Primera condena por usura contra una sociedad de préstamos rápidos

El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Alicante ha aplicado por primera vez la Ley sobre la Usura contra una sociedad de préstamos rápidos (Nuevas Vías de Financiación). Precisamente el próximo 23 de julio esta normativa cumplirá 200 años desde su entrada en vigor.
Esta Ley, actualizada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, declara que "será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".
Se trata de una de las grandes preocupaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, que ante la necesidad de crédito que pueda producir la actual situación de recesión económica ha incluido entre sus prioridades de inspección a las empresas de intermediación financiera, y establecimientos de agrupación de créditos y efectuará controles sobre la información que se da al usuario de servicios financieros ofertados como créditos rápidos, de reunificación de deudas y otros.

La cuestión tiene su origen en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. La demandante, tras conocer a través de la prensa la existencia de la prestamista, solicitó un crédito por 6.000 euros.
Cuando la solicitante se dio cuenta de que la cantidad a devolver se elevaba a 14.171euros, si bien el pago que terminaría realizando sería de 14.805 euros, lo denunció.
Como existían unos gastos de 734 euros, el beneficio recibido por el demandado por el préstamo nominal de 6.000 euros fue de 8.701 euros, un 120 por ciento de la cantidad solicitada.
Al magistrado juez le parece que "ya se disfrace de la forma que el demandado quiera nos parece excesivo, por lo que hemos de acudir a la ley de 23 de julio de 1908 a los efectos de determinar si la operación que examinamos tiene su encaje dentro de la misma".
Según la Ley sobre la Usura y la jurisprudencia aplicada por el Tribunal Supremo, estos supuestos se caracterizan por un interés muy superior; se entrega menor cantidad de la recibida; el plazo para devolver el dinero es excesivamente reducido; no existe riesgo para el prestatario; y existe una situación de necesidad del demandante.
Los intereses al concertar el préstamo son bajos, pero la sociedad demandada los fija, sólo para seis meses, en 1.044 euros para 6.734 euros, lo que supone un interés del 33,62 por ciento muy lejano del que dice aplicar, que es del 10,5 por ciento.
La operación se concierta a seis meses, lo cual hace suponer al prestador, según considera el Tribunal, que si tiene que acudir a él por necesitar 6.000 euros, "sería dificil a los seis meses contar con 14.171, sin perjuicio de lo previsto para gestación de nuevos intereses en el caso del más mínimo retraso.
Además, tal y como se materializa la operación, es imposible que exista riesgo alguno, pues para garantizar 6.000 euros se asegura la hipoteca sobre un inmueble de valor bastante superior.

El texto jurídico considera que "cuando la solicitante acude a la oficina de la empresa demandada, lo hace por la necesidad acuciante de 6.000 euros y firma lo que le ponen". Por ello, el Tribunal entiende que su consentimiento estuvo viciado y cita como prueba concluyente de este hecho que la sociedad demandada le hace firmar un documento en el que le hace reconocer que ha entendido toda la información que le ha solicitado.
Acuden al notario, después, para legalizar el contrato privado, por lo que el magistrado-juez dice que "la escritura pública no tiene el valor que le confiere el número 1 del artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que aplicando el número 3 del expresado artículo entendemos que nos encontramos ante un contrato usurario".
La condena es a devolver 5.378 euros, que es lo resultante de restar a la cantidad cobrada en exceso de 8.071 euros (un 40 por ciento más de los 6.734 euros). Además, deberá hacer efectivo el interés al tipo legal de dicha suma desde la interpelación judicial. Finalmente, se la condena a pagar las costas.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil antes de que acabe julio

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó hoy en el Congreso de los Diputados que el Consejo de Ministros enviará antes de que acabe el mes de julio para informe al Consejo General del Poder Judicial un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Durante su intervención en el Congreso durante el debate sobre la situación económica, Zapatero explicó que con esta ley el Gobierno pretende dotar de mayores garantías a los propietarios de viviendas que son reacios a poner sus pisos en el mercado de alquiler por el temor a un impago.
Zapatero explicó que el acceso a la vivienda en alquiler es aún "una tarea pendiente" para el Ejecutivo porque España cuenta con una tasa de viviendas vacías superior a la de sus homólogos europeos.
Así, recordó que, junto a las ayudas al alquiler, el Gobierno ha tomado "importantes medidas fiscales" tanto para arrendatarios como para inquilinos, aunque, según el jefe del Ejecutivo, ahora es el momento de mejorar el marco institucional y jurídico que afecta a las decisiones de los propietarios de alquilar o no una vivienda.
Según Zapatero, la puesta en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se hará buscando, según dijo, el consenso de la Cámara, debería suponer un aumento de la oferta de alquiler y una reducción de los precios de la vivienda.

Los españoles valoran positivamente la Justicia gratuita

La Justicia Gratuita funciona razonablemente bien en España. De hecho, los usuarios del turno de oficio califican con un 6,5 este servicio y dos de cada tres no encuentran problemas o deficiencias de importancia en su funcionamiento, según datos de una encuesta de Metroscopia para el II Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-LA LEY. La encuesta se realizó «a pie de juzgado» entre usuarios de la justicia civil, penal, familia, contencioso-administrativo, violencia de género y extranjería.

El Observatorio de la Justicia Gratuita está dedicado a la reflexión sobre los problemas y al análisis de los indicadores para la mejora del servicio prestado por la abogacía a la sociedad. Anualmente hace público su informe en el que se incluyen datos económicos del gasto en este servicio por jurisdicciones, autonomías, etcétera, y otros análisis. La parte más importante la constituyen las Recomendaciones y Sugerencias de cambio o mejora elaboradas por un Comité de Expertos independiente, en el que están integrados representantes de la Administración, de las diversas profesiones jurídicas y de los sectores sociales afectados. Estas Recomendaciones se elevan al Ministerio de Justicia, Consejerías de Justicia de las distintas comunidades autónomas y demás instituciones implicadas.

Según los datos del Informe, el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita en España gestionó 629.405 expedientes en el Turno de Oficio, un 7,8% de la carga del Sistema Judicial.

En cuanto al acceso al derecho de Justicia Gratuita, éste no plantea demasiados problemas para los ciudadanos, ya que según un 78% de los encuestados, ver reconocido este beneficio resultó fácil, frente a un 7% que encontró dificultades para hacerlo.

Respecto a la figura del abogado de oficio, es importante señalar que en un 80% de los casos, los usuarios afirman que la atención de su letrado fue buena o muy buena, frente a un 10% que considera fue regular, y un 10% mala.

Para un 72%, además, el abogado estudió suficientemente su caso, mientras que un 17% estima que no lo hizo y un 11% que no sabe no contesta.

Recomendaciones y Sugerencias

Entre las recomendaciones del Comité de Expertos del Observatorio de la Justicia Gratuita para mejorar el turno de oficio figuran: una mayor formación de los profesionales; la agilización de la concesión de beneficio de Justicia Gratuita en la jurisdicción penal; que el derecho a la asistencia jurídica comprenda la solución extrajudicial de conflictos; la ampliación del beneficio de justicia gratuita en la vía administrativa previa; el aumento del número de letrados de guardia; la revisión automática de los baremos con arreglo al IPC; prever el supuesto extraordinario de macroprocesos como el del 11-M o similares; mayor control en las peticiones de justicia gratuita que sólo buscan dilatar el procedimiento; la entrega del atestado a la mayor brevedad posible; evitar los recursos virtuales en los supuestos de "rechazo en fronteras"; la libre elección del abogado en determinados órdenes jurisdiccionales; o el incremento del servicio de guardia para víctimas de violencia de género, etc.

Para el presidente del Consejo General de la Abogacía española, Carlos Carnicer, "lo que las Administraciones públicas dedican a este capítulo de la asistencia jurídica gratuita, aunque haya crecido en los últimos años por razones objetivas, no es un gasto. Es una inversión y una garantía de seguridad y de salud democrática del Estado de Derecho". El presidente del CGAE añade que "los Colegios de Abogados y los abogados estamos empeñados en mejorar la formación de los abogados del Turno de Oficio -y de todos los abogados- y en mejorar la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita. Porque nos corresponde, pero sin olvidar que a las Administraciones públicas les compete garantizar que ese servicio se desarrolle con la calidad, los medios, las contraprestaciones y las condiciones que marca la Constitución para hacer efectivo, real y pleno la el acceso a la justicia".

El sistema 'LexNET', para una comunicación más ágil.

La secretaria coordinadora provincial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Nieves Sánchez Ruiz, suscribió ayer el Protocolo de Implantación del sistema LexNET, con el que se pretende una ágil y eficaz comunicación electrónica entre las Oficinas Judiciales y los profesionales del Derecho de la Región, según fuentes del TSJ.

El protocolo, que será puesto en marcha en todos los partidos judiciales de la Región, fue asumido por los Colegios de Abogados y Procuradores de Murcia y Cartagena, el Colegio de Graduados Sociales, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la Dirección Provincial del INSS. Así, el sistema LexNET de itineración electrónica de documentación judicial adquiere un ámbito de aplicación global.

El Colegio de Abogados avanza las prácticas obligatorias para los nuevos licenciados

La Escuela de Práctica Jurídica ha cerrado su primer ciclo con una promoción de 16 alumnos -todos los que se matricularon-, que han seguido los dos cursos organizados por el Colegio de Abogados de Alcoy. Esto supone un avance de una actividad que será obligatoria dentro de tres años, según ha explicado el decano Roque Monllor.
El Colegio de Alcoy decidió hace dos años auspiciar la creación de una Escuela de Práctica Jurídica, cuya primera promoción acaba de graduarse, habiendo aprobado los 16 estudiantes que han seguido las clases. El pasado fin de semana tuvo lugar el acto protocolario de fin de estudios, en un restaurante de la ciudad.
Roque Monllor ha destacado que "ha sido una buena iniciativa, pues los alumnos han obtenido una formación que dentro de tres años será obligatoria". De hecho, los colegios de abogados tendrán que suscribir convenios con las universidades para completar con actividad práctica la formación teórica recibida por los licenciados.
En estos dos años de prácticas, los estudiantes han tenido contacto directo con jueces, notarios y registradores de la propiedad, lo que les ha permitido ahondar en su preparación tanto en derecho penal como en laboral, administrativo y laboral, "siempre desde el punto de vista práctico", concluye el decano.
La intención del colegio de Alcoy es la de continuar con esta actividad formativa, que se imparte en sus propias dependencias.

Portátiles para los magistrados.

«Sería muy adecuado que los magistrados, jueces y secretarios pudiesen contar con ordenadores portátiles y conexión a Internet», afirma el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Como saben que esa petición responde más a una quimera que a una posibilidad real a corto plazo, los responsables del alto tribunal emplean en ese apartado de la memoria del 2007 una redacción que dista mucho de la «exigencia» o el «se impone» que utilizan para reclamar otros recursos materiales.
En todo caso, el TSJCV refleja en su informe anual la apuesta de la Justicia por las nuevas tecnologías, sobre todo de programas informáticos como LexNet o los sistemas de videoconferencia, que ayudarían a agilizar considerablemente los procedimientos.

Deficiencias en las sedes judiciales de Alicante

ALICANTE / La mitad de las sedes judiciales tiene deficiencias en seguridad.Prácticamente la mitad de las trece demarcaciones judiciales en que se divide la provincia cuentan con sedes que adolecen de deficiencias en materia de seguridad. En un informe que incluye el estado de las infraestructuras, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cita de forma específica la falta de medidas en esa materia en los edificios de Novelda, Dénia, Benidorm y Torrevieja. Además, solicita que se construyan nuevas sedes para Ibi y Alcoi (ya en ejecución) o La Vila, pues las actuales presentan problemas tanto por lo que respecta a la seguridad como al espacio disponible o a la propia estructura de los inmuebles.
En su última memoria anual, presentada el pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se suma a esas advertencias y reclama a la Generalitat que dote al personal de vigilancia de los órganos judiciales «de los medios materiales y recursos necesarios para completar su más alta efectividad».

Ese proceso, afirma, «se viene realizando con mayor lentitud, pues aún existen bastantes (sedes) que vienen trabajando con métodos rudimentarios. Para el alto tribunal, «es en ese aspecto donde tiene que hacerse la actual política de seguridad».
Desde el año 2003, fruto de la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno valenciano, la seguridad en los palacios de justicia de la Comunidad Valenciana es cubierta por agentes de la Guardia Civil en segunda actividad. En su memoria sobre el 2007, el TSJCV señala que todas las demarcaciones cuentan ya con este servicio, «que en términos generales está dando un buen resultado».
Los problemas radican no tanto en el número de agentes destacados en las instancias judiciales como en la carencia de sistemas de videovigilancia o detectores de metales, por ejemplo.
Asimismo, algunos edificios son muy antiguos y su estructura y elementos constructivos no favorecen en nada la salvaguarda de las instalaciones. El Plan Justi-Seu de la Conselleria de Justicia está llamado a acabar con esas carencias para modernizar totalmente todas las sedes judiciales.
La memoria del TSJ también refleja otras deficiencias, fundamentalmente informáticas, aspecto en el que exige «una política de renovación de los equipos» (ordenadores, impresoras o fotocopiadoras), también en los Juzgados de Paz.
«Parece conveniente la implantación de un plan para que, cada cinco años, se efectúe íntegramente dicha renovación y evitar que se opere con material obsoleto», señala el órgano de gobierno de los magistrados, que reclama igualmente la incorporación del programa LexNet.

Las fotocopias de las actuaciones

Un Auto de fecha 26 de Mayo de 2.008, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Madrid establece que para obtener fotocopias de unos documentos aportados a las actuaciones, el Procurador puede realizarlas siempre y cuando lleve al Juzgado una fotocopiadora portátil, permitiendo el órgano jurisdiccional el "enganche eléctrico" de la misma.
(enlace: http://www.cgpe.es/doc/boletin/boletin16/auto_b16.pdf )

Tasacion de costas y beneficio de justicia gratuita

El 6 de Mayo de 2.008 se ha dictado Auto por el Pleno del Tribunal Constitucional resolviendo la cuestión sobre el beneficio de justicia gratuita y su trascendencia con el crédito de las costas devengadas en el proceso donde el condenado tiene dicho beneficio.
Enlace en http://sentencias.juridicas.com/?doc=/docs/00287443.html

Grabacion de las vistas orales

Desde 2001 fecha en la que entró en vigor nuestra deseada ley de procedimiento civil (L.E.C.) en más de una ocasión tras terminar el acto de la vista he solicitado del Tribunal, que se expidiera copia de la misma, aportando el Cd corresopondiente, y en todas las ocasiones por S.Sª y/o Sr.Secretario Judicial se me ha indicado que presente el correspondiente escrito para así "solicitarlo en forma". (¿En forma es sólo por escrito.?
Dicha exigencia inexplicablemente supone una pérdida de tiempo tanto para el profesional, como para el justiciable, para el propio Tribunal y por supuesto para la administración de Justicia en general.
Así, la presentacion de un mero escrito solicitando la expedidción de la copia de la grabación conlleva los siguientes trámites:
1.- Redaccion del escrito, 2.-imprimirlo y ser firmado por el Abogado y el Procurador, 3.-sacar al menos tres copias del mismo, 4.-dar traslado al Procurador/es de la parte/s contraria, 5.- presetación del escrito en el decanato, 6.- sellar y registrar el escrito, 7.-repartirlo al Juzgado correpondiente, 8.- proveer el escrito y efectuar la grabacion, 9.-firmar la resolución por parte de S.Sª y/o Sr.Secretario Judicial, 9.- notificación al Colegio de Procuradores de la providencia adjuntando la copia de la grabación efectuada, 10.- firmar el Procurador la resolución por la que se acuerda la entrega del Cd. previamente aportado, 11.- por parte del Colegio de Prcouradores (S.R.E.N.) se ha de remitir la copia sellada de la resolución al organo que la dictó, 12.- una vez recibida ha de ser unida al procedimiento por el funcionario correspondiente. 13.- tambien por el Colegio de Procuradores se ha de dar el traslado de la copia del escrito al Procurador/es de las otras partes. (¿...se me olvida algún otro trámite...?).
Siempre me he preguntado: ¿En que mente prodigiosa cabe exigir la presentación de un escrito con esos trámites que conlleva y el "tiempo muerto" que genera, para la expdición de una mera copia de una grabación de una vista publica?.
Me sentía Quijote jurídico luchando con innumerables molinos procesales.
En una de esas "luchas cervantinas" una Magistrada a la que solicité "in voce" tras la terminación de una vista que se expidiera copia audiovisual de la misma, aportando el Cd correspondiente, llegó a decirme que no iba a ser yo quien le cambiara su criterio: "¡ las peticiones por escrito y con firma de Letrado!".
¡ Oleeé !. ¿Para qué tenemos una Ley de Enjuiciamiento Civil que pretende agilizar los trámites procesales, fomentando la oralidad en las actuaciones judiciales, si nos encontramos con mezquindades procesales tan habituales como éstas?.
Ahora parece ser que una máquina expedidora de grabaciones va a solucionar todo ese galimatías que casi ningún Juez,Magistrado ni Secretario Judicial queria entender.
Parece que empiezan a caer algunos "molinos de viento" con la ardua lucha procesal en las llanuras del foro.
En Las Provincias de Castellon el 13.07.08 se publica la noticia:
"La Generalitat incorporó esta semana en la Ciudad de la Justicia de Castellón un equipo expendedor de copias para distintos profesionales de la justicia, que podrán acceder así a las grabaciones de los actos procesales. Este dispositivo facilitará la labor de los abogados y procuradores, ya que a partir de ahora tendrán a su disposición, "con un solo click", las copias de todas las vistas de juicios y actuaciones judiciales realizadas en la Ciudad de la Justicia de Castellón en las que hayan intervenido.
El nuevo sistema permite obtener copias de las distintas vistas y actuaciones judiciales en formato CD, DVD o bien en dispositivo de almacenamiento USB. Para acceder al equipo, similar a cualquier máquina expendedora, se ha dotado a todos los letrados y procuradores del correspondiente usuario y número pin."
Y en Alicante...

Procuradores de Gijón

Dos nuevos procuradores y dos que ya cumplen 25 años en la profesión. El contraste de los que llegan y los que tienen una dilatada carrera profesional se pudo apreciar ayer en la reunión del Colegio de Procuradores de Gijón que celebró su festividad en honor a la Virgen del Carmen. Las nuevas procuradoras, que juraron ayer su cargo, son Celia Sarasúa Amado y Reyes Muñiz Porcel, que llegaron respaldadas por sus padrinos, Conchita Zaldívar y Roberto Muñiz, respectivamente. Comienzan de esta manera su carrera en una profesión que llevan ejerciendo ya 25 años Mateo Moliner González y Gabriela García Undina.

El ilustre Colegio de Procuradores de Gijón celebró ayer de esta manera su fiesta en honor a la patrona, la Virgen del Carmen. Durante el acto oficial el decano del colegio, Juan Ramón Suárez García, pidió más competencias para los procuradores: «Tenemos que hacernos cargo de funciones nuevas que cayeron en saco roto en la última legislatura política». En este sentido, el decano del colegio abogó por una «mayor» relación con «nuestros compañeros abogados, con los que tenemos que formar un buen equipo que contribuya a la formación de una justicia de calidad, hay que mantener por ello una buena relación de equipo».

Suárez también tuvo tiempo durante su intervención para aconsejar a los nuevos procuradores que acaban de llegar al ejercicio profesional. «Nuestra profesión está sujeta constantemente al cambio, nunca hay que bajar la guardia, ahí radica la importancia de los procuradores», señaló el decano. «Tenemos que estar siempre pendientes, visitar los Juzgados y servir al cliente para poder colaborar de una manera eficaz con el buen funcionamiento del órgano de la Justicia». Suárez destacó la importancia de la práctica al acabar los estudios y advirtió de que «la pasantía cada vez es más breve, siempre nos queda algo por aprender y algo por ver en nuestra profesión».

Avances tecnológicos que agilizan la Administracion de Jusitica

Un expendedor facilitará copias de las vistas en la Audiencia de Córdoba La Junta ha informado en un comunicado de que con este sistema, que ya funciona en la Ciudad de la Justicia de Málaga, los propios operadores jurídicos obtienen copias de las grabaciones de las vistas orales
La Consejería de Justicia y Administración Pública ha instalado un expendedor de copias de grabaciones de vistas en la Audiencia Provincial de Córdoba con el objetivo de agilizar los procesos judiciales.

La Junta ha informado en un comunicado de que con este sistema, que ya funciona en la Ciudad de la Justicia de Málaga, los propios operadores jurídicos obtienen copias de las grabaciones de las vistas orales para las partes intervinientes en el proceso sin esperar a que el órgano judicial las realice.

El sistema garantiza la confidencialidad de los datos y expedientes de las personas que intervienen en el proceso judicial, ya que "es imprescindible la autorización judicial para su utilización".

El expendedor de copias, en el que la Junta ha invertido 10.000 euros, se ubicará en la dependencia de los procuradores, en la planta baja del edificio de la Audiencia Provincial de Córdoba.

El equipo consta de una pantalla táctil, sin teclado ni ratón, y se podrán obtener en soporte memoria USB, CD o DVD.

Además, las copias incluyen un sistema para visualizar los vídeos y poder acceder, a través de las marcas realizadas por el secretario judicial durante la grabación del juicio, a los puntos de interés de los mismos.

La Delegación Provincial de Justicia de Córdoba repartirá un folleto informativo que explica las características del expendedor, así como las normas de uso del mismo.

El ´apagón de papel´en los juzgados permite recibir de inmediato 500 resoluciones a los procuradores

El sistema Lexnet se aplica desde ayer en todas las sedes judiciales de la capital para agilizar los procedimientos.El ´apagón de papel´en los juzgados permite recibir de inmediato 500 resoluciones a los procuradores

LAS (MALAS) PULGAS DE LA JUSTICIA

Desalojan un área de los juzgados por pulgas.Una virulenta plaga de pulgas obligó ayer al juez decano de Las Palmas, Miguel Losada, a ordenar la clausura temporal de la sala de notificaciones del edificio de los Juzgados de Granadera Canaria, utilizada habitualmente como sede del Colegio de Procuradores en el edificio judicial.

Según confirmaron diversas fuentes a este periódico, la plaga se hizo evidente cuando varios procuradores y empleados del colegio profesional descubrieron que tras hacer sus gestiones diarias en el inmueble comenzaba a sentir picores por diversas partes del cuerpo que se convertían en ronchas.

Concretamente, un miembro del personal del Colegio de Procuradores tenía ayer los dos brazos severamente afectados por picotazos de pulgas.

Ante la evidencia de que las dependencias (ubicadas en la planta baja del edificio, donde anteriormente se encontraba el Juzgado de Primera Instancia número 6) alojaban a una plaga de pulgas, Miguel Losada ordenó la clausura de las instalaciones y dio cuenta del problema a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que hoy enviará al local a operarios de una empresa de fumigación.