

Fuente EUROPA PRESS