El colapso judicial sitúa al borde de la prescripción cientos de casos penales

Los juzgados tardan hasta dos años y medio en poner fecha para celebrar un juicio porque tienen las agendas completas.
La sobrecarga de trabajo que pesa sobre este juzgado origina una demora en la celebración de la vista de los asuntos que no gocen de preferencia legal de entre 24 y 30 meses desde su recepción". Así figura en una providencia que desde lo Penal número 4 de Alicante reparten a los abogados desde hace unos meses para informarles de lo que pueden tardar en juzgarse los casos que les llegan. Pero este órgano judicial no es una excepción, pues existen otros en una situación similar en la capital y otras zonas de la provincia como Benidorm, Torrevieja y Orihuela, donde se señalan ahora juicios de casos que entraron en 2007, como confirman fuentes judiciales. Esta situación sitúa al borde de la prescripción cientos de casos, pues el plazo para que dejen de ser delito concluye a los tres años de inactividad judicial en la mayor parte de infracciones. Pese a ello, el Gobierno sólo prevé este año la creación de un nuevo juzgado de lo Penal.
Algunos juzgados optan por dar prioridad a algunos delitos, como los de violencia de género y doméstica, que suponen aproximadamente una cuarta parte de las 9.000 causas que cada año entran estos órganos judiciales. También se adelantan otros como agresiones sexuales o exhibicionismo, "pero el dar preferencia a unos casos significa retrasar más otros", explican fuentes judiciales.
Además, algunos juzgados se encuentran completamente desbordados recibir asuntos complejos como delitos contra la hacienda pública, societarios o alzamientos de bienes que pueden requerir más tiempo para dictar una sentencia o de casos con multitud de acusados y testigos que deben juzgarse durante varios días. Estas circustancias ralentizan el enjuiciamiento de algunas causas y provocan que algunos juzgados estén celebrando juicios por delitos como robos, salud pública o quebrantamientos de condenas que les llegaron en mayo de 2007.
Se trata de dos años y medio de retraso que amenazan con la prescripción de cientos de casos que tienen un plazo de tres años para caducar, a excepción de las injurias que dejan de ser penadas al año y que de no darles preferencia terminan en nada, como confirman las mismas fuentes. También aumentan los condenados que se ven beneficiados por una rebaja de la pena por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, señalan.
Ante esta situación, desde Penal 4 han optado por avisar de la demora a los fiscales y abogados para que aleguen si consideran que el caso que llevan es preferente y para informarles de que no les dirán la fecha del juicio hasta poco antes de celebrarse para evitar olvidos.

Los jueces reclamarán hasta 61 nuevos órganos en toda la provincia para salir de la saturación

Hasta 61 nuevos juzgados reclamarán los jueces alicantinos en una reunión que se celebrará en Valencia el próximo mes de septiembre para analizar las necesidades de la Justicia, en la que participarán los decanos y presidentes de audiencias de toda la Comunidad Valenciana. Si esta semana se conocía que la provincia necesita 39 jueces más para igualarse al resto del país, el listado que hacen los representantes del poder judicial alicantino plantea lo que hace falta para resolver los problemas de colapso y saturación que tiene la provincia.
El listado ha sido elaborado por el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, y el juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, tras consultar al resto de sus compañeros en los partidos judiciales de la provincia. Según su estimación, retrasar la puesta en marcha de estos juzgados puede suponer que se queden sin resolver hasta 36.000 causas más este año de un total de 154.000. Este dato supone incrementar la plantilla de 143 jueces que tiene la provincia en hasta un 42 por ciento más.
La reunión se celebrará el próximo 7 de septiembre y en ella se analizarán junto a la Conselleria y el Ministerio de Justicia tanto las necesidades de creación de nuevas unidades, como la puesta en marcha de la nueva oficina judicial y medidas para reducir la carga de trabajo.
En total se piden once juzgados de instrucción, más catorce para asuntos civiles y otros trece de carácter mixto (que tienen asuntos penales y civiles) para repartir entre los trece partidos judiciales de la provincia. A esta relación se suman siete juzgados de lo Social, cuatro Contencioso-Administrativo y para celebrar juicios nueve juzgados penales y la décima sección de la Audiencia Provincial.
El presidente de la Audiencia aseguró que las cifras de asuntos sin resolver son cada vez mayores y que preocupa sobre todo la calidad de los asuntos que se registran, ya que hay muchas causas de gran complejidad que pueden tener paralizado un juzgado entero.
Paralelamente, Magro ha elaborado un listado de propuestas para mejorar la organización del trabajo. Entre ellas se encuentra el pedir juzgados bicéfalos, es decir con dos magistrados, lo que duplicará el número de juicios y resoluciones que se dicten. Asimismo está la creación de juzgados provincial o comarcales especializados en derecho inmobiliario, así como oficinas de medidas alternativas a la prisión para controlar la ejecucición de las condenas a cursos de reeducación y trabajos en beneficio de la comunidad.
En el ámbito penal, Magro ha reclamado introducir la mediación penal para los pequeños delitos para conseguir que los delincuentes se reconcilien con las víctimas, evitando así en el juicio; potenciar los juicios rápidos; potenciar las declaraciones de los agentes por videoconferencia; y creación de juzgados de delincuencia organizada.
En el ámbito civil, las propuestas del presidente de la Audiencia pasan por crear juzgados especializados en salud mental, potenciar la mediación para resolver conflictos, poner en marcha los juicios rápidos civiles y la creación de juzgados especializados en asuntos de familia, entre otras medidas.

Extremadura, pionera utilización Lexnet para comunicación procesal telemática

Extremadura se ha convertido en la comunidad autónoma pionera en la utilización de Lexnet, una herramienta que permite llevar a cabo actos de comunicación procesal de forma telemática, como por ejemplo toda la notificación de las resoluciones judiciales, en lugar de hacerlo de la forma tradicional, con el formato papel.

La secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Isabel Collado, ha informado a Efe de que Lexnet permite una forma de trabajo similar a un correo electrónico "secularizado, sin necesidad de desplazamientos del procurador, que recibe en unos segundos en su despacho toda la información necesaria".

Collado ha indicado que todas las Administraciones Públicas deben conseguir una efectiva implantación del uso de las herramientas tecnológicas en la gestión pública, "en aras a alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público, y en este proceso, no podía ser ajena la Administración de Justicia".

En este sentido ha afirmado que los órganos judiciales de Extremadura son pioneros en la modernización de la Administración de Justicia y en la implantación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

Según ha explicado, este sistema se viene utilizando desde hace unos meses en la mayoría de los órganos judiciales de la Audiencia Nacional y en concreto se utilizó en el proceso de los atentados terroristas del 11 de marzo y será utilizado próximamente en el proceso que se sigue contra AFINSA.

Es uno de los principales sistemas que de una forma integrada dará soporte al despliegue de la nueva oficina y con el que se trata de conseguir una realidad judicial informatizada, "y dar un paso más a fin de conseguir el futuro expediente electrónico, poniendo fin a la imagen de los Juzgados colapsados con cantidades de papel acumulado en las estanterías".

"Desde mi toma de posesión como secretaria de Gobierno del TSJEx, hace ya casi cinco años, está teniendo lugar un fuerte impulso en este proceso de modernización y de incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, proyectos como Lexnet, Inforet 4 o Minerva NOJ, muy avanzados en Extremadura", ha apuntado.

Isabel Collado precisa que el Ministerio de Justicia ha impulsado el desarrollo técnico de Lexnet y ha promovido la reforma de las normas procesales "para que el sistema alcance su objetivo, que no es otro que contribuir sólidamente a la agilización del servicio público de la Administración de Justicia".

En su opinión, "incentivar el uso de nuevas tecnologías en los sistemas de gestión procesal es imprescindible para que las formas del trabajo desempeñado en las oficinas judiciales evolucionen y se adapten a la sociedad de la información, es uno de los requisitos claves para hacer efectivo el servicio público próximo y de calidad que demandan los ciudadanos".

Asimismo ha declarado a Efe que Lexnet es un medio de transmisión "seguro" de información, "que mediante el uso de firma electrónica reconocida, en los términos establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, cumple con las características de autentificación, integridad, no repudio, confidencialidad y sellado de tiempo".

Para Collado, se trata de un medio de transmisión seguro de información, un transporte basado en el correo electrónico y la firma electrónica reconocida, que permite la comunicación bidireccional entre oficinas judiciales y los distintos intervinientes de la Administración de Justicia que estará en funcionamiento "24 horas al días, 365 días al año".

La utilización y el funcionamiento de este sistema telemático comprende la presentación de escritos, iniciadores y de trámite, el traslado de copias entre procuradores y la realización de actos de comunicación, en todos los órganos jurisdiccionales que estén dotados de los medios técnicos necesarios.

De las tres funcionalidades que prevé el sistema, de momento sólo está funcionando la tercera, la realización de actos de comunicación, que supone que en solo unos segundos se realizan desde el órgano judicial las notificaciones a los procuradores, notificaciones que en la mayoría de los casos tardaban en realizarse, algunas veces, más de una semana.

El sistema resulta obligatorio para los secretarios judiciales y para los funcionarios de las oficinas judiciales que cuenten con el sistema, y también resulta obligatorio el uso de este sistema para los colegios de procuradores y la Abogacía del Estado.
Fuente EFE
02.08.09