17 noviembre 2007

El Boletín Oficial del Estado se transforma en Agencia Estatal

El Consejo de Ministros ha aprobado la transformación del Organismo Autónomo Boletín Oficial del Estado en Agencia Estatal y su nuevo Estatuto. Se avanza así en el proceso de modernización de la administración española que en este caso afecta a una de las instituciones más emblemáticas de España, el BOE, todo un referente con más de tres siglos de historia.

El nuevo Estatuto sustituye al de noviembre de 2001 y encomienda a la nueva Agencia las actividades de publicidad normativa que corresponden a la Administración General del Estado y, más en concreto, la publicación y difusión del “Boletín Oficial del Estado” y del “Boletín Oficial del Registro Mercantil”.

También atribuye a la Agencia Boletín Oficial del Estado competencias para la publicación y difusión de repertorios, compilaciones, textos legales y separatas de disposiciones que se consideren de especial interés, potenciando el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Web e Imprenta Nacional

La nueva Agencia Estatal BOE contará a partir de ahora con dos órganos de Gobierno, el Consejo Rector y el Presidente, y con un órgano ejecutivo, el Director. Esta nueva estructura posibilitará un régimen de funcionamiento más flexible y más eficaz, tal y como se merece una sociedad moderna y avanzada como la española.

El Boletín Oficial del Estado ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, introducirse en el mundo de las nuevas tecnologías y prestar a través de ellas un servicio cada ver mejor, más cómodo e inmediato a los ciudadanos. En estos momentos, su página web ya es una de las más visitadas de España, con cerca de dos millones y medio de entradas diarias. También su imprenta, la Imprenta Nacional, dispone de los más modernos equipos y sistemas en el campo de las artes gráficas, y goza del máximo prestigio en este área.

Esta transformación supone, en definitiva, la consolidación del Boletín Oficial del Estado como Organismo Público al servicio de los ciudadanos y como garantía del derecho a la información, la transparencia y el rigor al que se deben las Administraciones públicas.