Blog P R O C U R A D O R E S fue creado en Marzo de 2.005 por el Procurador de Alicante José Córdoba Almela. Presenta información y noticias del mundo jurídico y de su profesión. Se complementa con su web http://procuradores-alicante.com
29 mayo 2008
22 mayo 2008
Tasas Judiciales
Desde que en Marzo de 2.003 la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, los Procuradores hemos asumido -estoicamente- la obligación de cumplimentar el modelo 696 de Hacienda y en ocasiones liquidar su importe, y presentarlo en el Juzgado en plazo concedido al efecto en la mayoria de los supuestos.
Pero no ha de olvidarse que el pago de dicha "tasa" debe ser un documento más a presentar con la demanda, y la subsanacion para aportarlo en el plazo de diez dias, no es mas que una previsión legal para subsanar ese defecto advertido por el Tribunal.
Es decir, la incoación de las demandas se retrasa por la ausencia del modelo 696 unido al escrito inicial, retrasando con ello la tramitacion del asunto.
En ocasiones el Letrado cursa instrucciones al Procurador para que antes de la presentación (cuando no hay sujeción a plazo para presentar la demanda o reconvención)se cumplimente y abone en su caso el importe de la tasa, pero en esos supuestos, entiendo que el Procurador de los Tribunales esta extralimitandose de sus funciones (causídico) ya que ha de cumplimentar un modelo de Hacienda sujeto a posterior comprobación por la Hacienda Publica sin que haya sido un asesor fiscal quien lo haya preparado y supervisado.
Hemos de hacer ver a los clientes (y Letrados) que junto al poder, y demás documentación necesaria para la presentacion de una demanda, ha de acompañarse "in lime litis" el modelo 696 de Hacienda, evitando con ello o bien que el Juzgado ralentice la incoación de la demanda requiriendo para subsanación, o que el Procurador realice funciones que no son de su competencia.
Pero no ha de olvidarse que el pago de dicha "tasa" debe ser un documento más a presentar con la demanda, y la subsanacion para aportarlo en el plazo de diez dias, no es mas que una previsión legal para subsanar ese defecto advertido por el Tribunal.
Es decir, la incoación de las demandas se retrasa por la ausencia del modelo 696 unido al escrito inicial, retrasando con ello la tramitacion del asunto.
En ocasiones el Letrado cursa instrucciones al Procurador para que antes de la presentación (cuando no hay sujeción a plazo para presentar la demanda o reconvención)se cumplimente y abone en su caso el importe de la tasa, pero en esos supuestos, entiendo que el Procurador de los Tribunales esta extralimitandose de sus funciones (causídico) ya que ha de cumplimentar un modelo de Hacienda sujeto a posterior comprobación por la Hacienda Publica sin que haya sido un asesor fiscal quien lo haya preparado y supervisado.
Hemos de hacer ver a los clientes (y Letrados) que junto al poder, y demás documentación necesaria para la presentacion de una demanda, ha de acompañarse "in lime litis" el modelo 696 de Hacienda, evitando con ello o bien que el Juzgado ralentice la incoación de la demanda requiriendo para subsanación, o que el Procurador realice funciones que no son de su competencia.
19 mayo 2008
Las obras para La ciudad de la Justicia en Alicante comenzaran en 2.009
La generalitat ha puesto como fecha de inicio marzo de 2009 para que den comienzo las obras que permitirán la creación de la Ciudad de la Justicia ubicada en Alicante. El Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, se ha comprometido a iniciar las obras en esa fecha con el fin de que para 2011 ya esté acabada.
El proyecto fue presentado hace cinco años, pero en su momento fue bloqueado por el Ayuntamiento de Alicante. Una vez aprobado, se procederá a la cesión del suelo, momento en que los técnicos deberán presentar un proyecto que pasará por diversas instancias administrativas hasta que el Pleno del Consejo Valenciano lo apruebe.
En ese momento comenzará un recorrido legal que finalizará con la adjudicación del contrato y el posterior inicio de los trabajos.
La Ciudad de la Justicia estará integrada por la Audiencia Provincial, la Fiscalía, el Colegio de Abogados y Procuradores, el Instituto de Medicina Legal, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de lo Penal.
Además de estas instituciones, en este nuevo edificio estarán ubicados el Registro Civil número 1 y el Registro Civil número 2.
El proyecto fue presentado hace cinco años, pero en su momento fue bloqueado por el Ayuntamiento de Alicante. Una vez aprobado, se procederá a la cesión del suelo, momento en que los técnicos deberán presentar un proyecto que pasará por diversas instancias administrativas hasta que el Pleno del Consejo Valenciano lo apruebe.
En ese momento comenzará un recorrido legal que finalizará con la adjudicación del contrato y el posterior inicio de los trabajos.
La Ciudad de la Justicia estará integrada por la Audiencia Provincial, la Fiscalía, el Colegio de Abogados y Procuradores, el Instituto de Medicina Legal, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de lo Penal.
Además de estas instituciones, en este nuevo edificio estarán ubicados el Registro Civil número 1 y el Registro Civil número 2.
11 mayo 2008
La Fiscalía almacena sentencias en cajas sin ningún tipo de seguridad
Las deficientes instalaciones de Benalúa obligan a archivar miles de expedientes en la entrada y los pasillos de su sede, al alcance de cualquiera.
El papel les desborda por los cuatro costados. Las deficientes instalaciones de que disponen los fiscales en el Palacio de Justicia de Benalúa les obligan a almacenar miles de expedientes judiciales, la mayoría de ellos sentencias, en cajas apiladas en la entrada y en los pasillos de su sede, que no cuenta con ningún tipo de medida de seguridad.
La endémica falta de espacio que sufre el edificio de los juzgados alicantinos se hace especialmente patente en los despachos destinados a los representantes del Ministerio Público que, lejos de estar en un mismo bloque para facilitar su comunicación, se distribuyen en distintas zonas. Así, la segunda planta del inmueble que antaño fuera cárcel y reformatorio de adultos acoge cuatro despachos, interconectados de dos en dos, y en los que trabajan ocho fiscales.
En el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 hay otra pequeña estancia para que las dos fiscales especializadas realicen la guardia. El resto de sus compañeros se aglutinan en un bloque situado en el patio de luces trasero, que da a la avenida de Aguilera. Los despachos están en una primera planta a los que se accede por una angosta escalera. Nada más abrir la puerta, a la que cualquiera puede acceder sin problemas, uno ya se encuentra en el rellano con cajas apiladas que contienen sentencias, recursos y diligencias correspondientes a distintos años y juzgados. En el mismo sitio suele haber un carrito de supermercado utilizado por los funcionarios para trasladar nuevas tandas de documentos. Esta estampa es habitual, cuando no los transportan a peso de un sitio a otro. Una vez arriba, otro rellano, un pasillo ocupado por tal cantidad de cajas de sentencias que llegan al techo, y una puerta que da acceso a los despachos.
El pasillo principal, que apenas tiene dos metros de anchura, está obstaculizado por una mesa de trabajo de un funcionario, repleta, cómo no, de papeles. Documentos que, al igual que el resto de material, quedan a la vista y alcance de cualquiera cuando los funcionarios o los fiscales no están, bien porque se encuentran trabajando en otro lugar o porque están en su tiempo de desayuno o almuerzo. Esta situación se reproduce en el resto de dependencias de Benalúa. En el caso de la Fiscalía de Menores, situada en el ala oeste del edificio, es habitual que los despachos se dejen con la puerta cerrada, pero sin llave, cuando los fiscales van a juicio o a tomar declaraciones. Lo mismo ocurre en el despacho que utilizan los fiscales en el juzgado de guardia. Aunque suelen estar acompañados de un funcionario, cuando el fiscal sale a realizar cualquier gestión, la estancia en ocasiones queda abierta, aunque en este caso antes de acceder a ella al menos un cartel en la puerta prohíbe el paso a toda persona ajena.
La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Gabriela Bravo, fue muy gráfica al calificar a finales del pasado mes de enero la situación de la Fiscalía alicantina como "un viaje a hace, al menos, dos siglos" y señaló que "no pasaría un informe de evaluación de riesgos". Pese a que las condiciones son, añadió, "insostenibles, inaceptables", la Conselleria no ha hecho hasta ahora nada para solventar el problema.
La construcción de la futura Ciudad de la Justicia se antoja imprescindible, pero desde la UPF se pide que hasta que se construya un edificio nuevo se traslade a los fiscales alicantinos a "unas instalaciones dignas". "Es una situación a la que cualquier Gobierno autonómico le debería poner fin", puntualizan.
En la misma línea, la Fiscalía General del Estado emitió recientemente un informe en el que valoraba la labor de los fiscales de la provincia de Alicante a pesar de "las muy penosas condiciones en que deben desarrollarse por las deficiencias en instalaciones y medios". Esta situación, unida al gran volumen de delincuencia que soporta la provincia, hace que los fiscales no quieran Alicante como destino. Sin ir más lejos, una convocatoria publicada el pasado diciembre en el BOE, donde se sacaban a concurso once plazas de fiscal en distintas localidades de la provincia, no tuvo ni un solo candidato,
El papel les desborda por los cuatro costados. Las deficientes instalaciones de que disponen los fiscales en el Palacio de Justicia de Benalúa les obligan a almacenar miles de expedientes judiciales, la mayoría de ellos sentencias, en cajas apiladas en la entrada y en los pasillos de su sede, que no cuenta con ningún tipo de medida de seguridad.
La endémica falta de espacio que sufre el edificio de los juzgados alicantinos se hace especialmente patente en los despachos destinados a los representantes del Ministerio Público que, lejos de estar en un mismo bloque para facilitar su comunicación, se distribuyen en distintas zonas. Así, la segunda planta del inmueble que antaño fuera cárcel y reformatorio de adultos acoge cuatro despachos, interconectados de dos en dos, y en los que trabajan ocho fiscales.
En el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 hay otra pequeña estancia para que las dos fiscales especializadas realicen la guardia. El resto de sus compañeros se aglutinan en un bloque situado en el patio de luces trasero, que da a la avenida de Aguilera. Los despachos están en una primera planta a los que se accede por una angosta escalera. Nada más abrir la puerta, a la que cualquiera puede acceder sin problemas, uno ya se encuentra en el rellano con cajas apiladas que contienen sentencias, recursos y diligencias correspondientes a distintos años y juzgados. En el mismo sitio suele haber un carrito de supermercado utilizado por los funcionarios para trasladar nuevas tandas de documentos. Esta estampa es habitual, cuando no los transportan a peso de un sitio a otro. Una vez arriba, otro rellano, un pasillo ocupado por tal cantidad de cajas de sentencias que llegan al techo, y una puerta que da acceso a los despachos.
El pasillo principal, que apenas tiene dos metros de anchura, está obstaculizado por una mesa de trabajo de un funcionario, repleta, cómo no, de papeles. Documentos que, al igual que el resto de material, quedan a la vista y alcance de cualquiera cuando los funcionarios o los fiscales no están, bien porque se encuentran trabajando en otro lugar o porque están en su tiempo de desayuno o almuerzo. Esta situación se reproduce en el resto de dependencias de Benalúa. En el caso de la Fiscalía de Menores, situada en el ala oeste del edificio, es habitual que los despachos se dejen con la puerta cerrada, pero sin llave, cuando los fiscales van a juicio o a tomar declaraciones. Lo mismo ocurre en el despacho que utilizan los fiscales en el juzgado de guardia. Aunque suelen estar acompañados de un funcionario, cuando el fiscal sale a realizar cualquier gestión, la estancia en ocasiones queda abierta, aunque en este caso antes de acceder a ella al menos un cartel en la puerta prohíbe el paso a toda persona ajena.
La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Gabriela Bravo, fue muy gráfica al calificar a finales del pasado mes de enero la situación de la Fiscalía alicantina como "un viaje a hace, al menos, dos siglos" y señaló que "no pasaría un informe de evaluación de riesgos". Pese a que las condiciones son, añadió, "insostenibles, inaceptables", la Conselleria no ha hecho hasta ahora nada para solventar el problema.
La construcción de la futura Ciudad de la Justicia se antoja imprescindible, pero desde la UPF se pide que hasta que se construya un edificio nuevo se traslade a los fiscales alicantinos a "unas instalaciones dignas". "Es una situación a la que cualquier Gobierno autonómico le debería poner fin", puntualizan.
En la misma línea, la Fiscalía General del Estado emitió recientemente un informe en el que valoraba la labor de los fiscales de la provincia de Alicante a pesar de "las muy penosas condiciones en que deben desarrollarse por las deficiencias en instalaciones y medios". Esta situación, unida al gran volumen de delincuencia que soporta la provincia, hace que los fiscales no quieran Alicante como destino. Sin ir más lejos, una convocatoria publicada el pasado diciembre en el BOE, donde se sacaban a concurso once plazas de fiscal en distintas localidades de la provincia, no tuvo ni un solo candidato,
09 mayo 2008
El 71% de los abogados cree que la Justicia en España funciona mal
El III Informe-Barómetro interno de la abogacía presentado por el CGAE también indica que para el 52% de los abogados colegiados, la situación de la abogacía es buena o muy buena, mientras que para un 27% es mala o muy mala. El 82% de los encuestados piensa que actualmente en España hay demasiados abogados.
Casi tres de cada cuatro abogados colegiados ejercientes encuestados en el III Informe-Barómetro interno de la abogacía realizado por Metroscopia para el CGAE creen que la Administración de Justicia en España funciona mal o muy mal, frente al 17% que opina que lo hace bien o muy bien. Sin embargo a la hora de valorar la situación en líneas generales de la abogacía, el 52% de los encuestados cree que es buena o muy buena, el 27% mala o muy mala y el 20% regular.
Más de un tercio cree que la abogacía ha empeorado en los últimos 20 o 25 años, y otro tercio que ha mejorado. Entre las mejoras, un 40% destaca la formación, preparación e información y un 25% la mayor cantidad de medios técnicos y humanos existentes en la actualidad. Respecto a lo que ha empeorado, un 32% cree que lo ha hecho la calidad del servicio de los abogados y el 30% opina que hay una masificación de la profesión. En este sentido, el informe también desprende que el 82% de los abogados encuestados piensa que en la actualidad en España hay demasiados abogados. Sólo un 18% opina lo contrario.
Perfil del abogado español
Abogado colegiado ejerciente, de menos de 45 años, trabajador a jornada completa (mañana y tarde) con contrato indefinido, de dos a cinco años de permanencia en su empresa, en el sector de la abogacía, servicios o asesoría jurídica (por este orden), que no contesta cuando le preguntan por su sueldo y que no está inscrito en el turno de oficio. Además es ideológicamente de centro, le gusta el deporte (tenis/squash y atletismo), lector de prensa (El País y El Mundo) y aficionado a la lectura y al cine. Éste podría ser el retrato del abogado en España según el barómetro.
El rejuvenecimiento de la profesión mostrado en los anteriores barómetros sigue de manifiesto en esta edición. El 75% de los abogados ejercientes entrevistados tiene menos de 45 años, el 25% menos de 35 y tan sólo un 36% declara tener más de 45 años. En cuanto a la diferencia de sexos, la proporción actual de mujeres en la Abogacía española asciende al 36% del total (seis puntos más que hace cinco años), aunque aún sigue siendo una cifra más baja que la que se registra entre jueces (44%) y, sobre todo, entre fiscales (52%).
Nuevas tecnologías
Respecto a las nuevas tecnologías, el 98% de los abogados considera que son importantes para el ejercicio de su profesión, y el 76% cree que su Colegio está dedicando recursos suficientes para modernizarse y fomentar el uso de las mismas. Además casi la totalidad de los consultados opina que a partir de 2008 los Colegios deben seguir invirtiendo en Nuevas Tecnologías.
Publicado el 07/05/2008, por Carlos García-León. Madrid.(http://www.expansion.com/)
Casi tres de cada cuatro abogados colegiados ejercientes encuestados en el III Informe-Barómetro interno de la abogacía realizado por Metroscopia para el CGAE creen que la Administración de Justicia en España funciona mal o muy mal, frente al 17% que opina que lo hace bien o muy bien. Sin embargo a la hora de valorar la situación en líneas generales de la abogacía, el 52% de los encuestados cree que es buena o muy buena, el 27% mala o muy mala y el 20% regular.
Más de un tercio cree que la abogacía ha empeorado en los últimos 20 o 25 años, y otro tercio que ha mejorado. Entre las mejoras, un 40% destaca la formación, preparación e información y un 25% la mayor cantidad de medios técnicos y humanos existentes en la actualidad. Respecto a lo que ha empeorado, un 32% cree que lo ha hecho la calidad del servicio de los abogados y el 30% opina que hay una masificación de la profesión. En este sentido, el informe también desprende que el 82% de los abogados encuestados piensa que en la actualidad en España hay demasiados abogados. Sólo un 18% opina lo contrario.
Perfil del abogado español
Abogado colegiado ejerciente, de menos de 45 años, trabajador a jornada completa (mañana y tarde) con contrato indefinido, de dos a cinco años de permanencia en su empresa, en el sector de la abogacía, servicios o asesoría jurídica (por este orden), que no contesta cuando le preguntan por su sueldo y que no está inscrito en el turno de oficio. Además es ideológicamente de centro, le gusta el deporte (tenis/squash y atletismo), lector de prensa (El País y El Mundo) y aficionado a la lectura y al cine. Éste podría ser el retrato del abogado en España según el barómetro.
El rejuvenecimiento de la profesión mostrado en los anteriores barómetros sigue de manifiesto en esta edición. El 75% de los abogados ejercientes entrevistados tiene menos de 45 años, el 25% menos de 35 y tan sólo un 36% declara tener más de 45 años. En cuanto a la diferencia de sexos, la proporción actual de mujeres en la Abogacía española asciende al 36% del total (seis puntos más que hace cinco años), aunque aún sigue siendo una cifra más baja que la que se registra entre jueces (44%) y, sobre todo, entre fiscales (52%).
Nuevas tecnologías
Respecto a las nuevas tecnologías, el 98% de los abogados considera que son importantes para el ejercicio de su profesión, y el 76% cree que su Colegio está dedicando recursos suficientes para modernizarse y fomentar el uso de las mismas. Además casi la totalidad de los consultados opina que a partir de 2008 los Colegios deben seguir invirtiendo en Nuevas Tecnologías.
Publicado el 07/05/2008, por Carlos García-León. Madrid.(http://www.expansion.com/)
02 mayo 2008
Las Nuevas Tecnologías se ponen al servicio de la justicia andaluza
El avance de la sociedad ha llevado a la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía al desarrollo de un nuevo sistema pionero en España que permitirá la presentación de escritos y la recepción de notificaciones entre los procuradores y los tribunales a través de la vía telemática, un hecho que agilizará en gran medida la acción judicial y conllevará ventajas favorables para el medioambiente. Se trata de un protocolo suscrito con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los colegios de procuradores que redefinirá la forma de trabajo en los órganos y modernizará la tramitación judicial.
Innovación, modernización y agilidad son tres conceptos que sin duda han llevado a la Consejería de Justicia a la puesta en marcha de un sistema que permitirá que los operadores que trabajan en la Administración de Justicia puedan presentar documentos de forma telemática ante los órganos judiciales andaluces, con lo que se favorecerá la rapidez de la tramitación de los procedimientos de tal forma que en pocos segundos tengan lugar operaciones de envío y recepción de toda clase de escritos y notificaciones, lo que conlleva una inmediata y moderna gestión en los procesos judiciales. Pero para alcanzar este objetivo, se ha llevado a cabo la firma de un protocolo de funcionamiento del sistema telemático de presentación de escritos y emisión de actos de comunicación procesal suscrito en Granada por la consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, José Eduardo Sánchez, que formaliza las reglas de uso de una aplicación informática que ha sido ya desarrollada de forma piloto en Cádiz, con gran éxito entre los procuradores gaditanos.
Este protocolo expresa el deseo de los firmantes de intensificar la cooperación de todas las partes implicadas en la implantación de los instrumentos tecnológicos e informáticos para la Administración de Justicia andaluza. En este sentido, el intercambio de información y las comunicaciones entre los órganos judiciales y los operadores queda garantizado mediante un sistema global, integrado, plenamente compatible, rápido y seguro, que además incorpora las aportaciones de las partes implicadas y de operadores como los abogados. De esta forma, la titular de Justicia, María José López, explicó que con esta nueva herramienta se garantizará “la máxima seguridad en la circulación recíproca de escritos entre procuradores y juzgados, y que ésta se haga con todas las garantías procesales”. Al mismo tiempo, María José López aseguró que “este nuevo sistema supondrá un ahorro en los desplazamientos por parte de los procuradores, que hasta ahora debían desplazarse hasta los órganos judiciales, y en el papel que se gastaba en numerosos documentos, que ahora no deberán contar necesariamente con este soporte, al enviarse por vía telemática, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente”.
El funcionamiento de este sistema se centrará en la presentación de escritos de trámite y emisión de actos de comunicación procesal, en todos los ámbitos, en todos los órdenes jurisdiccionales y todos los juzgados y tribunales de Andalucía. De esta forma, los órganos jurisdiccionales utilizarán la vía telemática en sus comunicaciones con los procuradores siempre que el colegiado haya manifestado su voluntad de emplear dicho sistema.
Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, José Eduardo Sánchez, alabó esta nueva tecnología, de la que dijo que tiene “ventajas enormes para el profesional, que una vez instalado de forma completa dará rendimientos excepcionales”. Además, añadió que “el sistema supondrá una revolución en la administración de Justicia y que la imagen de los procuradores con un montón de papeles bajo el brazo, forme parte de una época pasada”.
Un sistema informático para la comunicación judicial
El principal objetivo con el que se inició este proyecto era el de crear un sistema informático que fuera capaz de asumir las necesidades de comunicación existentes entre procuradores y órganos judiciales. De esta forma, se trataba por un lado de dotar al colectivo de procuradores andaluces de una herramienta informática que les permitiera la presentación de escritos de trámites ante los órganos judiciales de forma telemática. Y de otro, de ofrecer a los órganos judiciales la posibilidad de efectuar las notificaciones a los procuradores de forma fácil a través de una aplicación que obtuviera los datos y los documentos emitidos directamente de los programas de gestión documental.
Desde el punto de vista tecnológico se pueden diferenciar básicamente tres módulos dentro del sistema, como explica Esperanza Dorado, Jefa de Servicio de Informática Judicial de la Consejería de Justicia. “El primero será el que mueve documentos, es decir, el de envío y recepción de documentos que no es más que una colección de servicios web. Estamos hablando de una tecnología compleja pero que está suficientemente probada, ya que el servicio web se utiliza en muchísimas aplicaciones y no es algo demasiado complicado. El segundo módulo también está muy utilizado y probado por la Consejería, se trata de la plataforma @Firma de administración electrónica que es la que va a permitir autentificarse en el sistema y además firmar digitalmente tanto el envío como la recepción de la notificación. El tercer módulo es bastante interesante y, quizás, el más complejo. Desde el punto de vista tecnológico se podría llamar directorio de identidades”. Este directorio de identidades va a aglutinar distintas tecnologías porque depende mucho del grado de avance tecnológico de cada profesional. “Por ejemplo, los procuradores a día de hoy no disponen de ninguna herramienta informática para gestionar las personas que tienen dadas de alta en sus sistemas. En estos casos, lo que hemos hecho ha sido recopilar todos los componentes de los distintos colegios de procuradores y almacenarlos en una base de datos, sin embargo con los abogados y los jueces, se trata de un colectivo que se encuentra, desde el punto de vista tecnológico, un poquito más avanzado y ellos utilizan lo que sería un directorio corporativo, un repositorio de identidades donde se almacenan datos personales, credenciales digitales, o el permiso de acceso a aplicaciones”.
Este directorio de identidades permitirá saber en cada momento “si quién pretende acceder al sistema es quién dice ser y además tiene permiso para hacer lo que pretende hacer. Es decir, si es un abogado y quiere entregar documentación en un asunto, el sistema identificará en el instante si ese abogado participa o no en ese asunto”. En este sentido, Esperanza Dorado destaca que “el sistema tiene que dar garantías de que se accede a la información correcta y de forma adecuada, y además demostrar que eres quién dices ser. Con este directorio vamos a conseguir que se acceda de forma correcta a la información autorizada, que el sistema te pueda validar de forma automática. Además el sistema hace una traza de los movimientos del documento de tal forma que en todo momento se pueda saber en que estado está”. Se trata, por tanto, de un elemento innovador que reducirá la posibilidad de errores materiales y la necesidad de posteriores comprobaciones.
Experiencia piloto en Cádiz
Para encontrar los inicios de este innovador sistema, pionero en España, hay que irse hasta Cádiz donde el año pasado se implantó el sistema de forma experimental. A partir de aquí, la Jefa de Servicio de Informática Judicial de la Consejería, Esperanza Dorado, asegura que “como el sistema ha dado muy buenos resultado y hemos visto que está adaptado a la dinámica de trabajo del juzgado, lo que se ha hecho es empezar a despegar pero esta vez en situación real, y vamos a ir abriendo poco a poco el sistema a las situaciones reales. Se va a empezar por los juzgados de primera instancia número 3 y 15 de Sevilla donde ya hemos comenzado con cuestiones técnicas, de instalación y formación de usuarios. Poco a poco estamos empezando a enviar los primeros escritos tanto procuradores como abogados y los juzgados a notificar”.
De forma gradual los abogados y procuradores podrán presentar escritos de trámite y en un futuro, incluso, escritos que inicien el asusto judicial, es decir, presentación telemática de la demanda. “En principio serán escritos de trámites presentados desde el profesional al juzgado. Una vez allí, el juzgado lo que podrá hacer es notificar las diligencias de ordenación. Con lo que nos encontramos en la primera etapa del proyecto que requiere de muchísimos recursos, como el despliegue de firma electrónica en toda Andalucía, y la adecuación del trabajo tanto del profesional como de los juzgados a los sistemas telemáticos. Por lo que todo esto conlleva un cambio radical de filosofía”.
Como reto, la Consejería se ha propuesto que en este año el sistema esté funcionando en su totalidad, un reto muy ambicioso teniendo en cuenta que el colectivo judicial asciende a unas 9.500 personas.
Al mismo tiempo, ha quedado constituida una comisión de seguimiento en cada provincia, integrada por el presidente de la Audiencia Provincial, el secretario coordinador, el juez decano de la capital de provincia, un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal Administrativa, un procurador de los tribunales designado por el Colegio y un técnico informático designado por la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública. La citada comisión pondrá todos los medios materiales y humanos precisos para el buen funcionamiento del sistema telemático, resolverá las incidencias y necesidades, controlará el rendimiento del sistema y creará una base de datos de consulta, dudas e incidencias.
“La implantación de la Nuevas Tecnologías en los órganos judiciales de Andalucía abre la Justicia al exterior, a los usuarios de la Justicia. Una vez realizada la informatización de los órganos judiciales en su gestión diaria ahora es el momento de aprovechar las herramientas tecnológicas para que la Administración de Justicia se relacione con todos los operadores jurídicos que tratan con ella”, sentencia Esperanza Dorado.
@Firma y Notific@ imprescindibles para el funcionamiento del sistema
La integración en el sistema de la plataforma @firma, para las gestiones de autenticación y firma digital, y de la aplicación notific@, a través de la cual el procurador recibe el traslado de copias de los escritos, ambas desarrolladas por la Consejería, garantizan que las comunicaciones se realizarán en un entorno de total seguridad y fiabilidad. A su vez, queda asegurada la compatibilidad informática del sistema así como la confidencialidad y todos los requisitos de seguridad exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido, desde 2003 la Junta de Andalucía tiene en funcionamiento una plataforma común para la validación y firma electrónica en todos sus procedimientos telemáticos, conforme a la normativa vigente en materia de firma electrónica. Mediante un convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Administraciones Públicas se desarrolla la quinta versión de este sistema, que está siendo utilizada como plataforma común de validación de certificados digitales y firma electrónica dentro del plan Conecta. En la actualidad la plataforma @Firma da soporte a más de doscientos procedimientos y servicios de las consejerías y organismos de la Junta de Andalucía, además de haber sido cedida y estar en funcionamiento en numerosos ayuntamientos, diputaciones provinciales, universidades y otras comunidades autónomas. El Ministerio de Administraciones Públicas seleccionó @firma como base para la plataforma común de autenticación y firma electrónica dentro del plan Conecta, con la idea de dar servicio a múltiples administraciones y reconociendo toda la variedad de certificados digitales existentes, incluyendo el DNI electrónico. Para ello se firmó un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el MAP, estableciendo las bases del desarrollo de la versión 5 de la plataforma @firma.
De otro lado, Notific@ permite recibir correspondencia en formato electrónico seleccionada entre los organismos y empresas que se acojan a este servicio. Este sistema permite a empresas, administraciones públicas y ciudadanos disponer de un servicio electrónico semejante al Buzón tradicional, pero con la posibilidad de conocer cuando y quiénes leen los mensajes.
Alicia Bonaño (cibersur.com)
Innovación, modernización y agilidad son tres conceptos que sin duda han llevado a la Consejería de Justicia a la puesta en marcha de un sistema que permitirá que los operadores que trabajan en la Administración de Justicia puedan presentar documentos de forma telemática ante los órganos judiciales andaluces, con lo que se favorecerá la rapidez de la tramitación de los procedimientos de tal forma que en pocos segundos tengan lugar operaciones de envío y recepción de toda clase de escritos y notificaciones, lo que conlleva una inmediata y moderna gestión en los procesos judiciales. Pero para alcanzar este objetivo, se ha llevado a cabo la firma de un protocolo de funcionamiento del sistema telemático de presentación de escritos y emisión de actos de comunicación procesal suscrito en Granada por la consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, José Eduardo Sánchez, que formaliza las reglas de uso de una aplicación informática que ha sido ya desarrollada de forma piloto en Cádiz, con gran éxito entre los procuradores gaditanos.
Este protocolo expresa el deseo de los firmantes de intensificar la cooperación de todas las partes implicadas en la implantación de los instrumentos tecnológicos e informáticos para la Administración de Justicia andaluza. En este sentido, el intercambio de información y las comunicaciones entre los órganos judiciales y los operadores queda garantizado mediante un sistema global, integrado, plenamente compatible, rápido y seguro, que además incorpora las aportaciones de las partes implicadas y de operadores como los abogados. De esta forma, la titular de Justicia, María José López, explicó que con esta nueva herramienta se garantizará “la máxima seguridad en la circulación recíproca de escritos entre procuradores y juzgados, y que ésta se haga con todas las garantías procesales”. Al mismo tiempo, María José López aseguró que “este nuevo sistema supondrá un ahorro en los desplazamientos por parte de los procuradores, que hasta ahora debían desplazarse hasta los órganos judiciales, y en el papel que se gastaba en numerosos documentos, que ahora no deberán contar necesariamente con este soporte, al enviarse por vía telemática, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente”.
El funcionamiento de este sistema se centrará en la presentación de escritos de trámite y emisión de actos de comunicación procesal, en todos los ámbitos, en todos los órdenes jurisdiccionales y todos los juzgados y tribunales de Andalucía. De esta forma, los órganos jurisdiccionales utilizarán la vía telemática en sus comunicaciones con los procuradores siempre que el colegiado haya manifestado su voluntad de emplear dicho sistema.
Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, José Eduardo Sánchez, alabó esta nueva tecnología, de la que dijo que tiene “ventajas enormes para el profesional, que una vez instalado de forma completa dará rendimientos excepcionales”. Además, añadió que “el sistema supondrá una revolución en la administración de Justicia y que la imagen de los procuradores con un montón de papeles bajo el brazo, forme parte de una época pasada”.
Un sistema informático para la comunicación judicial
El principal objetivo con el que se inició este proyecto era el de crear un sistema informático que fuera capaz de asumir las necesidades de comunicación existentes entre procuradores y órganos judiciales. De esta forma, se trataba por un lado de dotar al colectivo de procuradores andaluces de una herramienta informática que les permitiera la presentación de escritos de trámites ante los órganos judiciales de forma telemática. Y de otro, de ofrecer a los órganos judiciales la posibilidad de efectuar las notificaciones a los procuradores de forma fácil a través de una aplicación que obtuviera los datos y los documentos emitidos directamente de los programas de gestión documental.
Desde el punto de vista tecnológico se pueden diferenciar básicamente tres módulos dentro del sistema, como explica Esperanza Dorado, Jefa de Servicio de Informática Judicial de la Consejería de Justicia. “El primero será el que mueve documentos, es decir, el de envío y recepción de documentos que no es más que una colección de servicios web. Estamos hablando de una tecnología compleja pero que está suficientemente probada, ya que el servicio web se utiliza en muchísimas aplicaciones y no es algo demasiado complicado. El segundo módulo también está muy utilizado y probado por la Consejería, se trata de la plataforma @Firma de administración electrónica que es la que va a permitir autentificarse en el sistema y además firmar digitalmente tanto el envío como la recepción de la notificación. El tercer módulo es bastante interesante y, quizás, el más complejo. Desde el punto de vista tecnológico se podría llamar directorio de identidades”. Este directorio de identidades va a aglutinar distintas tecnologías porque depende mucho del grado de avance tecnológico de cada profesional. “Por ejemplo, los procuradores a día de hoy no disponen de ninguna herramienta informática para gestionar las personas que tienen dadas de alta en sus sistemas. En estos casos, lo que hemos hecho ha sido recopilar todos los componentes de los distintos colegios de procuradores y almacenarlos en una base de datos, sin embargo con los abogados y los jueces, se trata de un colectivo que se encuentra, desde el punto de vista tecnológico, un poquito más avanzado y ellos utilizan lo que sería un directorio corporativo, un repositorio de identidades donde se almacenan datos personales, credenciales digitales, o el permiso de acceso a aplicaciones”.
Este directorio de identidades permitirá saber en cada momento “si quién pretende acceder al sistema es quién dice ser y además tiene permiso para hacer lo que pretende hacer. Es decir, si es un abogado y quiere entregar documentación en un asunto, el sistema identificará en el instante si ese abogado participa o no en ese asunto”. En este sentido, Esperanza Dorado destaca que “el sistema tiene que dar garantías de que se accede a la información correcta y de forma adecuada, y además demostrar que eres quién dices ser. Con este directorio vamos a conseguir que se acceda de forma correcta a la información autorizada, que el sistema te pueda validar de forma automática. Además el sistema hace una traza de los movimientos del documento de tal forma que en todo momento se pueda saber en que estado está”. Se trata, por tanto, de un elemento innovador que reducirá la posibilidad de errores materiales y la necesidad de posteriores comprobaciones.
Experiencia piloto en Cádiz
Para encontrar los inicios de este innovador sistema, pionero en España, hay que irse hasta Cádiz donde el año pasado se implantó el sistema de forma experimental. A partir de aquí, la Jefa de Servicio de Informática Judicial de la Consejería, Esperanza Dorado, asegura que “como el sistema ha dado muy buenos resultado y hemos visto que está adaptado a la dinámica de trabajo del juzgado, lo que se ha hecho es empezar a despegar pero esta vez en situación real, y vamos a ir abriendo poco a poco el sistema a las situaciones reales. Se va a empezar por los juzgados de primera instancia número 3 y 15 de Sevilla donde ya hemos comenzado con cuestiones técnicas, de instalación y formación de usuarios. Poco a poco estamos empezando a enviar los primeros escritos tanto procuradores como abogados y los juzgados a notificar”.
De forma gradual los abogados y procuradores podrán presentar escritos de trámite y en un futuro, incluso, escritos que inicien el asusto judicial, es decir, presentación telemática de la demanda. “En principio serán escritos de trámites presentados desde el profesional al juzgado. Una vez allí, el juzgado lo que podrá hacer es notificar las diligencias de ordenación. Con lo que nos encontramos en la primera etapa del proyecto que requiere de muchísimos recursos, como el despliegue de firma electrónica en toda Andalucía, y la adecuación del trabajo tanto del profesional como de los juzgados a los sistemas telemáticos. Por lo que todo esto conlleva un cambio radical de filosofía”.
Como reto, la Consejería se ha propuesto que en este año el sistema esté funcionando en su totalidad, un reto muy ambicioso teniendo en cuenta que el colectivo judicial asciende a unas 9.500 personas.
Al mismo tiempo, ha quedado constituida una comisión de seguimiento en cada provincia, integrada por el presidente de la Audiencia Provincial, el secretario coordinador, el juez decano de la capital de provincia, un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal Administrativa, un procurador de los tribunales designado por el Colegio y un técnico informático designado por la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública. La citada comisión pondrá todos los medios materiales y humanos precisos para el buen funcionamiento del sistema telemático, resolverá las incidencias y necesidades, controlará el rendimiento del sistema y creará una base de datos de consulta, dudas e incidencias.
“La implantación de la Nuevas Tecnologías en los órganos judiciales de Andalucía abre la Justicia al exterior, a los usuarios de la Justicia. Una vez realizada la informatización de los órganos judiciales en su gestión diaria ahora es el momento de aprovechar las herramientas tecnológicas para que la Administración de Justicia se relacione con todos los operadores jurídicos que tratan con ella”, sentencia Esperanza Dorado.
@Firma y Notific@ imprescindibles para el funcionamiento del sistema
La integración en el sistema de la plataforma @firma, para las gestiones de autenticación y firma digital, y de la aplicación notific@, a través de la cual el procurador recibe el traslado de copias de los escritos, ambas desarrolladas por la Consejería, garantizan que las comunicaciones se realizarán en un entorno de total seguridad y fiabilidad. A su vez, queda asegurada la compatibilidad informática del sistema así como la confidencialidad y todos los requisitos de seguridad exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido, desde 2003 la Junta de Andalucía tiene en funcionamiento una plataforma común para la validación y firma electrónica en todos sus procedimientos telemáticos, conforme a la normativa vigente en materia de firma electrónica. Mediante un convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Administraciones Públicas se desarrolla la quinta versión de este sistema, que está siendo utilizada como plataforma común de validación de certificados digitales y firma electrónica dentro del plan Conecta. En la actualidad la plataforma @Firma da soporte a más de doscientos procedimientos y servicios de las consejerías y organismos de la Junta de Andalucía, además de haber sido cedida y estar en funcionamiento en numerosos ayuntamientos, diputaciones provinciales, universidades y otras comunidades autónomas. El Ministerio de Administraciones Públicas seleccionó @firma como base para la plataforma común de autenticación y firma electrónica dentro del plan Conecta, con la idea de dar servicio a múltiples administraciones y reconociendo toda la variedad de certificados digitales existentes, incluyendo el DNI electrónico. Para ello se firmó un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el MAP, estableciendo las bases del desarrollo de la versión 5 de la plataforma @firma.
De otro lado, Notific@ permite recibir correspondencia en formato electrónico seleccionada entre los organismos y empresas que se acojan a este servicio. Este sistema permite a empresas, administraciones públicas y ciudadanos disponer de un servicio electrónico semejante al Buzón tradicional, pero con la posibilidad de conocer cuando y quiénes leen los mensajes.
Alicia Bonaño (cibersur.com)
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